El regreso de Trump abre la puerta a la pesadilla de la tecnoseguridad
La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca marca el advenimiento de uno de los sueños tecno-fascistas de la extrema derecha americana: desarrollar todas las soluciones tecnológicas posibles para organizar la expulsión masiva de los inmigrantes presentes en su territorio.
Como empresa emblemática de esta corriente libertaria y reaccionaria de extrema derecha que llegó al poder con Elon Musk, la firma de reconocimiento facial Clearview AI fue cofundada por el empresario, activista identitario y negacionista Charles C. Johnson, que el 20 de enero de 2017, el primer día de la primera investidura de Trump, escribía que estaba “trabajando en algoritmos para identificar a los inmigrantes ilegales para las brigadas de deportación”.
Cuatro años después, Clearview AI se ha consolidado en el mercado de la vigilancia y tiene varios contratos con las policías de varios Estados norteamericanos. También trabaja con la policía de inmigración, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), con la que ha firmado contratos por valor de 9 millones de dólares desde 2020, cumpliendo así el objetivo que se habían fijado sus fundadores.
Uno de los otros co-fundadores de Clearview AI, Hoan Ton-That, provenía de la llamada "neoreacción", NRx abreviado, un movimiento antidemocrático, antiprogresista, racista y sexista, también llamado “luces oscuras” para marcar su oposición a la filosofía de la Ilustración. Uno de sus ideólogos, Curtis Yarvin, es uno de los asesores de Trump. Dicen que fue él quien inspiró en el nuevo presidente su "plan" para Gaza.
Clearview AI es una empresa criticada no solo por la ideología de sus creadores sino también porque la herramienta que ofrece es tan simple en sus principios como aterradora en sus implicaciones éticas.
Como reveló el New York Times en 2020, Hoan Ton-That y sus colegas han recopilado todas las fotografías disponibles en Internet para crear una base de datos que ahora contiene 60.000 millones de imágenes. Para sus usuarios, Clearview AI se presenta como una aplicación instalada en una tableta o un teléfono inteligente y conectada a la base de imágenes. Cuando se toma una foto de una persona, la aplicación muestra todas las imágenes correspondientes con enlaces a los sitios web relacionados.
Una empresa ilegal según la legislación europea
Pero esta recopilación masiva de imágenes es totalmente ilegal en muchos países, incluidos los de la Unión Europea. En Francia, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) emitió un requerimiento a la empresa en diciembre de 2021 para que eliminara las fotos recopiladas ilegalmente y luego le impuso una multa de 20 millones de euros. Ante la falta de respuesta de Clearview AI, la CNIL aumentó su sanción en 5,2 millones de euros en mayo de 2023.
Contactada por Mediapart, la CNIL indica, tras verificarlo con el Tesoro Público, que “la multa sigue sin pagarse a día de hoy”. “Más allá de la multa administrativa”, prosigue, “uno de los efectos importantes de la sanción es evitar que esa empresa desarrolle su actividad en la Unión Europea y que organismos franceses o europeos recurran a sus servicios”. No obstante, los ciudadanos europeos podrán ser “escaneados” por el software de Clearview cuando viajen a Estados Unidos, y su algoritmo habrá sido entrenado con decenas de millones de fotografías recopiladas ilegalmente.
Si bien las actividades de Clearview AI han experimentado un crecimiento constante, tanto con el primer mandato de Trump como con el de Biden, el regreso al poder del primero anuncia una nueva era para la empresa. El miércoles 19 de febrero, Forbes anunció que Hoan Ton-That había dimitido de su cargo de co-CEO de la empresa, que compartía con Richard Schwartz, otro co-fundador y ex asesor del que fuera alcalde republicano de Nueva York Rudolph Giuliani. Ha sido sustituido por Hal Lambert, un inversor cercano a Donald Trump, que ya era miembro de la junta directiva.
Según una investigación del New York Times, alrededor de 180.000 inmigrantes llevan hasta la fecha una de estas pulseras electrónicas de Geo Group
Todo el sector de la vigilancia que trabaja en los ámbitos de competencia del presidente estadounidense, es decir, la defensa, la inteligencia, la seguridad interior y la lucha contra la inmigración, se beneficiará de la política anunciada por la nueva administración. De hecho, Trump ha hecho de este último tema el centro de su nuevo mandato. En noviembre de 2024, el candidato republicano prometió a los americanos que nada más llegar al cargo pondría en marcha “la mayor operación de deportación de la historia”, expulsando a millones de inmigrantes.
En un artículo publicado el viernes 17 de enero, el New York Times indicaba que el responsable de control de inmigración de la Casa Blanca, Tom Homan, ya se había reunido con directivos de empresas tecnológicas para hablar “de herramientas para localizar inmigrantes indocumentados, como el reconocimiento facial o los lectores de matrículas. Propuso una línea directa para que la gente pudiera denunciar a los vecinos sospechosos de vivir ilegalmente en el país”, precisa el diario.
Y como el periódico Wired detectó el 6 de noviembre de 2024, unas horas después del anuncio de la victoria de Trump en las elecciones presidenciales, el ICE publicó una convocatoria a las empresas del sector para que le propusieran soluciones para aumentar las capacidades tecnológicas de su programa Intensive Supervision Appearance Program (ISAP), en el marco del cual el ICE vigila a los migrantes indocumentados o no naturalizados.
El desarrollo de la vigilancia con Biden
Donald Trump podrá además disfrutar del fruto del trabajo iniciado por su predecesor en materia de vigilancia de los migrantes. El mandato de Joe Biden ha sido un período de desarrollo sin precedentes de las tecnologías puestas a disposición de los servicios de seguridad nacional y de lucha contra la inmigración. Durante estos cuatro años, el número de migrantes afectados por el ISAP se ha duplicado, hasta alcanzar casi 200.000 personas vigiladas.
El núcleo del ISAP se basa en el programa “Alternativas a la detención”, en el marco del cual a los migrantes amenazados de expulsión o en espera de juicio se les ofrece, en lugar de un internamiento en un centro de detención, llevar una pulsera electrónica o instalar en su móvil una aplicación en la que deben geolocalizarse diariamente.
En una nota anterior, publicada en 2023, el ICE había anunciado su intención de modificar ese programa estableciendo como nuevo objetivo poner bajo vigilancia a todos los inmigrantes indocumentados, y no solo a algunos. Esto supondría poner bajo vigilancia electrónica a 5,7 millones de inmigrantes.
Según una encuesta del New York Times sobre los contratos de vigilancia firmados desde 2020, publicada el 25 de enero, hasta la fecha llevan una de esas pulseras electrónicas de Geo Group alrededor de 180.000 inmigrantes, una empresa de vigilancia que vende sus servicios inicialmente a prisiones americanas y ahora también a ICE.
Firmados 15.000 contratos con 263 empresas
En total, el New York Times ha registrado desde 2020 al menos 15.000 contratos firmados por el ICE y la otra agencia encargada de la lucha contra la inmigración, Citizen and Immigration Services (USCIS), con 263 empresas tecnológicas por un importe total de 7.800 millones de dólares.
Los importes de estos contratos varían mucho. Uno de los principales, por valor de mil millones de dólares en los últimos cuatro años, se ha adjudicado a Palantir, una empresa de análisis de datos fundada por el multimillonario conservador Peter Thiel, amigo de Trump, sociedad muy bien establecida en Francia.
Por su parte, la empresa de reventa de datos de localización Venntel se benefició de un contrato de 300.000 dólares con el ICE entre 2018 y 2022. En diciembre, Venntel fue acusada por la Federal Trade Commission (FTC), agencia federal de protección al consumidor, de vender datos personales demasiado sensibles, como la ubicación de una persona cerca de un centro médico, un local sindical, un centro de acogida de personas sin hogar o una iglesia.
El New York Times informa de que estas herramientas de geolocalización no solo se utilizan para rastrear a los inmigrantes ya localizados, sino que también se emplean para localizar a otros refugiados. Así, en 2019, el ICE utilizó los datos de una mujer que había aceptado participar en el programa “Alternativas a la detención” para localizar a otros inmigrantes que fueron detenidos durante una redada en una planta de procesado de carne de pollo en la que trabajaban.
La administración Biden ha utilizado estas herramientas en la lucha contra la inmigración, pero también en la investigación de ciertos delitos relacionados con la inmigración, como la trata de personas o la delincuencia internacional. Y para ello, también ha podido disponer de ciertos programas informáticos más ofensivos.
Así, la empresa israelí Cellebrite, criticada por las asociaciones de defensa de los derechos humanos por vender sus productos a dictaduras, vendió al ICE por 54 millones de dólares un software para piratear teléfonos móviles. Sus herramientas se utilizaron para desbloquear el teléfono móvil del autor del disparo a Donald Trump el 13 de julio de 2024. Cuatro días después, Cellebrite anunció el lanzamiento de una nueva entidad, Cellebrite Federal Solutions, destinada a reforzar su “relación estratégica con el gobierno federal americano”.
Entre las demás herramientas digitales a disposición de los servicios de seguridad interior y de lucha contra la inmigración también se pueden citar las pruebas de ADN para saber si las personas son de la misma familia o comparar los datos biométricos con las fichas policiales, alertar a la administración en caso de cambio de domicilio, rastrear un vehículo mediante la lectura de su matrícula o analizar el contenido de teléfonos, coches y discos duros de ordenadores. “No sabemos cómo aplicará Trump estas herramientas”, dice el New York Times en su investigación.
El periódico señala también que se ha disparado el precio de las acciones de las empresas del sector. Al ser consultadas por el periódico, varias de ellas se mostraron dispuestas y encantadas con la idea de responder a las nuevas necesidades de la administración Trump. “Le hemos asegurado al ICE nuestra capacidad para cambiar de escala rápidamente”, explica Wayne Calabrese, director de operaciones de Geo Group.
Manifestaciones contra la prohibición de las mascarillas
En Estados Unidos, el uso de herramientas de vigilancia digital, incluido el reconocimiento facial, por parte de la policía es competencia de las autoridades locales y no del presidente. Pero el Estado federal tiene un poder considerable para dictar ciertos marcos a nivel nacional.
Sin embargo, desde hace varios meses, hay un debate que mantiene agitados a los activistas americanos: la posible prohibición de llevar mascarillas quirúrgicas en el espacio público. En efecto, para proteger su identidad, especialmente de las cámaras de videovigilancia, cada vez más manifestantes llevan ahora mascarillas en las concentraciones. Una práctica muy extendida en las manifestaciones de apoyo a Gaza en los campus universitarios, ya que muchos estudiantes extranjeros que participan en ellas se arriesgan, además de a ser detenidos, a ser expulsados de Estados Unidos.
Como informa la web Truthout, con la multiplicación de las manifestaciones en las universidades americanas, se han llevado a cabo una docena de prohibiciones de llevar mascarillas en el país. Y en otras están siendo examinadas, como en Nueva York, Carolina del Norte, Los Ángeles, San Luis (Misuri) o Louisville (Kentucky).
Además de la vigilancia policial, hay que añadir la vigilancia privada. A finales del año pasado, Betar, un movimiento sionista de extrema derecha, anunció que había fotografiado a manifestantes en los campus y había utilizado un software de reconocimiento facial para identificarlos y solicitar su expulsión.
Poco después de la derrota de Biden, muchas voces pidieron a los demócratas que actuaran antes de la toma de posesión oficial de Trump. No fueron escuchadas y las autoridades tienen pues vía libre para prohibir el uso de mascarillas.
El nuevo presidente de Estados Unidos recordó esta polémica en un mensaje difundido en su red social Truth el martes 4 de marzo, en el que anunciaba el fin de la financiación federal de cualquier centro de enseñanza que permitiera “manifestaciones ilegales”. “Los agitadores serán encarcelados o expulsados permanentemente al país de procedencia [...] ¡SIN MÁSCARILLA!”, concluye Donald Trump.
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Por su parte, Betar ha anunciado a finales de enero que ya ha transmitido a la administración una lista de estudiantes y profesores de origen extranjero que se han manifestado a favor de Palestina.
Traducción de Miguel López
