Una denuncia por violación a una menor, al borde del archivo debido al silencio de la Fiscalía

Ocurrió en diciembre de 2023, en Bilbao. La víctima, en aquel entonces menor de edad, dio todos los pasos que sobre el papel deben seguir quienes han sufrido una agresión sexual: acudió al hospital, dio la voz de alarma y denunció. En medio de todo ese procedimiento, los profesionales tomaron muestras de los restos biológicos hallados, un paso fundamental en los casos de violencia sexual. Hoy, sin embargo, el proceso judicial corre riesgo de encallar porque la Fiscalía de Menores no atiende una petición básica de la acusación: dar la orden para realizar las pruebas de ADN pertinentes y así cotejar que los restos biológicos pertenecen en efecto al acusado señalado por la víctima.

Según el último Protocolo de actuación médico-forense ante la violencia sexual en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, elaborado por el Ministerio de Justicia, la posibilidad de detectar indicios –físicos, biológicos, toxicológicos o de otra naturaleza– útiles para el esclarecimiento de los hechos se ha ceñido, tradicionalmente, a un margen temporal de 72 horas, por ser el período de tiempo que "más probabilidades de éxito ofrecía en la detección de indicios". Sin embargo, los avances en la ciencia "permiten detectar restos biológicos más allá de este plazo, por lo que se recomienda ampliar esa ventana temporal hasta los siete-diez días". La víctima acudió al hospital dos días después de la agresión.

La misma guía indica que "cualquier muestra tomada a partir de la víctima", podrá ser utilizada "posteriormente en análisis genéticos con fines de investigación criminal o los análisis derivados de las mismas podrán ser considerados como pruebas judiciales". El próximo miércoles, denuncia la acusación, finaliza la fase de instrucción judicial, así que la utilidad de las pruebas biológicas podría quedar anulada por completo, derivando en un eventual archivo de la causa. La Fiscalía, hasta el momento, ha dado la callada por respuesta. 

La prueba de ADN y el silencio de la Fiscalía

"Ha sido una pelea bastante larga", pronuncia exhausta la madre de la víctima. En conversación con infoLibre, recuerda que "un par de días después" de la agresión y después de que la joven expresara molestias en la zona genital, asistieron al hospital para una revisión ginecológica. "Encontraron restos biológicos, se activó el protocolo y llamaron a la Ertzaintza". Fue entonces cuando la joven declaró ante las autoridades y presentó la denuncia. En un primer momento, fueron dos hombres los señalados por la víctima: uno menor de edad y otro adulto.

El procedimiento judicial se bifurcó enseguida en dos caminos. Por un lado, el que incumbe al acusado mayor de edad. El otro, tiene que ver con el segundo acusado, menor de edad, donde la Fiscalía de Menores tiene un papel clave. En el primer caso, el adulto sí se sometió a la prueba de ADN. No se encontró ningún vínculo entre él y los restos biológicos tomados. 

Este acusado negó haber violado a la adolescente, aunque a través de un mensaje sí reconoció haberle realizado tocamientos, por lo que la acusación mantiene que sí existió violencia sexual. "Después de lo ocurrido, envió un mensaje a la niña diciéndole que retirase la denuncia, que él solamente le había metido mano", relata la madre. Su causa se cerró, pero la decisión fue enseguida recurrida por la acusación. El adulto, eso sí, señaló al otro implicado.

Y ahí es donde llega el conflicto. La Fiscalía, en un primer momento, solicitó al menor una prueba voluntaria de ADN. La defensa no accedió, pero además alegó que padece inmadurez y solicitó un informe a la Diputación de Bizkaia para evaluar la existencia de una eventual discapacidad, una estrategia que la abogada de la víctima encaja como parte de una maniobra dilatoria. La Fiscalía respaldó la petición y acordó esperar al informe antes de decidir sobre la prueba. El certificado, en efecto, acredita que el acusado tiene una discapacidad física de en torno al 24%. Una circunstancia que, a juicio de la acusación, no condiciona de ningún modo la realización de la prueba solicitada.

"Sin esa prueba estamos abocados a un archivo, va a ser muy difícil demostrar la agresión sexual porque el menor infractor se ha acogido al derecho a no declarar y la víctima tiene un recuerdo muy fragmentado de lo ocurrido", denuncia Ana Hernando, abogada de la víctima y miembro del equipo jurídico de la asociación Clara Campoamor.

Entretando, el tiempo sigue corriendo y el próximo miércoles se cumple un año desde que se incoó la causa, por lo que vence el plazo que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para su instrucción. A partir de ahí "la Fiscalía ya no puede dictar auto acordando la práctica de esa toma de muestra y posterior cotejo", así que el tiempo se agota y la Fiscalía sigue sin pronunciarse sobre la prueba. Hernando considera una anomalía que "la Fiscalía ni siquiera haya contestado al requerimiento", a pesar de sus últimos movimientos, especialmente teniendo en cuenta que la abogada ya advertía en sus escritos –el último, presentado en mayo– de la urgencia de los tiempos. infoLibre ha contactado con la Fiscalía de Menores, pero en el momento de la publicación de este artículo no ha obtenido respuesta.

Impunidad

Para Miguel Lorente, médico forense y especialista en violencia de género, es importante que en el hospital constataran desde el primer momento que la muestra biológica tomada era ajena a la víctima y por tanto vinculada a otra persona. A partir de ahí, reseña, parte del procedimiento judicial consiste en valorar si existe evidencia de que efectivamente los hallazgos se corresponden con el agresor señalado. "Y la manera de identificarlo es analizar el ADN y compararlo con el del sospechoso". 

En el caso del adulto, sostiene el experto, el resultado negativo no debería por sí solo descartar la violación: "No significa que no haya participado en la agresión sexual, por lo que tendría que haber una investigación más rigurosa". En el caso del menor, parece "el único que, en principio, por las circunstancias y el relato", podría ser el depositario de los restos biológicos hallados, por lo que el juzgado "tiene que establecer mecanismos para tomarle una muestra", un procedimiento que además no es invasivo y "para el que no es necesario producir una lesión ni sacarle sangre, con una muestra de saliva es suficiente". 

Si se niega, valora Lorente, "la legislación establece que no se puede hacer a la fuerza, pero sí se pueden establecer medidas de control en una zona vigilada para que cuando beba u orine se tome la muestra bajo orden judicial y compararla con el indicio". Es decir, concluye, "hay elementos para poder actuar", pero lo que "no se puede entender es que la pasividad en la investigación sea un factor que se traduzca en impunidad".

En el trabajo Un análisis en profundidad de la aplicación de pruebas genéticas en crímenes sexuales, la criminóloga Alicia García de Juan coincide en que si bien "normalmente se necesita el consentimiento del sospechoso" para la realización de este tipo de pruebas, lo cierto es que en el caso de una agresión sexual, cafilicada como un delito grave, "el juez puede ordenar la ejecución" de esta medida. Se trata, además, de una prueba "objetiva cuyo alto poder de identificación está basado en términos probabilísticos respaldados científicamente por teorías genéticas", lo que le aporta "más fiabilidad como prueba". Sin embargo, añade la autora, existen algunas limitaciones, como la falta de coordinación entre instituciones o su escaso valor en lo que respecta a resolver "el dilema del consentimiento en agresiones sexuales".

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La madre de la víctima se reconoce agotada, pero le quedan fuerzas para sostener la denuncia pública, el último recurso al que se aferra la defensa. "Los dos agresores se negaron a declarar y en cambio a mi hija le hicieron declarar hasta tres veces", derivando en crisis de ansiedad continuas, critica. "Siendo menor, con una vez tendría que haber bastado", lamenta, al tiempo que censura la "presión" por parte de la Fiscalía de Menores, una institución que "se supone debe garantizarle protección" y que en cambio escenificó un trato que la madre califica como degradante. "Llegó a decirme que debía ponerme en el lugar de la familia del menor, del agresor que violó a mi hija", denuncia.

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*Nota: el viernes 13 de junio a las 11:16 horas, fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron a este diario de que la Fiscalía de Menores presentó el 11 de junio un escrito en el juzgado "solicitando autorización judicial para la práctica de la prueba de ADN del menor y pidiendo también la prórroga del plazo de seis meses para la instrucción. Además, el fiscal advierte al juez de que el plazo está a punto de acabarse para que resuelva a la mayor brevedad". La abogada de la víctima, no obstante, señala no tener ninguna notificación respecto a tales hechos.