“La batalla continúa”, espeta el fiscal Thiago Cavalcanti, optimista. La víspera por la tarde, el pasado 14 de marzo de 2017, tras un complicado proceso, el Gobierno se veía nuevamente obligado a publicar la “lista negra” de los trabajos forzosos, creada en 2002 por el Ejecutivo federal y en la que figuran las empresas que emplean a personas en condiciones de esclavitud. Desde entonces, la ONU considera esta lista uno de los principales instrumentos de lucha contra el trabajo forzoso en Brasil. En este inmenso país, más de 52.000 personas han sido liberadas de la esclavitud desde 1995, pero según la ONG Walk Free Fondation todavía puede haber más de 160.000 trabajadores empleados en estas condiciones. Sin embargo, la lista, donde aparecen 349 empresas, no es del agrado del presidente en funciones Michel Temer.