Sara Aagesen (Madrid, 49 años) acaba de cumplir su primer año al frente del Ministerio de Transición Ecológica. A los seis meses de tomar el relevo de Teresa Ribera, su ministerio afrontó el primer apagón de la historia reciente del país, y este verano la mayor ola de incendios de este siglo. Este jueves hizo balance con infoLibre de estos últimos doce meses y analizó el Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática que prepara Moncloa, aunque la oposición ya ha anunciado que no se sumará. En todo caso, la ministra subraya que las principales medidas de ese documento saldrán adelante en los próximos meses, como una campaña contra la desinformación climática que comenzará en enero. Y transmite la relevancia de este proyecto para Moncloa, algo que traduce, en conversación más informal, en que algunos ejes e hitos de dicho borrador van a conformar la acción de Gobierno durante el primer semestre de 2026.
Antes de empezar con su ministerio, me gustaría saber si el presidente le ha pedido ser la nueva portavoz del Gobierno. Hay rumores sobre ello.
Rumorología. Lo que puedo decir es que la decisión la tomará el presidente y la hará pública cuando lo estime oportuno.
Esta semana ha presentado con el presidente Sánchez el borrador del Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática. ¿Ha hablado con la oposición?
Este pacto nació en septiembre con la mano tendida a todas las fuerzas parlamentarias, las administraciones y la sociedad civil, y ha resultado en esta propuesta donde algunas comunidades autónomas han hecho aportaciones. Nuestro objetivo ahora es que gran parte de esos debates estén en el Congreso y que tengamos la oportunidad de hablar con todos y cada uno de los grupos parlamentarios, uno a uno, para que sigan aportando.
Como se trata de un pacto de Estado tendrá que haber consenso. ¿Ha hablado con el Partido Popular?
Nosotros desde el principio les pedimos que mandasen propuestas y de momento no ha ocurrido, pero esperamos que ocurra. Seguramente cuando lo lean los 15 ejes de la propuesta y las 80 actuaciones habrá demandas de otras formaciones políticas. Espero que entonces se unan.
¿El Gobierno es entonces optimista con este pacto de Estado?
Quiero ser optimista porque sería irresponsable para otras formaciones no apoyarlo. Especialmente en un país como España, que es muy vulnerable y donde tenemos que anticiparnos, tener esa red de seguridad de protección a toda la ciudadanía en general.
¿Qué otras cosas tiene pensadas su ministerio para 2026?
Tenemos muchas propuestas para el año que viene alineadas con el cambio climático y con las medidas incluidas en el el borrador del pacto de Estado. En enero puedo anunciar que habrá la primera gran campaña contra la desinformación climática para concienciar y estar mejor preparados para actuar.
¿Y qué nos puede concretar sobre ella?
Vamos a ayudar a los verificadores de forma muy ágil, con información detallada y científica. Uno de los grandes problemas es que esa verificación tiene que ser rápida para que la desinformación no se extienda. Será un bloque de iniciativas con financiación y apoyo para que los verificadores tengan estas capacidades.
También tenemos un programa de trabajo de adaptación con horizonte 2030. Se hará a partir del informe de riesgos naturales de hace dos meses, que concluye que España está expuesta a 141 riesgos en 14 sectores, como el sector agrario, el pesquero, el turismo, o la salud. Una actuación concreta, por ejemplo, una dotación de 20 millones de euros para ayudar a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para que puedan elaborar sus planes contra incendios forestales. Y les ayudaremos también a planificar frente a inundaciones.
[La gestión forestal y la resiliencia hídrica son dos de los ejes del borrador del pacto de Estado, algunas de cuyas medidas el ministerio tiene intención de ir poniendo en marcha de forma inminente ante la emergencia climática, aunque el horizonte temporal para estos hitos se extienda hasta 2050].
Bruselas ha anunciado un giro en la política sobre el coche de combustión. ¿Ha intentado España frenar ese cambio?
La carta que mandó el presidente a la presidenta Ursula von der Leyen fue muy clara: no demos marcha atrás, hay que dar pasos adelante. Creo que es un error histórico para Europa por muchos motivos. Intentar desligar la descarbonización de la competitividad es un error porque son dos caras de la misma moneda. Cuando hablamos de descarbonizar las carreteras hablamos de invertir en salud en las ciudades, pero también de competitividad industrial. Estamos penalizando a los first movers, los que han invertido, y de repente les cambiamos los esquemas. Europa tiene que demostrar liderazgo y tiene que ser un lugar en el que se confíe. No puede ser que ante los problemas se cambien las políticas.
En todo caso, el cambio de rumbo de la Comisión Europea es evidente. ¿Está España desalineada con la nueva agenda de Bruselas?
Yo creo que España está alineada con la agenda verde que ha defendido Europa en su conjunto en los últimos años, y esa agenda verde por la que Von der Leyen apostaba en su discurso de hace solo tres meses. Es verdad que estos movimientos crean distorsión, incertidumbre y son muy negativos. Desde España vamos a seguir con nuestra agenda verde porque da resultados.
Sobre el cambio de rumbo de Bruselas: "Crea distorsión, incertidumbre y es muy negativo"
Cambiando a la energía, el Consejo de Estado emitió el informe sobre la retribución de las redes eléctricas durante el próximo ciclo. ¿Se impondrán los números que pide la industria o los que propone la CNMC?
Lo sabremos muy pronto porque tiene que decidirse antes de final de año. El consejo de la CNMC es el competente para definir la tasa de retribución de las redes, pero desde el Ministerio ya emitimos unas orientaciones de política energética en las cuales buscamos un equilibrio que es complejo, pero que es importante. El equilibrio está entre incentivar esas inversiones en un momento donde las redes son fundamentales en la transición energética, pero a su vez también que esa inversión en redes no suponga una carga desmesurada para los consumidores, que al final son los que tienen que apostar por la electrificación con precios competitivos.
También tenemos que tener en cuenta el contexto del mercado, porque las redes son importantes en España, pero también en Portugal, en Francia, en Italia, en Estados Unidos y en Canadá, y por eso pedíamos una señal fuerte que permitiese esas inversiones. Yo lo que espero es que la propuesta definitiva que salga de la CNMC evidentemente sea la adecuada para que esas inversiones estén, y para que el equilibrio de los consumidores sea también el mejor con precios competitivos.
En los últimos años, da la sensación de que ha habido un cambio en la visión del ministerio sobre la energía nuclear. ¿Hace falta alargar la vida de las centrales?
Lo que hemos hecho hasta ahora es trabajar en el escenario del Plan Nacional de Energía y Clima sin alterarlo. Ha llegado una propuesta de las empresas propietarias de Almaraz para alargar su vida, y ahora está en manos del Consejo de Seguridad Nuclear emitir un informe que es muy importante para nosotros sobre la seguridad radiológica y nuclear de la planta.
Si ese informe es positivo, ¿dará el ministerio el visto bueno a posponer el cierre?
Lo que hemos dicho es que no vamos a hacer ninguna valoración ni interferencia porque es un informe muy técnico. Esperaremos a lo que salga de ahí para dar el siguiente paso.
Han pasado meses desde aquel apagón de abril. ¿Hay alguna remota posibilidad de que haya de nuevo un apagón esta primavera?
Nosotros hemos identificado en un comité las causas del apagón y hemos puesto una gran cantidad de actuaciones y medidas. También lo han hecho la CNMC y Red Eléctrica, que han actuado sobre el parámetro conflictivo: el control de tensión. Todos los organismos competentes están trabajando para que lo que pasó el 29 de abril no vuelva a ocurrir.
Uno de los problemas que usted subrayó es que las plantas que debían regular la tensión no funcionaron. ¿El ministerio las ha inspeccionado?
El expediente informativo está en manos de la CNMC, que tiene una investigación en curso. Esperaremos a las conclusiones de ese informe para ver qué ocurrió en aquellas instalaciones, que es verdad que reciben una retribución por ese control de tensión.
Una parte del problema llegó de las compañías, pero no sé si el ministerio hace autocrítica de lo que ocurrió ese día.
Bueno, la autocrítica está en que hemos sido conscientes de la importancia de la supervisión, y eso es lo que pusimos encima de la mesa: unos sistemas mucho más transparentes y una información que pueda ser accesible de forma ágil y rápida. Eso es lo que llevamos a un real decreto ley que decayó en el Congreso, lo que es una verdadera pena. Lo que hicimos después es llevarlo en un real decreto, que tardó más por culpa de ese poco apoyo. Esperamos que esa supervisión ayude.
A finales del año que viene entra en vigor una decisión reciente de la Unión Europea que prohíbe comprar gas a Rusia a partir de 2027. En España, Naturgy tiene un contrato muy importante de este tipo. ¿Han hablado con la compañía sobre ello?
Lo que está muy claro es que nosotros apoyamos la búsqueda de alternativas para la eliminación de cualquier combustible fósil de Rusia. Hemos hecho un análisis y preguntado a las empresas qué podía ocurrir y nuestro principal objetivo es garantizar la seguridad de suministro y que los precios de los consumidores no se distorsionen. Consideramos que las propias empresas eran conscientes de esta decisión desde el primer minuto y han buscado la diversificación de sus fuentes, y nuestra previsión es que no exista un impacto.
Quería terminan con el carbón, porque aunque no haya una norma concreta sobre ello, siempre se ha hablado de que 2025 sería el último año con estas centrales trabajando en España. Esta semana sigue alguna funcionando, ¿hay algún compromiso de cierre?
El carbón es una gran historia de éxito entre empresas, sindicatos y Gobierno de España para que su transición sea justa. Es cierto que en 2025 quedan centrales de carbón, pero sobre el mix eléctrico representa menos del 3%, con una caída sustancial desde 2018. Las pocas instalaciones que quedan pueden obedecer a restricciones técnicas como las de las islas, o quizás alguna de las pocas de la península, pero el objetivo es el fin de la generación con carbón.
No hay entonces un compromiso de cierre con fechas concretas.
En cuanto existan las alternativas, yo creo que las primeras interesadas en cerrarlas son las compañías.
Sara Aagesen (Madrid, 49 años) acaba de cumplir su primer año al frente del Ministerio de Transición Ecológica. A los seis meses de tomar el relevo de Teresa Ribera, su ministerio afrontó el primer apagón de la historia reciente del país, y este verano la mayor ola de incendios de este siglo. Este jueves hizo balance con infoLibre de estos últimos doce meses y analizó el Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática que prepara Moncloa, aunque la oposición ya ha anunciado que no se sumará. En todo caso, la ministra subraya que las principales medidas de ese documento saldrán adelante en los próximos meses, como una campaña contra la desinformación climática que comenzará en enero. Y transmite la relevancia de este proyecto para Moncloa, algo que traduce, en conversación más informal, en que algunos ejes e hitos de dicho borrador van a conformar la acción de Gobierno durante el primer semestre de 2026.