LA RESACA DEL MAYOR ERE PÚBLICO

Tragsa pasa la pelota a los sindicatos y les pide propuestas para recortar pérdidas

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Al mismo tiempo que les comunicaba la readmisión de los 150 trabajadores despedidos en la matriz, el grupo público Tragsa convocó a los sindicatos a una reunión para anunciarles las medidas que piensa adoptar después de que la Audiencia Nacional haya anulado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Pero, en lugar de presentarles un plan, la dirección de la empresa pasó la pelota al tejado de las secciones sindicales, a las que pidió propuestas.

Tras el vuelco que ha supuesto la anulación de los despidos –llegaron a ejecutarse unos 300 del total de 1.336 previstos para todo el grupo–, la empresa prepara su estrategia a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) resuelva el recurso cuya presentación ha anunciado ya. Tiene hasta el 9 de junio para formalizarlo. El TS puede tardar hasta dos años en dictar sentencia. Así que, mientras tanto, el grupo público debe lidiar con una situación que describe como de deterioro, pérdidas acumuladas y sobrecostes de personal.

Según explicó Tragsa a los sindicatos de su comité de empresa, este año prevé unas pérdidas de 50 millones de euros. Al cierre del primer trimestre, los números rojos ascienden a 10 millones de euros en la matriz y otros cuatro millones en la filial, Tragsatec. No obstante, fuentes de CCOO prefieren destacar la mejora de los encargos experimentada en los primeros del ejercicio, así como la importante reducción de la deuda, que ha quedado a la mitad –unos 200 millones de euros– en dos años. Sólo con el cobro el pasado febrero de 130 millones de euros, gracias a la segunda fase del tercer Plan de Pago a Proveedores, la deuda ha encogido un 31%, asegura por su parte CGT.

Tragsa es un “ente instrumental” de las Administraciones Públicas: trabaja para ellas tras recibir lo que se denominan “encomiendas de gestión”. Sus deudores son, por tanto, la administración central –sobre todo–, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

A juicio de CCOO, las cifras facilitadas por la empresa indican que hay “una buena caja y liquidez suficiente” para desarrollar un plan de viabilidad, sin despidos, con medidas de flexibilidad interna y salidas incentivadas. “Si se ha hecho en Hunosa, que también es pública y pertenece a un sector en declive como el carbón, se puede hacer en Tragsa”, argumenta el sindicato.

El pasado día 16 Hunosa firmó con UGT y CCOO un acuerdo que excluye despidos, rebaja los salarios un 2,5% este año y extiende la “política de regulación no traumática de excedentes”, con prejubilaciones, hasta el 31 de diciembre de 2020.

¿Otro ERE?

Por el contrario, lo único que ha puesto sobre la mesa Tragsa, de momento, es el acuerdo al que llegó con los sindicatos durante el periodo de consultas del ERE, el pasado noviembre. Incluía 219 despidos, reducción de jornada y sueldo de una hora diaria hasta 2016 para los administrativos, y suspensión de contratos para oficiales y peones durante un máximo de 70 días al año. Esas condiciones fueron rechazadas por los trabajadores en asamblea, por lo que los sindicatos no consideran siquiera volver a hablar de ellas.

La empresa también dejó caer en la reunión que el ERE anulado tiene puntos “corregibles”, por lo que no descarta volver a presentar un despido colectivo. Los sindicatos, por su parte, exigieron a la dirección que retire el recurso al TS. Y que presente sus propias propuestas. Siempre que se limiten a medidas de flexibilidad sin despidos.

Por el contrario, aseguran los sindicatos, la dirección de Tragsa mantiene que el coste de personal del grupo es “inasumible” y cifra en 489.000 euros la caída del volumen de negocio en el primer trimestre del año respecto del anterior. Los representantes de los trabajadores volvieron entonces sobre uno de sus argumentos recurrentes durante la negociación del ERE: la cúpula del grupo público “está inflada y es muy cara; es por arriba donde deben recortar, no por abajo”. El pasado 10 de marzo, mientras se ejecutaban despidos en Extremadura y La Rioja, Tragsatec repartió entre sus directivos el primer abono de la DPO (Dirección por Objetivos) correspondiente a 2013, un año en el que la empresa reconoció unas pérdidas de 11 millones de euros. Se trata de unas primas que en 2013 –las correspondientes a 2012– ascendieron a siete millones de euros sólo para la filial. El próximo mes de junio se les abonará la segunda parte.

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