La mayor apuesta para contener el problema de precios que sufre la vivienda en España es la promoción de vivienda pública. Construir más casas y hacerlo de forma que los precios se adapten a los ingresos de las personas perceptoras, es decir, sin les suponga más del 30% de los ingresos mensuales netos. En los primeros pasos que están dando las Administraciones para promover vivienda desde lo público, también se están produciendo algunos sucesos que despiertan el viejo fantasma de los “pelotazos inmobiliarios”. En concreto, un escándalo que atañe a la adjudicación de viviendas protegidas a algunos cargos del Ayuntamiento de Alicante (PP). Esta semana salió a la luz que la concejala de Urbanismo del PP, Rocío Gómez; los dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habían adquirido viviendas protegidas en la primera promoción que la ciudad construye en dos décadas.
Además, este mismo martes se ha conocido que la Consellería de Vivienda valenciana ha suspendido de empleo y sueldo a un funcionario por adjudicar otra de las viviendas a su esposa “omitiendo datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él forma parte”. Todo este goteo de presuntas irregularidades ha llevado al grupo socialista municipal de Alicante a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por cinco delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, conflicto de intereses, estafa y fraude a la administración.
Diferentes criterios en cada comunidad para la vivienda protegida
Una vivienda protegida es un inmueble sujeto a algún tipo de protección por parte de la Administración, ya sea el Gobierno o las Comunidades Autónomas y que se pone a la venta o en alquiler por debajo del precio de mercado. Estas viviendas pueden ser de titularidad pública o privada y hay varios tipos en función de las condiciones de acceso que establece cada Comunidad Autónoma. Las más conocidas son las Viviendas de Protección Oficial (VPO), una figura que data de los años 60 y que se utiliza para hablar de forma genérica de este concepto. A partir de aquí, las distintas comunidades tienen diferentes apelativos y categorías con condiciones de acceso independientes que establecen ellas mismas. En Madrid o la Comunitat Valenciana, por ejemplo, dentro de las VPO existen otros subtipos, como la Vivienda de Protección Pública Básica (VPPB) y la Vivienda de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL). En otras zonas, como Castilla-La Mancha hay otras figuras como las Viviendas de Precio Tasado (VPT).
En el caso del bloque de Alicante, de titularidad privada, lo construyó y comercializó la cooperativa Residencial Les Naus sobre un suelo municipal adquirido en 6,6 millones. Un precio “muy por debajo del precio de mercado, pues el suelo era de titularidad municipal”, explica a infoLibre José Muñoz, portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas.
Lo llamativo del caso, que por el momento ha provocado la renuncia de la concejala de Urbanismo, es que, de acuerdo con un informe elaborado por la Generalitat a través de la Consellería de Vivienda, los propietarios de los pisos “cumplen los requisitos”. “Si, tal como señalan algunos, el procedimiento establecido para la promoción, gestión y adjudicación permite que se den estos casos, es para echarse a llorar”, señala el arquitecto y urbanista, Gerardo Roger.
Es terrible que, con a la emergencia social que supone el problema de la vivienda, puedan existir procedimientos espurios que permitan estas lamentables y escandalosas prácticas
Por el momento el caso pasará a manos de Anticorrupción para determinar si hubo delitos tras la denuncia del PSOE valenciano. Porque más allá de la ilegalidad o no de las adjudicaciones, aún por determinar, el gesto es cuestionable. “Es terrible que, con a la emergencia social que supone el problema de la vivienda en España, puedan existir procedimientos espurios, reglados o aplicativos, que permitan estas lamentables y escandalosas prácticas”, concluye el arquitecto, quien además ha sido director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Comunitat Valenciana.
A los pisos de Alicante se les aplicaron unos precios tasados por la Administración de 2.200 euros el metro cuadrado, por lo que las viviendas oscilaban en torno a los 230.000 euros. Una búsqueda rápida en Idealista basta para ver que en esa ubicación (Playa de San Juan), los precios más habituales están entre el medio millón y los 700.000 euros. La promotora alega que han cumplido con los criterios y que la adjudicación se realizó por orden de antigüedad, es decir, se les otorgaron los pisos a las primeras personas solicitantes que cumplían con los criterios.
Sobre los mecanismos de supervisión que pueden operar en estos casos, desde el Ministerio de Vivienda señalan que las competencias de vivienda en esa materia son de las comunidades, por lo que a nivel nacional no existe ninguna herramienta. En el plano autonómico José Muñoz explica que existe una empresa pública de vivienda, pero al ser en este caso un inmueble de titularidad privada, la adjudicación no se supervisa, más allá de cumplir con los criterios que imponga la etiqueta de protección. En este caso, no poseer otra vivienda en propiedad y no superar un límite de ingresos que llega hasta los 66.000 euros en algunos casos, un tope que se elevó desde los 46.600 euros durante el Gobierno de Carlos Mazón. “El problema es el modelo de vivienda del PP”, reclama el portavoz del PSPV.
Otro de los asuntos que se investigarán es si la inmobiliaria pidió dinero en negro a los compradores interesados, tal y como ha adelantado el periódico Levante. En el artículo, dos personas cuentan que, al intentar comprar sendas viviendas en Les Neus ofertadas en portales inmobiliarios, les pidieron una parte del pago en B para esquivar los topes que impone la etiqueta de vivienda pública.
¿Un modelo de vivienda fallido?
La primera pregunta que surge es cómo es posible que una vivienda que se supone protegida y, por tanto, destinada teóricamente a quienes no pueden acceder a una a precio de mercado pueda superar los 200.000 euros o tenga unos gastos de comunidad, por sus características, muy por encima de lo que podría asumir un salario bajo o medio. “Es una promoción de vivienda pública sin sentido, en una de las zonas más caras de Alicante y con unas características de lujo que conllevan, por ejemplo, gastos de comunidad muy altos”, afirma Muñoz. Poco orientada, a simple vista, a rentas bajas.
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La segunda, es cómo pueden tener prioridad para acceder a ella personas que teóricamente tienen una renta por encima de la media de los trabajadores (unos 59.000 euros al año, en el caso de los concejales de Alicante). Algo que, tras la denuncia, investigará la Fiscalía Anticorrupción.
El Plan Vive de la Comunitat Valenciana es una iniciativa del Gobierno autonómico lanzada en 2024 para impulsar la construcción de unas 10.000 viviendas de protección pública hasta 2027 y que opera en colaboración público-privada entre empresas y Administración.
“El elemento fundamental es el modelo de vivienda del PP, que permite privatizar —o dejar en manos de cooperativas y empresas privadas— el proceso de asignación de viviendas públicas”, explica Muñoz. “La Generalitat Valenciana tendrá que revisar estas asignaciones, porque esto lo hemos sabido gracias a una noticia, si no, no hay un mecanismo para revisar todas las viviendas públicas que existen”, concluye.
La mayor apuesta para contener el problema de precios que sufre la vivienda en España es la promoción de vivienda pública. Construir más casas y hacerlo de forma que los precios se adapten a los ingresos de las personas perceptoras, es decir, sin les suponga más del 30% de los ingresos mensuales netos. En los primeros pasos que están dando las Administraciones para promover vivienda desde lo público, también se están produciendo algunos sucesos que despiertan el viejo fantasma de los “pelotazos inmobiliarios”. En concreto, un escándalo que atañe a la adjudicación de viviendas protegidas a algunos cargos del Ayuntamiento de Alicante (PP). Esta semana salió a la luz que la concejala de Urbanismo del PP, Rocío Gómez; los dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman; y Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, habían adquirido viviendas protegidas en la primera promoción que la ciudad construye en dos décadas.