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Francia retiene en lugares secretos a migrantes pendientes de extradición a Italia

En la parte trasera de la comisaría de Policía, barracones prefabricados acogen a los extranjeros antes de su extradición.

La estación de Menton-Garavan es la primera parada que efectúan en Francia, una vez cruzada la frontera italiana por la que transitan numerosos migrantes llegados a la Península. Las instalaciones de la Policía, no muy lejos de allí, alberga los barracones Algeco, cuya función acaban de descubrir varias asociaciones que trabajan en defensa de los derechos de los extranjeros: “retener” a los extranjeros, aprehendidos por las fuerzas del orden y pendientes de readmisión en Italia. Por “retener”, hay que entender privar de libertad. Y de forma ilegal, según denuncian asociaciones como Cimade, Anafé, Gisti o los abogados del ADDE y del SAF, ya que de dicho lugar no existe constancia jurídica ninguna según han podido constatar.

Se estima que entre 100 y 150 personas son deportadas a diario por este puesto fronterizo: no todos los migrantes detenidos en los trenes pasan por estas celdas improvisadas. A menudo, quedan directamente en manos de las autoridades italianas, por carecer de permiso de estancia válido y sin tener posibilidad de solicitar asilo, contrariamente a lo que dice la ley. Pero a las 19 horas, las fuerzas del orden italianas bajan la persiana hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Mientras tanto, los extranjeros detenidos son conducidos hasta los prefabricados, adyacentes a un pequeño patio alambrado.

Estas instalaciones, equipadas de forma espartana, sólo disponen de  sanitarios móviles. Según el testimonio de un menor recabado por las asociaciones denunciantes, en estos espacios resulta difícil conciliar el sueño porque no disponen ni de camas, ni de colchones, ni de mantas. Solo es posible echar una cabezada en los bancos. Durante el tiempo que el menor permaneció detenido, no le dieron nada de comer, según señaló; además, supuestamente y siempre según el mismo relato, la Policía fronteriza se negó a ir a comprarle algo de comer con el dinero que el menor les ofrecía.

En 2016, según las estadísticas de Eurostat, Francia prohibió la entrada a 54.500 personas, lo que supone una media de 149 migrantes al día, entre los cuales había 7.500 eritreos, 7.405 sudaneses y 4460 afganos. Dicha prohibición de acceso se produjo sobre todo en la frontera italiana y, especialmente, en Menton. Así las cosas, cabe suponer que, a diario, decenas de personas permanecen retenidas en este lugar de privación de libertad, sin marco jurídico alguno que establece la duración de la detención, los derechos y las garantías que asisten a los retenidos, contraviniendo el derecho nacional y europeo.

Las asociaciones supieron por casualidad de la existencia de estos lugares. Todo se destapó a raíz de la misión de inspección que Anafé y Cimade efectuaron en la frontera franco-italiana del 15 al 20 de mayo de 2017. A sus integrantes se les denegó el acceso a estas instalaciones, cuya existencia no aparece recogida en ningún sitio y de las que, por tanto, no tenían constancia. No obstante, en una segunda visita, efectuada el 16 de mayo y después el 6 de junio, pudieron constatar que allí había personas privadas de libertad.

El Estado puede retener a las personas a las que se les ha denegado la entrada en las llamadas en Zonas de espera, que difieren de los centros de detención administrativa, donde permanecen los extranjeros en situación irregular que residen ya en territorio galo. Pero según reconocieron las autoridades entrevistadas en el lugar, estos Algeco de la estación de Menton no son propiamente Zona de espera. “La PAF [policía fronteriza] inicialmente afirmó que se trataba de una Zona de espera, pero enseguida se desdijo para impedir, acto seguido, el acceso a los representantes de la Anafé, que tienen autorización para entrar sin condiciones e inmediatamente en cualquier Zona de espera”, precisa Rafael Flichman, de Cimade. “Según declaraciones del comandante de la PAF, se trataría de una Zona de detención provisional para personas no admitidas, un lugar privativo de libertad dirigido a personas que van a ser readmitidas en Italia”. Si no fuese porque no existe constancia legal en Francia de instalaciones así. En lo que se refiere a las zonas de espera, responden a determinados criterios en términos de equipamiento, pero también de acceso a derechos, entre ellos la información en una lengua hablada por el extranjero en cuanto a la posibilidad de pedir asilo. Algo que no sucede aquí.

El responsable de la PAF, preguntado por el mantenimiento nocturno de estos centros de migrantes, supuestamente respondió que existe un “acuerdo entre la prefectura y los italianos”.

Los testimonios de observadores locales y de migrantes confirman los hechos y apuntan a que la primera planta de la estación de Menton-Garavan también se emplea como lugar de retención. Según la organización Cimade, allí se mantiene detenidos a menores, sin que sus derechos se vean respetados: legalmente, al encontrarse en una Zona de espera, el fiscal de la República les ha de asignar un administrador ad hoc suspeptible de defender sus derechos. Desde hace semanas, las ONG italianas que acompañan a los menores extranjeros en Ventimiglia observan que estos últimos ya son informados en el momento en que se les deniega la entrada ni recibe documento escrito alguno.

Para denunciar esta situación, las asociaciones que trabajan en la zona han decidido solicitar la libertad de los detenidos el Tribunal Administrativo de Niza para “poner punto y final a los ataques graves y manifiestamente ilegales contra las libertades fundamentales que se derivan de la privación de libertad de personas exiliadas, debidas a la decisión informal del prefecto de Alpes Marítimo de crear una ‘Zona de permanencia temporal para las personas no admitidas’”.

Que haya salido a la luz la existencia de estos espacios se suma a las innumerables prácticas ilegales –y documentadas desde hace tiempo– en esta región, donde los controles por razón de raza –ilegales– son la norma a la hora de detener a los migrantes, donde los habitantes que van a ayudarles terminan siendo sometidos a persecuciones, donde los derechos de los refugiados se respetan tangencialmente y donde a los menores aislados se les trata como si fuese mayores de edad.

En su investigación, las asociaciones firmantes reclaman al tribunal que arroje algo de luz sobre este lugar de privación de libertad, que lo visite, que suspenda la decisión informal de crearlo (una decisión que tomó el prefecto de Alpes Marítimos), que ponga fin inmediatamente a la situación de privación de libertad de las personas detenidas y que garantice el cumplimiento de los derechos de los retenidos en la frontera. Alertado de este abuso, el Supervisor General de Prisiones puede ocuparse del asunto.

Desde los atentados del 13 de noviembre de 2015, fecha en que los controles fronterizos se restablecieron oficialmente en la frontera franco-italiana, las detenciones son casi sistemáticas en los siete puntos de paso localizadas en las carreteras y en tres estaciones, entre ellas la de Menton-Garavan. Aunque se iniciaron en 2011, coincidiendo con la llegada numerosa de tunecinos tras la revueltas vividas en el país.

Sólo en lo que llevamos de 2017, más de 72.000 migrantes han llegado a Europa, según la Organización Internacional para las Migraciones, entre ellos más de 60.000 procedentes de Italia y después de poner en riesgo su vida en el Mediterráneo. Ahora, con el buen tiempo, los pasos desde Libia se multiplican. Este año se han dado por desaparecidas a 1.650 personas. Mientras que los rescatados, en su mayoría, prosiguen ruta hacia el norte, convirtiendo la estación de Menton en parada obligada.

Traducción: Mariola Moreno

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