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¿Se puede obligar a las farmacéuticas a suministrar más vacunas?

Vial de la vacuna de Pfizer BioNtech.

Jérôme Hourdeaux (Mediapart)

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La lentitud con la que se lleva a cabo la campaña de vacunación contra el covid-19 y la controversia sobre la actitud de los laboratorios hacia los Estados son potencialmente explosivas para el Gobierno de Macron. El pasado mes de julio, cuando Francia se recuperaba de una primera ola de la epidemia, alentada por una cruel falta de medios, especialmente de mascarillas, que obligaba a los franceses a un confinamiento total, Emmanuel Macron prometió: “Estaremos preparados en caso de una segunda ola”.

Seis meses después, lo que falta son las vacunas. Los laboratorios no pueden producir las cantidades prometidas, las entregas se retrasan y, en la práctica, se cancelan las citas de miles de candidatos a la vacunación. Esta semana, en la que Emmanuel Macron debe recibir a los representantes de la industria farmacéutica, algunas voces instan al Estado a tomar cartas en el asunto, si es necesario, presionando a los grandes laboratorios. Para ello, dispone de varias herramientas.

En primer lugar, el estado de emergencia sanitaria otorga al Gobierno francés considerables poderes en materia económica, tal y como establece el artículo 2 de la ley de 23 de marzo de 2020. En general, puede adoptar “cualquier medida que permita suministrar a los pacientes los medicamentos adecuados para la erradicación de la catástrofe sanitaria”. Tiene la facultad de requisar “todos los bienes y servicios necesarios para combatir la catástrofe sanitaria” o incluso de adoptar “medidas temporales para controlar los precios de determinados productos”.

Incluso dejando a un lado estas medidas excepcionales, el Estado francés dispone de otra arma de derecho común, bien conocida y utilizada en el pasado: la licencia obligatoria, que permite suspender una patente para garantizar la producción de un medicamento, cuya calidad o cantidad propuesta por el laboratorio no es satisfactoria, mientras las condiciones sanitarias lo requieren.

En las últimas semanas, se han alzado muchas voces reclamando al Ejecutivo que actúe de manera más activa, y recurra a estas medidas, o que solicite que la vacuna contra el covid-19 se convierta en un “bien común”.

El miércoles 20 de enero, durante los debates en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de ley de prórroga del estado de emergencia sanitaria, François Ruffin, diputado de Francia Insumisa (LFI), pidió al Ministro de Sanidad, Olivier Véran, que active la licencia obligatorio para la producción de más vacunas en Europa.

“Esto permitiría, en lugar de esperar a que Pfizer o AstraZeneca puedan producir dosis de forma masiva, utilizando sus pequeñas plantas situadas en Europa, recurrir a otras fábricas presentes en el territorio francés”, argumentó. “Ahora tenemos que tomar una decisión sobre este punto para permitir que la producción de vacunas aumente. Si esperamos a que esté disponible una vacuna francesa, tardaremos otro año, y si esperamos a que Pfizer nos proporcione las dosis, ralentizaremos la vacunación en lugar de acelerarla”.

La víspera, el secretario general del Partido Comunista Francés (PCF) y diputado, Fabien Roussel, pidió que “estas vacunas sean de dominio público para que cada país pueda producir las vacunas que ahora están validadas, homologadas y autorizadas y para que la población pueda ser vacunada masivamente”.

En el ámbito internacional, el Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus realizó en junio un llamamiento para que las vacunas sean “un bien público mundial”. Hasta la fecha, la petición ha sido firmada por 155 personalidades, premios Nobel, expresidentes y artistas.

El lunes 30 de noviembre, un grupo de ciudadanos europeos apoyados por una docena de asociaciones y partidos políticos lanzaron una Iniciativa Ciudadana Europea, un procedimiento para pedir a la Comisión Europea que legisle sobre una cuestión, si se obtiene un millón de firmas. Su objetivo es “garantizar que los derechos de propiedad intelectual, incluidas las patentes, no obstaculicen la accesibilidad o la disponibilidad de cualquier vacuna o tratamiento futuro contra el covid-19”.

“Esta cuestión del medicamento como bien común es un tema que viene de lejos”, explica Matthieu Guerriaud, doctor en farmacia y profesor de la Universidad de Borgoña. “En Francia, una ley del 5 de julio de 1844 prohibió que se patentaran los medicamentos. Esta situación duró hasta 1959, cuando el legislador creó una patente especial para los medicamentos que ya preveía una licencia obligatoria. Luego, poco a poco, el derecho de patentes de medicamentos se fue acercando al derecho común. La ley del 13 de julio de 1978 la integró plenamente”.

La cuestión de las licencias obligatorias se reavivó en el plano internacional a principios de los años 90 durante las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic). En un momento en que la pandemia de sida se extiende por todo el mundo, este texto ofrece a los laboratorios una protección de 20 años sobre sus patentes. Aunque se prevé un sistema de licencias, los laboratorios son muy reacios a aceptar su aplicación.

Durante la década de los 90, el Adpic será cuestionado por las ONG y los países en desarrollo que no pueden permitirse los tratamientos contra el Sida. En 1997, Sudáfrica, donde cerca del 10% de la población estaba entonces contaminada por el virus, promulgó una ley que le autorizaba a importar medicamentos antirretrovirales. Pero la ley fue inmediatamente impugnada por 39 laboratorios, que llevaron el asunto a la Justicia.

El denominado Juicio de Pretoria comenzó en marzo de 2001. Fue acompañado de una intensa movilización de la sociedad civil, que finalmente obligó a los laboratorios a retirar su denuncia. Tras esta victoria, la OMC completó la Adpic, en noviembre de 2001, con una Declaración de Doha, que reconoce que “cada miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar los motivos por los que se conceden dichas licencias”.

Estos acuerdos establecen que cada Estado debe incluir en su legislación un sistema de licencias obligatorias. Pero tienen una gran libertad de interpretación para ello. “El acuerdo de la OMC es muy vago”, afirma Gaëlle Krikorian, investigadora en ciencias sociales y responsable de la campaña de acceso a los medicamentos esenciales de Médicos Sin Fronteras. “En algunos países, el marco puede ser más o menos amplio en función, sobre todo, del impacto del lobby industrial”.

En Francia, se han aprobado dos disposiciones. Una licencia de oficio, que permite suspender una patente –creada por la ley, de 3 de julio de 1992, de propiedad intelectual y reforzada por la ley de bioética, de 8 de diciembre de 2004– y una licencia obligatoria, que permite importar medicamentos genéricos.

¿Esta licencia de oficio permitiría acelerar las campañas de vacunación en Europa? Durante los debates en la Asamblea francesa sobre la ley de prórroga del estado de emergencia sanitaria, Olivier Véran repondió al requerimiento de François Ruffin señalando que esta medida sería totalmente inútil. “Si hubiera que recurrir a la concesión de licencias de oficio, lo habría propuesto sin dudarlo”, replicó el ministro de Sanidad.

“La licencia de oficio sólo tiene sentido cuando un laboratorio esgrima su propiedad intelectual y dice: ‘Yo soy el que produce y no es asunto suyo’. Pero eso no es ni mucho menos lo que dicen los laboratorios en este momento. Además, tal vez no lo sepa Ruffin, pero en Francia hay tres empresas, Delpharm, Recipharm y Fareva, que ya están produciendo vacunas para los laboratorios Moderna, Pfizer y CureVac para proteger a la población francesa, europea y mundial”, continúa.

Matthieu Guerriaud duda también de la eficacia de la licencia de oficio. “El problema es quién podrá fabricar la vacuna. En mi opinión, no mucha gente. Muchos de los actores ya están movilizados. La licencia de oficio no incluye la obligación de proporcionar datos confidenciales. Estas vacunas son extremadamente complicadas de producir. La vacuna de Pfizer requiere la producción de ARN mensajero y su protección, que es muy compleja y requiere una tecnología especial. La vacuna de AstraZeneca utiliza un adenovirus de chimpancé modificado. Si el laboratorio se niega a darlo, será muy difícil fabricar la vacuna”.

La licencia de oficio podría ser eficaz para una molécula químicalicencia de oficio, pero una vacuna es un producto biológico y su fabricación es mucho más complicada”, continúa Matthieu Guerriaud, que calcula que se necesitarían al menos “seis meses o un año” para iniciar la producción de una vacuna contra el covid-19.

“Puede que no sea eficaz inmediatamente”, coincide Gaëlle Krikorian. Sin embargo, añade, “aunque se tarde seis meses o un año, habrá que hacerlo. Así que mejor hacerlo cuanto antes y no poner todos los huevos en la misma cesta”

“¿Olivier Véran dice la verdad? No lo sé”, admite, por su parte, François Ruffin. “Me gustaría creer lo que nos dice. El problema es que ya nadie confía en él. Lo que sí sé es que el producto de Pfizer no se producirá en Francia. No pueden seguir. Así que tenemos que hacernos cargo y adelante. ¡Parece tan obvio! Para Pfizer, Europa no está entre sus prioridades; en absoluto. Y menos aún Francia. Herramientas, hay bastantes. ¿Por qué los países se niegan a utilizarlos? Si me equivoco, que me lo demuestren. Pero si estoy en lo cierto, significa que es Pfizer la que está taponando la situación y debemos actuar”.

El diputado de La Francia Insumisa también denuncia la falta de transparencia en la gestión de la epidemia. “Me parece asombroso que haya sido en el curso de una pregunta parlamentaria, de rondón, como nos hemos enterado de que hay fábricas que producen la vacuna en Francia. No se habla de quién fabrica, dónde, en qué condiciones, en qué plazos... Nadie tiene los datos y supone una gran preocupación. Se supone que esta vacuna es nuestra herramienta número uno. Nunca se habla de ello. De hecho, no puedo decir que haya necesidad de una licencia de oficio, porque no tenemos información. Cuando veo que la aportación que haga Sanofi va a ser el envase que se realizará en su planta de Dortmund a partir de julio, pienso que se están riendo de mí en mi cara. ¿Por qué el mes de julio? ¿Por qué sólo Dortmund? No vamos a debatir al respecto. El estado de la democracia es catastrófico”.

Más allá de la cuestión de la aplicación de la licencia de oficio a la vacuna contra el covid-19, algunos esperan que esta crisis sea una oportunidad para repensar el sistema sanitario mundialrepensar para reconocer el estatus de bien público del medicamento.

“Estamos ante una situación de sálvese quien pueda”, dice Isabelle Moine-Dupuis, abogada especializada en derecho sanitario y profesora de la Universidad de Borgoña. “Y son las ONG las que lanzan iniciativas a partir de grupos de enfermedades, como Onusida. Son cosas dispares [...]. Sólo una institución internacional basada en un tratado podría regular todo el problema de la salud pública”, afirma. “No se puede pensar sólo en términos de nivel nacional. La pandemia podría ser una oportunidad para reorganizar y reflexionar sobre nuestro sistema de protección social. Pero tendremos que pasar por los canales diplomáticos y un tratado”.

Matthieu Guerriaud es más escéptico sobre la utilidad de un tratado o el reconocimiento de la medicina como “bien común”. "No estoy convencido de que haya mucha diferencia. No estoy defendiendo especialmente los grandes laboratorios farmacéuticos. Hay mucho que decir y nunca he dudado en escribir sobre ellos. Pero no es verdad que no hagan nada y que no corran riesgos”, prosigue el doctor en Farmacia.

“Bien es verdad que la investigación de estas empresas se financia en parte con fondos públicos. Pero existe riesgo real por su parte. La gente no ve todas las moléculas que prueban, que no funcionan y con las que pierden miles de millones de euros”, añade Matthieu Guerriaud.

“La verdadera cuestión es la de la inversión, la innovación y del retorno de la inversión. ¿Cómo se paga la innovación?” continúa. “Ahora bien, en este tema, generalmente hay dos puntos de vista diametralmente opuestos. Si hacemos de la medicina un bien público, ¿quién financiará la investigación? Y si confiamos la investigación al sector privado, creamos un monopolio de facto. Lo ideal, en mi opinión, es un punto intermedio”.

El debate sobre las licencias obligatorias también pasa por alto uno de los principales aspectos de la crisis actual: el descenso del número de centros de producción, especialmente en Europa y Francia. “La producción farmacéutica funciona con un número limitado de centros de producción y una organización de la distribución justo a tiempo”, confirma Gaëlle Kirkorian. “Hay muchas tensiones de suministro y escasez”.

“El verdadero problema es la desindustrialización del territorio”, afirma Matthieu Guerriaud. “Francia ha perdido muchas oportunidades. Nos hemos centrado sólo en algunos productos. Y hoy, el 90% de los medicamentos se producen en el extranjero. Es un verdadero problema político. [...] Prefiero tener un debate sobre la reindustrialización que sobre el bien común. Lo que reprocho a las grandes farmacéuticas es que sus capacidades de producción hayan salido de Europa. Ahí es donde tenemos que revertir la situación. La primavera pasada, padecimos una escasez de curare [un anestésico utilizado en las unidades de cuidados intensivos] que podría haber sido catastrófica”.

“No hay una solución milagrosa”, advierte Gaëlle Krikorian. “Estamos en una relación entre el sector público y el privado que es catastrófica en términos de desequilibrios. No puede hacerse de la noche a la mañana. No hay una solución rápida”.

En su opinión, la solución pasa por un mayor control de los laboratorios. “Mientras no haya transparencia, habrá abusos y atropellos. [...] No hay ningún condicionamiento serio por parte de los poderes públicos, mientras que proporcionan una financiación colosal a la industria farmacéutica. De la investigación al desarrollo y la producción, todos los mecanismos de apoyo están en marcha. Pero no hay ningún condicionamiento serio. Si el 70% de su investigación y desarrollo ha sido financiado por el sector público, éste debe tener un control proporcional. Ahora bien, las patentes pertenecen a la industria”.

Financiamos con dinero público y dejamos la propiedad a los industriales. No es un buen negocio”, continúa Krikorian. “Todo el mundo es muy poco responsable de las decenas de miles de millones de euros gastados, cuando es una cuestión fundamental de financiación pública. Y, al mismo tiempo, se pide a la gente que se quede en casa”.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

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