Entrevista

Buscaglia: “México tiene un Gobierno débil y los grupos criminales terminan por controlar un sistema político atomizado”

Buscaglia: “México tiene un Gobierno débil y los grupos criminales terminan por controlar un sistema político atomizado”

Edgardo Buscaglia, doctor en Derecho y en Economía en la Universidad de Columbia (Nueva York), sostiene que México padece una ola de violencia sin precedentes desde la Revolución mexicana. Más debilitado que nunca, el Gobierno mexicano padece una corrupción generalizada que ni siquiera controla, mientras la impunidad bate récords. Las cifras de esta “violencia mafiosa” son abrumadoras: desde 2006, más de 27.000 personas han desaparecido y 160.000 han sido asesinadas. Desde 2000, 93 periodistas han sido asesinados y 17 siguen desaparecidos, según datos de Reporteros Sin Fronteras. La última víctima mortal, el periodista Francisco Pacheco Beltrán, había denunciado en Taxco (Guerrero), la corrupción de las autoridades municipales y la violencia de la Policía y de los grupos criminales. Fue asesinado por un comando armado a las puertas de su casa, el pasado 25 de abril.

También la clase política está en la diana. Recientemente, Juan Antonio Mayen, alcalde (del PAN, formación de derechas) de Jilotzingo, en el Estado de México, murió a manos de un comando armado, que lo acribilló a balazos. Para las autoridades, este asesinato está relacionado con los estrechos vínculos que el regidor mantenía con el crimen organizado. Hay autoridades locales atadas de pies y manos a las mafias mexicanas; otras, les hacen frente, pero pagan un alto precio por ello. Es el caso de Gisela Mota, alcaldesa de Temixco, en el Estado de Morelos, asesinada en presencia de su familia, el pasado mes de enero, por 15 hombres con pasamontañas y armados hasta los dientes. ¿El error de Gisela Mota? Probablemente haber opuesto resistencia al avance del cartel de Los Rojos, que trata de controlar la carretera estratégica de Morelos, que conecta los campos de adormidera de la Sierra de Guerrero con la capital, Ciudad de México.

En la última década, más de 75 alcaldes han sido asesinados. El derramamiento de sangre no hace que cese la crueldad. A la violencia de las armas, se le suma una Justicia débil y corrupta, que a menudo actúa con impunidad y desprecio. Más de año y medio después de la tragedia de Iguala, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa siguen sin saber a ciencia cierta lo que sucedió con sus hijos. Ignorados y maltratados por el Gobierno, lo mismo que los progenitores de los 27.000 otros desaparecidos, sólo han recibido el apoyo de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Las investigaciones independientes han desmontado la famosa “verdad histórica” del Gobierno y apuntan a la complicidad y la responsabilidad de la Policía Federal y del Ejército. Durante todo este tiempo, frente a la indolencia cínica de las autoridades, los padres de los desaparecidos se han armado, no con fusiles, sino con palos, en busca de las posibles fosas clandestinas que pueden contener los restos de sus hijos. En este deplorable contexto, mucho más las ametralladoras y los dólares de Washington, lo que “México necesita son instituciones democráticas eficaces”.

Pregunta: México se halla inmerso en una grave ola de violencia desde comienzos del año 2000. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

R: La violencia mafiosa mexicana, que ha causado 27.000 desaparecidos, provocado asesinatos en masa y extorsión, se enmarca en una situación de corrupción generalizada y fuera de control, donde los grupos criminales se disputan los territorios y el poder como pirañas. Dado que el Gobierno mexicano es débil y no ejerce demasiado control, los grupos criminales terminan por controlar ellos mismos este sistema político atomizado. Pero las mafias mexicanas no nacieron en el año 2000. En los 70 años de gobierno del PRI (Partido Revolucionario Institucional), el sistema político funcionaba como una máquina mafiosa perfectamente engrasada: el régimen autoritario priísta controlaba los grupos criminales y los utilizaba para el contrabando, el tráfico de drogas y también para realizar el trabajo sucio, como asesinatos o cometer fraude electoral. Era una paz mafiosa; como en la China actual, no había lugar para la competición violenta entre grupos criminales porque el sistema autoritario mantenía el orden.

P: Pero la alternancia política de 2000, año en que el PNA venció en las presidenciales, el partido de derechas trastocó profundamente este equilibrio de fuerzas…

R: En ese momento, México pasó de un sistema autoritario, que controlaba a los grupos criminales, a un sistema político sin control alguno, caracterizado por lo que denomino “vacíos”, “ausencias” del Estado. El sistema político se desarticuló en los años 90, bajo la presidencia de Zedillo que comenzó a llevar a cabo la descentralización del Gobierno y permitió el desarrollo de los partidos políticos. Después, en el año 2000, con la llegada al poder del PAN, la derecha, cuando el PRI perdió numerosos bastiones de poder, este sistema piramidal –que controlaba a gobernadores, alcaldes y grupos criminales como a un ejército– se desmorona. A día de hoy, los grupos criminales están cada vez más fragmentados, más desorganizados y luchan por obtener parcelas de poder político con el objetivo de aumentar su poder y garantizar su negocio. Y, como se ve en este momento en Acapulco [la cuarta ciudad más peligrosa del mundo y la más peligrosa de México], lo hacen recurriendo a la violencia, las desapariciones forzosas, homicidios, extorsión etc. Porque en un sistema político desorganizado en sí mismo, sin ninguna institución que ejerza un control eficaz, ya sea la Justicia, la Policía, los organismos de control fiscal o de lucha contra la corrupción, los grupos criminales tienen vía libre.

P: ¿Para usted, la debilidad del Estado mexicano es clave en la explosión de la violencia?

R: Sí, la violencia actual que se vive en México es consecuencia directa de estos “vacíos” que ha dejado el Estado en un sistema político en transición; el sistema autoritario del partido hegemónico PRI ha llegado a su fin, pero México todavía está muy lejos de ser una democracia. Muchas instituciones federales y autoridades políticas locales están atados de pies y manos a la corrupción o a la delincuencia organizada; los Estados de Veracruz y de Tamaulipas son los casos más claros. No hay observadores en las elecciones y los controles fiscales ineficaces, los partidos políticos luchan por llegar al poder con el dinero sucio o recurriendo al fraude electoral. Es muy sencillo que los mafiosos formen parte de las listas electorales, por lo que los cárteles hacen que sus integrantes den el salto a la política con el fin de controlar sus negocios. Los asesinatos de alcaldes son el ejemplo claro de la pugna existente entre grupos criminales por hacerse con el poder, para conseguir la complicidad de un alcalde y sobre todo para infiltrarse en la Policía Municipal. En este clima de impunidad, los periodistas que investigan están sometidos a una enorme presión, política y empresarial al mismo tiempo, que recurre al crimen organizado para ejecutarlos.

P: ¿Qué piensa de la famosa “guerra contra el narcotráfico”, iniciada en 2006 por el presidente Felipe Calderón, ha mejorado la situación?

R: Estados Unidos ha invertido mucho dinero en esa guerra –en buena parte ineficaz– contra las drogas, y eso ha contribuido a caricaturizar el problema de la delincuencia organizada en México, al hablar sólo del tráfico de drogas. En realidad, el crimen organizado mexicano hace mucho tiempo que está diversificado, el tráfico de drogas es cada vez menos importante por el volumen de dinero que mueve. La delincuencia organizada la integran empresas y redes criminales horizontales que hacen negocio en todos los sectores, ilegales y legales, desde el tráfico de tabaco al tráfico de personas pasando por el tráfico de migrantes. Por sí solas, las armas no sirven de nada para luchar contra mafias tan poderosas.

P: Entonces, ¿qué defiende usted?

R: México necesita instituciones democráticas y eficaces. En un Estado fuerte, y democrático, los grupos criminales tratan de permanecer discretos, dividen su territorio de forma estratégica para reducir los conflictos y evitar la intervención de las fuerzas del orden. Se centran en las actividades más lucrativas y los indicadores de violencia bajan.

Pero México está lejos de eso: en teoría, hay leyes. En la práctica, los controles no funcionan, debido a la corrupción o la ausencia del Estado. El fraude electoral es moneda corriente, la delincuencia financiera no está sometida a control. La Justicia no es independiente, la figura del fiscal independiente [juez de instrucción] simplemente no existe. En una democracia, con un Estado de derecho, estos controles son más o menos efectivos, pero México ni siquiera ha iniciado una transición democrática, como Brasil trata de hacer desde 1985, dotándose de un sistema judicial más eficaz y algo más independiente.

P: En México, hay otro problema, ¿ya no existen políticas de prevención social?

R: Sin embargo, son las que permiten que la población acceda a servicios básicos, como la educación, la sanidad, la justicia o a un trabajo debidamente remunerado, para darles la espalda a las redes criminales que reclutan a través de la economía sumergida. En México, esta economía sumergida representa el 50% del PIB y millones de jóvenes mexicanos sólo tienen un trabajo no declarado con el que sobreviven. Mientras las élites ingresan su dinero, con total impunidad, en paraísos fiscales, más de la mitad de la población mexicana vive en situación de pobreza, rehén de la delincuencia organizada. Pero ésta les ofrece un trabajo y determinadas protecciones, que el Estado no les facilita porque ni siquiera está presente. La mejor prevención social es convertir en accesible a toda la población esos servicios públicos, pero puesto que se requiere mucha inversión, hace tiempo que se han abandonado estas políticas y el actual Gobierno ni siquiera las contempla.

P: El presidente Enrique Peña Nieto persigue la misma política de seguridad que su predecesor, mientras oculta la amplitud de los desastres. ¿Está a la altura de las circunstancias?

R: Peña Nieto no tiene ninguna visión de Estado. Llegó al poder con criterios de empresario, con el fin de privatizar y de firmar pactos con grandes empresas, sobre todo norteamericanas. Como Felipe Calderón, su predecesor, concibe la política como una herramienta para facilitar los negocios de los oligarcas. La clase política mexicana ha perdido una oportunidad única para el país, sin duda el mejor periodo de su historia: una sociedad joven y precios del petróleo elevados. Esta élite ya no invierte en su país, no genera ni innovación ni crecimiento y tampoco crea emplea. El modelo político-económico actual ha fracasado en México, como pone de manifiesto la tasa de crecimiento, extremadamente baja. Es una clase política mediocre, corrupta, en clara ruptura con el resto de la sociedad y se manifiesta en este estallido de violencia.

P: La sociedad civil o la comunidad internacional son esenciales para presionar al Gobierno. Se puso de manifiesto con la tragedia de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. ¿Pueden cambiar las cosas?

R: La desaparición de los 43 estudiantes de Iguala en septiembre de 2014 provocó una crisis gravísima en México. Pero el Estado mexicano no reaccionó y no tomó las medidas necesarias, pese a la movilización de la sociedad civil. Entró en escena entonces la presión internacional. Hace falta un catalizador de cambio para que la opinión internacional reaccione. Ayotzinapa fue ese catalizador. Los expertos independientes del GIEI, enviados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, acaban de terminar su misión en México [bajo la presión del Gobierno mexicano, que no ha prorrogado su mandato] y espero que suponga el comienzo de una presión internacional sobre el Estado mexicano para que éste asuma de una vez sus responsabilidad y se ocupe de los 27.000 desaparecidos. Si se realizan investigaciones, llegarán hasta los funcionarios municipales, regionales o federales; el sistema judicial mexicano necesitará la intervención de tribunales internacionales o de comisiones independientes. Quizás sea una visión demasiado optimista, pero se trata de que todos esos muertos y desaparecidos no caigan en el olvido.

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Traducción: Mariola Moreno

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