En su reciente informe anual sobre el Estado de derecho, la Comisión Europea pide a España el establecimiento de “un registro público obligatorio de lobbistas”, una medida de importancia en la lucha contra la corrupción dentro de un conjunto más amplio de acciones que Bruselas planteaba menos de 24 horas antes de que el presidente del Gobierno compareciese en el Congreso de los Diputados por la presunta corrupción del exsecretario de Organización del PSOE.
La Comisión Europea reprocha a España los escasos avances en mejorar la reglas sobre los conflictos de interés en las distintas administraciones públicas, uno de los talones de Aquiles en la prevención de la corrupción, mientras en el cajón del Congreso aguardaba su tramitación parlamentaria la ley de lobbies que, ahora sí, Pedro Sánchez recuperará dentro del anunciado Plan Estatal contra la Corrupción.
Para la elaboración del registro español de lobbies, el Gobierno deberá basarse en el existente Registro de Transparencia de la UE, nombre oficial del censo europeo de lobbistas, donde están inscritas actualmente 15.031 empresas, asociaciones u organizaciones, de las que 938 son españolas. Es el cuarto Estado miembro, después de Alemania, Francia e Italia, con mayor representación de lobbistas, una cifra similar a la de los representantes británicos y superior a la de estadounidenses.
Aparecen todas las grandes empresas españolas que uno pueda imaginar. Telefónica, Inditex, Iberdrola, Repsol, Caixa Bank, Banco Santander o Mercadona, pero no sólo compañías privadas, también diferentes actores como la CEOE y la UGT, el Foro de la Industria Nuclear, Movimiento por la Paz o la Asociación Española contra el Cáncer. Porque, según la definición del propio Registro de Transparencia de la UE, actuarían como lobbistas aquellas “organizaciones, asociaciones, grupos o individuos autoempleados que llevan a cabo actividades para influir en la política de la UE y en su proceso de toma de decisiones”. Evidentemente, el propio registro incluye distintas categorías y diferencia entre empresas privadas, sindicatos, organizaciones o asociaciones profesionales.
El lobby de las empresas españolas ante la UE
Telefónica lidera con diferencia el ránking de los mayores lobbistas españoles por volumen de dinero invertido en Bruselas. Con algo más de dos millones de euros gastados el año pasado, casi el doble que CEINNMAT, la empresa valenciana de investigación tecnológica, sin actividad pública en el registro hasta hace poco y que en 2023 realizó una fuerte apuesta por las actividades de representación e influencia, el equipo oficial de siete lobbistas de Telefónica mantuvo 161 reuniones de alto nivel con dirigentes y funcionarios de la Comisión Europea, según los datos públicos de transparencia.
La lista de actividades de los lobbistas de Telefónica es completísima y está actualizada hasta hace pocas semanas, cuando celebraron en la capital comunitaria un encuentro con el equipo de la comisaria Ekaterina Zaharieva, responsable europea de startups, investigación e innovación. A lo largo de todo este año se han visto individualmente con el director general de Redes de Comunicación y Tecnología, con el jefe de unidad sobre Economía española, con el gabinete del comisario de Defensa o han “intercambiado visiones” con los responsables de la Comisión Europea para las gigafactorías de Inteligencia Artificial, un negocio de presente y futuro para la multinacional española.
La CEOE también está en el podio de la intermediación e influencia política en la capital comunitaria. La gran patronal española viene gastando en el último lustro cerca de un millón de euros anuales en defender los intereses de sus representados, “fomentar y defender el sistema de iniciativa privada y la economía de mercado” o “la competitividad de las empresas y la libre competencia”, según su registro. Tiene un equipo propio presente en Bruselas y hasta la ciudad también se desplazan personas “procedentes de departamentos temáticos” de la sede principal de Madrid. En abril se reunieron con tres personas del gabinete de la vicepresidenta Teresa Ribera para conocer de primera mano la futura reforma en la política de ayudas de Estado y, en febrero, mantuvieron un desayuno de trabajo sobre las prioridades en materia de medioambiente de la comisaria Jessika Roswall con su asesor Luis Planas Herrera, hijo del ministro español de Agricultura y Pesca.
Entre los principales lobbistas españoles ante las instituciones de la UE hay empresas menos famosas, pero importantes, como la manufacturera Tecnove, el proveedor de servicios turísticos Amadeus, con un gasto de un millón de euros en sus asuntos públicos comunitarios, o una gran tecnológica que despega en el sector militar de la mano del Gobierno, Indra, con cinco representantes a tiempo completo en Bruselas, un presupuesto de casi un millón de euros para esta actividad y una oficina bien situada a medio camino entre la Comisión y la Eurocámara.
Los gigantes bancarios españoles son protagonistas
Los tres principales bancos españoles, La Caixa, Santander y BBVA, cuentan con oficinas de representación en Bruselas para realizar actividades lobbistas ante las instituciones comunitarias. Sus equipos son habituales de eventos informativos y conferencias en los principales think tanks de la ciudad, como Bruegel o CEPS, de organizaciones como la Cámara de Comercio, también presente con una oficina en la misma calle del Parlamento Europeo, o en los de las delegaciones de las comunidades autónomas.
Sus responsables son banqueros acreditados como lobbistas ante las instituciones comunitarias y, por tanto, con permiso para mantener encuentros con eurodiputados españoles o de cualquier otro Estado Miembro y también con funcionarios de la Comisión o el Consejo, responsables de las legislaciones financieras en las que trabaja la UE.
El BBVA fue el que más gastó, 800.000 euros para estas actividades de influencia y representación y mantuvo 63 reuniones de alto nivel con políticos y funcionarios comunitarios. El dinero es similar al invertido en 2023 o 2022 y el presupuesto se destina principalmente a pagar la oficina de asuntos públicos europeos con la que cuenta a pocos metros de la Grand Place, las nóminas de los tres trabajadores a tiempo completo y los gastos de, como mínimo, otros dos lobbistas más registrados ante las instituciones, según los datos de Lobby Control.
Durante el pasado mes de marzo, los representantes de BBVA mantuvieron encuentros al más alto nivel. Por ejemplo, con el gabinete del comisario de Energía, Wopke Hoesktra, para tratar cuestiones sobre fiscalidad internacional. En esa reunión estaban presentes también lobbistas de Telefónica, de Iberdrola y de Deloitte, el gigante de la consultoría. Pocos días después se reunían con Teresa Ribera, la española que dirige la Vicepresidencia primera de la Comisión, para conocer la Directiva Omnibus, de simplificación normativa para las empresas.
Los 'lobbies' en la UE: un registro público y accesible para conocer sus reuniones con los políticos
Más interesante es el gran encuentro en Bruselas del sector financiero español, y europeo, a principios de año con el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, semanas en las que Bruselas trabajaba en los planes de financiación para las inversiones militares, donde el sector bancario debe jugar un rol trascendental para canalizar esos fondos comunitarios y desde los presupuestos nacionales hacia los gigantes armamentísticos. Estaban presentes representantes del BBVA, La Caixa y Banco Santander, mano a mano con el ICO (Instituto de Crédito Oficial), los holandeses ING y ABN Amro, Deutsche Bank o las grandes aseguradoras Axa y Allianz. Era un total de 20 grupos, la crème de la crème del sector financiero europeo.
Banco Santander dispuso en 2024 una cantidad ligeramente inferior a la de BBVA pero fue más dinámica en sus relaciones con representantes en Bruselas. Su equipo de cinco lobbistas, todos acreditados ante el Parlamento Europeo, mantuvo un total de 140 reuniones de alto nivel con funcionarios y políticos de la Comisión y, además, destinaron también unas decenas de miles de euros a estar representados por un gigante lobbista en la capital comunitaria como es la firma de relaciones públicas Fleishman-Hillard, que realiza importantes fichajes para su equipo entre periodistas del Financial Times, antiguos responsables del Gobierno italiano, del Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo o entre la Comisión Europea.
Todos estos encuentros que las grandes empresas españolas mantienen en Bruselas se conocen gracias al registro de lobbies de la UE. En un contexto político español apremiado por los escándalos de la corrupción, la creación de uno semejante serviría para vigilar las influencias que reciben los representantes políticos durante el proceso legislativo. Igual que la UE, España debería introducir un régimen de sanciones para las compañías, organizaciones empresariales o asociaciones profesionales no registradas con su personal, impidiéndoles mantener encuentros con los políticos y funcionarios, y obligar bajo pena de sanciones a que los responsables públicos tuviesen que actualizar sus reuniones en un portal público para la ciudadanía.
En su reciente informe anual sobre el Estado de derecho, la Comisión Europea pide a España el establecimiento de “un registro público obligatorio de lobbistas”, una medida de importancia en la lucha contra la corrupción dentro de un conjunto más amplio de acciones que Bruselas planteaba menos de 24 horas antes de que el presidente del Gobierno compareciese en el Congreso de los Diputados por la presunta corrupción del exsecretario de Organización del PSOE.