La evolución de la Corporación RTVE en los últimos años ilustra una tensión permanente entre la voluntad formal de modernización institucional y las prácticas informativas cuestionadas desde dentro y fuera de la casa. Aunque desde 2017 se han introducido mecanismos para reforzar la autonomía de la radiotelevisión estatal, las reformas más recientes han despertado alarma en sectores profesionales, académicos y políticos que perciben un retroceso en las garantías democráticas.
La situación es especialmente delicada en un momento en que la Unión Europea, mediante el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), establece nuevas normas para proteger la independencia de los servicios públicos audiovisuales, asegurar la pluralidad y evitar interferencias políticas. ¿Cumple RTVE estas exigencias? El análisis de su evolución normativa y de sus prácticas recientes no ofrece una respuesta tranquilizadora.
La regulación de RTVE dio un salto importante en 2006 con la aprobación de la Ley 17/2006, que reconoció por primera vez la necesidad de garantizar la independencia editorial y la profesionalidad mediante órganos como los Consejos de Informativos, compuestos por profesionales electos de cada medio.
En 2005, el llamado Consejo de Sabios —con figuras como Emilio Lledó, Victoria Camps o Enrique Bustamante— propuso un modelo claro para garantizar la independencia de los medios públicos. Aunque el Congreso aprobó en 2006 parte de su propuesta, dejó fuera el punto esencial: un Consejo de Administración de RTVE sin mayoría política.
El diseño era simple: ocho miembros, de los cuales solo cuatro serían elegidos por Congreso y Senado por mayoría reforzada. Los otros serían designados por los sindicatos de RTVE y por un Consejo Audiovisual estatal. Los candidatos deberían acreditar méritos profesionales y tendrían dedicación exclusiva. Sus mandatos, de seis años sin reelección inmediata, se renovarían parcialmente cada tres años.
Consejo Audiovisual
El modelo requería, eso sí, la creación de un Consejo Audiovisual independiente a escala estatal, algo común en Europa, pero que España sigue sin implementar. Y no funcionó. Los políticos, de los principales partidos, se negaron a renunciar a tener mayoría en el Consejo de Administración y, entre 2006 y 2014, el modelo de RTVE basado en la independencia y el pluralismo se erosionó progresivamente hasta vaciar de contenido el espíritu de la reforma de 2006.
La Ley 17/2006 creó una Corporación RTVE con autonomía funcional, presupuestaria y de gestión, con un sistema de gobernanza basado en la elección de su presidente y su Consejo de Administración por mayoría de dos tercios en el Congreso. Era un modelo inspirado en estándares europeos y muy valorado por los expertos, a pesar de mantener un Consejo designado por los partidos.
A pesar de ello, durante los primeros años (2007-2011), RTVE vivió una etapa considerada por muchos como una de las más independientes y de mayor calidad informativa, con directivos como Luis Fernández y luego Alberto Oliart.
En 2009, con la crisis económica, el Gobierno eliminó la publicidad en RTVE y obligó a la corporación a depender del presupuesto público y de tasas impuestas a los operadores privados. Aunque la medida buscaba garantizar un modelo sin intereses comerciales, en la práctica debilitó su sostenibilidad financiera y aumentó su dependencia del poder político.
Cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa a finales de 2011 reformó inmediatamente y por decreto-ley el sistema de elección de la cúpula de RTVE para poder nombrar un director general por mayoría absoluta sin contar con la oposición. RTVE volvió a estar bajo el control del Ejecutivo.
Deterioro
Entre 2012 y 2018, distintos informes del Consejo de Informativos —el órgano interno que vela por la independencia profesional en RTVE— documentaron casos frecuentes de censura, manipulación y malas prácticas en los telediarios, en especial en temas como la cobertura del caso Bárcenas y la corrupción del PP, el tratamiento de las mareas ciudadanas y las protestas sociales, y un sesgo en la cobertura del conflicto catalán.
La manipulación sostenida provocó un fuerte deterioro de la imagen pública de RTVE y una caída de audiencia en sus espacios informativos de la que aún se está recuperando. Surgió un movimiento de protesta interna liderado por trabajadores, con iniciativas como los viernes negros (trabajadores vestidos con ropa oscura en protesta por la pérdida de independencia).
En 2017, ya sin mayoría absoluta del PP en el Congreso, el Parlamento aprobó una nueva reforma, esta vez para revertir la de 2012 del PP y tratar de volver al modelo de elección por concurso público y consenso parlamentario. Pero esta ley quedó en gran parte paralizada por falta de acuerdo entre partidos y por el escaso compromiso de los gobiernos siguientes (incluido el de Pedro Sánchez) con su aplicación plena.
El concurso público se convirtió en un proceso farragoso, lleno de interferencias políticas y bloqueado durante años. No se nombró un Consejo de Administración estable hasta 2021, y el presidente José Manuel Pérez Tornero dimitió en 2022, denunciando falta de apoyo institucional y divisiones internas.
La última modificación legislativa data de octubre de 2024. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó por decreto-ley el modelo que rige en la actualidad: el Consejo de Administración de RTVE pasó de 10 miembros (seis elegidos por el Congreso y cuatro por el Senado), a 15 (11 de ellos nombrados por la Cámara baja). El peso relativo de los elegidos por el Congreso sobre el total aumentó, en detrimento de los del Senado, la Cámara controlada por el PP.
Rebaja
El decreto también rebajó las exigencias para la elección de los miembros de ese Consejo y del presidente de la Corporación de la que dependen TVE y RNE, haciendo posible su designación sin mayoría reforzada, lo que equivale en la práctica a dejarlos en manos de las mismas mayorías que respaldan al Gobierno de turno.
El reglamento europeo obligará en menos de dos meses a cambiar las reglas de los medios públicos
Esta reforma consolidó un modelo presidencialista y redujo los contrapesos internos. Aunque desde el Gobierno se justificó como una forma de “desbloquear” el funcionamiento de RTVE, numerosos analistas y asociaciones profesionales advirtieron del riesgo de deterioro de la independencia institucional. El primero en lamentarla fue el Consejo de Informativos de TVE, que insiste en defender “la modalidad de concurso público para resolver la gobernabilidad de la radiotelevisión pública con el objetivo fundamental de garantizar su independencia de los intereses partidistas”.
El modelo actual, salvo en lo que se refiere a la existencia de un Consejo de Informativos, incumple las exigencias del Reglamento Europeo de Medios, que establece un marco común para garantizar la independencia de los medios públicos. Entre sus puntos clave están la elección transparente y meritocrática de los directivos (el concurso público que reclaman los trabajadores de RTVE), la estabilidad en el mandato y la protección frente a ceses arbitrarios, y la transparencia en la financiación y en los contratos externos.
En la práctica, el debilitamiento de los requisitos parlamentarios, el uso de decretos para reformar su estructura y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas generan un clima institucional vulnerable a la injerencia.
La evolución de la Corporación RTVE en los últimos años ilustra una tensión permanente entre la voluntad formal de modernización institucional y las prácticas informativas cuestionadas desde dentro y fuera de la casa. Aunque desde 2017 se han introducido mecanismos para reforzar la autonomía de la radiotelevisión estatal, las reformas más recientes han despertado alarma en sectores profesionales, académicos y políticos que perciben un retroceso en las garantías democráticas.