Septiembre de 2025. Al Ministerio de Igualdad le sacudía una de sus mayores crisis en la actual legislatura: el sistema de control telemático a maltratadores había sufrido una serie de fallos técnicos que hicieron saltar todas las alarmas. El departamento de Ana Redondo trató de templar los ánimos descartando cualquier tipo de riesgo para las víctimas, insistiendo en que se trató exclusivamente de incidencias puntuales y comprometiéndose a una mejora sustancial del sistema. Esta semana, su cartera ha querido sacudirse los restos de una crisis que marcó a su equipo, aprobando una inversión en el modelo pero dejando en un limbo algunas de las principales incógnitas que lo rodean.
Fueron varios los problemas que atravesaron al servicio, basado en dos dispositivos de localización y un brazalete con señal de radiofrecuencia que porta el maltratador para asegurar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento. El primero estaba vinculado a la migración de datos cuando la compañía actual –una unión temporal de empresas entre Vodafone y Securitas– tomó los mandos de la gestión.
En febrero de 2024 finaliza el contrato con Telefónica, pero se abre una suerte de "periodo de transición de toda la información, entre febrero y mayo", según señalaron en su día fuentes involucradas en el proceso. En ese trimestre, la empresa que está de salida migra sus datos a la nueva compañía y es en esa migración donde se producen unos fallos que tienen impacto en los tribunales, con absoluciones y sobreseimientos puntuales.
De aquella brecha tomó nota la Fiscalía, quien recogería lo sucedido posteriormente en su Memoria anual. "Hay una incidencia en la migración de datos que se prolonga durante un tiempo determinado que los fiscales cifran en cuatro o cinco meses, pero a finales de 2024 estaba resuelto", explicaban entonces desde el Ministerio Público.
A ese fallo provocado a raíz de la migración de datos se sumaron otras incidencias técnicas, relacionadas con cuestiones como la durabilidad de las baterías, la manipulación de los dispositivos por parte de los agresores y los saltos aleatorios de las alertas, todo ello reportado por los propios profesionales que dan soporte al servicio. Tan solo un mes después de que estallara la crisis, el 11 de noviembre de 2025, el servicio sufrió una caída durante doce horas que terminó de apuntalar la desconfianza de las víctimas.
Igualdad siempre ha defendido que el sistema funciona, pero al tiempo ha reconocido que el margen de mejora es amplio. El año pasado se cerró con 4.432 dispositivos activos.
Dispositivos más seguros
Con el propósito de terminar de cerrar la herida, el ministerio quiere llegar a mayo –momento en el que vence el actual contrato– con una reformulación del sistema capaz de enyesar las grietas detectadas. Con esa ambición se presentó la ministra este martes en el Consejo de Ministros, donde se dio luz verde a un nuevo contrato.
El primer cambio que prevé poner en marcha tiene que ver con los propios dispositivos. Se incrementarán en número, hasta un total de 17.660, pero además ya no se tratará de pulseras, sino que en su mayoría serán tobilleras. Igualdad argumenta que esta clase de aparatos tienen una "mayor dificultad para ser manipulados". Fuentes del departamento de Ana Redondo explican a preguntas de este diario que el material será "antivandálico" y que por ello se "minimiza el riesgo de arrancamiento y manipulación". Las tobilleras se usarán para las nuevas altas, pero también para sustituir a aquellas pulseras dañadas o que hayan presentado averías.
Ese ha sido, precisamente, uno de los fallos que más inquietan a las víctimas: saber que sus maltratadores han podido manipular las pulseras. También se mejorará su resistencia al agua después de haber recibido igualmente quejas relativas a los errores tras ser sumergidos.
El ministerio quiere además introducir mejoras en cuanto al personal, con un mínimo de 151 profesionales en las entrañas del sistema, la sala Cometa. Para ello, se traza una inversión de hasta 111.100.438,80 euros en un nuevo contrato que tendrá una duración de tres años, prorrogable a cinco.
Cambio de contrato y sanciones
6 de mayo de 2026. Es esa la fecha final del actual contrato y el tiempo límite para implantar cambios, encontrar una empresa capaz de asumir la gestión del servicio y cerrar definitivamente la crisis de las pulseras. En esa senda emerge un punto crítico: la migración de los datos en caso de que cambie la empresa adjudicataria. Fue ahí donde se produjeron algunos de los fallos más graves en el sistema, por lo que el ministerio tendrá que trabajar por impedir que vuelva a suceder algo parecido.
Igualdad quiere dejarlo bien atado, así que tres meses antes de la finalización del contrato "la empresa saliente tendrá que presentar un plan para la migración de las personas usuarias, la monitorización de estas, la gestión de los dispositivos electrónicos y el intercambio de información y responsabilidades durante el periodo de transición".
"En el pliego de la nueva licitación se detalla mucho más esta fase", presumen fuentes de Igualdad. "Se dedica un anexo específico y muy detallado a la fase de transición y devolución del servicio".
El final del actual contrato es también una fecha marcada en rojo en el calendario por otro motivo: en ese momento, el ministerio decidirá si sancionar a las empresas que estaban al mando durante los fallos reportados. La ley permite multar a la compañía en caso de "cumplimiento defectuoso de la prestación" o por "incumplimiento de los compromisos" establecidos, pero el departamento de Ana Redondo señaló en su día que su intención pasa por revisar al cierre del contrato si ha existido algún incumplimiento, lo que derivaría en una eventual sanción.
"El servicio no tendría que estar privatizado": el problema de fondo de las pulseras a maltratadores
Actualmente, confirman las mismas fuentes, hay abierto un expediente de penalización a Vodafone y Securitas por la incidencia producida el pasado 11 de noviembre de 2025, aunque aún sin resultado. "Está previsto que se resuelva en breve", zanjan desde el ministerio. Además, existen dos auditorías todavía en marcha –una externa y otra interna– que evalúan el funcionamiento del sistema, en términos genéricos.
¿Hacia un sistema público?
La crisis de los dispositivos de control sirvió además para poner en evidencia otro de los grandes problemas intrínsecos al sistema: su externalización. Igualdad no tardó en hacer suya esta demanda: "Cuanto más público, mejor", señalaban fuentes del ministerio a finales del año pasado. La propia ministra así lo afirmó también en sus declaraciones durante aquellos meses: "Nos gustaría ir hacia una asunción de todo el servicio desde lo público. No ha sido así en el pasado. En este contrato tampoco lo es y probablemente en el siguiente avanzaremos en ese camino", expresaba en septiembre.
"Tanto la plataforma como los dispositivos y la app que tienen instalada son propiedad del Ministerio de Igualdad", asienten desde el departamento, al ser preguntados sobre los trabajos concretos de cara a una transición hacia un mayor peso de lo público. Todo esto, precisan, es así "a raíz de todo lo que ha pasado y se mantendrá" en los nuevos pliegos.
Septiembre de 2025. Al Ministerio de Igualdad le sacudía una de sus mayores crisis en la actual legislatura: el sistema de control telemático a maltratadores había sufrido una serie de fallos técnicos que hicieron saltar todas las alarmas. El departamento de Ana Redondo trató de templar los ánimos descartando cualquier tipo de riesgo para las víctimas, insistiendo en que se trató exclusivamente de incidencias puntuales y comprometiéndose a una mejora sustancial del sistema. Esta semana, su cartera ha querido sacudirse los restos de una crisis que marcó a su equipo, aprobando una inversión en el modelo pero dejando en un limbo algunas de las principales incógnitas que lo rodean.