La reforma del Pacto de Estabilidad calienta motores en Bruselas centrada en la deuda y no en el déficit
La pandemia y sus consecuencias económicas y sociales tuvieron más efectos y de más alcance en las instituciones europeas que la crisis financiera de la década anterior. Bruselas reaccionó a la llegada del covid-19 con lo poco que tenía a mano para no salirse de sus competencias. Una de las primeras medidas que tomó fue activar la cláusula de suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Se preveía de forma temporal y en la práctica significaba abrir la mano para que los gobiernos sostuvieran a hogares y empresas, con programas como los ERTE, gastando todo lo necesario. Nadie miraría el cumplimiento de ese pacto, el que señala que las cuentas públicas deben diseñarse teniendo en cuenta que el déficit público debe estar por debajo del 3% del PIB y la deuda pública reducirse para estar por debajo del 60%. Pero las oleadas del virus y los años fueron pasando, llegó el siguiente invierno y la siguiente primavera y el Pacto de Estabilidad seguía suspendido.
Mientras Alemania, todavía con Angela Merkel, presionaba para que volviera a aplicarse, pero sin hacer mucho ruido porque también empezaba a girar en materia económica con Olaf Scholz en el Ministerio de Finanzas, Francia, Italia y España cerraron filas y dijeron que no entenderían que volviera a aplicarse antes de ser reformado.
La Comisión Europea miró a otro lado mientras pasaba el tiempo para evitar una bronca. Ese tiempo parece estar llegando a su fin después que el ministro de Finanzas alemán, el liberal Christian Lindner, aceptara que el Pacto de Estabilidad no se volvería a aplicar tal y como está. Los comisarios Valdis Dombrovskis y Paolo Gentiloni creen que tienen el círculo medianamente cuadrado y en la segunda quincena de octubre planean presentar una propuesta de reforma que en los mentideros bruselenses va a resultar revolucionaria.
Tranquilizar a los tacañones
Las primeras líneas las explicó Dombrovskis a los ministros de Economía y Finanzas durante su primera reunión tras las vacaciones, a principios de septiembre en Praga. Dombrovskis quiso primero tranquilizar a los tacañones: tras la reforma el Pacto de Estabilidad seguirá teniendo entre ceja y ceja la reducción de la deuda. La revolución viene en el cómo se hace.
La normativa en vigor obliga a reducirla en una veinteava parte al año para todo lo que supere el 60% del PIB. Café para todos, sin atender a si un país tiene un 65% de deuda o un 150%. Sin atender a su situación económica o a previsiones a medio plazo. Una camisa de fuerza pro-cíclica que, según las malas lenguas, no genera ni Estabilidad ni Crecimiento.
La norma desafía la lógica más elemental para no pocos observadores. Si Italia, con una deuda del 152% de su PIB, la cumpliese, tendría que reducirla un 7,3% de su PIB anualmente. Una sangría. Y es tan inútil que rara vez se impuso a los incumplidores. Dombrovskis quiere “reducir su complejidad y mejorar su aplicación”, según explicó en Praga.
La deuda pública de España se sitúa en torno al 118% de su PIB, según Eurostat, la oficina estadística comunitaria. Con un fuerte incremento por la pandemia, en el último ejercicio se redujo ligeramente, pero proporcionalmente es la cuarta de la UE en volumen, por lo que el ritmo de reducción será vital y podría condicionar de manera muy importante el margen para el gasto público.
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El cambio en las reglas vendría de la importancia dada a los indicadores que se usan como guía. El déficit público dejaría de ser el rey, sería sólo un dato más. El nuevo niño bonito sería el techo de gasto, que además se usaría de forma contra-cíclica. Esa sería la primera pata del trípode. La segunda serían las reformas estructurales y la tercera un aumento de inversiones en asuntos que Bruselas considera esenciales como transición energética, Defensa o modernización digital.
En la práctica, los gobiernos podrían aumentar el gasto público cada año en función del potencial de crecimiento de la economía. Al permitirse tomar medidas de forma contra-cíclica, lo aumentarían para activar una economía en recesión o estancada y frenarían el crecimiento del gasto público para enfriar una economía recalentada. Pura economía keynesiana, de vuelta a las políticas oficiales europeas décadas después. Bruselas, de la mano de un comisario conservador, asume que contra una crisis económica se debe actuar aumentando el gasto público, no reduciéndolo.
¿Aceptarán Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia, semejante revuelta? La Comisión Europea cree que sí porque al cambio en las formas de respetar esa responsabilidad fiscal se une otro cambio, el que haría que el pacto fuera de aplicación más sencilla y objetiva, casi un automatismo, no una decisión política que permitió en el pasado que Francia lo incumpliera y la Comisión Europea no respondiera con sanciones, como debía, “porque es Francia”, en palabras del expresidente de la Comisión y exprimer ministro luxemburgués Jean-Claude Juncker.
