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EEUU contra Assange: un tribunal de Londres decide si es extraditado para hacer frente a 175 años de cárcel

Un manifestante protesta en apoyo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fuera del Old Bailey en Londres.

Jérôme Hourdeaux (Mediapart)

En el recinto del Old Bailey, como se conoce al Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, se reanudaba este lunes las audiencias sobre la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, acusado de “espionaje".

Assange lleva esperado hace casi seis meses la reanudación del juicio recluido en una celda en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres. Durante la primera semana de audiencias, que tuvo lugar a finales de febrero, la Justicia estadounidense esbozó su estrategia consistente en negar la condición de periodista de Assange y en presentar WikiLeaks como una organización de hackers que puso en peligro la vida de los soldados estadounidenses.

Esta segunda ronda de audiencias, que se prevé duren entre tres o cuatro semanas, comenzará con un nuevo arresto del fundador y exeditor en jefe de WikiLeaks. Se trata de una cuestión meramente procesal  y tiene por objeto notificar a Julian Assange una nueva versión de la solicitud de extradición, con nuevos elementos.

Dichos elementos no se presentaron hasta el 13 de agosto, provocando la ira de los abogados defensores. No añaden ningún cargo nuevo, ya que Julian Assange se sigue enfrentando a 175 años de cárcel, en particular por la violación de la Espionage Act. Pero contribuyen a alimentar la tesis de la fiscalía de que WikiLeaks no era sólo un receptor de documentos protegidos, sino que ayudó a piratearlos, llegando incluso a recurrir a hackers.

En una audiencia judicial celebrada el 14 de agosto, la magistrada británica Vanessa Barrister se negó a desestimar la nueva solicitud de extradición, tal como habían solicitado los abogados de la defensa. La pertinencia de los nuevos elementos aportados por la Fiscalía de Estados Unidos, la mayoría de los cuales ya se conocían, se examinará durante las audiencias ante el Tribunal Penal Central.

La magistrada también había anunciado que examinaría “una serie de cuestiones relativas al abuso de procedimiento” presentadas “planteadas por la defensa”. Desde el arresto de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres el 11 de abril de 2019, sus abogados han denunciado múltiples violaciones de los derechos de la defensa y de las condiciones de detención de su cliente.

El fundador de WikiLeaks, por ejemplo, tiene acceso limitado a su equipo jurídico, al que no ha visto en seis meses, y se queja de que no tiene los documentos y materiales necesarios para preparar su defensa. “Participo en este procedimiento como si estuviera viendo Wimbledon”, manifestó en una de sus escasas declaraciones en las audiencias de febrero.

También preocupa la salud y el estado físico y mental de Assange. A principios de noviembre de 2019, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, lanzó una alerta en la que afirmaba que su “continua exposición a tratos arbitrarios y abusos podría costarle la vida”. Desde entonces, el estado de salud del antiguo editor de WikiLeaks parece haberse deteriorado aún más. El lunes 1 de junio, no pudo asistir a una audiencia procesal debido a “problemas respiratorios”. Y, en la audiencia del 14 de agosto, el juez Barrister informó de un informe psiquiátrico que muestra un deterioro de la salud mental de Julian Assange en las últimas semanas.

Este lunes, a las 8 de la mañana, hora de comienzo del juicio, representantes de Reporteros sin Fronteras tenían previsto dirigirse a Downing Street, la sede del gobierno británico, para presentar una petición firmada por más de 80.000 personas que reclaman que se retiren los cargos contra Julian Assange.

Dado que el acceso a la sala del tribunal se ha restringido a causa de la epidemia de Covid-19, las actuaciones se transmitirán por un sistema de videoconferencia limitado a ciertos “observadores”.

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La estrategia de la Fiscalía de EEUU para extraditar a Assange: no es un periodista, es un 'hacker'

El lunes 7 de septiembre se retoma la vista oral para tratar de la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, y comenzará con una nueva detención del fundador de WikiLeaks. Esta detención es puramente procedimental, obligatoria para notificarle la nueva demanda de extradición presentada a última hora por la justicia norteamericana, a la que se opone fuertemente la defensa.

Los nuevos elementos añadidos al acta de acusación fueron ya presentados a finales del pasado junio, pero han sido incorporados al expediente de extradición el día anterior de la última audiencia administrativa, que tuvo lugar por videoconferencia el 14 de agosto. “Pensamos que es sorprendente y posiblemente abusivo, un abuso de conducta, añadir nuevos elementos a última hora tratando de alargar el proceso cuando hemos estado un año preparándolo”, ha declarado durante la vista Florence Iveson, una de las abogadas de Julian Assange, según informa la web Computer Weekly.

Desde su detención, el 11 de abril de 2019, es la segunda vez que la justicia norteamericana modifica sustancialmente el acta de acusación en la que se basa la demanda de extradición que debe examinar la justicia británica. Cuando le arrestaron, dentro de la Embajada de Ecuador en Londres, los hechos imputados por la justicia norteamericana se limitaban a una “conspiración para cometer una intrusión informática”, un delito menor castigado con cinco años de prisión.

A pesar de la relativa importancia de la pena en que podía incurrir, esta primera demanda de extradición perfilaba ya la estrategia americana: negar la calidad de periodista de Julian Assange y presentarle como un hacker y así no poder acogerse a la primera enmienda de la Constitución americana sobre la libertad de expresión. En este caso, la fiscalía americana afirma que el redactor jefe de WikiLeaks no se contentaba con recopilar los documentos entregados por Chelsea Manning, sino que le pedía que consiguiera más y trató de ayudarle en la tarea.

Los hechos que alega el acta de acusación se sitúan entre el 2 y el 10 de marzo de 2010. En ese periodo, Chelsea Manning entregó a WikiLeaks “cientos de miles de archivos que había descargado de los departamentos y agencias de Estados Unidos”. Entre esos documentos figuran los relativos a actividades militares norteamericanas en Iraq y en Afganistán, que fueron portada en medios de comunicación del mundo entero durante meses.

En varias conversaciones online que los investigadores han podido consultar, Julian Assange habría incitado a la alertadora Manning para ir aún más lejos. En primer lugar, le habría propuesto que le ayudase a descifrar una contraseña para conectarse a una red segura y acceder así a nuevas informaciones. Según el acta de acusación, Chelsea Manning le entregó la contraseña pero Assange no consiguió descifrarla. En otra conversación, el redactor jefe de WikiLeaks respondió a Chelsea Manning, cuando le dijo que ya no tenía más documentos que entregarle: “Según mi experiencia, los ojos curiosos nunca están secos”.

En mayo de 2019, Estados Unidos hizo pública una nueva versión del acta de acusación que contenía diecisiete cargos suplementarios, entre ellos la violación de la Espionnage Act, por la que Assange se enfrenta esta vez a 170 años de cárcel. Los procuradores norteamericanos acusan ahora a WikiLeaks de haber publicado una parte de los cables diplomáticos entregados por Chelsea Manning sin censurar los nombres de ciertas personas, entre ellas informadores iraquís del ejército USA. Esa publicación habría hecho correr “un grave e inminente riesgo” para la vida de varias personas.

La nueva acta de acusación presenta también a WikiLeaks como una organización que ha violado las reglas deontológicas del periodismo. Había, en efecto, “solicitado explícitamente” las fuentes para pedirles más documentos clasificados. La fiscalía acusa a WikiLeaks, entre otros, de colgar en 2009 en su web una página titulada The Most Wanted Leaks of 2009 (las filtraciones más buscadas de 2009), en la que los internautas podían pedir que se publicaran los documentos secretos que quisieran. Los fiscales norteamericanos presentan esta lista como un llamamiento al pirateo lanzado por WikiLeaks y acusan igualmente a Julian Assange y a otros miembros de la organización de haber incitado, en conferencias, a los participantes a enviarles documentos, refiriéndose explícitamente a la página The Most Wanted Leaks.

La tercera acta de acusación, presentada a finales de junio y enviada a la justicia británica el 13 de agosto, no añade nuevos cargos pero ahonda en la idea de que WikiLeaks habría encargado pirateos. El acta se refiere constantemente a la página The Most Wanted Leaks, que cita al menos catorce veces en el documento.

Sin embargo, como subraya la asociación americana de defensa de las libertades digitales Electronic Frontier Foundation (EFF), esta lista no ha sido confeccionada por el equipo de WikiLeaks, sino por internautas que podían modificar libremente la página a través de un dispositivo parecido al de Wikipedia. Se trataba pues más de una especie de encuesta que de una solicitud, como trata de presentar la justicia americana.

“Aunque hoy interesa al gobierno describir a WikiLeaks como una banda de hackers dirigida por Assange”, escribe la EFF, “la página The Most Wanted Leaks encarna una de las características más importantes de WikiLeaks: como editor, sirve al interés público. Y añade la EFF, “Con la página The Most Wanted Leaks se ha ofrecido a la gente una plataforma para expresarse anónimamente sobre documentos que pensaban que profundizarían la comprensión del público”.

La principal aportación de la nueva acta de acusación se refiere a los vínculos establecidos durante cierto tiempo entre WikiLeaks y algunos hackers salidos del movimiento Anonymous y del colectivo LulzSec. En este punto, una vez más, los fiscales americanos no aportan prácticamente ningún elemento nuevo y se contentan con retomar informaciones ya públicas extraídas de otros procesos. Por ejemplo, el documento explica que el vínculo entre WikiLeaks y esos grupos se establecía por medio de una persona conocida simplemente como “el adolescente”, que trabajaba con Julian Assange encargado del chat de la organización. Éste habría entrado en contacto con “Laurelai”, una hacker cercana al movimiento Anonymous. “El adolescente” se habría presentado como el “encargado de reclutamiento” y, en una conversación online, habría dicho que “yo estoy bajo la autoridad de Julian Assange y le rindo cuentas a él y sólo a él”.

Ese misterioso empleado de WikiLeaks no puede ser otro que Sigurdur Thordarson, alias Siggi. Este islandés entró en la organización como voluntario en 2010, con 17 años y, según el acta de acusación, estaba encargado del chat. Pero lo que no precisa el documento es que, a partir de 2011, fue informador del FBI y padecía trastorno de personalidad. Durante meses les tuvo al corriente de las actividades de WikiLeaks, servicios por los que le pagaron 5.000 dólares. Fue expulsado de la organización en noviembre de 2011 por haber utilizado en su beneficio el nombre de WikiLeaks al poner en marcha una web de venta de camisetas. También es sospechoso de haber usurpado la identidad de Julian Assange durante conversaciones online. Más tarde fue condenado varias veces, entre otros cargos por haber mantenido relaciones sexuales con menores, y en uno de sus procesamientos fue descrito por un psiquiatra como un “sociópata”.

El pirateo de Stratfor y los “Sabu Files”

El acta de acusación trata ampliamente sobre los vínculos entre WikiLeaks y el colectivo de hackers LulzSec, autor de varios pirateos a partir de 2011. Julian Assange está acusado de haber desempeñado un papel activo en la difusión de documentos recuperados por LulzSec al piratear correos de la firma de detectives privados Stratfor. Habría apoyado a los hackers en esa operación y les habría facilitado un programa que permite hacer búsquedas en los correos obtenidos. Assange les habría también incitado a llevar a cabo otras operaciones.

Toda esa información, una vez más, era pública en gran parte. Desde agosto de 2011, uno de los cofundadores de LulzSec, conocido por el seudónimo de Sabu, había aceptado colaborar con el FBI y varios miembros más del grupo fueron detenidos en los años siguientes. El autor del pirateo de Stratfor, Jeremy Hammond, fue detenido el 5 de marzo de 2012 y condenado a diez años de cárcel el 15 de noviembre de 2013. La implicación de WikiLeaks, que había publicado documentos con el nombre de The Global Intelligence Files, fue detallada por la prensa que tuvo acceso a las piezas del proceso, y fueron parcialmente publicadas con el nombre de "Sabu Files".

Estos elementos no significan que Julian Assange haya estado directamente implicado en el pirateo de Stratfor, como subraya la web Gizmodo, que señala varias incoherencias en el escenario que desarrolla el ministerio fiscal, pero siguen siendo preocupantes para el fundador de WikiLeaks. En enero de 2015, la justicia se había negado ya a conceder el beneficio de la primera enmienda al periodista Barrett Brown, acusado de haber contribuido a la difusión de los correos de Stratfor. Fue condenado a 63 meses de cárcel y a pagar 900.000 dólares a la sociedad.

Durante la audiencia del pasado 14 de agosto, la abogada de Assange denunció que, aunque esta nueva acta de acusación no añade ningún cargo nuevo, sí aporta una “cantidad considerable” de detalles que enriquecen “el contexto narrativo” del expediente de acusación. “Nuestra posición es que estos nuevos elementos habrían podido y habrían debido ser entregados mucho antes y que la única forma de avanzar es excluirlos”, ha afirmado Florence Iveson. Asimismo subrayó el hecho de que la mayor parte de los nuevos elementos eran ya conocidos. “Es difícil ver en qué se basan para decir que son fruto de una investigación en curso”, alega.

Por su parte, la abogada de las autoridades norteamericanas, Clair Dobbin, ha afirmado que es habitual para los procuradores americanos continuar con las investigaciones, aunque el sospechoso haya sido ya inculpado. “Han continuado investigando el comportamiento delictivo del Sr. Assange, comportamientos que no se habían alegado al principio”. Esos nuevos elementos amplían “el grupo de personas –además de la Sra. Manning– con las que supuestamente ha conspirado el Sr. Assange. Esto es mucho más que un simple contexto narrativo de la demanda de extradición”, estima Clair Dobbin.

La jueza Vanessa Barrister se ha negado a zanjar la cuestión y a no admitir de entrada las nuevas acusaciones. “No se puede decidir si las nuevas pruebas son un simple contexto narrativo sin ver el comportamiento en su conjunto y qué relación tiene con infracciones equivalentes. El tribunal no tiene jurisdicción para rechazar la petición”, ha estimado.

“La Sra. Iveson sostiene que la petición ha sido presentada con mala fe y constituye un abuso de procedimiento judicial”, continua la magistrada. “La defensa ha elevado un cierto número de problemas relativos a los abusos procedimentales y cualquier sugerencia que indique que constituye igualmente un abuso será examinada cuando sean examinadas todas las demás cuestiones sobre abusos”, concluye Vanessa Barrister.

La jueza también ha mencionado la posibilidad de que la defensa pida un aplazamiento de la vista del 7 de septiembre, pero precisando que “las consecuencias del aplazamiento son muy desagradables”. El estado de salud de Julian Assange, encerrado desde hace 17 meses en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, es en efecto cada vez más preocupante. El 1º de junio, los médicos le prohibieron asistir a una vista por videoconferencia a causa de “problemas respiratorios”.

Durante la vista del 14 de agosto, la jueza Barrister informó de un informe psiquiátrico que certificaba una degradación de la salud mental de Julian Assange en las últimas semanas. Los abogados del fundador de WikiLeaks vienen denunciando desde hace meses las condiciones de detención de su cliente. Está en aislamiento, no dispone de casi ningún documento y no ha podido hablar con su equipo jurídico desde hace meses.

La vista para la extradición de Assange se retomará el lunes 7 de septiembre en unas condiciones que se anuncian difíciles y que están desacreditadas por los observadores. Las vistas precedentes se desarrollaban dentro de la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, en salas demasiado pequeñas para recibir a la prensa. Esta vez los debates tendrán lugar en Old Bailey, un tribunal de lo criminal de Londres. Pero, debido a las condiciones del Covid-19, la vista sólo podrá ser difundida por vídeo a través de un sistema que, por ahora, deja mucho que desear.

Los periodistas y observadores que han seguido las últimas vistas se han quejado de las desastrosas condiciones de escucha, temiendo que, de facto, sea un proceso a puerta cerrada. “RSF ha tratado de seguir a distancia cada audiencia administrativa en el expediente de Assange desde que comenzó el confinamiento”, ha escrito en Twitter Rebecca Vincent, directora de campañas internacionales de Reporteros sin Fronteras. “Ni una sola vez hemos tenido el acceso suficiente para seguir el proceso de manera adecuada. Incluso cuando la línea está conectada con el tribunal, el audio es terrible”.

Tres días después de la última vista, el padre de Julian Assange, John Shipton, con el apoyo de la asociación Robin des Lois, ha presentado en el Ministerio de Justicia francés una carta dirigida al ministro de JusticiaÉric Dupond-Moretti, pidiéndole que actúe para que “el Estado francés tome la iniciativa de proponer el asilo político a Julian Assange”. Los firmantes estiman que “se dan las condiciones políticas y jurídicas para que el prisionero político más famoso del mundo pueda acogerse a ese estatus”.

Esta petición al ministro de Justicia, cuando sólo el presidente de la República puede conceder el asilo, no es inocente. A principios de 2020, Éric Dupond-Moretti formó parte del equipo de defensa de Julian Assange. Durante una conferencia de prensa organizada en París el 20 de febrero, el futuro ministro afirmó que había solicitado entrevistarse con Emmanuel Macron para pedirle que acogiera al fundador de WikiLeaks. “Los ciento setenta y cinco años de cárcel que le piden en Estados Unidos es una pena indigna, insoportable, contraria a la idea que todos tenemos de los derechos humanos”, decía entonces Éric Dupond-Moretti.

EEUU intenta engatusar a los jueces británicos para lograr la extradición de Julian Assange

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Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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