El Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, que reúne a los organismos de supervisión de los 27 y que en estos momentos preside el consejero de la CNMC Carlos Aguilar, en representación de España, ha pedido a la Comisión Europea “mecanismos de financiación para medios independientes, especialmente locales o comunitarios” con el objetivo de “garantizar elecciones íntegras y un proceso democrático saludable”. La CNMC, sin embargo, a pesar de apoyar esta petición, nunca ha planteado nada parecido al Gobierno de España.
Sólo en España se calcula que más de 11,6 millones de habitantes viven en municipios sin ningún medio que les proporcione información local sobre el área en la que viven. Los estudios realizados hasta ahora indican que los residentes en desiertos informativos están mucho más expuestos a recibir información a través de otros canales, como redes sociales, permeables a la desinformación. Y esto perjudica su funcionamiento democrático, la cohesión social y el sentido de comunidad. Los vecinos y las organizaciones locales no están representados en los medios, no obtienen visibilidad real para sus comunidades y carecen de un servicio público fundamental para tomar decisiones que afectan su calidad de vida.
La propuesta del Comité forma parte de la respuesta enviada al Gobierno de la Unión, presidido por Ursula von der Leyen, después de que esta les pidiese opinión en torno al llamado Escudo Europeo para la Democracia, una iniciativa no legislativa de la Comisión Europea para aumentar la resiliencia de los sistemas y procesos democráticos de la UE y los Estados miembros frente a injerencias extranjeras, desinformación, manipulación informativa y amenazas híbridas, especialmente en contextos electorales.
El supervisor europeo respondió a Bruselas que, para que el escudo propuesto sea eficaz, además de dar apoyo económico a los medios independientes, también “es clave” que se aplique la legislación vigente en materia de medios públicos, la transparencia en sistemas de recomendación y los estándares editoriales (como la Iniciativa de Confianza Periodística, JTI).
Asuntos pendientes
Con esta petición, el Comité hace referencia no sólo al establecimiento de las garantías de independencia de los medios públicos que serán obligatorias a partir del 8 de agosto en virtud de lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Medios, sino a la regulación de los algoritmos que deciden qué se muestra a los usuarios en las plataformas de redes sociales o la norma internacional voluntaria diseñada para promover la transparencia, la ética y la credibilidad en el periodismo lanzada en 2018 por Reporteros Sin Fronteras (RSF), en colaboración con organizaciones como la Agencia France-Presse (AFP), la Unión Europea de Radiodifusión (UER/EBU) y Global Editors Network (GEN).
La JTI, por sus siglas en inglés, tiene como objetivo principal distinguir el periodismo profesional y confiable del contenido manipulador, falso o puramente comercial que circula especialmente en internet y redes sociales. Una especie de sello de calidad que garantice a los consumidores que están frente a un contenido que cumple con los estándares del periodismo profesional, en especial que se trata de hechos verificados.
Dado el crecimiento de “los medios sintéticos” y el impacto de los algoritmos, el supervisor europeo asegura que “se debe garantizar la prominencia de los contenidos de interés general para que el público acceda fácilmente a información fiable”.
El Comité de Medios (conocido en la jerga comunitaria como The Media Board, aunque su denominación oficial es European Board for Media Services), fue creado por el Reglamento de Libertad de los Medios de la UE en 2024 como órgano consultivo independiente de la Unión Europea. Está compuesto por autoridades reguladoras nacionales independientes del sector audiovisual de todos los Estados miembros. Sustituye y amplía el trabajo que hasta ahora llevaba a cabo el grupo de los reguladores del sector audiovisual, creado en 2014 y del que ya formaba parte la CNMC, el único supervisor europeo no especializado de los que forman parte del grupo de dirección.
La Junta de Medios, en teoría igual que la CNMC en España, aunque todavía no tiene asignada oficialmente esa labor porque el Gobierno todavía no ha adaptado la legislación interior, tiene como objetivo fomentar un marco regulador europeo que permita un ecosistema mediático libre, plural, fiable y competitivo, que refleje la diversidad cultural y, al mismo tiempo, garantice la protección de los derechos fundamentales y empodere a la ciudadanía europea para formar opiniones informadas y participar activamente en el debate social y democrático.
Legislación suficiente
El documento que el Comité de Medios ha enviado a la Comisión Europea defiende que ya existen herramientas suficientes para alcanzar los objetivos que persigue el Escudo Europeo para la Democracia: la Ley de Servicios Digitales (DSA), el Código de Conducta sobre Desinformación (CoC), el Reglamento de Libertad de Medios (EMFA) y el Reglamento sobre publicidad política (TTPA), además de la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales (AVMSD). También el Reglamento de Inteligencia Artificial (IA) tendrá un papel en la lucha contra la desinformación generada mediante IA y los deepfakes.
No obstante, añade, para que estos instrumentos sean eficaces, es necesario “aplicarlos correctamente” y “aclarar” cómo interactúan entre sí. “Es crucial establecer mecanismos de cooperación entre las autoridades responsables de las distintas normativas para lograr resultados coherentes y eficaces”.
En lugar de introducir nuevas obligaciones regulatorias, prosigue el Comité de Medios, “se debe priorizar la implementación efectiva de la legislación vigente en todos los Estados miembros y actores del sector”, un objetivo en el que España acumula cierto retraso.
En materia de desinformación, el supervisor europeo reclama apoyo para las iniciativas que empoderen a los usuarios para distinguir información fiable de contenidos manipuladores. La proliferación de comportamientos coordinados, cuentas falsas y contenidos engañosos como los deepfakes está diseñada para manipular la opinión pública.
Dado el papel central de las grandes plataformas en línea, la Comisión Europea debe garantizar que cumplan sus obligaciones y reduzcan los riesgos de la desinformación (por grandes plataformas en línea la Unión entiende las redes sociales, pero también YouTube, mercados en línea como Amazon y servicios de alojamiento de contenidos como Pinterest).
Verificadores de hechos
Por eso, el Comité “insta a mantener la vigilancia sobre el cumplimiento de los marcos de corregulación, en colaboración con investigadores independientes”, así como a promover el apoyo financiero e independiente al trabajo de los verificadores con el objetivo de facilitar que puedan desarrollar modelos económicos sostenibles.
El supervisor europeo pone también el foco en los creadores de contenidos, conocidos popularmente como influencers. “Escapan en parte al control regulador tradicional”, reconoce en el documento remitido a la Comisión, “a pesar de su impacto en la opinión pública y su rol en la difusión de publicidad política y desinformación”.
Por esa razón, el Comité de Medios “propone fomentar la transparencia, formación y certificación de influencers y vloggers, además de armonizar regulaciones a nivel europeo. El Escudo puede apoyar este esfuerzo abordando temas clave como la identificación de vloggers y la transparencia publicitaria”.
La desinformación amenaza a los 11,6 millones de españoles que ya viven en “desiertos de noticias”
La respuesta remitida a Bruselas incluye, por último, recomendaciones sobre alfabetización mediática, considerada “esencial” para fortalecer la resiliencia democrática. “El Escudo debería promover una estrategia europea integral en este ámbito, con competencias clave, recursos didácticos adaptables y sistemas de evaluación”.
Es “fundamental”, subraya, integrar la alfabetización mediática en los planes educativos desde edades tempranas y extenderla como aprendizaje permanente, incluyendo a grupos vulnerables como personas mayores o con baja alfabetización.
Además, propone aplicar principios de “alfabetización mediática por diseño” en plataformas digitales, garantizando transparencia algorítmica y empoderamiento del usuario. Con ellas, el Comité plantea, por ejemplo, que redes como X o Instagram integren dentro de su funcionamiento algorítmico herramientas, funciones y criterios educativos sobre medios e información.
El Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, que reúne a los organismos de supervisión de los 27 y que en estos momentos preside el consejero de la CNMC Carlos Aguilar, en representación de España, ha pedido a la Comisión Europea “mecanismos de financiación para medios independientes, especialmente locales o comunitarios” con el objetivo de “garantizar elecciones íntegras y un proceso democrático saludable”. La CNMC, sin embargo, a pesar de apoyar esta petición, nunca ha planteado nada parecido al Gobierno de España.