“Fuimos víctimas de la sumisión química demasiado pronto”. Alizée es una de las víctimas de Christian Nègre, un ex alto funcionario del Ministerio de Cultura que la drogó con un diurético en 2014. Presentó una denuncia en 2018, cuando empezaba el movimiento #MeToo y el concepto de sumisión química aún era prácticamente desconocido para el gran público. “Nos maltrataron al principio y hoy seguimos siendo menospreciadas”, afirma, enfadada por una investigación judicial que reconoce “fuera de lo común”, pero que considera “demasiado lento”.
Su dolor comenzó con la publicación de un artículo de Le Canard enchaîné en mayo de 2019, tanto por los hechos revelados como por la forma elegida para tratarlos. “La fiscalía se hace cargo de una historia para mearse de risa”, titulaba el semanario, que revelaba que decenas de mujeres que habían solicitado un puesto en el Ministerio de Cultura denunciaban el comportamiento de Christian Nègre durante sus entrevistas.
Desde la Rue de Valois, Nègre, director de recursos humanos, recibía sin descanso, entre 2009 y 2018, a mujeres jóvenes a las que hacía creer que tenían un puesto asegurado. Durante las entrevistas en el ministerio, les ofrecía un té o un café, les administraba a escondidas un potente diurético y las obligaba a ir a dar un paseo.
El recorrido, por los muelles del Sena, era largo y estaba minuciosamente calculado para que sus víctimas sintieran ganas de orinar en el mismo momento y en el mismo lugar: una zona aislada, sin ningún baño cerca.
Cuando la necesidad se volvía irrefrenable, las cubría con una chaqueta, observaba atentamente la escena, disfrutaba viéndolas humilladas y anotaba hasta el más mínimo detalle en una tabla de Excel titulada “Experiencias”.
“Empieza a bajarse las medias y las bragas (negras). Se pone en cuclillas y suelta un chorro muy fuerte y muy largo”, se puede leer. O también: “Se baja los pantalones incluso antes de que yo la tape. Varios: orina durante bastante tiempo. Le ofrezco papel. Se limpia de pie justo delante de mí”. Su tabla menciona a cerca de 200 mujeres, pero la justicia ha identificado “al menos 240”.
A raíz de ello, Libération reveló las múltiples alertas ignoradas por el Ministerio de Cultura y las graves consecuencias para las mujeres afectadas. Algunas fueron hospitalizadas tras sufrir intoxicaciones, graves infecciones urinarias o por tomar medicamentos incompatibles con ese diurético. Todas quedaron traumatizadas, temiendo acudir a otras entrevistas y pensando que todo había sido culpa suya.
Tras actuar así durante casi diez años, Nègre fue finalmente detenido después de ser sorprendido fotografiando los muslos de una subprefecta. Fue destituido, imputado por 21 delitos, entre ellos la administración de sustancias nocivas, violencia por parte de una persona encargada de una misión de servicio público y violación de la intimidad, y puesto bajo control judicial. Por ahora, goza de la presunción de inocencia.
Proceso ante el Tribunal Administrativo
Cuando Libération reveló la magnitud del caso, decenas de mujeres se descubrieron víctimas al leer el artículo y se pusieron en contacto con la redacción para saber qué hacer y a quién acudir. El Ministerio de Cultura, por su parte, nunca consideró oportuno hacer un llamamiento a las víctimas y tardó en poner en marcha un servicio de atención.
Fue Alizée, también víctima, quien asumió durante meses la carga de tener que identificarlas, tranquilizarlas y derivarlas a la policía judicial antes de que la Fundación de las Mujeres tomara el relevo.
Rápidamente llegaron a una conclusión: la dirección del ministerio no podía ignorar las acciones de ese alto funcionario. Sus compañeros lo apodaban “el fotógrafo” y algunas funcionarias sabían que había que evitarlo. También se habían enviado cartas a las ministras Fleur Pellerin y Audrey Azoulay, e incluso se había alertado al servicio de medicina del trabajo.
Por todas esas razones, han sido citadas cuatro víctimas en el Tribunal Administrativo el jueves 4 de junio para que la justicia reconozca la responsabilidad del Estado por incumplir su obligación de seguridad. Otras siete ya fueron indemnizadas en 2023 por “la culpa personal de Christian Nègre” pero el tribunal no reconoció entonces la responsabilidad del ministerio.
“Ahora somos más optimistas, porque hemos conseguido recabar casi 22 testimonios de personas que denunciaron las actuaciones de Christian Nègre o que confirman que hubo alertas previas”, explica Capucine des Ligneris, una de las abogadas que lleva la parte administrativa junto con su colega Cécile Kurz.
Una de sus clientas, intoxicada con diuréticos, se cruzó, por ejemplo, con una de las responsables de recursos humanos del ministerio durante el paseo que le impuso Christian Nègre. “Estaba a punto de orinarse debajo de un puente, al borde del desmayo, cuando se cruzaron con esa directora de RRHH. Christian Nègre se recompuso, la saludó, y mi clienta se orinó justo después de que él le pasara un abrigo y la mirara fijamente a los ojos”, describe.
“Mi clienta intentó avisar a la recepción, pidió hablar con la enfermería o con el CHSCT [comité de higiene, seguridad y condiciones de trabajo] del ministerio, pero le denegaron el acceso. Hoy, esta mujer está destrozada y acaba de obtener el reconocimiento de su discapacidad a raíz del trastorno de estrés postraumático”.
Para muchas demandantes, el Ministerio de Cultura ha fallado “de principio a fin”. Recientemente, la exministra Rachida Dati afirmó que todas las mujeres podrían beneficiarse de la protección funcional y de la cobertura de sus costas judiciales. En realidad, esa protección solo se aplica a funcionarios, por lo que quedan excluidas todas las mujeres afectadas por Christian Nègre que nunca habían trabajado en la función pública.
Acuerdos confidenciales
Aún más sorprendente es que el Ministerio de Cultura haya puesto en marcha todo un sistema para eludir los litigios administrativos masivos que veía venir, haciendo que las víctimas firmaran acuerdos amistosos. Quienes aceptan renuncian a acudir al Tribunal Administrativo, perciben una indemnización de unos 10.000 euros y firman una cláusula de confidencialidad que les prohíbe de forma absoluta “denigrar al Ministerio de Cultura”. Contactado por Mediapart, el ministerio no respondió.
Para colmo, el comportamiento de Christian Nègre, objeto de una investigación penal, no ha hecho sino aumentar la indignación de las víctimas. Desde que fue imputado, el exdirectivo del ministerio ha cambiado de nombre y ahora se hace llamar “Bernard Genre”.
Gracias a esta nueva identidad, continúa su carrera profesional en recursos humanos y se relaciona con perfiles similares a los de sus presuntas víctimas. En sus redes sociales aparece junto a mujeres jóvenes, recomienda sus currículos y ofrece sus servicios por 850 euros al día: “Mi trabajo es contribuir a que vivas el tuyo con tranquilidad”.
Como reveló Ouest-France, también firmó contratos de coaching con la región de Normandía e impartió clases entre 2023 y 2025 en dos escuelas de comercio —MBway y Ecofac— situadas en Caen y Colombelles, en Calvados.
“En cuanto nos enteramos de lo que se le imputaba, lo denunciamos a la dirección de la escuela, que lo apartó”, confirma una estudiante de Ecofac a Mediapart. “No he sido víctima de nuevos abusos”, añade, “pero la escuela no tomó ninguna medida para informar a todos los alumnos de los motivos de su marcha ni para averiguar si había reincidido”.
En julio de 2025, la abogada Zoé Royaux, una de las 15 letradas de la Fundación de las Mujeres movilizadas en este caso, alertó a los jueces de instrucción sobre sus actividades profesionales. Aunque su control judicial no prevé ninguna prohibición de ejercer una actividad profesional en este ámbito, su cambio de nombre impide que quienes lo emplean, así como las mujeres con las que se relaciona, conozcan sus antecedentes.
Una carrera profesional bajo otra identidad
“El señor Christian Nègre se presume inocente, pero ha reconocido los hechos, cometidos en un contexto profesional”, recuerda la abogada en su carta. De hecho, durante la detención policial, admitió haber drogado a esas mujeres. “Me hubiera gustado que me detuvieran antes. Era compulsivo, pero no tenía la intención de envenenar a esas mujeres”, declaró también a Libération.
“Es indignante”, lamenta Camille*, una de las acusaciones civiles. “La justicia responde que no puede privar a nadie de su derecho al trabajo, pero al permitir esto no protege”. La Fiscalía de París precisa a Mediapart que no existe ninguna medida de control judicial que le prohíba ejercer una actividad profesional o estar en contacto “con mujeres”.
En julio de 2025, la Fundación de las Mujeres publicó un comunicado para denunciar “una instrucción ralentizada”, “una justicia de dos velocidades” y unas “víctimas olvidadas”. La crítica se dirige contra la lentitud de un caso que se prolonga ya desde hace seis años y contra un procedimiento que muchas consideran “derogatorio”.
“La mayoría de las víctimas solo pudieron ser escuchadas por agentes de la policía judicial, por falta de tiempo y de medios para que la jueza de instrucción las recibiera individualmente”, señala la asociación. La abogada Iris Biehler también lamenta que sus clientas no hayan podido tener acceso a una verdadera evaluación psicológica. Solo les ofrecieron un “examen documental” y una evaluación de la asociación Paris aides aux victimes, que concluyó con un único día de baja laboral.
Cuando me informaron de este caso, me pregunté cómo podía haber tanta invisibilización y tanta lentitud
Sin embargo, algunas de las pocas denunciantes que sí fueron examinadas por los servicios forenses al inicio de la investigación obtuvieron 30 días de baja. “Dado que la naturaleza de los hechos no requería recurrir a peritajes con fines probatorios para demostrar su comisión, los jueces de instrucción decidieron llevar a cabo una evaluación psicológica”, justifica la Fiscalía.
En febrero de 2026, la fiscal de París lanzó un llamamiento a las víctimas que aún no se habían presentado para que lo hicieran “lo antes posible” y prometió una nueva reunión informativa, con la esperanza de cerrar este caso de aquí a finales de este año.
“Dado que el acusado actuó durante ocho años y que el número de víctimas es considerable, el procedimiento es largo y los medios de la justicia siguen siendo insuficientes”, lamenta la abogada Capucine des Ligneris. “Los jueces de instrucción hacen su trabajo, pero este procedimiento genera mucha frustración y dolor”.
“Los jueces de instrucción se esfuerzan por prestar especial atención al papel de las partes civiles en la investigación judicial, al respeto de sus derechos y a la limitación de la victimización secundaria”, defiende la Fiscalía, que recuerda las iniciativas sin precedentes puestas en marcha por las magistradas: la organización de una reunión informativa para las partes civiles, otra con sus abogados y la creación de un buzón de correo electrónico específico “con una única interlocutora que permite un contacto personalizado y bien informado”.
“Cuando me informaron de este caso, me pregunté cómo podía haber tanta invisibilización y tanta lentitud”, reacciona también la diputada Sandrine Josso, a quien el exsenador Joël Guerriau drogó sin su conocimiento en noviembre de 2023. Desde entonces, ha invitado a las víctimas de Christian Nègre a la Asamblea Nacional y colabora estrechamente con Sylvie, una de las denunciantes en este caso.
Siete años después de las primeras revelaciones en la prensa, esta mujer “no ceja en su empeño” y recurre a los medios de comunicación y a los políticos “para que traten este asunto como se merece”. “Para que dejemos de tratar este caso como una vulgar historia de pipi”, añade Alizée.
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* Nombre ficticio.
Contactado por Mediapart, Christian Nègre no respondió. Su abogada, por su parte, no quiso hacer declaraciones.
Traducción de Miguel López
“Fuimos víctimas de la sumisión química demasiado pronto”. Alizée es una de las víctimas de Christian Nègre, un ex alto funcionario del Ministerio de Cultura que la drogó con un diurético en 2014. Presentó una denuncia en 2018, cuando empezaba el movimiento #MeToo y el concepto de sumisión química aún era prácticamente desconocido para el gran público. “Nos maltrataron al principio y hoy seguimos siendo menospreciadas”, afirma, enfadada por una investigación judicial que reconoce “fuera de lo común”, pero que considera “demasiado lento”.