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Alemania aplica en un fallo histórico la jurisdicción universal y condena al verdugo del régimen de Al-Asad

Bachar el Asad, presidente de Siria.

Thomas Schnee (Mediapart)

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No había sucedido antes en ninguna parte del mundo. En vísperas del décimo aniversario del levantamiento popular en Siria, el 15 de marzo de 2011, el Gobierno del déspota sirio Bashar al-Asad finalmente ha sido considerado responsable de “crímenes contra la humanidad” por un juez; la Justicia alemana condenaba, el pasado 24 de febrero, al ingreso en prisión a Eyad al-Gharib, antiguo agente de la sección 251 de los servicios generales de inteligencia sirios.

Tras 60 días de audiencias, en un juicio que dio comienzo en abril de 2020, el Tribunal Superior Regional de Coblenza declaró a este sirio de 44 años culpable de haber participado en la detención en 2011 de al menos treinta manifestantes en Duma, cerca de Damasco, y su traslado a un centro de detención de los servicios de inteligencia.

Al-Gharib ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por “complicidad en crímenes contra la humanidad”. El fiscal federal pedía cinco años y medio. Su deserción en 2012 y, sobre todo, el hecho de que nunca ocultara su función ni su papel a las autoridades alemanas le permitieron beneficiarse de circunstancias atenuantes.

Los servicios de inteligencia, instrumento de muerte del clan Asad contra la población rebelde, practican masivamente tortura, violaciones y asesinatos. A principios de enero de 2020, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) cifraba en 88.000 las víctimas mortales.

Para Luna Wafta, periodista siria huida a Alemania, ella misma víctima y testigo, “este juicio no ha revelado nada nuevo. El mundo entero ya sabe lo que está ocurriendo en Siria. Pero esta sentencia puede ser el comienzo de un largo proceso legal que llevará a la condena del régimen”, señaló en declaraciones a Radio-Canadá.

“Sin embargo, es la primera vez que un tribunal confirma que las acciones del Gobierno sirio y sus colaboradores son crímenes contra la humanidad”, analiza Patrick Kroker, abogado del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), con sede en Berlín, que representa a la acusación frente a Eyad al-Gharib y su jefe Anwar Raslan. Este último también debe responder ante la Justicia alemana de la muerte de 58 personas y de los abusos infligidos a más de 4.000. El fallo se hará público en octubre.

“Los testimonios de los supervivientes de la tortura y de los agentes de los servicios de inteligencia, así como las fotos de César, demuestran el alcance y el carácter sistémico de las desapariciones forzadas, la tortura y la violencia sexual en Siria. La relevancia de estas pruebas va mucho más allá del juicio de Coblenza”, añade Patrick Kroker. César es el pseudónimo de un fotógrafo de la Policía siria que desertó y entregó a la justicia internacional casi 55.000 fotografías de los abusos y asesinatos del régimen.

Contactada por Mediapart (socio editorial de infoLibre), la magistrada suiza Carla del Ponte, exfiscal del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que dejó la Comisión de Investigación sobre Siria por la inacción de la ONU, recibía con satisfacción la decisión del Tribunal Superior regional de Coblenza: “Es un primer paso y, naturalmente, es muy positivo para las víctimas. También acojo con satisfacción la voluntad de Alemania de recurrir al principio de Justicia universal para detener y juzgar a estos criminales”.

Sin embargo, diez años después del inicio del conflicto, Del Ponte cree que mientras no se juzgue a los dignatarios del régimen y a Bashar al-Asad, “estaremos ante una Justicia parcial”.

Ante el drama sirio, la situación jurídica internacional sigue bloqueada. Como Siria no es firmante del Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), ésta no puede procesar al régimen sirio. Además, el aliado ruso de Asad veta sistemáticamente cualquier intento de remitir el asunto a la CPI a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo que sólo queda Justicia universal de los Estados.

“Cuando se creó la CPI, se amplió la jurisdicción nacional, lo que significa que un país tiene derecho a detener y juzgar a un delincuente en su territorio, aunque no haya cometido ningún delito en ese país. Se consideró que la CPI no podía juzgar a todo el mundo y debía centrarse en los principales delincuentes. Algunos países, como Alemania, optaron por adoptar el principio de Justicia universal absoluta, es decir, sin restricciones. Otros lo han sometido a ciertas condiciones”, explica Del Ponte.

Sobre la base de este principio, Alemania ha decidido actuar. Francia también ha detenido a un criminal sirio vinculado al Gobierno de Assad y está preparando su juicio. “La decisión alemana, unida al hecho de que nuestro país ha acogido a muchos refugiados sirios, entre los que se encuentran criminales en la clandestinidad, pero sobre todo muchas víctimas y testigos, hace que la Justicia alemana tenga la oportunidad de recabar un gran número de testimonios, y no sólo los de las víctimas de los crímenes del Gobierno”, precisa Patrick Kroker.

El fiscal federal alemán, que es quien decide si se aplica la Justicia universal o no, ha hecho detener, por ejemplo, a un médico sirio que apoya al régimen y cuya imputación se espera para mediados de 2021. Además, están en marcha dos investigaciones generales (Strukturverfahren), que no se dirigen a nadie en particular, sino que pretenden recoger pruebas y testimonios sobre los crímenes del régimen sirio, algo así como el “Mecanismo internacional para la recogida de pruebas de crímenes de guerra en Siria”, creado en 2016 por la ONU.

Sin embargo, Patrick Kroker no echa las campañas al vuelo. “Esta sentencia es una de las primeras piezas del puzzle. Suelen ser los más difíciles de poner en marcha. Ya está hecho. La máquina está en marcha. Sin embargo, por frustrante que sea, sigo sin ver ninguna posibilidad de una rápida acusación internacional contra Asad y su régimen”. Además, recuerda que se necesitaron varias décadas para llevar a juicio a los dirigentes de los jemeres rojos, a los generales argentinos y a los responsables de Auschwitz y de los campos de exterminio nazis.

Por su parte, Amnistía Internacional, a través de Lynn Maalouf, su directora regional adjunta para el Norte de África y Oriente Medio, ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que “remita urgentemente la situación en Siria a la Corte Penal Internacional para garantizar que los autores de todas las partes del conflicto, incluidos los ‘máximos responsables’, es decir, los altos funcionarios y los mandos, sean llevados ante la Justicia”.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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