Las lecciones para Europa de la frustrada Asamblea Constituyente de Chile

Gabriel Boric, presidente de Chile durante una rueda de prensa.

MATHIEU DEJEAN y FABIEN ESCALONA (MEDIAPART)

Hay algo profundamente conmovedor en la película de Patricio Guzmán, que se acaba de estrenar en los cines franceses. Mi país imaginario cuenta la historia de la extraordinaria movilización popular que azotó a Chile el 18 de octubre de 2019: una subida del precio del billete del metro fue la chispa de una explosión social que rápidamente puso en cuestión todo el modelo social del país, y en particular su Constitución, heredada de la dictadura de Pinochet.

En 1973, con La batalla de Chile, que ha quedado como un punto álgido de los documentales políticos, Guzmán siguió la agonía de la experiencia socialista democrática intentada por Salvador Allende y sus aliados de la Unidad Popular. Medio siglo después, Guzmán echa una mirada admirativa, tierna y preocupada a las nuevas generaciones de activistas que pretenden dar marcha atrás al neoliberalismo y a los "enclaves autoritarios" que han persistido gracias a la llamada transición democrática "pactada".  

Tráiler del documental Mi país imaginario. PyramideDistrib

En el momento en que la película fue terminada y difundida en Chile, persistían las dudas sobre el resultado del proceso constituyente, observándose que las fuerzas conservadoras estaban llevando a cabo una campaña permanente para deslegitimar a la Convención encargada de someter un nuevo texto a referéndum. Luego vino el resultado arrojando una sombra melancólica sobre el intenso momento de politización documentado por el cineasta. El electorado chileno rechazó claramente la nueva Constitución.

El choque fue duro para los militantes y el resultado también desconcertó a los observadores extranjeros que habían quedado fascinados por este nuevo experimento democrático de cambio constitucional, celebrado unos años después del precedente islandés. En la isla nórdica, la "revolución de las cacerolas" había dado lugar a un texto parcialmente influenciado por personas elegidas al azar, que finalmente fue enterrado por la clase política

¿Por qué, después de rechazar la antigua Constitución de 1980 y de elegir a un presidente de la izquierda alternativa en favor de un nuevo texto, el electorado se ha echado atrás? Es cierto que la configuración del texto fue modificada por una votación en la que el voto era obligatorio. Pero, ¿cómo entender que la clase trabajadora, que hasta ahora se había mantenido al margen de las votaciones, no haya captado las promesas de justicia contenidas en la nueva Constitución?

Una situación mediocre y cuestiones divisivas

El primer elemento que se desprende de los fríos análisis es la relativización de la influencia de las fake news. Es cierto que las noticias falsas han existido y circulado en la calle, en las redes sociales y en ciertos programas de televisión. Sin embargo, sería imprudente convertir este fenómeno en la principal causa de rechazo.

"No hay ningún estudio que haya identificado el peso de este factor y lo haya considerado decisivo", explica a Mediapart la socióloga Emmanuelle Barozet. El considerable margen por el que ganó el "no" (62% de los votos emitidos) obliga a mencionar al menos otros factores. Como señala la historiadora Melany Cruz en un texto traducido en Contretemps, el rechazo se dio "en todos los grupos sociales y demográficos", aunque estuvieron expuestos de forma desigual a la desinformación.  

Los grupos de oposición, algunos lo suficientemente inteligentes como para no defender la Constitución existente, han capitalizado de hecho una coyuntura particular, avances progresistas realmente divisivos y un proceso lastrado por varios defectos.

"No hay que pasar por alto el cansancio y el desgaste de la sociedad chilena", subraya Emmanuelle Barozet, que recuerda que desde 2014 el país se ha visto afectado por las graves dificultades económicas con la desaceleración de la economía china a la que Chile suministra cobre. "Desde entonces, se ha prolongado hasta el final de la década un ciclo muy largo de acción colectiva ", antes de la pandemia y luego la acentuación de una dinámica inflacionaria ya presente.

La mayoría de la población era presa de las preocupaciones materiales y también aumentó su preocupación por la seguridad, esta última relacionada con el deterioro de la situación en el sur –donde sectores militantes del pueblo mapuche están en confrontación directa con un Estado que ha militarizado su respuesta–, pero también se hacen eco de un aumento general de la violencia en todo el país. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no es posible separar un proceso constituyente del clima social y político en el que se desarrolla.

"El contexto actual está marcado por un verdadero temor a que Chile vuelva a ser pobre e inestable, cuando creíamos que estábamos en el umbral de los países ricos", resume Emmanuelle Barozet. En este sentido, el nuevo texto constitucional puede parecer desfasado, ya que carece de soluciones para mejorar la situación de los hogares a corto plazo. En cuanto al fondo, dos puntos destacados han alimentado también los temores de los privilegiados y de otros grupos superiores pero poco politizados.

“Hasta ahora", recuerda la jurista Carolina Cerda-Guzman, "las constituciones chilenas han consagrado un Estado subsidiario, que se supone que interviene sólo cuando es necesario. El deseo de crear un “Estado social’ e incluso ‘medioambiental’ de Derecho ha chocado con fuerzas conservadoras muy poderosas que se han aprovechado de esa historia. La relativización de los derechos de propiedad les ayudó a propagar, incluso entre los pequeños propietarios que no se veían amenazados, el miedo a la expoliación de sus bienes inmuebles o tierras.”

Además de una mayor intervención del Estado en la economía, el nuevo texto introdujo una regionalización del Estado chileno, históricamente muy centralizado, pero sobre todo establecía por primera vez la plurinacionalidad de un país en el que los pueblos originarios –presentes antes de la colonización– siguen luchando por sus derechos.

Una disposición que Cerda-Guzman califica de "revolucionaria" en términos de la historia de Chile –como lo fue en Francia– con el reconocimiento de nuevas lenguas oficiales y del derecho consuetudinario para resolver los litigios propios de esos pueblos. Los artículos en cuestión, formulados a veces de forma general, han alimentado un proceso de separatismo y fragmentación del país. La cuestión de la restitución de las tierras también se utilizó para agitar, una vez más, el fantasma del expolio.  

Una campaña asimétrica

Estos avances, desde un punto de vista progresista, probablemente podrían haber sido mejor elaborados por la Convención, y mejor defendidos durante la campaña. Cerda-Guzman menciona el hecho de que los plazos de redacción fueron finalmente bastante cortos, lo que condujo a la adopción de disposiciones "a toda prisa, en detrimento de la coherencia del texto", cuando habría sido necesario más tiempo para "implicar mejor a la población, evitar ciertas formulaciones y limar las diferencias de interpretación".

Los puntos de vista también están divididos en cuanto a la pertinencia de haber permitido constituir listas a ciudadanos independientes, al margen de los partidos establecidos que, sin duda, eran demasiado rechazados por la población como para ser los únicos que propusieran personal para constituir la Convención. “Eso permitió elegir a diferentes personas", admite Emmanuelle Barozet, "pero algunas de ellas eran demasiado individualistas, sin método para tomar decisiones o saber ceder en las negociaciones.”

El problema aumentó al adoptar un sistema de votación por mayoría de dos tercios para la aprobación de los artículos. "En contra de lo que podría pensarse, lejos de permitir el consenso, esto benefició a ciertos independientes que negociaron exigencias muy particularistas a cambio de sus votos", señala Cerda-Guzman. Entrevistada por Mediapart, la activista feminista Alondra Carrillo se congratula, no obstante, de la apertura del juego político y rechaza que los independentistas se conviertan en "el chivo expiatorio del proceso".

En cualquier caso, una vez en la arena pública, el nuevo texto constitucional no contó con una defensa muy eficaz. En primer lugar, sus oponentes la machacaron de antemano durante los trabajos de la Convención, cuando sus partidarios deberían haber esperado a su versión final. Algunos de ellos se sintieron desanimados por el conformismo del nuevo equipo de gobierno, que supuestamente iba a apoyar sus aspiraciones.

"Hay toda una parte del electorado de Boric que es muy crítica con su trayectoria durante los primeros meses de mandato", señaló el investigador Franck Gaudichaud tras la votación, señalando "una ausencia de reformas sociales de fondo, un gobierno volcado hacia el centro socioliberal, [...] temeroso de las posibles reacciones de la patronal". Aunque algunos creen que el presidente y su equipo se vieron bloqueados por su deber de imparcialidad con respecto al texto propuesto, otros observan fallos, incluso en su deber de informar.

Es el caso de la politóloga Camila Vergara, que lamenta la ausencia de una verdadera campaña de difusión del texto, pues dejaron esta labor a los partidos y asociaciones. También señala las señales contraproducentes enviadas por el Presidente Boric, creyendo que podría atenuar el alcance de las disposiciones más transformadoras. En consecuencia, ahora que se ha perdido la aprobación, cualquier negociación de un nuevo proceso se llevará a cabo desde una posición de debilidad frente a una clase política deshonrada.

Y en Francia, ¿cómo "hacerlo mejor"?

El proceso constituyente chileno no ha pasado desapercibido para la izquierda francesa, que se hace eco de la aspiración de una transición a la Sexta República a través de una Asamblea Constituyente, llevada en particular por La France insoumise (LFI). Desde 2012, al menos, se ha abierto paso en la izquierda esta reivindicación . "Hemos superado con éxito algunas etapas: ahora está en el programa de la Nupes (Nueva Unión Popular Ecológica y Social)", dice Pierre-Yves Cadalen, activista de LFI y buen conocedor de Chile.

La aparición de la reivindicación de un "referéndum de iniciativa ciudadana" (RIC) en el movimiento de los "chalecos amarillos" reforzó su convicción de que existe una demanda popular de reforma institucional. "Los chalecos amarillos, al igual que el proceso constituyente en Chile, están tratando de evitar un debate en la izquierda sobre la idea de que estos temas no interesan a la gente", defendía la diputada insumisa Raquel Garrido, de origen chileno y autora de una Guía Ciudadana de la VI República, en la Fiesta de la Humanidad el 11 de septiembre.

Aunque es de esperar el uso del 49-3 (artículo de la Constitución que permite aprobar leyes sin votación, ndt) y mociones de censura contra la mayoría presidencial en Francia, la situación podría ser una oportunidad para los partidarios de la VI República. "Esta crisis es una demostración más de que nuestras instituciones ya no son capaces de hacer frente a la democracia parlamentaria", afirma Pierre-Yves Cadalen (ex candidato de la Nupes).   

De ahí el interés de las lecciones chilenas. La primera de ellas es la necesidad de un movimiento ciudadano a gran escala: "En Chile, es un orden económico, social y cultural que se ve sacudido por la inesperada puesta en marcha de una juventud primero, y luego de todo un país movilizado, con el equivalente a 15 o 20 millones de personas en la calle en Francia. No se puede estar fascinado por este proceso en Chile, y al mismo tiempo rechazar un movimiento como el de los chalecos amarillos porque a veces es violento", analiza Sergio Coronado, exdiputado del LFI entre 2012 y 2017, nacido en Chile en 1970.

Charlotte Girard, co-responsable del programa de LFI en 2017 (abandonó el movimiento en 2019), también cree que "un cambio radical de Constitución no puede tomar los caminos de las instituciones convencionales de la Quinta República: éstas no se lo permitirían, y la acción popular no quiere transigir con el sistema". El problema es que no se puede forzar una movilización popular y no hay garantía de que acompañe el acceso al poder de la izquierda insumisa.

El reto del proceso constituyente reside, tras este requisito previo, en la composición de la Asamblea Constituyente, que debe ser representativa de los diferentes intereses del movimiento social. En este punto, la Convención Constitucional chilena fue ejemplar en cuanto a la paridad, pero también en cuanto a la representación de los pueblos originarios, siendo esta segunda dimensión ampliamente eludida en Francia, donde se podría plantear sin embargo la cuestión de los territorios de ultramar heredados la nuestra historia imperial y colonial.

La dirigente insumisa Martine Billard, que fue observadora en Chile durante el referéndum del 4 de septiembre, constata sin embargo una infrarrepresentación de actores centrados en la cuestión social: "El aspecto positivo es la representación de los movimientos sociales, pero el aspecto negativo es la eliminación de los sindicalistas o del movimiento ‘No+AFP’ contra los fondos de pensiones, que estuvo muy presente en las movilizaciones.”

Los insumisos también consideran que los miembros de la Convención Constitucional pecaron de exceso de confianza, al no dar importancia a la educación popular continua antes de someter su texto a referéndum. Esto es esencial para contrarrestar los efectos de la campaña de desinformación. "Los que estaban en contra de la nueva Constitución hicieron campaña durante un año, los que estaban a favor hicieron campaña durante dos meses", lamenta Martine Billard.

Para contrarrestar el escenario de una mayoría silenciosa hostil al texto, Pierre-Yves Cadalen aboga por "profundizar en el proceso de deliberación en el país con comités constituyentes locales". Charlotte Girard va en la misma dirección, recordando que la campaña por el "no" de la izquierda al referéndum sobre el Tratado Constitucional Europeo (TCE) en 2005 utilizó con éxito este tipo de trabajo militante.

Para Girard, profesora de derecho público de la Universidad de Nanterre, la extensión del texto chileno, una constitución de 388 artículos, muestra una ceguera ante la mayoría sociológica del país que no debería repetirse. "Uno tiene la impresión de que querían poner todo en el texto constitucional para que pasara. Ese defecto de forma es parte del fracaso", dice.

Sin embargo, el fracaso de un primer referéndum no es necesariamente sinónimo de bloqueo definitivo. El proceso es necesariamente largo cuando hay fuertes fracturas institucionales y sociales", advierte Emmanuelle Barlozet. “En 2016 en Chile hubo un primer proceso constituyente bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Había muy pocas posibilidades de que tuviera éxito, pero era una especie de ‘primera práctica’. La votación del 4 de septiembre enterró las presunciones más refundadoras, pero no debemos tener miedo de volver a empezar. Mi esperanza es que ambas partes hayan aprendido ya.”

La amenaza de un ‘no’ se cierne sobre el referéndum de la nueva Constitución de Chile

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Traducción de Miguel López

 

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