El Gobierno pide a la CNMC investigar a Red Eléctrica y a los operadores privados para evitar otro apagón

El Ministerio de Transición Ecológica presentó la semana pasada su informe sobre el apagón del pasado 28 de abril, pero quiere ir mucho más allá. Este martes ha ordenado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que en los próximos seis meses investigue a "todos los operadores" del sistema eléctrico que tienen obligación de controlar la tensión, es decir, tanto a Red Eléctrica como a las grandes compañías eléctricas.

Este análisis técnico será clave porque se ha identificado que el origen del cero eléctrico de hace un mes fueron los problemas de tensión. Por una parte, se ha encontrado que la red ibérica está sometida de manera frecuente a picos de tensión debido a la instalación masiva de renovables y la mayor capilaridad de la red. Pero también se ha concluido que ese día Red Eléctrica programó una cantidad insuficiente de plantas reguladoras de tensión, y entre las pocas que había (once) todas fallaron en su tarea, y esto es responsabilidad de las propietarias, principalmente Naturgy, Iberdrola y Endesa.

Las privadas señalan a Red Eléctrica y apuntan a que la causa del apagón fue su mala programación

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La medida forma parte del paquete que ha aprobado el Gobierno este martes con medidas para evitar que España vuelva a sufrir un apagón. La principal será el cambio en los procedimientos de operación de Red Eléctrica para que los paneles solares y la eólica puedan participar en la regulación de la tensión de la red. También se invertirán 600 millones de euros para instalar compensadores síncronos, máquinas que permiten controlar la frecuencia y la tensión.

El Ministerio de Transición Ecológica, que ha elaborado este real decreto, también ha aprovechado para lanzar un bloque de medidas de apoyo a las energías renovables, un espaldarazo a una tecnología que ha estado en el foco de la polémica desde que ocurrió el cero eléctrico. Este miércoles termina el plazo para instalar decenas de plantas fotovoltaicas y eólicas que recibieron los permisos de conexión, pero que no han conseguido ponerse en marcha a tiempo, y el Gobierno ha decidido dar un periodo de gracia para ellos hasta 2028. 

El paquete incluye, además, facilitar la repotenciación de molinos de viento tecnológicamente obsoletos, así como facilidades para la instalación de baterías, donde hay un importante retraso en el desarrollo. También se pretende impulsar el consumo de electricidad con el impulso de las bombas de calor en los hogares y los puntos de recarga de vehículos.