Igualdad

Las pulseras contra maltratadores se multiplican pero no llegan a todos: Cataluña es la comunidad con menos y Zamora la única provincia sin ninguna

Una mujer sostiene una pancarta en la que se lee 'No nací mujer para morir por serlo'.
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Un total de 2.220 dispositivos telemáticos de seguimiento, las conocidas pulseras contra maltratadores, controlan actualmente que un agresor machista no pueda acercarse a su víctima. Es la cifra más alta desde que existen datos y así lo expone la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en su último boletín estadístico mensual, correspondiente a diciembre de 2020. Lo cierto es que los informes estadísticos muestran un crecimiento sostenido en la interposición de pulseras: en noviembre de 2012 existían 757 dispositivos activos y una tasa media de 36,9 por cada millón de mujeres con una edad superior a los quince años. Actualmente, esa tasa media asciende a 107,6. Sin embargo, no todo el mapa ha seguido la tendencia. Zamora no cuenta con ninguna pulsera desde noviembre de 2012, a excepción de una que instaló en mayo de 2019 pero que no mantuvo al mes siguiente. Otras provincias, como Valladolid y Lleida, se mantienen bajo mínimos desde hace un lustro.

Lo cierto es que las estadísticas hablan de récord de pulseras de forma periódica: el balance entre instalaciones y desinstalaciones resulta en que cada mes sean más los dispositivos activos. Esto hace que casi todas las comunidades y provincias registren una tasa de pulseras por cada millón de mujeres superior a 60. Con excepciones. En base a los últimos datos, sólo tres comunidades y catorce provincias se mantienen por debajo de ese umbral. El ejemplo más significativo está en Cataluña: ninguna de sus provincias alcanza los 60 dispositivos por cada millón de mujeres. La distribución es la siguiente: 41 en Tarragona, 33,8 en Girona, 14,9 en Barcelona y 5,5 en Lleida. La media catalana está en 18,9 dispositivos, muy lejos de otras comunidades como Andalucía (226,8), Murcia (165,7) o Castilla-La Mancha (138,3). Las otras regiones a la cola son La Rioja (28,9) y Euskadi (50,7).

El de Zamora es un caso paradigmático: no registra ningún dispositivo telemático. Tampoco lo registró el mes anterior, ni en ningún mes desde noviembre de 2012, con la única excepción de mayo de 2019.

¿Por qué estas diferencias? Una primera hipótesis podría apuntar a que, en algunos territorios, factores como la ruralidad, el envejecimiento de la población o las dificultades para denunciar dificultan, de facto, la imposición de mecanismos de protección. Sin embargo, el caso de Barcelona refuta esa primera tesis. Castilla-La Mancha, por ejemplo, está entre las comunidades con más dispositivos activos, muy por encima de Cataluña. Podría ocurrir que en provincias como Zamora las mujeres denuncien menos. Sin embargo, los datos de denuncia en dicha provincia son similares a los registrados en otras como Huesca, Ourense o Palencia, donde la tasa de pulseras por cada millón de mujeres supera el centenar.

Las pulseras contra maltratadores nacieron con la Ley contra la Violencia de Género, pero no comenzaron a ser una realidad hasta cinco años después, en 2009. Entonces, se convirtieron en un artilugio pionero a la hora de "verificar el cumplimiento de las medidas y penas de prohibición de aproximación a la víctima impuestas en los procedimientos por violencia de género en los que la autoridad judicial acuerde su utilización". El sistema contra los maltratadores funciona a través de tres elementos: dos dispositivos de localización GPS –para el agresor y la víctima– y un brazalete con señal de radiofrecuencia que porta el maltratador. El dispositivo que lleva la víctima recibe una señal de alarma siempre que el inculpado o condenado se encuentra a una distancia de 500 metros y además la mujer puede dar la voz de alerta en caso de producirse una posible agresión.

Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, recuerda el momento en que se decidió poner en marcha la herramienta. Y también lo costoso de su implantación. Por eso, las cifras actuales suponen una buena noticia: "Que sean 2.197 es una alegría, un gran logro por el que debemos felicitarnos porque significa que las mujeres están más protegidas". Hace algo más de una década, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero adquirió tres mil dispositivos, con el pronóstico de ponerlos en marcha en dos años. "Han pasado casi once años y estamos llegando a esa cifra".

Detrás de su distribución irregular, estima el experto, existe un elemento subjetivo: la decisión de los jueces y la "no consideración de los elementos de riesgo como un factor suficiente para actuar". No es, por tanto, "una cuestión social, legal, formal o técnica, sino de personas que creen que la medida es adecuada frente a otras que no lo creen". En ese sentido, el exdelegado recuerda que precisamente Cataluña es una de la comunidades que más órdenes de protección deniega. Dos cuestiones íntimamente relacionadas: las pulseras se imponen como elemento de refuerzo ante una orden de protección.

En el diagnóstico coincide Altamira Gonzalo, vicepresidenta de Themis Mujeres Juristas. La jueza recuerda que en su día "se compraron muchos aparatos y sin embargo los jueces no los acordaban". La tendencia comenzó a cambiar "hace dos o tres años", coincidiendo con un debate latente en Francia. En el país vecino, indica la jurista, "empezaron a analizar detenidamente la política española contra la violencia de género", con especial detenimiento en las pulseras. "Esta discusión estimuló la conveniencia de su utilización en muchos casos y por eso ha habido un aumento", estima.

¿Pero de dónde viene tan irregular distribución? A juicio de la experta, la respuesta tiene que ver con un sesgo. "El que se acuerde la utilización de las pulseras depende del juez y en menor medida del Ministerio Fiscal", por lo que en aquellos territorios donde su implantación es menor o inexistente lo que ocurre es que "los titulares de los juzgados de violencia sobre las mujeres no lo quieren acordar". La medida, recuerda, "es potestativa, no obligatoria" así que quien la puede acordar es el juez: "Si no lo hace es porque no quiere, bien porque le parecerá limitativa de derechos, bien porque no la considera adecuada".

Dudas sobre su funcionamiento

Ahí, en los motivos que subyacen tras una posible tibieza a la hora de acordar la medida, se detiene la fiscal especialista en violencia de género Susana Gisbert. "El problema es su efectividad práctica", dice en conversación con este diario. A día de hoy, las pulseras "fallan, pitan mucho" y eso suscita"una situación de alerta", de manera que "en determinadas ocasiones ellas se hartan". La pulsera, señala la fiscal, "se ha vendido como la panacea y es un medio muy eficaz en determinados casos, pero no debe cubrir el espacio intermedio entre la prisión y la nada".

Especialmente, defiende la fiscal, porque "la primera a la que vulnera su libertad ambulatoria es a la víctima", que debe estar además "pendiente de llevar el dispositivo". Gisbert entiende que todos estos fallos conlleven un posible rechazo por parte de las mujeres, pero también de los jueces. A su entender, sería conveniente "arbitrar algún mecanismo que no implicase tal grado de dependencia de las mujeres".

Gonzalo, por su parte, asume la existencia de críticas pero recuerda que "la seguridad 100% prácticamente no hay nada que la pueda asegurar, más allá de la prisión", por lo que la pulsera, estima, es un buen instrumento para otorgar "seguridad a las mujeres". Para Miguel Lorente, "todo es susceptible de mejora" y de hecho la empresa con la que se rubricó la relación contractual se comprometió a aplicar toda "mejora científico-técnica que se produjera como parte del desarrollo tecnológico en esa materia". Sin embargo, señala el médico forense, estamos hablando de "problemas técnicos frente a un instrumento que garantiza el despliegue" de otras medidas de seguridad en caso de alerta. El balance, concluye, es claro: lo que aporta, respecto al inconveniente, es mucho más valioso para las mujeres.

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