El proceso contra Íñigo Errejón sigue su curso. Lo hace a pesar del terremoto judicial y mediático en torno al caso, desde que la actriz Elisa Mouliaá presentara una denuncia formal hace 15 meses contra el exdiputado como presunto autor de un delito contra la libertad sexual.
El pasado 4 de febrero, Mouliaá decidió dar un paso atrás y no seguir al frente de la acusación particular, abriendo una nueva grieta en un caso ya plagado de interrogantes. Menos de una semana después, rectificó. Estas son las claves para no perderse en el laberinto del procedimiento judicial contra el exparlamentario:
Un interrogatorio revictimizante
Enero de 2025. La denuncia contra el exlíder político echa a andar en los pasillos de los tribunales, tres meses después de que Mouliaá diera la voz de alarma ante las autoridades. Y lo hace con una polémica: el interrogatorio del juez instructor Adolfo Carretero.
Entre la batería de preguntas que formula el magistrado en sede judicial, emergen juicios de valor, el cuestionamiento del relato de ella y asoman clichés sobre cuál debería haber sido su comportamiento. "Este tipo de interrogatorio revictimiza a las mujeres y las aleja de la denuncia y de la protección", se pronunciaba entonces la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
La conducta del juez fue no solo objeto de duras críticas, sino que además suscitó una avalancha de quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Meses después, la investigación interna contra él fue archivada.
Apertura de juicio: el relato es coherente
El procedimiento sigue entonces su curso, con la comparecencia de testigos clave para determinar lo ocurrido y no sin sobresaltos jurídicos, como la petición del acusado de investigar a su denunciante por obstrucción a la justicia, al interpretar que la actriz trató de condicionar uno de los testimonios, un extremo que fue finalmente descartado por el juez.
A mediados de noviembre, el magistrado toma una decisión: Íñigo Errejón será juzgado por un posible delito de abuso sexual. En el auto emitido, el magistrado parecía haber tomado nota de las críticas tras su polémico interrogatorio y enumeraba al detalle los motivos por los que el testimonio de Mouliaá sí era coherente.
Entre sus conclusiones, dejaba claro que no denunció por venganza, pues no tenía "ningún móvil espurio, enemistad, odio o venganza" contra el acusado. Pero además incidía en que su testimonio había sido "coherente en lo esencial", aunque no recordara "detalles secundarios".
Carretero zanjó también otra polémica frecuente en el debate público: la presencia de la actriz en los platós de televisión. A su juicio, no le resta credibilidad el hecho de que "haya relatado los hechos ante los medios de comunicación, incluso a cambio de remuneración" porque tiene "derecho a contar su intimidad como quiera".
Apenas dos semanas después, la defensa de Íñigo Errejón presentaba un recurso dirigido a la Audiencia Provincial de Madrid pidiendo el sobreseimiento libre y archivo de la causa. A lo largo de 79 páginas, su abogada argumenta que no existe ningún indicio sólido capaz de acreditar la denuncia, pero además apoya su petición poniendo énfasis en las "contradicciones" de Mouliaá que hacen "decaer por completo la veracidad, fiabilidad y credibilidad de su relato".
El escrito también pone el acento en cuestiones de peso como el hecho de que Mouliaá "estaba en una situación laboral muy precaria", deslizando así la posibilidad de que existan intereses por su parte, pese a que dicha hipótesis ya fuera rechazada por el juez. La interposición de la denuncia, prosigue la letrada en su recurso, ha hecho que la mujer haya "alcanzado un nivel de relevancia pública y exposición mediática incuestionable", con el consiguiente impacto económico. "Es evidente que el único ánimo" que ha movido a la actriz a denunciar al exdiputado ha sido "obtener una notoriedad e ingresos de los que carecía hasta ese momento".
¿Qué dice la Fiscalía?
El 16 de diciembre de 2025 llega el turno de la Fiscalía: solicita el sobreseimiento provisional. "Nos encontramos ante una relación inicialmente deseada entre personas adultas, con un desarrollo normal y una madurez sexual acorde con la edad", sostiene el escrito, vertebrado en torno a la noción de que "en el momento en que ella le dijo que parara, este paró".
La Fiscalía, eso sí, se cuida en destacar que el relato de la denunciante no carece de validez, al contrario: "Concurren en el mismo todos los requisitos para dotarlo de absoluta credibilidad y potencialidad acreditativa". En ese sentido, deja claro que se trata de un testimonio "invariable en cuanto a los elementos esenciales", sin contradicciones ni omisiones y sin incoherencias internas. Sin embargo, subraya, "la conducta, aun dándola por cierta, no integraría el delito". E insiste en que una vez iniciada la "relación consentida en la que el investigado actúa bajo un criterio de urgencia sexual no coincidente" con la denunciante, "esta le pide poner fin y él de inmediato frena".
El Ministerio Público razona además que "tratar de discriminar entre unas motivaciones protegibles y otras no tutelables, llevaría a una justicia penal que se inmiscuiría de forma ilegítima en la autodeterminación sexual del ciudadano".
En un auto fechado el 27 de diciembre, el juez insiste en su posición y resuelve la apertura de juicio oral. Tras esta decisión, el Ministerio Fiscal emite un escrito de acusación dos meses después. En él, pide la absolución del acusado porque "los hechos relatados no son constitutivos de delito".
Retirada, vuelta y ¿ahora qué?
El caso daba un vuelco el pasado miércoles. En ese momento, la denunciante anunciaba públicamente su intención de no continuar con el proceso judicial. Prefería dar un paso atrás, apartarse, y dejar que la acusación popular, ejercida por la asociación Adive, tomara las riendas. Lo hacía por una cuestión de salud mental: "Nadie debería cargar sola con algo así", expresó en redes sociales.
Emergió, entonces, una incógnita clave: ¿significaba este paso poner punto y final a la causa? Si bien la presencia de la acusación popular abría un camino hacia su continuidad, las juristas expresaban dudas sobre la viabilidad del caso una vez Mouliaá materializara su retirada.
Entretanto, el exparlamentario debía acudir el martes 10 de febrero a la citación para que el juez le comunicara la apertura de juicio oral, una cita que quedó finalmente aplazada a la espera de resolver "el devenir procesal de la causa". Y es que aunque Elisa Mouliaá había expresado su intención de apartarse, el escrito no había sido formalizado con la rúbrica de su abogado ni la de un procurador. Es decir, no tenía validez.
Humillaciones, juicio mediático y una red de apoyo inexistente: lecciones tras la renuncia de Elisa Mouliaá
Pero este mismo martes se produce el enésimo giro de los acontecimientos: la denunciante rectifica y decide finalmente seguir adelante con la acusación. "Ahora sí voy a ir hasta el final", clamó a las puertas de los juzgados. En sus palabras, la decisión vino determinada por el escrito de acusación en el que la Fiscalía se inclinaba por la absolución de Íñigo Errejón. Si bien el documento fue registrado a finales de enero, lo cierto es que trascendió públicamente este mismo lunes, en medio de los últimos movimientos anunciados por parte de la denunciante.
¿Cuáles son ahora los próximos pasos? En lo inmediato, el juez tendrá que fijar una nueva fecha para comunicarle al acusado la apertura de juicio oral, al tiempo que la Audiencia Provincial de Madrid debe decidir sobre el recurso presentado por su defensa.
Mouliaá dice estar decidida a seguir adelante, pero hace un llamamiento a otras mujeres: pide que los testimonios anónimos se traduzcan en denuncias formales. En este punto, conviene recordar que la denuncia presentada por la actriz en octubre de 2024 se produce después de que se hicieran públicas una serie de denuncias simbólicas por parte de distintas mujeres, el detonante que lleva al exlíder político a presentar su dimisión.
El proceso contra Íñigo Errejón sigue su curso. Lo hace a pesar del terremoto judicial y mediático en torno al caso, desde que la actriz Elisa Mouliaá presentara una denuncia formal hace 15 meses contra el exdiputado como presunto autor de un delito contra la libertad sexual.