"Tienes toda la razón, te vamos a ayudar": las juezas que querían acercar la justicia a la infancia

"Hemos estudiado tu caso, y tienes toda la razón, te vamos a apoyar". Así se dirige la jueza Glòria Poyatos, presidenta de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a un niño de diez años sobre el que su equipo acababa de tomar una decisión fundamental. Las palabras quedaron plasmadas en un voto particular, después de que el resto de magistrados rechazara incluir, como parte de la sentencia, un resumen de sus conclusiones adaptado al menor. Poyatos insiste en defender lo que todavía hoy es una excepción: hacer de los tribunales lugares más amables y accesibles para los menores.

En realidad, defiende la magistrada, no se trata de un capricho, si no de un imperativo legal. La ley del derecho de defensa señala, en su noveno artículo, que los actos y comunicaciones procesales "se redactarán en lenguaje claro, de manera sencilla y accesible universalmente, de forma que permitan conocer a sus destinatarios el objeto y consecuencias del acto procesal comunicado". Pero además, añade el mismo precepto, el lenguaje "se adaptará específicamente para menores de edad cuando sean los destinatarios de los actos, comunicaciones y resoluciones referidas". Una adaptación que, abunda la norma, se realizará "aunque los menores cuenten con asistencia letrada y con la representación de sus progenitores, tutores o defensores judiciales".

Poyatos es una de las pioneras en llevar la ley a la práctica. Junto a ella, la jueza sustituta Isabel Giménez. A finales de 2023, emitió una resolución judicial que imponía una orden de alejamiento de un padre maltratador respecto a su hija, vetando además la comunicación entre ambos. En el texto, incluyó un apartado específico dedicado a la niña: "Me gustaría explicarte la decisión que he tomado de forma que puedas entenderla".

"Quiero explicarte la decisión que he tomado"

Aquella misiva fue la de mayor impacto mediático, pero no la primera. En julio de hace ahora dos años, la magistrada se dirigía a otro menor en los siguientes términos: "Mi nombre es Isabel y soy la jueza que ha decidido sobre dónde y con quién tienes que vivir". "Sé que has sentido miedo en la escuela y en el instituto, lo que te ha hecho sentirte muy mal e incluso faltar a clase por temor a que te hicieran daño. También sé que te sientes protegido al lado de tu mamá", expresaba.

Meses después, en enero de 2024, trataba de arropar con sus palabras a otra menor de siete años: "Para mí ha sido muy, muy importante que nos hayas explicado que te sentiste muy triste cuando te separaron de mamá y que también te entristece ver a tu mamá sólo una hora a la semana a través de una cámara". Y en abril del mismo año, le explicaba a una pequeña que no tendría que volver a ver a su padre maltratador: "Lo primero que quiero decirte es que no te preocupes, que seguirás viviendo con tu mamá y, además, que no tienes que ver ni hablar con el señor que le hizo daño". "Él tampoco puede acercarse a ti y así se lo hemos dicho para que tú puedas salir a la calle o ir al colegio tranquila y sin miedo".

Cuando Giménez empezó a interesarse por acercar la justicia a los más pequeños, trató de bucear en las experiencias previas de otras compañeras. Y se topó con la Corte Constitucional de Colombia. "Coincidí en un congreso internacional con Glòria Poyatos y algunas magistradas colombianas. Estuvimos intercambiando ideas y les pedí información", relata la jueza al otro lado del teléfono. Fruto de esa firme voluntad, nació la primera resolución. "Me pareció que ese instrumento podía servir para transmitir al niño que le íbamos a proteger", porque al fin y al cabo estaba "dando valor a su mensaje, a lo que había explicado y además le estaba demostrando que le creía".

Solas y sin formación oficial

Giménez estaba decidida a adquirir las habilidades y nociones necesarias para dirigirse a los menores, pero el sistema no le respaldó. Al contrario: "No nos han formado. En el temario de oposición no hay ni rastro de cómo prepararnos para cambiar el lenguaje críptico y adaptarlo a la ciudadanía, especialmente a los niños". Habla ahora Glòria Poyatos, quien recuerda que las magistradas tienen que batallar contra viento y marea en un contexto de sobrecarga constante, un lastre ante cualquier iniciativa que nazca de su voluntad particular. "Hacer esto no es fácil y supone un sobreesfuerzo", reseña. Ella, asiente, se sirvió de su "propia experiencia vital" para escribir el resumen que plasmó en su voto particular para dirigirse al niño, teniendo en cuenta la situación particular del pequeño y los informes elaborados por los profesionales. 

Es, insiste, lo que cualquier juez debería hacer. "La ley obliga de forma nítida y clara desde hace poco, pero hay normativa internacional desde hace años", empezando por la Convención de los Derechos del Niño, la Carta de Derechos de los Ciudadanos o las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas vulnerables. Las herramientas, reitera la jueza, existen desde hace décadas. 

Pero la infancia sigue siendo prácticamente invisible a ojos de la justicia. Clara Burriel, experta en prevención de la violencia hacia la infancia de Save the Children, cree que ejemplos como los anteriores todavía son "bastante excepcionales" y en general, añade en conversación con este diario, "es poco habitual un enfoque de infancia en los tribunales". Si escarba en las razones que lo explican, la experta acierta a señalar la ausencia de formación que todavía existe entre el conjunto de los operadores jurídicos. "No hay mala intención, pero sí hay mucho desconocimiento", afina.

Escucharles y no revictimizarles

"Más de la mitad de mi vida ha estado involucrada en el mundo judicial. ¿Cuándo va alguien a ayudarme?". La pregunta la lanzaba Miriam Ruiz a los quince años. Ella es la hija de María Salmerón, encarcelada por negarse a cumplir el régimen de visitas de su hija con su exmarido, condenado por maltrato. En una entrevista, la joven reconocía que nunca tuvo "mucha oportunidad de hablar con los jueces". Tampoco fue escuchada en sede judicial Andrea, la niña que sería asesinada por su padre maltratador en una de las visitas fijadas por el juez. La ONU condenó a España por no protegerla, en uno de los casos de violencia vicaria con mayor impacto de los últimos años.

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La pregunta es obligada: ¿son realmente escuchados los menores en los tribunales? Una vez más, la ley recalca que tienen derecho a que su testimonio sea tomado en consideración. La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor incluye un artículo sobre el derecho a ser oído y escuchado "sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento". Más recientemente, la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia blinda el derecho de los menores a ser "oídos, escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta debidamente".

Pero no siempre sucede así, confirma Clara Burriel. Y de hecho cuando ocurre, los menores tienden a afrontar procesos revictimizantes y contraproducentes para la reparación del daño. Según el Consejo General de la Abogacía, las víctimas de violencia sexual en la infancia tienen que repetir una media de cuatro veces su testimonio, una dinámica que termina por "agravar el daño", lamenta la experta, porque cada vez que lo hacen "están reviviendo el trauma", algo que "muchas veces no es necesario". 

Los niños y niñas, reflexiona Isabel Giménez, son también sujetos de derecho. Una realidad que en ocasiones se pierde de vista en los tribunales. "Cada uno con sus capacidades, sus situaciones y vivencias, pero como tal les tenemos que tratar. No son personas de segunda categoría", zanja.