El Ministerio de Igualdad trata de contener lo que parece ser ya una de las mayores crisis del departamento en lo que va de legislatura. Se trata de las consecuencias, todavía sin dimensionar, provocadas por un fallo técnico en las pulseras de seguimiento de maltratadores, a partir de un problema en la migración de los datos con la entrada de una nueva empresa en la gestión de la herramienta el año pasado. Las incidencias hicieron saltar las alarmas de distintas fiscalías, quienes plasmaron su preocupación en la Memoria anual del Ministerio Público. Esto es lo que se sabe hasta ahora.
¿Qué son las pulseras contra maltratadores?
Las pulseras contra maltratadores nacieron con la Ley contra la Violencia de Género, pero no comenzaron a ser una realidad hasta cinco años después, en 2009. Entonces, se convirtieron en un artilugio pionero a la hora de "verificar el cumplimiento de las medidas y penas de prohibición de aproximación a la víctima impuestas en los procedimientos por violencia de género en los que la autoridad judicial acuerde su utilización", según se explica en la web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
El sistema funciona a través de tres elementos: dos dispositivos de localización GPS –para el agresor y la víctima– y un brazalete con señal de radiofrecuencia que porta el maltratador. El dispositivo que lleva la víctima recibe una señal de alarma siempre que el inculpado o condenado se encuentre a una distancia de 500 metros. La mujer puede además dar la voz de alerta en caso de producirse una posible agresión. Actualmente, existen 4.515 dispositivos activos.
La prestación del servicio es responsabilidad de una empresa privada que se encarga de las labores de monitorización, operación e instalación de los dispositivos, desarrolladas por el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa). El espacio, que funciona las 24 horas del día durante todo el año, mantiene relación con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas de Seguridad.
Es ahí, en la gestión por parte de la empresa privada, donde nace el problema.
¿Cuándo ocurrió el problema?
La herramienta fue desde sus inicios gestionada por Telefónica. En verano de 2023, el Ministerio de Igualdad, entonces capitaneado por Irene Montero, llevó a cabo una de las ambiciones de su cartera: invertir en la mejora de los dispositivos. Según precisan fuentes del anterior equipo, la licitación y el cambio de empresa se hicieron entonces con los fondos Next Generation: "Apostamos por mejorar los dispositivos e invertimos 53 millones de euros, hubo una inversión seria para mejorarlos", señalan las mismas voces.
Entonces, Telefónica no se presenta a la licitación y deja de estar al frente del servicio, para dar paso a una unión temporal de empresas (UTE) entre Vodafone y Securitas. A principios de 2024, ya con Ana Redondo liderando el Ministerio de Igualdad, se ejecuta el traspaso. En febrero de 2024 finaliza el contrato con Telefónica, pero se abre una suerte de "periodo de transición de toda la información, entre febrero y mayo", según señalan fuentes involucradas en el proceso. En ese trimestre, la empresa que está de salida migra sus datos a la nueva compañía. Y es en esa migración donde se producen los fallos.
Así lo confirman también fuentes de la Fiscalía. "Hay una incidencia en la migración de datos que se prolonga durante un tiempo determinado que los fiscales cifran en cuatro o cinco meses, pero a finales de 2024 estaba resuelto", matizan.
Pero en este punto las versiones de lo sucedido son diametralmente opuestas según quien tome la palabra: una parte asegura que el traspaso de una empresa a otra se produjo de forma armónica, mientras que otra parte habla de constantes desencuentros y palos en las ruedas.
¿Cuáles fueron las incidencias?
La primera voz de alerta sobre los fallos técnicos, al menos públicamente, brotó en el seno de la Fiscalía. En su memoria anual –correspondiente al año pasado, pero publicada este mes de septiembre–, los fiscales reseñan que se han producido una serie de problemas a la hora de acceder a información de Cometa previa a marzo de 2024. "Esta anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el JVM (Juzgado de Violencia sobre la Mujer) como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios", subraya el análisis, sin aportar números.
El Ministerio de Igualdad reconoció este miércoles que hubo "incidencias técnicas" derivadas del cambio de contrato. En un comunicado, el departamento insistió en que "las incidencias técnicas puntuales que se produjeron en la migración de datos en el momento de cambio de adjudicatario del servicio fueron solventadas". Los fallos, precisan, no afectaron en ningún caso al funcionamiento en sí de los dispositivos, sino a los datos recopilados por Cometa.
El problema quedó resuelto, según indican tanto el Ministerio de Igualdad como la Fiscalía, a finales de 2024. En lo que va de año no se ha registrado ninguna incidencia.
¿Qué consecuencias tuvo?
Tanto el Ministerio de Igualdad como la Fiscalía señalan que se desconoce el impacto cuantitativo de los fallos, si bien es cierto que esta última está recabando la información necesaria para dimensionar el problema. Ninguna de las voces consultadas han podido sostener en cifras la afirmación de "una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios", contenida en la Memoria de la Fiscalía. Redondo estima que en torno a un 1% de las notificaciones que han recibido de los juzgados llamaban la atención sobre los fallos detectados.
Pero lo que sí se sabe es el impacto que ha tenido este fallo técnico en la vida de las mujeres. Para exponerlos con rigor, es preciso primero entender el contexto. Las pulseras para maltratadores se utilizan en distintas circunstancias: o bien como medida cautelar, en forma de mecanismo de control cuando no existe todavía una condena, o bien como pena añadida –por ejemplo, si un agresor sale de prisión con un permiso, el juez puede decidir imponer el uso de una pulsera–. Un maltratador que haya cumplido condena también puede portar una pulsera durante un tiempo determinado.
¿A qué se refieren Igualdad y Fiscalía cuando hablan de sobreseimientos o incluso absoluciones? Tiene que ver con cuestiones como el quebrantamiento de la orden de alejamiento o el mal uso del aparato. Los quebrantamientos están castigados con penas de seis meses a un año de prisión, lo que se sumaría a la condena principal, mientras que la manipulación de los dispositivos conlleva una multa.
Pongamos por caso que uno de los agresores es denunciado porque hace un mal uso del dispositivo. Entonces, salta la alarma del aparato que porta la víctima y al juzgado llega una denuncia. El agresor da las explicaciones que cree convenientes, alegando por ejemplo un fallo en la cobertura o que el dispositivo pita solo, pero asegura que de todas esas incidencias ha dado cumplida cuenta a Cometa. Es en este punto, en el momento en que el juez intenta corroborarlo con el centro, cuando se produce el fallo: Cometa señala que no puede confirmarlo, porque no dispone de los datos. Si no existía ninguna prueba más –por ejemplo, testimonios de terceros–, el juez decretaba sobreseimiento provisional hasta solventar el problema. "Los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos", insiste la Fiscalía.
¿Y qué hay de las absoluciones? "Son muy pocos casos", señalan las fuentes consultadas. Ponen otro ejemplo: "En un quebrantamiento de la orden de alejamiento, el agresor reconoce que ha traspasado el perímetro pero asegura que se ha alejado en cuanto ha pitado la pulsera. Cometa no puede corroborarlo, pero la víctima respalda su versión. En esos casos, el juez puede haber dictado absolución porque el testimonio de la víctima es lo más importante".
En septiembre de 2024, el Ministerio de Igualdad activó un "exhaustivo plan de seguimiento" del servicio Cometa. Buscaba así "responder de forma inmediata" a posibles incidencias y "poner en marcha posibles mejoras" en la protección de las víctimas. Ese plan, según explicaba el Gobierno en la respuesta a una pregunta parlamentaria, incluía el seguimiento de patrones de incidencias para establecer posibles ajustes y mejoras, información sobre las condiciones y el ritmo de trabajo del personal de Cometa.
Los partidos piden explicaciones
El Partido Popular ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad. Alberto Núñez Feijóo tilda lo sucedido de una "negligencia de enorme gravedad" y afea al Gobierno haber "desoído las advertencias". Sumar, por su parte, ha registrado este viernes una pregunta parlamentaria para conocer cuánto tiempo duró el fallo y el número de mujeres afectadas. Los socios se interesan también por las medidas para reparar el daño y las actuaciones previstas para impedir que se repita.
La formación ya había rubricado en diciembre del año pasado una pregunta parlamentaria sobre las medidas urgentes ante los errores detectados en el sistema. En aquel momento, el diario Público había desvelado que un informe técnico de ponderación de criterios de adjudicación para contratar el servicio, procedente de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ponía la lupa sobre algunas lagunas en la adjudicación del servicio a las dos empresas privadas. El informe hablaba de "un diseño deficiente, una planificación poco detallada y una asignación de recursos deficiente. Además, es poco preciso, el detalle no es lo suficientemente extenso, aunque presenta una coherencia aceptable". Las trabajadoras, además, denunciaron en su días las precarias condiciones laborales en el desarrollo de sus funciones.
Advertencias en el pasado
Igualdad aclara que el problema de datos de las pulseras de maltratadores está solucionado
No es la primera vez que expertas y trabajadoras advierten de los fallos que presenta la herramienta, especialmente deficiencias tecnológicas. Las incidencias, han venido expresando juristas y profesionales especializadas, son constantes. La alarma salta cuando el agresor se aproxima a la víctima, pero del mismo modo el sonido se activa cuando se agota la batería, cuando el maltratador deja olvidado uno de sus dos dispositivos –recordemos que portan consigo la pulsera y el localizador GPS– o cuando la cobertura falla.
Ocurre, entonces, que las víctimas tienen que convivir con un estado de calma tensa constante, una situación que puede ser incluso utilizada por los agresores para incrementar el grado de violencia sobre sus víctimas.
La propia Fiscalía ya había expuesto en memorias pasadas estas circunstancias. En 2023, ponían de relieve problemas como la deficiente cobertura en zonas rurales aisladas o el tiempo que emplean en trasladarse los técnicos a esas áreas. Pero sobre todo, algunas fiscalías alertaban de "lo gravoso que supone para las víctimas las comunicaciones de incidencias reiteradas, que les provoca ansiedad y trastorno en su vida diaria, llegando a comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos".
El Ministerio de Igualdad trata de contener lo que parece ser ya una de las mayores crisis del departamento en lo que va de legislatura. Se trata de las consecuencias, todavía sin dimensionar, provocadas por un fallo técnico en las pulseras de seguimiento de maltratadores, a partir de un problema en la migración de los datos con la entrada de una nueva empresa en la gestión de la herramienta el año pasado. Las incidencias hicieron saltar las alarmas de distintas fiscalías, quienes plasmaron su preocupación en la Memoria anual del Ministerio Público. Esto es lo que se sabe hasta ahora.