Lo mejor de Mediapart

La Justicia francesa estudia si es constitucional multar a los clientes de la prostitución

Imagen de archivo de una manifestación en contra de prohibir la prostitución callejera.

¿Multar a los clientes que recurren a la prostitución socava el derecho a la privacidad y a la libertad empresarial que garantiza la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Este martes 22 de enero, el Consejo Constitucional francés volvía a acoger el encendido debate que precedió a la aprobación de la Ley de la prostitución del 13 de abril de 2016.

El 13 de noviembre de 2018, el Consejo de Estado, al que recurrieron nueve asociaciones y cinco trabajadores y trabajadoras del sexo, dictaminó que la cuestión de constitucionalidad planteada tenía un carácter suficientemente “serio” como para ser remitida al Consejo Constitucional. Será éste último quien se pronuncie sobre si la ley contraviene o no el derecho a la vida privada, a la libertad empresarial y al principio de necesidad y de proporcionalidad de las penas.

La ley de abril de 2016, aprobada tras dos años y medio de acalorados debates, puso a Francia entre los países europeos que sancionan a los clientes de prostitutas. Dicha ley suprimía las infracciones a las prostitutas por búsqueda pasiva de clientes, introducidas en 2003, y sancionaba la compra de actos sexuales con una multa de hasta 3.500 euros en caso de reincidencia o por un curso también de pago.

El texto también prevé que las personas que se comprometan a dejar de prostituirse puedan beneficiarse de ayudas sociales durante dos años, así como de un permiso de residencia temporal para extranjeros. Inspirado en Suecia, que penaliza a los clientes desde 1999, el objetivo era “hacer desaparecer la prostitución, considerada como violencia en sí misma”, según la exdiputada socialista Maud Olivier, ponente del proyecto de ley.

La cuestión de constitucionalidad ha movilizado a una veintena de asociaciones, muy divididas tanto con el balance de la ley como en el principio mismo de la libertad de prostituirse. Durante más de dos horas, el 22 de enero, partidarios y detractores de la penalización de los clientes presentaron sus argumentos ante el Consejo Constitucional, un órgano predominantemente masculino (cuatro mujeres entre sus diez integrantes).

Si bien la ley preveía, dos años después de su promulgación, que el Gobierno presentara un informe “que examinara la situación sanitaria y social de las prostitutas”, esta evaluación sigue pendiente. Esto no ayuda a aclarar los términos del debate. Sobre todo porque la ley sólo se ha aplicado de forma muy parcial y heterogénea según los departamentos.

En 2010, la Oficina Central para la Represión de la Trata de Seres Humanos calculó que el número de prostitutas en Francia era de entre 20.000 y 40.000, la gran mayoría de ellas mujeres y el 80% de origen extranjero.

Para las asociaciones solicitantes, entre las que se encuentran Médicos del Mundo, el Sindicato del Trabajo Sexual y Les Amis du Bus des Femmes, la criminalización de los clientes ha hecho que las prostitutas sean precarias y las ha puesto en peligro, al invertir el equilibrio de poder a favor de los clientes, que están en mejores condiciones de imponer sus precios y sus prácticas de riesgo, en particular sin preservativos.

En abril de 2018, una estudio realizado a las trabajadoras del sexo por parte de una docena de asociaciones reveló una disminución “considerable” del número de clientes, una disminución de los ingresos de las prostitutas y un deterioro de sus condiciones de trabajo.

“Sólo quedan los malos clientes, dispuestos a hacer frente a esta prohibición a riesgo y peligro de estos trabajadores, porque los buenos clientes tienen miedo”, dijo el abogado defensor de Les Roses d'acier-Alliance des femmes, una asociación de prostitutas chinas en París, al Consejo Constitucional. Según él, estas mujeres indocumentadas, que por lo tanto son más vulnerables, se han visto “obligadas a trasladar su actividad a lugares confidenciales y, por lo tanto, están aún más expuestas a la violencia”.

Para estas asociaciones, que realizan tareas de vigilancia, la ley es también un obstáculo para su trabajo de prevención de riesgos. “Si los trabajadores sexuales se aíslan, si se esconden, ¿cómo pueden las asociaciones apoyarlas e incluso ofrecerles una salida a la prostitución?”, se preguntaba Amandine Le Roy, en nombre de la asociación Paloma de Nantes.

No ha logrado su objetivo principal, a saber, combatir las redes de proxenetismo y trata de personas. “Esta ley no protegerá a esta joven nigeriana víctima de la trata o de la violencia y la violación, sino que la debilitará”, denunció la abogada de la asociación de Amis du Bus des Femmes que, desde los años 90, viaja por la región parisina distribuyendo café y preservativos.

Patrice Spinosi, abogado de los demandantes y de Inter LGBT, denunció “un golpe de fuerza moral en desprecio de la opinión de las prostitutas [...], comparadas con adultos incapaces de expresar su consentimiento”. “El legislador desprecia a mis clientes: ¿quién eres tú para impedir que disponga de mi cuerpo, si es necesario pagando por él?”, preguntó. Para el abogado, al cambiar “las reglas del juego” el legislador ha creado también una “paradoja jurídica: las disposiciones prohíben todo recurso a una actividad que, sin embargo, está reconocida por la ley de nuestro país”.

“Las trabajadoras sexuales odian esta ley porque las humilla, les niega su libre albedrío, la disposición de sus cuerpos y su capacidad para tomar decisiones”, argumentó un abogado defensor de 24 trabajadores del sexo, tras denunciar “una ley penal, porque es ideológica e ignora la realidad”. Varias asociaciones, como Planning familial, SOS Homophobie, Act Up y Arcat santé (que lucha contra el VIH/SIDA) también intervinieron para exigir la censura de las disposiciones de la ley de abril de 2016 que sanciona a los clientes.

Realidad del consentimiento

Por su parte, el Gobierno y las asociaciones “abolicionistas”, que desean prohibir la prostitución, defendieron la criminalización de los clientes al considerar que no corresponde al Consejo Constitucional invalidar una elección de sociedad hecha por el legislador.

Sobre todo porque, según estas asociaciones, cualquier balance es ilusorio debido a los retrasos en la aplicación de la ley. Vanina Meplain, abogada de los Equipos de Acción contra el Proxenetismo (EACP), consideró “particularmente deshonesto culpar a una ley de la realidad de lo que las prostitutas siempre han experimentado”. “Si los precios están bajando, se debe a la competencia de las redes de tráfico y la prostitución en internet que no esperó a la ley de 2016”, argumentó.

En esencia, “no hay ninguna incoherencia: proteger a las víctimas, responsabilizar a los clientes”, defendió Cédric Uzan-Sarano, abogado de la Amicale du Nid, una asociación abolicionista con 200 empleados, la mayoría de ellos trabajadores sociales. “Envía un mensaje normativo muy fuerte: no queremos una sociedad en la que podamos alquilar o comprar los cuerpos de otros”, añade. Reconocer la libertad de ejercer la prostitución como un derecho constitucional sería abrir la caja de Pandora: “Si la prostitución es un trabajo, mañana podremos emplear prostitutas, y [considerar a los proxenetas] como empresarios”.

Los abolicionistas recuerdan que Francia firmó el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas, de 2 de diciembre de 1949, según el cual “la prostitución y el mal que la acompaña, a saber, la trata de seres humanos con fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana”.

“Utilizar la coerción financiera para imponer el sexo no es un derecho”, dijo el abogado de la Coalición para la Abolición de la Prostitución, que agrupa a 28 asociaciones abolicionistas de todo el mundo, entre ellas el Mouvement du Nid en Francia. “En algunos países, las personas venden sus órganos, acuerdan separarse de un riñón para mantener a sus familias, ¿quién podría decir que estas personas consienten?”, continuó el abogado. Utilizando calificativos morales en una ardiente súplica, el abogado del movimiento denunció un “mal uso de los conceptos de libertad y dignidad”. “Además, quién renuncia a sus derechos fundamentales”, se preguntó. “¡Las personas más pobres, qué raro!”.

Los defensores de la penalización cuestionan la realidad de la libre elección de las prostitutas, incluso fuera de cualquier red de proxenetismo o de trata. El abogado Philippe Blanc, en representación del primer ministro Édouard Philippe, consideró que “la mayoría de las personas que se dedican a la prostitución están sometidas a coacción física o moral” y que su consentimiento “no puede, por tanto, considerarse auténtico”.

Las asociaciones feministas están muy divididas. Mientras que Safya Akorri, abogada de Planificación Familiar, consideraba que la ley ponía en tela de juicio “el derecho a la autonomía personal y a la libertad sexual” de las prostitutas, citando a Simone Weil y Simone de Beauvoir, la abogada representante de la Asociación Europea contra la Violencia hacia las Mujeres en el Trabajo (AVFT) y del Colectivo Feminista contra la Violación (CFCV), citaba el caso de las víctimas de la violencia sexual en su juventud, “que afirman que recobran el poder haciendo que los hombres paguen”. “Las prostitutas que han podido salir de la prostitución explican muy bien que ésta es la única manera de soportar lo insoportable”, argumentó. “El argumento del consentimiento no tiene otro propósito que el de negar el equilibrio de poder y la desigualdad”.

Más allá de un verdadero debate sobre las consecuencias de la ley para las prostitutas, hay dos concepciones opuestas sobre la cuestión del libre albedrío y la dignidad de la persona. El abogado Cédric Uzan-Sarano ve en la posición de los demandantes “una concepción de la libertad individual que es ultraindividualista y contractualista” y una “negación pura y simple de la noción misma de orden público”. El Consejo Constitucional se pronunciará el 1 de febrero por la mañana. __________Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

   

 

Prostitución y ordenanzas municipales: ¿sancionar, abolir o dotar de derechos?

Prostitución y ordenanzas municipales: ¿sancionar, abolir o dotar de derechos?

Más sobre este tema
stats