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El cierre definitivo de Guantánamo, el test clave de Biden

Campo Delta, en el centro de detención de Guantánamo.

François Bonnet (Mediapart)

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Sólo dos días después de asumir el cargo de presidente de Estados Unidos, Barack Obama firmó el decreto ejecutivo 13492, el 22 de enero de 2009, por el que se ordenaba el cierre del “centro de detención” de la Bahía de Guantánamo. Debía llevarse a cabo “lo antes posible y no más tarde del año siguiente”, se precisaba en ese momento.

La prisión, inaugurada el 11 de enero de 2002, entra en su vigésimo año de existencia. 40 personas permanecen allí detenidas, 15 de ellas desde el año de su apertura. 780 personas han pasado por ella desde 2002. Símbolo del territorio sin ley, de la arbitrariedad y la tortura, Guantánamo es la vergüenza de Estados Unidos. Donald Trump nunca ha dejado de defender Guantánamo. Después de explicar que “la tortura funciona, funciona de verdad”, prometió “llenarla de nuevo de tipos malos”, cosa que no hizo.

Pero Joe Biden no firmará ningún decreto presidencial. No ha prometido cerrar Guantánamo lo antes posible. Preguntado al respecto durante la campaña, el exvicepresidente de Obama no se explayó al respecto. Esta prisión “socava la seguridad nacional norteamericana al fomentar el reclutamiento de terroristas y entra en contradicción con nuestros valores”, respondió. Sí, claro, está a favor de cerrar Guantánamo, pero Biden evitó decir cuándo y cómo.

“No se puede hacer sin el Congreso”, se limitó a constatar el hombre que ahora se ha convertido en presidente y que dispone de mayoría en ambas Cámaras del Congreso. Personas de su entorno, en declaraciones a The New York Times, aseguraron que no se iba a repetir la promesa de Obama, una compromiso no cumplido, que habría de actuar de otro modo, de forma sin duda más discreta.

De hecho, el Congreso, con el apoyo de una mayoría de demócratas, bloqueó sistemáticamente todas las iniciativas de Obama para conseguir dicho cierre durante los ocho años que duró su mandato. Aunque su determinación fue real hasta los últimos días de su presidencia, los congresistas demócratas siempre respaldaron a los republicanos para asegurar la pervivencia de Guantánamo.

¿Será Biden capaz de cambiar esta ecuación política? Es una prueba importante, ya que Guantánamo es una ignominia que sólo va a más. Desde su nacimiento, esta prisión ha sido un escándalo humanitario y legal ya que incumple las normas de la guerra (las Convenciones de Ginebra), todas las normas y tratados internacionales, y se organizó como una extensión de la red de prisiones secretas de la CIA, donde se practicaba la tortura de forma masiva.

Pero desde entonces, la prisión de Guantánamo también se ha convertido en un escándalo financiero y administrativo. Moviliza a 1.500 personas (personal militar, administrativo, judicial, médico, etc.) para custodiar a 40 detenidos. Cuesta más de 500 millones de dólares al año (13 millones por detenido). Y, después de veinte años, se necesitaría una inversión de cientos de millones en obras para renovar las instalaciones degradadas.

¿Todo esto estimulará a la Administración Biden y a los congresistas demócratas a acabar de una vez por todas con ella? Esto es lo que pide Amnistía Internacional, que el 11 de enero publicaba un extenso informe, que ofrece una visión general actual de la situación en la Bahía de Guantánamo (se puede consultar aquí, en inglés).

Amnistía recuerda el discurso de Joe Biden en la conferencia anual de seguridad en Múnich el 7 de febrero de 2009: “EE.UU. no torturará. Cerraremos el centro de detención de la Bahía de Guantánamo. Le decimos a nuestros amigos que las alianzas, tratados y organizaciones internacionales que construyamos deben ser creíbles y efectivas”.

La organización que trabaja en defensa de los derechos humanos reclama hechos de forma inmediata. Sin embargo, hace dos años, a finales de 2018, el Pentágono ordenó a los dirigentes del recinto que planificarán la continuación de las operaciones durante los próximos 25 años. ¡Hasta el 2043! Para entonces, el prisionero mayor tendrá 96 años, si sigue vivo, y el menor, 62 años.

Además de convencer a los demócratas, Joe Biden tendrá que enfrentarse a dos poderes que no quieren oír nada: el Ejército y la CIA. Cerrar Guantánamo significa decidir la suerte de sus 40 prisioneros mediante procesos judiciales ordinarios, lejos de las “comisiones militares”, los tribunales excepcionales creados en Guantánamo.

Sin embargo, desde hace años, todo ha demostrado que es imposible un proceso “normal”, ya que sacaría a la luz los abusos y las torturas sufridas por los detenidos y abriría paso al enjuiciamiento de los autores. No sólo George Bush, su vicepresidente Dick Cheney, su ministro de defensa Donald Rumsfeld y un batallón de abogados organizaron la tortura. También se cuentan por cientos los agentes y el personal militar que practicaron los “nuevos métodos de interrogación mejorados”.

Entrevistada hace unos meses por Mediapart (socio editorial de infoLibre), la abogada Sharon Weill, autora de un estudio (disponible en francés) sobre la Justicia en Guantánamo, insistió en este punto. “La tortura y la protección de los que la han practicado es lo que impide el funcionamiento de estas comisiones militares. Todo tropieza ahí y se ha puesto todo en marcha para evitarla publicación de informaciones relativas a las torturas practicadas por la CIA”, cuenta.

Amnistía Internacional realiza esta constatación en su informe. Los 40 prisioneros de Guantánamo se encuentran detenidos desde al menos 12 años. Más de la mitad pasaron antes por las cárceles secretas de la CIA. Seis de ellos tienen ahora la condición de “transferibles”, es decir, personas que pueden ser liberadas y enviadas a otro país. Ninguno de ellos lo ha sido (¡uno de ellos es transferible desde 2010!).

Hasta la fecha, sólo un detenido ha sido condenado por las comisiones militares y está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en la base. Otras ocho personas han sido acusadas pero sus juicios están todavía en la fase de “audiencias preliminares”. Y 25 prisioneros no han sido acusados ni juzgados. Pero siguen detenidos porque siguen siendo “extremadamente peligrosos” (high value detainees), según los organismos de inteligencia y el Ministerio de Defensa.

En el caso Moath al-Alwi que llegó hasta la Corte Suprema, los abogados del Departamento de Justicia y del Departamento de Defensa llegaron a defender que la cadena perpetua sin cargos ni juicio estaba perfectamente justificada, ya que en Afganistán e Irak seguía existiendo una situación de guerra contra el terrorismo.

La pandemia del covid-19 ha detenido la mayor parte del trabajo de las comisiones militares. Así, el juicio de Jalid Sheikh Mohammed, presunto organizador de los ataques del 11 de septiembre, y cuatro de sus cómplices acaba de ser aplazado una vez más. Después de siete años de trámites, debía celebrarse el mes próximo. Tendrá lugar, como mucho, pasado septiembre de 2021, según el juez militar a cargo del caso.

Aparte de proteger a los organizadores y autores de la tortura, Guantánamo no ha logrado ninguno de sus objetivos, empezando por el primero de ellos, “juzgar y castigar a los terroristas”, según decía George Bush. Los ciudadanos estadounidenses se han visto privados del gran juicio público del “9/11”, según explicó la organización Human Rights First, cuando, al mismo tiempo, “los tribunales federales ordinarios han condenado a casi 500 terroristas desde el 11 de septiembre”.

Guantánamo son “detenciones inexorablemente ligadas a múltiples estratos de conducta ilegal del gobierno a lo largo de los años: traslados secretos, interrogatorios en régimen de incomunicación, alimentación forzada de personas en huelga de hambre, tortura, desapariciones forzadas y falta total de garantías procesales”, estima Daphne Eviatar, una de las responsables de Amnistía Internacional Estados Unidos. Una lista no exhaustiva que requiere que la administración Biden haga del cierre una prioridad.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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