El desierto de Arizona se ha convertido en un cementerio de migrantes

“Estoy bien, mamá”. Cuando Diana tranquilizaba a su madre por teléfono, el 2 de agosto de 2019, estaba a punto de sortear el último obstáculo que la separaba de su gran “sueño”. Junto a un compañero de viaje que también prueba suerte ese día, le había llegado el turno. Pronto estaría en Estados Unidos. A siete días en autobús desde su pequeña aldea de Tlacopetec, en el sur de México.

El traficante debía recogerlos en unas horas, probablemente al amanecer. “El señor”, un conocido del pueblo, la tranquilizó. Será “sólo una hora de camino desde Agua Prieta”, al bajar del último autobús, en territorio mexicano, hasta el destino final, la ciudad de Douglas, Arizona.

“El único riesgo”, le promete a la mujer de 24 años, sería ser detenida por la Border Patrol estadounidense, la temida policía fronteriza. El precio de este recorrido ilegal, 5.000 dólares. Diana prometió devolver el dinero en cuanto encontrara un trabajo en Nueva York.

Los migrantes mueren literalmente de sed en pleno desierto de Sonora (en la imagen). © Patricia Neves.

En Estados Unidos, los inmigrantes ilegales pueden trabajar sin dificultades e incluso pagar impuestos. Todo lo que tienen que hacer es obtener una identificación fiscal específica. Estos trabajadores en la sombra –11 millones de personas– mantienen sectores enteros de la economía, desde la agricultura hasta la construcción.

Diana llegó a Douglas. Su cuerpo se halló en el cruce de dos carreteras que conducen al pequeño aeropuerto local, más de dos meses después de haber cruzado la frontera.

Arizona y sus tierras desérticas se encuentran entre los pasos fronterizos más peligrosos, donde las temperaturas pueden alcanzar los 49°C en verano. Los inmigrantes, en su mayoría gente joven, hombres sobre todo, que recorren decenas de kilómetros a pie por el desierto antes de ser deportados, mueren literalmente de sed por el camino, deshidratados.

“Hoy todavía me pregunto cómo pudimos dejarla ir”, confía a Mediapart (socio editorial de infoLibre) la hermana de Diana, Lorena, de 33 años. La familia confió en el traficante, el “coyote”, que les insistió en que Diana seguía viva, “en un centro de detención”. “Eso es lo que siempre dicen” los traficantes, explica Mirza Monterroso, directora del Missing Migrants Projet, de la asociación Colibrí.

Desde 2016, la asociación trabaja para entregar a las familias los restos de sus seres queridos desaparecidos, recabando pruebas de ADN realizadas en coordinación con los consulados de los respectivos países de los fallecidos, principalmente México y Guatemala, y el forense de Tucson.

Según cifras oficiales, entre 1998 y 2018, al menos 7.505 personas perdieron la vida en suelo estadounidense, en la frontera con México. Eso se traduce en una muerte al día durante los últimos 20 años.

Sin embargo, esas muertes podrían evitarse. Los datos recogidos en los últimos años, en particular mediante el uso de las nuevas tecnologías, permiten medir con precisión el impacto –letal– de varias décadas de leyes de ultraseguridad, políticas apoyadas entre otros por un antiguo miembro del poderoso Senado estadounidense, el actual presidente Joe Biden. Fue elegido para la Casa Blanca en noviembre de 2020, poco después de que se encontrara el cuerpo de Diana, con la promesa de una reforma migratoria más justa y humana.

Pero titubeó, lo que le valió las críticas de los demócratas. A mediados de abril, por ejemplo, decidió, para otro tipo de refugiados, mantener temporalmente el tope históricamente bajo de 15.000 personas admitidas al año en Estados Unidos, tal y como determinó Donald Trump. Sin embargo, finalmente, el 3 de mayo anunció que quería aumentar dicho cupo a 62.500 personas. Días después, este 7 de mayo, su vicepresidenta Kamala Harris, cuyos padres emigraron a Estados Unidos, tenía previsto reunirse con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Desde 2014, la Administración Obama confió en la capacidad de su vecino para endurecer los controles con Guatemala. En ese momento, México ponía en marcha la operación Programa Frontera Sur. Desde entonces, por la presión de expresidente Trump, que amenazó durante mucho tiempo con subir los aranceles, México tomó medidas drásticas.

Además de los miles de soldados y policías mexicanos desplegados en torno a los puestos de control, el país aceptó cooperar con el controvertido programa de Donald Trump Remain in México, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México a que sus solicitudes fueran procesadas.

A pesar de todas estas medidas, el número de migrantes detenidos en Estados Unidos, en particular menores no acompañados, batió una cifra récord en marzo (con 172.000 detenciones), su nivel más alto en 20 años.

Esta crisis fronteriza está llevando a muchas personas desesperadas a probar suerte en el desierto de Sonora.

Para comprender el persistente aumento de la mortalidad, el geógrafo Sam Chambers, profesor adjunto de la Universidad de Arizona, decidió modelar las variables geográficas del terreno (densidad de la vegetación, desnivel, etc.) y comparar los resultados con las rutas más utilizadas por los migrantes. La conclusión fue que la política de “prevención mediante la disuasión” (prevention through deterrence), aprobada por el presidente demócrata Bill Clinton en 1994 y consolidada desde entonces, ha obligado a los inmigrantes a transitar por zonas “aisladas y deshabitadas” más peligrosas, con el objetivo precisamente de poner a los posibles inmigrantes “en peligro de muerte”.

En Arizona, el tránsito se concentra ahora en torno a Altar Valley y la pequeña ciudad de Sells, en la carretera estatal 86, en el corazón de la reserva indígena Tohono O'odham, gestionada por las autoridades tribales, según explica Sam Chambers a Mediapart. Numerosos desechos o enseres personales abandonados en el valle lo demuestran. “A veces, incluso encontramos una serie de mochilas”, alineadas en el suelo, explica Rebecca Fowler, administradora de la asociación Humane Borders, que lleva agua a los migrantes en el desierto.

Más que las cifras, lo que llama la atención de la comunidad humanitaria en este momento es su perfil. Ya no son sólo pobres de Centroamérica, sino personas de clase media de países en crisis, como Venezuela o Brasil.

El teléfono sigue sonando. En una sola semana, Rebecca Fowler ha trabajado en cinco o seis denuncias de personas desaparecidas. En la asociación Colibrí, hay entre diez y quince denuncias nuevas cada semana.

Para los equipos de búsqueda y rescate del sheriff del condado de Pima, hay una llamada de socorro al día, resume el sargento Steve Ferree a Mediapart. Y, aun así, sus agentes sólo intervienen como refuerzo, a petición de la Bordel Patrol, que concentra los medios y, por tanto, las llamadas.

Además de las 700 millas de muro, 1.126 kilómetros de barreras metálicas de más de cuatro metros de altura en algunos tramos, la Policía fronteriza ha visto multiplicarse su plantilla (4.000 agentes en 1994, 21.000 en la actualidad). También lo ha hecho su presupuesto, 9.100 millones de dólares en 2003 frente a 23.700 millones de dólares en 2018, en el marco de dos agencias: la Customs and Border Protection (CBP) y la Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Los migrantes deportados a México intentan cruzar el desierto dos, tres, cuatro y hasta cinco veces. Como María (nombre supuesto), de 20 años, hallada muerta a pocos metros del Museo de la tribu india Tohono. Los equipos del doctor Hess, el médico forense de Tucson, le hicieron la autopsia. La ley no le obliga a identificar cadáveres o huesos del desierto. “Pero cuando eres la primera potencia mundial, ¿qué se espera de ti? Que se haga algo, que se intente identificar a estas personas”, dice.

En la cámara frigorífica, los cuerpos de los emigrantes, o lo que queda de ellos, llenan varios niveles con un fuerte olor a descomposición. Al lado, en una pequeña sala, una antropóloga forense limpia los huesos recuperados recientemente. Un fémur, una pelvis, un cráneo. “Una mujer joven, de entre 25 y 50 años, de 1,60 metros de altura, con buena dentadura y costillas rotas, probablemente devorada tras su muerte por un animal”, precisa el doctor Hess.

Para devolverle la identidad, probablemente tendrá que realizar una prueba de ADN, pagada por los consulados o las propias autoridades estadounidenses. En algún lugar de Sudamérica, a buen seguro, una familia esté esperando con preocupación noticias de esta mujer.

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Traducción: Mariola Moreno

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