¿Cuánta vivienda turística hay? Una batalla judicial y la falta de datos oficiales emborronan su recuento

Con las vacaciones a las puertas y un inicio de verano en temperaturas récord, la vivienda vacacional es objeto de deseo para algunos y una polémica agria para otros. Su incidencia en el precio de la vivienda la ha convertido en uno de los frentes sobre los que legislar para tratar de contener la crisis inmobiliaria y, en comunidades con alta presión turística, las manifestaciones y quejas de los vecinos son reiteradas. Pero ¿sabemos cuántas hay y cómo han evolucionado en estos años de crisis habitacional? A falta de que el Registro Único impulsado por el Gobierno funcione como herramienta efectiva, la estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) es la mejor opción, aunque el mismo organismo admite que continúan afinando la metodología y los meses analizados han variado en los últimos años, lo que hace difícil establecer una serie homogénea.

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"Los registros administrativos no recogen por sí solos toda la actividad existente; las plataformas de comercialización no ofrecen una información pública completa y estable; y las estadísticas disponibles responden a metodologías distintas", lamentaba la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en uno de sus informes.

En Madrid, Málaga, Canarias o Baleares, entre otras, las protestas de los vecinos se suceden y han llevado incluso a sabotajes hacia elementos vinculados con este tipo de negocios, como cajetines de llaves o pintadas en las inmediaciones de estos alojamientos. Muchas de estas acciones terminan compartiéndose en redes y alimentan un debate cada vez más enconado.

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La intención del Gobierno era que el mecanismo de Registro Único sirviese para reunir en un mismo espacio la información de las comunidades autónomas y obtener una foto más precisa del fenómeno, pero la propuesta no cuajó. Aunque está aprobada, recientemente la Comunitat Valenciana la recurrió al considerar que invadía sus competencias, y el Tribunal Supremo declaró la nulidad de este mecanismo al considerar que el Estado carecía de competencia para establecer una regulación tan "exhaustiva".

Desde la asociación vecinal madrileña, su presidente, Quique Villalobos, explica que el lema fundamental que se ha establecido entre los vecinos es que "las casas no son hoteles". Los motivos del malestar van "desde ruidos, sensación de inseguridad o deterioro de los elementos comunes en edificios que son para uso residencial", enumera Villalobos, hasta el impacto que tienen en los precios tanto de las casas como del resto de servicios que se ofertan en los barrios. "Eleva los precios de las viviendas, pero también deteriora el comercio de proximidad, haciendo que la renta de los locales suba y sustituyendo negocios de proximidad cotidianos por otros que aprovechan el tirón del turismo y pueden pagar más", señala.

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La FRAVM ha denunciado pisos ilegales y están tratando de cuantificar su alcance de manera efectiva, pero no es sencillo porque "no existe una única fuente que mida de manera completa, homogénea y plenamente fiable el fenómeno", insisten.

Una estadística "experimental" y un hueco en los datos

La estadística experimental del INE se publica dos veces al año y se elabora haciendo un rastreo por las ofertas de los portales inmobiliarios como Booking o Airbnb, y eliminando después las duplicidades. En los últimos datos disponibles, relativos a mayo, constataba que este tipo de alojamientos se había reducido un 10,6% con respecto al quinto mes del año pasado: desde los 381.837, hasta los 341.001 inmuebles ofertados. Pero aunque la cifra es buena, la tendencia no refleja una reducción sostenida y, entre noviembre (último mes analizado) y mayo, este tipo de alojamientos había aumentado en 11.237.

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La tendencia va cambiando, aunque el número de alojamientos de este tipo se ha reducido significativamente desde los máximos que se registraron en septiembre de 2024, cuando el organismo estadístico contabilizó 403.267. Pero, como suele ocurrir con la vivienda, los datos son escasos y las estadísticas aún tantean el terreno. De hecho, el estudio del INE es aún experimental y los meses que analiza han ido cambiando por decisiones metodológicas. Hasta 2025, el organismo lo hacía dos veces al año, durante los meses de agosto y febrero; desde entonces, los periodos de análisis son en noviembre y en mayo. La razón, explican a infoLibre, es que las reservas para verano se suelen hacer con meses de antelación a los periodos de mayor demanda turística. Así, como se puede ver en el gráfico, la serie cambia entre 2024 y 2025, dificultando la comparación.

La FRAVM también apunta que, aunque la estadística del INE es la única fuente de datos oficial, su alcance es limitado, ya que no distingue, por ejemplo, entre pisos completos o por habitaciones. Lo que sí tiene claro es que la "brecha de legalidad es muy elevada". Frente a las 1.131 licencias concedidas para uso turístico, apuntan, las estadísticas del INE identificaban 12.637 viviendas vacacionales en Madrid y, aunque los datos bailan, estas cifras "muestran que el registro formal está muy lejos de acotar el fenómeno", concluyen en un informe titulado Impacto de la vivienda de uso turístico en la ciudad de Madrid.

Málaga y Alicante lideran en número de pisos turísticos

La estadística del INE, aunque incompleta, sí resulta útil a la hora de generar una imagen general de las regiones con mayor número de viviendas de uso vacacional. En el mapa que aparece a continuación se puede ver cómo este tipo de alojamientos perfila la costa mediterránea, Madrid y ambos archipiélagos. También empieza a ganar terreno en la costa norte, sobre todo en Asturias y Cantabria. Pero por provincias, son Málaga (con más de 45.000 alojamientos detectados) y Alicante (con más de 32.000) las regiones que más sufren este fenómeno.

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Si se observa la evolución por regiones, teniendo en cuenta los periodos comparables (desde noviembre de 2024 hasta mayo de 2026), las caídas más acusadas en la oferta de este tipo de alojamientos se producen en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Baleares, Andalucía o Madrid. Todas ellas regiones con gran peso de la vivienda turística y también con gran presión social para que se regule adecuadamente.

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En julio de 2025, hace justo un año, entró en vigor el Registro y la Ventanilla Única con los que el Gobierno pretendía supervisar esta actividad económica. Al conocerse la última estadística del INE de mayo, que apuntaba a un descenso en el número de pisos turísticos, el Ministerio de Vivienda sacaba pecho de los datos y vinculaba la caída con la entrada en vigor de esta norma “que empodera a los vecinos para vetar este tipo de usos no residenciales de la vivienda”, señalaban en un comunicado. Sin embargo, la situación incierta de esta regulación tras la sentencia del Supremo, junto con la posibilidad de que muchos de estos alojamientos estén aún tramitando el permiso para poder seguir operando, hacen difícil establecer una causalidad directa.

La provisionalidad de los datos, las protestas ciudadanas, una demanda turística que no cesa y un mercado inmobiliario cada vez más tensionado han obligado al Gobierno a plantear nuevas medidas. Este lunes, PSOE y Sumar incluyeron en el nuevo decreto de vivienda una propuesta dirigida específicamente al negocio de los pisos turísticos: subir su IVA hasta el 21% para desincentivar su proliferación.

Por el momento, sin embargo, los augurios no son buenos para todos los trámites políticos que tienen que ver con la vivienda, y ni el anterior decreto destinado a prorrogar los alquileres ni las medidas que llaman a regular el mercado parecen tener el viento de cara.

Con las vacaciones a las puertas y un inicio de verano en temperaturas récord, la vivienda vacacional es objeto de deseo para algunos y una polémica agria para otros. Su incidencia en el precio de la vivienda la ha convertido en uno de los frentes sobre los que legislar para tratar de contener la crisis inmobiliaria y, en comunidades con alta presión turística, las manifestaciones y quejas de los vecinos son reiteradas. Pero ¿sabemos cuántas hay y cómo han evolucionado en estos años de crisis habitacional? A falta de que el Registro Único impulsado por el Gobierno funcione como herramienta efectiva, la estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) es la mejor opción, aunque el mismo organismo admite que continúan afinando la metodología y los meses analizados han variado en los últimos años, lo que hace difícil establecer una serie homogénea.

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