LOS ABUSOS DE LAS EMPRESAS

La empresa 'low cost' que vigila las sedes de Defensa comunica a la plantilla que ha solicitado el concurso de acreedores

Una protesta de trabajadores de la empresa 'low cost' Marsegur.

La empresa de seguridad low cost Novo Segur, antes conocida como Marsegur, ha comunicado este jueves a los representantes de los trabajadores que ha solicitado el concurso de acreedores. Así consta en el acta de la reunión que han mantenido ambas partes y a la que ha tenido acceso infoLibre. El director general de la empresa, Antonio Redondo, ha confirmado también a este periódico la decisión, que justifica en las “circunstancias del mercado”.

Redondo, sin embargo, no ha querido precisar en qué juzgado de lo Mercantil ha presentado la solicitud. La empresa tiene su domicilio social en Las Palmas. Marsegur cambió su denominación mercantil a Novo Segur el pasado mes de septiembre, justo cuando Defensa decidió abrir los trámites para rescindirle el macrocontrato que le había adjudicado sólo cinco meses antes por las irregularidades que acumulaba en la prestación del servicio. Es el mayor contrato conseguido por la low cost, 16 millones de euros a cambio de vigilar las instalaciones del ministerio en toda España durante un año prorrogable a dos. Finalmente, Novo Segur abandonará el servicio del próximo 30 de abril y no se le prorrogará el contrato.

Novo Segur sigue así los pasos de otra empresa polémica, Seguridad Integral Canaria, que se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado de enero. Tanto la primera como Sinergias de Vigilancia y Seguridad llevan años situadas en el punto de mira de los sindicatos del sector porque sus convenios colectivos, anulados por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, establecen salarios hasta un 40% por debajo de los incluidos en el convenio sectorial. Gracias a esas rebajas –sueldos de 700 euros, pluses de nocturnidad de 10 céntimos la hora– han conseguido numerosas adjudicaciones públicas desde que los recortes del gasto impusieron el precio como criterio prioritario en los concursos.

Además, los vigilantes de esta empresa sufren continuos retrasos e impagos de las nóminas, lo que les ha llevado a la huelga. Es lo que les ocurre a los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, algunos de los cuales llevan hasta cinco meses sin cobrar, tanto en el archipiélago como en el Metro de Madrid, uno de sus principales contratos.

De hecho, la reunión de este jueves entre la dirección de Novo Segur y los representantes del comité tenía, en principio, como primer punto de orden del día discutir el retraso en el abono de las nóminas. El segundo era la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el convenio de la empresa el pasado mes de diciembre. En su lugar, el director de Novo Segur les comunicó que “no había orden del día” y que el único punto que se iba a tratar era la solicitud del concurso de acreedores. Al cierre de esta edición, los representantes sindicales –CCOO, USO y Sindicato de Trabajadores de Seguridad y Servicios (STSyS)– se encontraban a la espera de que la empresa les entregara la documentación que acredite la solicitud ante el juez.

El fiscal quiere aclarar la relación con Ramírez

Novo Segur, Seguridad Integral Canaria y Sinergias de Vigilancia y Seguridad están vinculadas a un mismo empresario, Miguel Ángel Ramírez, también dueño de la Unión Deportiva Las Palmas y del Grupo Ralons, que fue condenado por el Tribunal Supremo y posteriormente indultado por el Gobierno. Su nombre apareció entre los donantes del PP en la contabilidad de 2011. Las tres firmas pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por mercantiles relacionadas con Miguel Ángel Ramírez: las citadas y Power SIC, incluida en Ralons. En Sinergias figuró hasta el pasado agosto como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur-Novo Segur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur-Novo Segur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

El pasado día 16, la Fiscalía Provincial de Las Palmas abrió diligencias contra Seguridad Integral Canaria por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores, denunciado por CCOO, Intersindical Canaria y Alternativa Sindical Canaria. El ministerio público ha exigido a la Inspección de Trabajo las actas de infracción y liquidación de cuotas abiertas durante los últimos siete años a Seguridad Integral Canaria y a Sinergias de Vigilancia y Seguridad. También ha requerido al Registro de Marcas y Patentes para que acredite a quién corresponde la propiedad de ambas empresas, según publica el digital canario Espiral21.

Millones en contratos públicos

En 2016, Sinergias y Marsegur consiguieron concursos por valor de 22,12 millones de euros, según revela la Plataforma de Contratación del Estado. En esa cifra no se incluyen los otorgados por los gobiernos autonómicos, principalmente de Madrid y Canarias. En 2017, y sólo desde el mes de agosto, Sinergias consiguió ocho contratos del Ministerio de Empleo y Marsegur otros cuatro: la vigilancia de las sedes de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Cuenca, Ciudad Real y en Tenerife, así como la del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en León. También el CSIC, el Imserso, la Inspección General de Sanidad de la Defensa y la Gerencia de Sanidad de Fuerteventura le han concedido adjudicaciones.

Sinergias de Vigilancia y Seguridad se ha quedado con todos los contratos que Seguridad Integral Canaria mantenía con empresas privadas. La empresa, antes de solicitar el concurso, anunció que abandonaba el área de vigilancia para centrarse únicamente en el transporte blindado. Lo que no significa que la situación económica de Sinergias sea boyante: sus trabajadores también sufren retrasos e impagos de nóminas, tanto en Canarias como en los servicios que prestan en la Península.

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