El futuro de la central nuclear extremeña de Almaraz se decide en los próximos meses y el debate sobre la posible extensión de su vida útil comienza a calentarse. En principio, el primero de sus reactores debe apagarse en noviembre de 2027 y el segundo en noviembre de 2028, pero las dueñas de la planta han solicitado formalmente posponer la clausura a 2030. En este contexto, los informes a favor y en contra de alargar la vida se multiplican, y el último –publicado este martes por la ONG Greenpeace– defiende que alargar el proceso encarecerá la factura de la luz y paradójicamente incrementará las emisiones de CO₂ del país.
Las centrales nucleares son una de las tecnologías de producción eléctrica más baratas del mercado, solo superada por las energías renovables maduras, y en su funcionamiento no emite gases de efecto invernadero. Sin embargo, el nuevo análisis –elaborado por Eloy Sanz, director de la cátedra de Transición Energética de la Universidad Rey Juan Carlos, y por Víctor García, investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya– revela que mantener los dos reactores abiertos durante tres años más ahuyentaría parte de la inversión en nuevas plantas fotovoltaicas. Las principales consecuencias serían un encarecimiento de la luz a partir de 2030 y un aumento de la dependencia de las centrales de ciclo combinado de gas natural, incrementando las emisiones en entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas entre 2026 y 2033.
Para llegar a esta conclusión, los autores han imaginado y calculado tres escenarios: uno en el que Almaraz cierra según lo pactado, otro en el que se pospone el apagado a 2030 y un tercero en el que se asume que no solo Almaraz, sino las cinco centrales nucleares españolas extienden su vida.
El resultado arroja que continuar con el cierre tal y como se acordó en 2019 encarecerá la luz a corto plazo en el mercado mayorista, pero se abaratará sustancialmente a partir de 2030, llegando a ser un 9,5% más barata en 2033 que en los dos escenarios que imaginan alargar la vida de las nucleares. En concreto, el mercado mayorista en 2033 sería de 58 euros/MWh en el primer escenario y de 63,5 euros/MWh en el tercero.
"Una prórroga nuclear supondría un alivio momentáneo entre 2028 y 2030, pero el sistema estaría peor preparado a partir de 2031. Contando con el pequeño ahorro de los primeros años, la factura eléctrica tendría un sobrecoste de 3.800 millones si se pospone el cierre de las centrales", resumió Eloy Sanz en una rueda de prensa este martes.
A corto plazo es más rentable mantener abierta Almaraz, de eso no duda ningún experto, porque supone continuar inyectando electricidad a buen precio en el sistema. Si se cierra habría que incrementar ligeramente la producción con gas natural para compensar ese agujero de forma temporal. El problema es que esa decisión alteraría el plan energético presentado por el Gobierno en 2021 y numerosos inversores en energías renovables pararían sus proyectos porque su negocio tendría mayor competencia nuclear. El estudio estima que la caída acumulada de inversión en renovables por conservar Almaraz operativa hasta 2030 sería de 26.130 millones de euros entre 2026 y 2033.
La experta en energía Natalia Fabra, catedrática de Economía del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), también asistió a la presentación porque recientemente ha elaborado un estudio con resultados similares. "Si se prorroga la operación de Almaraz, cae la producción renovable, caen los precios en una primera instancia, baja la rentabilidad y bajan las inversiones. Lo relevante no es qué pasa si se cierra Almaraz, sino qué pasa a lo largo del tiempo", apuntó Fabra.
También acudió Héctor De Lama, director técnico de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que confirmó una caída de la inversión en plantas solares si se prolonga Almaraz. "Si cambias las reglas en mitad de la partida los inversores se replantearán si venir a España. Si se prorroga la vida de las nucleares, los números no salen", comentó.
Eloy Sanz, de la URJC, también subrayó que prorrogar la vida de Almaraz sería dar una patada hacia delante al problema porque si el cierre se aborda en 2030, coincidiría con la clausura de Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (València), solapando el apagón de cuatro reactores en un solo año. Ese cierre sería políticamente mucho más difícil que el calendario escalonado actual porque habría un mayor riesgo de desabastecimiento eléctrico, dando a las compañías energéticas poder para negociar fácilmente la continuación de su operación en condiciones beneficiosas para ellas.
"Cerrar ese año cuatro reactores supondría cerrar cuatro gigavatios de golpe [el 60% de la capacidad nuclear actual de España] y eso pondría en 2028 a las eléctricas en una posición de fuerza tremenda para pedir lo que quisieran al Gobierno de turno: una bajada de impuestos, contratos por diferencias…. Hay gente que lo llama la prórroga trampa", advirtió Sanz.
Una lluvia de informes nucleares
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El análisis de Greenpeace llega cuatro meses después de la solicitud oficial de Iberdrola, Endesa y Naturgy de extender la vida de Almaraz hasta junio de 2030 que mandaron al Ministerio de Transición Ecológica. Ahora debe ser el Consejo de Seguridad Nuclear el que se pronuncie sobre ello tras estudiar el estado técnico de los dos reactores, y ya ha adelantado que publicará el informe en verano, documento que solo será vinculante si no considera viable la prórroga.
Coincidiendo con este proceso, se han publicado diversos informes en los últimos meses sobre la extensión de las cinco centrales nucleares españoles. El de Natalia Fabra, también consejera de Red Eléctrica y asesora del Ministerio de Transición Ecológica, tiene una conclusión similar: no cerrar Almaraz hasta 2030 y reducir como consecuencia la inversión en renovables un 25% en España supondría que el precio medio de la electricidad sería un 9,4% superior a mantener el calendario pactado.
Dos análisis recientes contradicen rotundamente los estudios de Greenpeace y Natalia Fabra, y defienden que hay que mantener abiertos temporalmente los reactores extremeños. La consultora Deloitte presentó hace dos semanas un informe junto a Foro Nuclear, la patronal del sector, que estima que en 2035 la luz en España costaría 15 euros/MWh si se prorroga la vida de los reactores. Otro análisis de la consultora PwC de 2025 estimó una subida de la luz de 13,20 euros/MWh en 2035 si se continúa con el cierre de las centrales.
El futuro de la central nuclear extremeña de Almaraz se decide en los próximos meses y el debate sobre la posible extensión de su vida útil comienza a calentarse. En principio, el primero de sus reactores debe apagarse en noviembre de 2027 y el segundo en noviembre de 2028, pero las dueñas de la planta han solicitado formalmente posponer la clausura a 2030. En este contexto, los informes a favor y en contra de alargar la vida se multiplican, y el último –publicado este martes por la ONG Greenpeace– defiende que alargar el proceso encarecerá la factura de la luz y paradójicamente incrementará las emisiones de CO₂ del país.