Marta (nombre ficticio) cursaba sexto de primaria cuando un hombre contactó con ella por redes sociales. Al otro lado de la pantalla, alguien que decía ser un chico interesado en iniciar una relación con ella, presentándose como un apoyo emocional y tendiéndole la mano ante sus problemas. A aquello le seguirían enseguida las peticiones de imágenes de contenido sexual y la violencia física después. El agresor no dudó en aprovecharse de la vulnerabilidad que rodeaba a la niña fruto de su situación familiar, un contexto que conocía de primera mano porque quien intercambiaba los mensajes con la menor era, en realidad, su profesor de música.
Él tenía entonces 45 años y no dudó en abusar de su posición de superioridad no sólo para exigirle fotos íntimas, sino para ejercer una violencia sexual que sería posteriormente probada por los tribunales. Fue condenado a prisión por abusos sexuales continuados a través de las tecnologías. Es una de las sentencias que disecciona ahora Save the Children en su informe Tras la pantalla, un análisis jurídico que pone el foco en una veintena de resoluciones judiciales dictadas entre 2023 y 2024 que giran en torno a la violencia sexual contra la infancia a través de internet.
El Ministerio del Interior cifra en 1.078 las denuncias por delitos sexuales en el entorno digital que tenían como víctima a un menor, según datos de 2024. El 68,6% de las víctimas eran chicas. Save the Children redimensiona sin embargo esta realidad al advertir que las denuncias formales son sólo "la punta del iceberg". ¿Qué sucede cuando un menor da el paso de dar la voz de alarma? ¿Está la justicia a la altura?
Vínculo, aislamiento y petición sexual
Sucede en las redes sociales, pero también en otros espacios online como plataformas de videojuegos, canales de streaming o aplicaciones de mensajería. Los niños y niñas, repara la organización, comienzan a relacionarse a través de la red a edades cada vez más tempranas. Casi uno de cada tres menores utiliza internet de forma habitual antes de cumplir los diez años, una cifra que se eleva al 58% a los once. El plano online permea en sus relaciones interpersonales desde bien pequeños y es ya una parte troncal de su vida.
La dinámica clásica en el grooming está atravesada por distintas fases, partiendo de la construcción de un vínculo de confianza con la víctima, hasta su aislamiento, el control progresivo de sus hábitos online y finalmente las peticiones sexuales.
A Clara (nombre ficticio) la encontró su agresor primero a través de la red social Omegle, específica para establecer contactos aleatorios entre desconocidos. Ella tenía 14 años, él cumplía los 32. Las conversaciones migraron pronto a Instagram y WhatsApp, un puente que sirvió para los encuentros sexuales posteriores, después de que el agresor se ganara la confianza de su víctima. "Es evidente que el procesado es consciente de la edad" de la menor, determinaron los jueces, quienes consideraron "irrelevante" que la niña "prestara consentimiento".
Quienes están al otro lado de la pantalla, según el estudio realizado por la organización, responden a un perfil claro. En la mayoría de los casos (41,7%) no se trata de extraños, sino de personas conocidas para la víctima. En el 33,3% son desconocidos y en el 25% se trata de un familiar. Son mayoritariamente hombres y no suelen tener antecedentes penales –el 78,3% no los tenía–. La edad media de las víctimas se sitúa en los trece años y la mayoría (60,7%) son niñas.
El agresor de Sofía (pseudónimo) era el primo de su padre. Tras establecer contacto con ella vía redes sociales, él inició una campaña de acoso y derribo demandando contenido íntimo de carácter sexual. A pesar de la negativa de la menor, de tan sólo diez años, su familiar hizo que se sintiera lo suficientemente presionada como para ceder. A partir de ese momento, comenzó además el chantaje, amenazando con mostrar las imágenes a su familia. Este comportamiento "causó a la víctima una alteración grave de su vida familiar y escolar", además de un "malestar emocional" propio de los episodios de violencia sexual, según detalla una de las sentencias analizadas.
Las madres como denunciantes
No siempre el abuso llega a los tribunales, pero cuando sí lo hace suele haber un denominador común: la denuncia de las madres. En casi la mitad de los casos analizados (43,7%) es la figura materna quien formula denuncia ante las autoridades. En el 37,5% de los casos es la propia víctima quien da el paso y en el 12,5%, el padre.
Fue la madre de Estefanía (nombre falso) la que decidió acudir a los tribunales para denunciar a su pareja, quien había comenzado a solicitar fotografías de carácter sexual a su propia hija cuando la menor tenía catorce años. La violencia digital se haría extensiva a la física, hasta que la víctima relató lo sucedido a su tía y después a su madre.
"En todos los análisis jurisprudenciales vemos que quienes denuncian son las madres", introduce en conversación con infoLibre Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children. "Observamos que la persona de confianza y con quien mantienen un vínculo más sólido suele ser la madre, por lo que es a quien finalmente terminan contando" los episodios de violencia, si bien otras veces son ellas quienes "se dan cuenta y deciden poner en marcha el proceso", especialmente cuando el agresor es su propia pareja.
Tres años para obtener justicia
Una vez los menores cruzan las puertas de los juzgados, los magistrados tardan tres años o más en sacar conclusiones sobre lo sucedido. Así sucedió en el 60,7% de los casos analizados, mientras que en el 35,7% llevó uno o dos años y en el 14,3% más de cinco.
Las cifras no son anecdóticas: los tiempos suponen un perjuicio añadido para los menores. Es lo que Perazzo llama el "impacto irreversible del paso del tiempo", unas consecuencias ligadas a las demoras judiciales que se agrandan en el caso de los menores, porque para ellos "representa una fracción de su vida mucho mayor y no permite atajar la herida que está dejando la violencia".
Save the Children alerta no sólo sobre los tiempos procesales, sino también sobre prácticas que siguen produciéndose en los tribunales y que impactan directamente en el bienestar de los menores. En el 65% de los casos analizados, la víctima se ve obligada a prestar declaración más de dos veces. "El hecho de que una víctima tenga que repetir la violencia sufrida, unido a otros aspectos como procesos judiciales largos, hacen que deba revivir la situación traumática, con el riesgo de revictimización que ello supone", perfila el informe.
Más especialización
No es habitual la interposición de medidas cautelares por parte de los jueces que evalúan las denuncias registradas. En el 42% de las sentencias revisadas, no se impuso ningún tipo de medida de estas características. Pero cuando sí existieron, la que más veces figura en las resoluciones judiciales es la libertad condicional (26%), seguida de la prisión provisional y las órdenes de alejamiento.
En cuanto a las sentencias, en el 65,2% de los casos el fallo es condenatorio, un resultado que supone un descenso significativo respecto al periodo comprendido entre 2021 y 2022, cuando se registraron un 96,7% de condenas. Las absoluciones, sostienen los autores del estudio, se deben principalmente a que "no se considera que concurran todos los elementos exigidos por el tipo penal" y en algunos casos por la falta de pruebas.
"Tienes toda la razón, te vamos a ayudar": las juezas que querían acercar la justicia a la infancia
"Es necesario que los casos de violencia sexual online sean atendidos desde una justicia especializada", clama Perazzo. La experta repara en que este tipo de violencia tan específica está "atravesada tanto por la desigualdad de género como por la discriminación hacia la infancia", un conjunto de circunstancias que obligan a una atención rigurosa.
Y en el camino hacia esa especialización son precisos recursos. A finales de diciembre comenzaron a estar operativas las nuevas secciones de violencia sobre la infancia y la adolescencia, pero sólo han sido aprobadas tres: en los tribunales de instancia de Madrid, Barcelona y Málaga. Una cifra que la experta tilda de "totalmente insuficiente".
El modelo de referencia para Save de Children no es nuevo. Se trata del Barnahus –casa de los niños, en islandés–, espacios específicos para atender estas formas de violencia que permiten una respuesta "integral, especializada e institucional, centrada en los derechos de la infancia". Territorios como Euskadi, Navarra, Illes Balears, Castilla-La Mancha y Cataluña trabajan por consolidar este modelo, contenido además en la ley del sólo sí es sí como un servicio de asistencia integral especializada que debe ser promovido por las administraciones públicas.
Marta (nombre ficticio) cursaba sexto de primaria cuando un hombre contactó con ella por redes sociales. Al otro lado de la pantalla, alguien que decía ser un chico interesado en iniciar una relación con ella, presentándose como un apoyo emocional y tendiéndole la mano ante sus problemas. A aquello le seguirían enseguida las peticiones de imágenes de contenido sexual y la violencia física después. El agresor no dudó en aprovecharse de la vulnerabilidad que rodeaba a la niña fruto de su situación familiar, un contexto que conocía de primera mano porque quien intercambiaba los mensajes con la menor era, en realidad, su profesor de música.