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El 70% de las víctimas de la Iglesia católica alemana eran menores de 14 años

Imagen de la presentación del informe sobre los abusos sexuales de la Iglesia católica alemana.

“Soy profesor de criminología y estoy acostumbrado a mantener una cierta distancia profesional con respecto a los casos en los que trabajo. Pero lo que descubrí allí me conmocionó enormemente, tanto en lo que respecta al número de abusos como a la actitud de la jerarquía eclesiástica hacia ellos”. En rueda de prensa, Harald Dressing, coordinador del estudio encargado por la Iglesia católica alemana en 2013 a un consorcio de académicos de Mannheim, Heidelberg y Giessen (disponible aquí), no intentó ocultar su emoción.

“Este es un día muy importante para la Iglesia católica alemana... Por todos los fracasos y sufrimientos, me gustaría pedir disculpas”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Reinhard Marx, arzobispo de la Archidiócesis de Múnich-Freising, enfatizando que a ojos de la institución, “el abuso sexual es un crimen y debe ser castigado”. También lamentó que la Iglesia haya “hecho la vista gorda durante demasiado tiempo, ocultado, negado” los hechos: “Sobre todo queríamos tener en cuenta el punto de vista de las víctimas”, precisó, al tiempo que reconocía que las estructuras eclesiásticas y la jerarquía son una parte importante del problema.

El documento de 356 páginas, cuyo contenido se filtró a la prensa a mediados de septiembre, deja constancia de al menos 1.670 miembros del clero que abusaron sexualmente de 3.677 niños entre 1946 y 2014. El 70% de las víctimas son menores de 14 años. Según el mismo documento, uno de cada seis abusos es violación. “Estas cifras representan una hipótesis a la baja de lo que realmente sucedió”, dijo el profesor Dressing, para quien el abuso sexual en la Iglesia Católica “es un problema persistente, no histórico”.

La historia y los detalles del estudio por sí solos ponen de manifiesto el alcance del problema. El escándalo del abuso sexual en la Iglesia católica alemana comenzó en 2010, cuando se hizo pública la carta de disculpa del director del colegio jesuita Canisius de Berlín, dirigida a exalumnos víctimas de abuso sexual. Este escándalo, que siguió a otras revelaciones a gran escala en Estados Unidos, Irlanda o Francia ha animado a otras víctimas a testificar.

En respuesta, los obispos alemanes pidieron disculpas, pero se limitaron a designar a un “obispo referente” encargado permanentemente de todas las “cuestiones relacionadas con la pedofilia y la violencia en las estructuras religiosas”. También se negaron a discutir públicamente la cuestión de la indemnización, que nunca se ha resuelto realmente. La presión pública llevó finalmente a que uno de los criminólogos más renombrados de Alemania, Christian Pfeiffer, presentara un primer informe sobre estos abusos. Un contrato de investigación rescindido dos años más tarde.

“La manera en que el profesor Pfeiffer se comunicaba con los responsables de la Iglesia, desafortunadamente, acabó con toda la confianza en la posibilidad de continuar el trabajo constructivo”, explicó la Conferencia Episcopal en ese momento. Por su parte, Christian Pfeiffer explicó que “la Iglesia católica quería obtener un informe a su gusto” exigiendo el control de la publicación final, así como el derecho de acceso a los colaboradores científicos comprometidos. Pfeiffer también hizo mención a la destrucción de registros vinculados a casos de pedofilia, así como la dificultad general de acceder a los archivos en algunas diócesis, incluyendo Múnich-Freising, la antigua diócesis del cardenal Joseph Ratzinger, que llegó a papa con el nombre de Benedicto XIV.

Cinco años después, las mentalidades parecen haber cambiado. Pero el cardenal Marx y Harald Dressing sólo podían reconocer también los límites del ejercicio. “Este estudio está incompleto. Es sólo el comienzo del camino. Por razones de protección de datos, no pudimos buscar en los archivos nosotros mismos. Fueron las diócesis las que nos enviaron algunos de los documentos solicitados. Así pudimos acceder a los archivos personales y anónimos de 38.000 miembros de la Iglesia. Eso es mucho, pero ni siquiera nos aproximamos. De las 27 diócesis alemanas, dos han reconocido que parte de sus archivos han sido destruidos, una diócesis que han sido manipulados y las otras no lo saben pero que no excluyen ni una cosa ni la otra”, dijo Dressing.

La declaración del Cardenal Marx, que manifestó su vergüenza frente a las víctimas y hacia aquellos que miraban hacia otro lado o protegían a los culpables, resume muchas cosas: “Quiero ser honesto conmigo mismo. En 2010, pensamos que podríamos resolver este problema en pocos años. Hoy, a la vista de este informe, sé que estamos sólo al principio y que llevará mucho tiempo”, declaró.

Hoy, el padre jesuita Tobias Zimmermann, actual director del instituto Canisius, describe las medidas tomadas en su escuela para proteger a los estudiantes y evitar que vuelvan a ocurrir tales abusos. A pesar de todo, sólo cree a medias en el poder redentor de un informe encargado y financiado por la Iglesia. Evoca así el peso sofocante de la jerarquía, el miedo a las represalias y la ley del silencio. “En el fondo, pienso que se debe establecer una separación de poderes dentro de la Iglesia o que se debe poner en marcha una estructura de estado externa, con los poderes para investigar dentro de la Iglesia”, cree, lúcido pero poco optimista acerca de tales reformas.

Con el fin de enmendarse y renovarse realmente, la exministra de la Familia, Christine Bergmann, miembro permanente de la “Comisión Federal Independiente sobre el Abuso Sexual contra los Niños”, una comisión pública que no sólo se ocupa de los abusos en la Iglesia, también considera que sería fundamental “que [la institución] se enfrente finalmente a su posicionamiento sobre la sexualidad y la moralidad sexual católica, es decir, no sólo respecto al celibato de los sacerdotes, sino también a la forma en que concibe la homosexualidad”.

A todas estas expectativas, la ministra de Justicia, Katharina Barley, ha añadido otra. Ha exigido que la Iglesia católica, la principal iglesia del país con más de 23 millones de fieles, trabaje con las autoridades judiciales para identificar y castigar a los perpetradores.

Traducción: Mariola Moreno

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