Más de tres millones de españoles viven sobre zonas inundables que están claramente delimitadas, pero es que además hay más de 4.300 edificios públicos e infraestructuras críticas en puntos donde antes o después llegará el agua. Un análisis del Observatorio de Sostenibilidad, realizado con datos del Ministerio de Transición Ecológica, ubica 1.126 colegios, 281 edificios de servicios de emergencias y 109 hospitales, entre otros muchos centros, en lugares de alto peligro de riada. Algunos de estos edificios son además imprescindibles para responder a una catástrofe y su destrucción aumentaría exponencialmente el impacto social y económico del evento.
Si se separan estas ubicaciones por categorías, los edificios de servicios sociales son el grupo más vulnerable por las riadas: en total, hay en España 1.126 colegios, 420 residencias de mayores, 232 guarderías, 26 centros de educación especial, 112 hospitales y 3 centros de salud sobre suelos potencialmente inundables. En instalaciones de fuerzas de seguridad y emergencias, han encontrado 51 plantas de bomberos, 116 cuarteles de la Guardia Civil y 114 comisarías de Policía Nacional.
También hay cientos de infraestructuras de servicios esenciales en zonas vulnerables a las riadas. Por ejemplo, 375 centros de depuración de aguas residuales, 82 instalaciones radiactivas, 415 subestaciones eléctricas, 282 infraestructuras de abastecimiento de agua, 4 estaciones de ferrocarril, 90 estaciones de autobuses y 13 aeropuertos. Sobre el total de instalaciones que localiza el Ministerio de Transición Ecológica, el 71% de ellas están catalogadas como de riesgo "muy grave", el 13% está en situación "grave" y el 16% en "leve".
El recuento, elaborado a partir de datos del Gobierno, cruza los registros catastrales de estas infraestructuras con los mapas de probabilidad de inundación a largo plazo (en los siguientes 500 años), el periodo de referencia para identificar qué suelos están en riesgo. Sin embargo, los expertos advierten de que el cambio climático se agrava a tal velocidad que una tormenta extrema que antes tenía una probabilidad ínfima de ocurrir, ahora es mucho más probable.
De hecho, este informe se ha elaborado con datos de los Planes de gestión del riesgo de inundación 2022-2027, que están en proceso de actualización en vista de que la dana de Valencia fue mucho más dañina de lo que calculaban los escenarios a 500 años. Según otro estudio, precisamente también del Observatorio de Sostenibilidad, esa tarde de octubre de 2024 se inundaron 16.000 hectáreas más de las que recogía la previsión más catastrofista, que equivalen al tamaño de la ciudad de Segovia.
"Tenemos una cantidad inmensa de infraestructura en zonas de riesgo y hay que actuar ya", señala Fernando Prieto, doctor en Ecología y director del Observatorio de la Sostenibilidad. "No olvidemos que estas cifras son las oficiales de hace unos años, el riesgo real puede ser mucho más grande, como vimos en Valencia", añade.
Además de las obras necesarias y la reordenación del territorio, que deberían aplicarse de manera urgente, Prieto propone desarrollar un sistema de etiquetas en los edificios –similar a una calificación energética– que especifique el riesgo de inundación para que el ciudadano pueda valorar mejor el peligro que supone comprar una vivienda o de ir a trabajar a la oficina bajo un aviso por lluvias. Otras ideas de los autores son establecer mejores sistemas de alerta con protocolos claros de evacuación y paralizar toda la construcción en zonas inundables.
Un estudio denuncia que se sigue construyendo vivienda en la zona cero de la dana pese a las inundaciones
La dana de Valencia del año evidencia que la amenaza sobre las infraestructuras que denuncia este informe es real y que debe tomarse muy en serio. Según la Generalitat Valenciana, en la riada quedaron afectados 57 centros de salud, tres hospitales y 82 residencias de mayores y esto dificultó la atención a las víctimas. "Esta merma en la capacidad operativa del sistema sanitario añadió presión a un entorno ya tensionado por el incremento de necesidades asistenciales tras la emergencia", reconoce el plan Endavant, elaborado por el Govern y publicado en julio. También se dañaron 120 centros educativos –ya se han derribado cinco colegios y otros tres están gravemente afectados–, dos parques de bomberos y tres comisarías.
Jesús Vargas, experto en riesgos hídricos de la Universidad de Málaga, publicó hace un año un estudio en el que estimó que 3,3 millones de españoles (el 7% de la población) viven en zonas inundables, y el litoral mediterráneo es la zona de mayor riesgo. "Tres de las seis zonas de mayor riesgo están en la costa, y esto quiere decir que el riesgo potencial es incluso mayor, porque a esa cifra hay que sumar el turismo que haya ese momento en los municipios afectados", subraya el investigador.
El Valle del Guadalquivir y la Huerta de Murcia son las zonas con mayor potencial de daños personales, con más de 410.000 habitantes –en cada una– ubicados en zonas de potencial paso de agua. La costa valenciana, el cantábrico oriental, Valladolid y la costa catalana son otros puntos críticos. Por municipios, Vargas alerta de la situación en Murcia. "Prácticamente toda la ciudad de Murcia se levanta en una lámina de inundación", recuerda.
Más de tres millones de españoles viven sobre zonas inundables que están claramente delimitadas, pero es que además hay más de 4.300 edificios públicos e infraestructuras críticas en puntos donde antes o después llegará el agua. Un análisis del Observatorio de Sostenibilidad, realizado con datos del Ministerio de Transición Ecológica, ubica 1.126 colegios, 281 edificios de servicios de emergencias y 109 hospitales, entre otros muchos centros, en lugares de alto peligro de riada. Algunos de estos edificios son además imprescindibles para responder a una catástrofe y su destrucción aumentaría exponencialmente el impacto social y económico del evento.