Este martes ha tenido lugar la segunda reunión entre los representantes sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) y Telefónica, después de que la compañía de telecomunicaciones plantease un expediente de regulación de empleo (ERE) que, según las informaciones conocidas hasta la fecha, afectaría a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas en el proceso. Tras constituirse las primeras mesas de negociación, fuentes sindicales señalan a infoLibre que la empresa ha justificado el proceso “por la competencia del mercado, la reducción de márgenes y la automatización de procesos mediante inteligencia artificial (IA)”.
Cuestiones como “los menores márgenes por venta de fútbol” o la transición del cobre a la fibra óptica también aparecen entre las causas que alega la empresa. “Esto se ha llevado muchos puestos de trabajo, sobre todo en operaciones, porque antes teníamos muchas averías todos los días —si hacía mal tiempo mucho más— y ahora la fibra es prácticamente inmune a cualquier acontecimiento climático y no tiene averías”, señalan fuentes de la negociación.
En cuanto a su negocio audiovisual, la operadora compró recientemente los derechos de la Champions para emitir el fútbol hasta 2031, aunque pagará un 14% más por ellos respecto al contrato actual. Otros puntos que también aparecen son la competencia de las empresas low cost o una reducción de sus márgenes por los rivales en el mercado.
La digitalización de los procesos y la irrupción de la inteligencia artificial son dos de los puntos que abordan. “Lo que alegan es que les sobra personal. Además, estiman que en el corto plazo, van a poder hacer muchas otras tareas con inteligencia artificial”. De hecho, a este punto se ha referido UGT en la nota de prensa publicada en la mañana de este miércoles: “reclamamos a Telefónica apostar por estrategias que permitan abrir nuevas oportunidades de negocio aprovechando la IA, no utilizarla para hacer despidos”, señalaban.
Por su parte, desde CCOO, afirman que la información que han recibido es “incompleta y contradictoria en algunos casos”. Solicitan más datos relativos a las personas afectadas y que se aclaren unos plazos de salida que no son claros: “Si bien se establece que la mayoría de ellas se realizará en 2026, también mencionan el año 2027 y hasta diciembre de 2028”, concluyen.
Un ERE "indecente" para la ministra de Trabajo
“No compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con recursos públicos despida a más de 5.000 trabajadores”, ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, ha calificado la operación de “indecente”, alegando que “el dinero público no está para despedir a nadie”. Desde la cartera de Economía, el ministro Carlos Cuerpo se ha limitado a señalar que estarán “encima” para que el proceso se haga “de la mano de los sindicatos”.
Telefónica es una de las empresas españolas consideradas como estratégicas y está participada por el Estado. Entre su accionariado, una parte importante, el 10,06% es público y está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). A continuación aparece Criteria Caixa, con un 10,05%; Saudí Telecom, con 10,03%; BBVA Asset, con el 5,05% y el fondo de inversión estadounidense Black Rock, con un 3,6%.
El despido afecta a siete filiales de la compañía y aunque los números suelen bailar en las primeras fases de estas negociaciones, las más golpeadas serían tres: Telefónica España, con 3.649 puestos afectados; Telefónica Móviles España, con 1.124 afectados, y Telefónica Soluciones, con 267 afectados. Todas estas sociedades, que suman 5.040 trabajadores, están unidas bajo un convenio conjunto (CEV) que les permite negociar como un bloque, pero además hay otras cuatro filiales más afectadas.
Telefónica Sociedad Anónima, Telefónica Global Solutions, Movistar Plus y Telefónica Innovación Digital suman a la cuenta 1.048 personas más, hasta llegar a la cifra propuesta por la empresa de 6.088. Desde la compañía, han declinado hacer declaraciones mientras tiene lugar el proceso de negociación.
La empresa es un gigante del sector de las telecomunicaciones, con una capitalización bursátil que supera los 21.000 millones, según los datos del gestor de bolsa BME. La multinacional emplea a nivel internacional a una plantilla de 100.800 trabajadores y opera en 10 países, aunque recientemente se desplomó en bolsa un 13%, su tercera mayor caída de la historia en una jornada. Las causas: una menor retribución a los accionistas y un plan estratégico que busca ahorrar hasta 3.000 millones de euros anuales en costes.
¿Qué piden los sindicatos?
En esta primera ronda de contactos apuntan a que han comenzado a tantear la forma de reducir “el volumen de despidos” y buscar acuerdos en lo que tiene que ver con las indemnizaciones. “Todo esto nos llevará hasta Navidad”, señalan fuentes sindicales. Entre las peticiones está que no haya ninguna adhesión forzosa y que no se produzca “discriminación en relación con el sesgo de edad”.
Telefónica empieza a negociar el ERE con la vista puesta en el ahorro de costes de un 25%
Además, piden que algunas salidas se enlacen con la jubilación y que para ello se tenga en cuenta que la edad de jubilación va a subir en España. “Hay que tener en cuenta el impacto de la ley que actualiza el sistema de Seguridad Social elevando la edad a 66 años y 10 meses en 2026 y a 67 años en 2027, lo que condiciona cualquier medida que pretenda vincularse a la jubilación anticipada”, concluyen desde CCOO.
Además, piden que el plan de salida se vincule a medidas para mejorar las condiciones laborales: revisiones salariales, incremento del importe para dietas y kilometraje, permisos retribuidos, aumentar el teletrabajo, jornadas flexibles bonificadas, mejorar las pólizas de salud o los avales de vivienda, entre otras.
No es la primera vez que la compañía pasa por un proceso de despidos tan amplio. En el periodo 2023-2024, bajo el mandato de José María Álvarez‑Pallete, la multinacional pactó con los sindicatos un ERE que supuso la salida de 3.421 trabajadores. Un plan que costó a la compañía 1.300 millones, pero que estaba destinado a ahorrar en costes de personal. De hecho, la sospecha de un nuevo expediente de regulación de empleo ya llevaba sonando un tiempo, desde que en la presentación de su plan estratégico deslizaran que ahorrar y simplificar la estructura de la firma serían los objetivos primordiales y que estimaban una reducción del 25% en costes operativos.
Este martes ha tenido lugar la segunda reunión entre los representantes sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) y Telefónica, después de que la compañía de telecomunicaciones plantease un expediente de regulación de empleo (ERE) que, según las informaciones conocidas hasta la fecha, afectaría a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas en el proceso. Tras constituirse las primeras mesas de negociación, fuentes sindicales señalan a infoLibre que la empresa ha justificado el proceso “por la competencia del mercado, la reducción de márgenes y la automatización de procesos mediante inteligencia artificial (IA)”.