Unión Europea

Bélgica asesta un golpe mortal al tratado con Canadá

Bélgica asesta un golpe mortal al tratado con Canadá

El ultimátum lanzado por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, no ha tenido efecto ninguno, salvo a la hora de avivar un poco más el debate. El Gobierno valón, obligado a decir sí o no, antes del lunes, al acuerdo comercial entre la UE y Canadá (Comprenhensive Economic and Trade Agreement, CETA), mantiene su rechazo al acuerdo en los términos actuales, arrastrando a Bélgica.

El lunes 24 de octubre, al término de una reunión del Comité de concertación que reagrupa a todas las entidades federadas de Bélgica y al Gobierno federal, el primer ministro belga, Charles Michel, informaba a los líderes europeos de que Bélgica no estaba “en condiciones” de firmar el acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá. “Se nos ha pedido que demos una respuesta clara hoy. La respuesta clara en este momento es no”, zanjó.

¿El CETA ha muerto? Los líderes europeos quieren seguir creyendo en él. Sin embargo, el acuerdo comercial con Canadá parece en entredicho. En caso de que finalmente se firme, no será en los mismos términos. La Comisión Europea, que ejerció gran peso en estas negociaciones, se encuentra sumida en un enorme desconcierto.

El bloqueo de Valonia ha sido acogido con muchas críticas por los partidarios del CETA. Especialmente descontentos están los flamencos, que apoyan este acuerdo, al contrario que la Región de Valonia y Bruselas. Denuncian maniobras políticas por parte de un Gobierno socialista, que trabaja influido por los sindicatos y el Partido de Trabajo de Bélgica (PTB), en una región que vive de las ayudas del Estado. Los valones dicen que actúan conforme a las nuevas leyes federales que les han impuesto los flamencos, en nombre del regionalismo.

La confirmación del rechazo de Valonia, por el contrario, ha sido bien recibida, entre aplausos y vítores, por los contrarios al tratado de libre comercio con Canadá en Europa. Todos se congratulan por el coraje y la tenacidad del Gobierno valón, el único que ha sabido hacer frente a la UE. Esperan que el no de los valones acabe con este tipo de acuerdos, que deja en manos de las multinacionales todo el poder, en detrimento de los Estados o que, al menos, suponga la apertura de negociaciones partiendo de nuevas bases.

El Gobierno valon se defiende de las acusaciones según las cuales quiere acabar con el CETA. Para el Ejecutivo, no se trata de cerrar la puerta a cualquier acuerdo, sino de mejorarlo. “Es más importante fijar las reglas sociales, medioambientales, comerciales que recoge este acuerdo, llamado a servir de modelo a los demás”, explicaba el jefe del Gobierno, el socialista Paul Magnette, la semana pasada ante el Gobierno valón. Todos tienen el TAFTA (acuerdo entre la UE y EEUU) en la cabeza. Frente a importantes desafíos económicos, sociales y medioambientales, las negociaciones deben hacerse con transparencia, en el marco de negociaciones democráticas y con el consentimiento de los ciudadanos, insistía en su discurso. Y en nombre de la “vitalidad democrática” de Valonia, Paul Magnette justificaba el rechazo al acuerdo.

Nadie desea convertirse en la “última aldea gala”, se defienden los líderes valones, “sino sólo defender las convicciones”. “En las circunstancias actuales, no se puede dar un sí”, explicó Paul Magnette, al término de la reunión del Comité de concertación. “No decidiremos nunca nada por ultimátum ni bajo presiones […]. Cada vez que se trata de imponer un ultimátum, las negociaciones resultan imposibles, se hace imposible el debate democrático”, añadió.

Por la mañana, el presidente (de centro) del Parlamento de Valonia, André Antoine, había avisado de que no sería posible respetar el plazo del lunes establecido por el Consejo Europeo. “Estamos ante una maraña de textos. Tengo 300 páginas de textos, 1.300 páginas de anexos, 2 o 3 declaraciones interpretativas”, explicó a RTL, antes de pedir a los negociadores claridad, coherencia y equilibrio en las relaciones con Canadá.

Varios puntos preocupan a los representantes valones y reclaman modificaciones sustanciales. En primer lugar, en lo que se refiere a las disposiciones sobre tribunales de arbitraje, que corren el riesgo de terminar por dar lugar a una justicia paralela, al margen de los Estados, que permitiría que las multinacionales atacasen a los Estados mediante medidas o normas que consideran contrarias a sus intereses. Además, se preocupan ante la falta de cláusulas de salvaguarda recíprocas en materia agrícola o sobre las denominaciones de origen que permitirían a empresas norteamericanas colarse en el acuerdo de libre comercio. Dudan sobre el mantenimiento de los servicios públicos y de las políticas de prevención. Todo ello justifica medidas vinculantes, insisten.

Estas preocupaciones no son nuevas. Desde que, en septiembre de 2015, la Comisión Europea dio a conocer a los responsables políticos el fruto de sus siete años de negociaciones con Canadá, Valonia dijo que este texto le planteaba problemas y que rechazaría firmarlo, tal y como permite la ley federal.

El aviso fue recibido ante la indiferencia general. No fue hasta el verano de 2016 cuando el Gobierno belga empezó a preguntarse qué podía querer el Gobierno francófono. Hubo que esperar a estas últimas semanas –se fijó el 27 de octubre como fecha para la firma entre la UE y Canadá–, para que el Gobierno belga y los responsables europeos se diesen cuenta de que Valonia no bromeaba, que no iba a ratificar así como así un acuerdo que no aprobaba. Entonces, todo el mundo empezó a asustarse.

En menos de un mes, todos han intentado recuperar el tiempo perdido. Los plazos fijados por la Comisión Europea se han ido sucediendo: en la última semana, el Gobierno valón debía dar su aprobación el jueves, luego el viernes, después el domingo y por último este lunes. A lo largo del pasado fin de semana, los responsables se fueron turnando, uno con el palo y el otro con la zanahoria, para tratar de doblegar al Gobierno valón, a fin de que la firma se mantuviese para el jueves 27 de octubre.

Cuando la ministra canadiense de Comercio, Chrystia Freeland, tiró la toallas el viernes, al considerar imposible proseguir con las negociaciones e instando a Europa a “acabar el trabajo”, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schultz, tomó el relevo el fin de semana. El sábado, decía estar “optimista” por la conclusión de las negociaciones. El domingo ya no decía nada.

Pérdida de legitimidad

Porque, entretanto, la máquina burocrática europea parece haber vuelto por sus fueros. El domingo, los responsables valones mostraban su enfado: el texto que habían recibido no era tan ambicioso como el que les proporcionaron la víspera. Su enfado iba a más a medida que Donald Tusk hacía más presión para obligarles a ceder. Lo que hizo que Paul Magnette publicase un tuit: “Lástima que las presiones de la UE sobre los que bloquean la lucha contra el fraude fiscal no sean tan intensas”.

Hoy, la CE se defiende de cualquier presión. “La Comisión no tiene por costumbre trabajar con ultimátum ni plazos”, señaló la portavoz de la Comisión, Margaritis Schinas, en la habitual rueda de prensa de los lunes, antes de conocer la posición de Bélgica. La Comisión Europea ahora preconiza la “paciencia” con Bélgica. ¿Qué va a decir? Salvo a riesgo de desencadenar una crisis política y constitucional, no puede doblegar a la Región de Valonia. De todos modos, ya no cuenta con los medios.

Después de lo sucedido en Grecia y tras el Brexit, el efecto de las deflagraciones provocado por el rechazo del Gobierno valon sacude un poco más el edificio europeo. A principios de mes, el Gobierno canadiense le reprochaba a la Comisión que ya no disponga de medios de negociar para todos. Un fracaso del acuerdo corre el riesgo de “enviar un mensaje claro, que Europa ha decidido tomar un camino que quizás no es muy constructivo”, advertía el primer ministro canadiense Justin Trudeau.

Desde el viernes, las críticas son todavía más virulentas. “Es evidente que si una pequeña comunidad es capaz de tomar como rehenes a 500 millones de ciudadanos de la UE, existe un problema evidente en el proceso de decisión y en el sistema de aplicación de Europa”, ha dicho Gianni Pittella, presidente del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento, quien reprocha a Valonia que ponga en peligro las políticas de la UE. “Quizás el problema de la Unión Europea es que hay demasiado democracia en lugar de no haber la suficiente”, instaba el lunes el The Wall Street Journal.

Para todos los defensores del CETA, la culpa de lo que sucede incumbe en primer lugar a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. Mientras la UE, en virtud del Tratado de Roma, dispone de total libertad para negociar en nombre de todos acuerdos comerciales, el presidente de la CE ha aceptado que los acuerdos comerciales en vías de negociación se sometan a la ratificación de los Parlamentos y no sólo de los Estados. Para los partidarios del orden, supone vía libre a los excesos, a todos los populismos. “Es problemático dejar que la política comunitaria se convierta en pasto de los políticos de todos los colores”, dice Sébastien Jean, director del Centro de Estudios Prospectivos y de Informaciones internacionales.

Los observadores británicos son los más nerviosos: se ponen en la perspectiva de las negociaciones sobre el Brexit. Si la UE fracasa a la hora de aprobar un tratado con Canadá, considerado bastante inofensivo, qué pasará cuando el Gobierno británico inicie las conversaciones con el conjunto de los países europeos sobre la salida de la UE, se preguntan. Los desafíos son mucho mayores.

La pérdida de legitimidad de la Comisión hacía indispensable ese recurso a los Parlamentos de los países firmantes, replican otros. “Habida cuenta de la animosidad existente contra la UE, en general, y contra los acuerdos comerciales, en particular, la decisión de autorizar una ratificación del CETA, país a país, en lugar de ceñirse al derecho de la Comisión de fijar la política comercial de la Unión, era una idea pragmática”, apunta The Financial Times en un editorial. Si la CE tiene culpa de algo, es de no haber tenido en cuenta las críticas y las dudas de los europeos, no haber aspirado a lograr un amplio consenso en torno a las cuestiones, no haber trabajado por la transparencia, añaden otros observadores.

El desafío de los ciudadanos en lo que a los acuerdos comerciales respecta se aplica mejor en la medida en que tienen la impresión de haber perdido mucho en términos de democracia, de derechos sociales, de preservación del medio ambiente frente a las potencias del dinero. “La oposición a los acuerdos comerciales no se resumo sólo en términos de pérdida de ingresos […]. Se trata de justicia, de pérdida de control, de pérdida de credibilidad de las élites. Fingir otra cosa sólo puede dañar a la causa de los intercambios”, dice el profesor de Economía aplicada internacional Dani Rodrik.

El rechazo y la inquietud de los ciudadanos frente a estos acuerdos comerciales son mayores porque no se trata ya de reducir los aranceles, que son prácticamente inexistentes. Estos nuevos acuerdos quieren incluir normas, cambiar derechos, culturas, atacar a los modos de producción y de consumo, imponer un derecho de las multinacionales frente a los Estados. Por lo que es comprensible que despierte aprensión y enfado.

“Muchos países se esconden detrás de Valonia”, ha dicho Paul Magnette. De hecho, el CETA y otros TAFTA encuentran una oposición creciente en todo Europa. En Alemania, Austria, Países Bajos, en Francia, en toda Europa, las manifestaciones contra estos nuevos acuerdos son cada vez más numerosas. Más de 300.000 personas se manifestaban hace 15 días en Berlín, en contra de esos acuerdos comerciales.

El problema es que sólo los Parlamentos regionales belgas han podido acceder a esa documentación con antelación. Los demás Parlamentos sólo pudieron consultarla a posteriori. La ratificación, o se tomaba o se dejaba. De nuevo, con el ultimátum por banderra.

Así y mientras se ha subratado la oposición de Valonia, se ha silenciado la decisión del Tribunal Constitucional alemán. Sin embargo es tan contundente como el no valon. El 13 de octubre emitió un dictamen sobre el CETA, según el cual el Gobierno alemán podía ratificar el acuerdo con Canadá, con dos condiciones: Alemania debía poder abandonar el acuerdo en cualquier momento si así lo solicitaba; además, Berlín no puede aceptar la disposición relativa a los tribunales de arbitraje. Éstos, según la Corte de Karlsruhe, contrarios a la Constitución alemana, corren el riesgo de instaurar una Justicia paralela frente al Estado alemán. Por tanto, no son sólo las ONG y algunos críticos los que se preocupan de este mecanismo antidemocrático.

Y Francia, como suele pasar, tergiversa. Un día el Gobierno francés dice que el CETA es el mejor acuerdo posible. Es lo que ha señalado Manuel Valls: “Es un buen acuerdo, ejemplar, que no tiene nada que ver con el que se atasca la UE con Estados y que hace que poner en marcha rápidamente”. Otro día, el secretario de Estado de Comercio Exterior, Matthias Fekl, asegura que Francia se ha opuesto al TAFTA y que hay que parar las negociaciones. Por su parte, Hollande ha intentado convencer en varias ocasiones a Paul Magnette. No obstante, la diferencia entre los dos acuerdos es mínima. El CETA puede ser una suerte de caballo de Troya para las multinacionales norteamericanas. En lugar de dar información sesgada, de esconderse detrás de la pequeña Valonia, habría sido de agradecer que el Gobierno francés presentase el debate sobre el CETA con la misma convicción y la misma seriedad que los valones. Todo el mundo habría salido ganando, incluida Europa.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Los Veintiocho aplazan la firma del CETA por el veto de Bélgica

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