El acuerdo del PSOE y Sumar prohibiría los vuelos de Madrid a Barcelona, Valencia y Alicante
El PSOE y Sumar presentaron este martes su acuerdo de Gobierno para los próximos cuatro años y una de sus medidas, impulsada por el grupo de Yolanda Díaz, contempla "impulsar la reducción" de los vuelos peninsulares que puedan sustituirse por rutas en tren de menos de dos horas y media, más rápidas para el pasajero y mucho menos contaminantes. A falta de conocer los detalles de la medida, un análisis de Ecologistas en Acción indica que solo cumplen con estos requisitos tres rutas en España, las que conectan Madrid con Barcelona, Valencia y Alicante. Además, el documento del acuerdo detalla que el veto no se aplicará "en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales".
Esta coletilla debería blindar una buena parte de los vuelos entre estas tres rutas, especialmente el puente aéreo entre Madrid y Barcelona, la principal conexión aérea de la península con más de un millón de viajeros al año y una de las más concurridas de Europa. En este caso, se puede cubrir por tren en menos de dos horas y media con un trayecto que contamina nueve veces menos. De hecho, cuatro de cada cinco viajes en esta ruta se hacen ya en tren.
Pablo Muñoz, coordinador de Aviación en Ecologistas en Acción, afirma que se trata de "un paso en la buena dirección, pero falta mucha ambición". "Es un anuncio un tanto decepcionante porque solo afectará a tres rutas aéreas. Si se incorporasen trayectos en tren de tres o cuatro horas, estaríamos hablando de muchas más", añade el activista. Si se vetan esas tres rutas por completo, España acabaría con 25.000 vuelos al año y el AVE tendría que absorber 3,2 millones de pasajeros extra, según el informe de Ecologistas.
De media, un viaje en avión contamina unos 100 gramos de CO₂ por kilómetro y pasajero, mientras que la alta velocidad emite unos 20 gramos, aunque varía entre rutas. Por un lado, cuanto más corto el vuelo, más contaminación genera; y por otro, en aquellos países con mucha generación de electricidad renovable, como España, la alta velocidad es más limpia que allí donde la energía que mueve el tren se produce con gas y carbón.
La sustitución de vuelos domésticos por tren ha sido una exigencia recurrente en los últimos años en toda Europa, ya que los trayectos de menos de 1.500 kilómetros son responsables de una cuarta parte de las emisiones del sector aéreo en los Veintisiete. Francia ha sido el primer país del bloque en aprobar la medida, acabando con tres rutas aéreas que se podían sustituir por trayectos de 2,5 horas en tren, y tiene pendiente ampliar a otras tres cuando mejore las conexiones ferroviarias. La Comisión Europea analizó previamente la decisión francesa y concluyó que es legal, pese a los recursos que interpusieron las aerolíneas.
Un estudio de Greenpeace de 2021 abordó incluso la posibilidad de acabar con rutas internas en la Unión Europea, ya que muchos países del centro del continente están perfectamente interconectados por tren. El estudio de esta ONG estimó que de las 150 rutas aéreas más concurridas de Europa, el 14% se puede sustituir por trenes de menos de cuatro horas, y si se añaden los trenes de menos de seis horas se puede acabar con el 34% de esos vuelos, que representan 57 millones de billetes al año. La ruta intraeuropea más concurrida en Barcelona-París, con 2,7 millones de viajeros al año.
El Gobierno ya incluyó esta medida la Estrategia España 2050, que publicó en 2021 y que "recomienda prohibir" los vuelos que tengan una alternativa por tren de 2,5 horas. También propone aumentar los impuestos a vuelos cercanos o introducir la llamada tasa al viajero frecuente, un coste extra en el billete que aumenta cuantos más vuelos coge una persona en un año.
El Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT, por sus siglas en inglés) hizo una propuesta el año pasado a gobiernos de todo el mundo, donde el primer asiento que se compra en un año paga cero dólares de tasa, y se va incrementando viaje a viaje hasta los 98 dólares en el décimo trayecto. Su argumento es que en 2018, el 1% de la población mundial fue responsable del 50% de las emisiones de CO₂ de los viajes aéreos.
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La coalición también ha incluido en su acuerdo de Gobierno revisar la Ley de Cambio Climático para aumentar drásticamente los compromisos verdes para 2030. El documento señala que España "trabajará" para que ese año el 48% del total de la energía consumida sea renovable y que el 81% de la electricidad también lo sea. Estos dos objetivos ya están contemplados en la última revisión del Plan Nacional de Energía y Clima, que entrará en vigor el próximo verano.
Los dos partidos prometen también agilizar la burocracia para instalar renovables y promoverán el autoconsumo y la rehabilitación de viviendas. Además, se proponen duplicar el número de hogares acogidos al bono social eléctrico hasta los tres millones, un problema que arrastra España desde hace años y que no depende del presupuesto –el bono lo asumen las compañías eléctricas y lo trasladan a la factura de la luz–, sino que es fundamentalmente un problema de comunicación, ya que muchas de las familias vulnerables no son conscientes de que pueden acceder a él.
Además, se elaborará una nueva Estrategia de Transición Justa en 2024 que aborde los retos de la transición energética de cara a 2030 y la estrategia España, Potencia Industrial Verde para impulsar el sector secundario, y crearán una Comisión Nacional de la Energía que revise el proceso de descarbonización.
