Apenas unas horas después de replicar, en persona, al dueño de X, el oligarca tecnológico de extrema derecha Elon Musk, por el uso de su plataforma para difundir bulos sobre la regularización de inmigrantes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes un paquete de medidas sin precedentes para regular las plataformas digitales en España.
Hace un año, el presidente ya había acusado a la "tecnocasta" de tratar de utilizar su poder "omnímodo" para controlar el debate público y la acción gubernamental en todo Occidente y había llamado a Europa a rebelarse y defender la democracia.
No se trata de recomendaciones ni de códigos de buenas prácticas: Sánchez ha puesto sobre la mesa reformas legales que incluyen responsabilidad penal para los directivos de las grandes tecnológicas, la tipificación de nuevos delitos relacionados con la manipulación algorítmica y la prohibición expresa del acceso a redes sociales para menores de 16 años. Con esta última medida enmienda además la plana a la reforma legal impulsada por su propio Gobierno —y que está atascada en el Congreso de los Diputados—, que era mucho menos ambiciosa, porque planteaba que los menores de entre 14 y 16 años pudiesen seguir usando redes sociales si tenían el consentimiento de sus padres (en la actualidad, si los progenitores consienten, pueden acceder aunque tengan menos de 14).
En un contexto de creciente preocupación sobre los daños que las redes sociales causan a sus usuarios, en particular a los más jóvenes, a los procesos electorales y a la salud de las democracias en general, el Gobierno pasa de la retórica a la legislación y lo hace poniéndose a la cabeza de los países de nuestro entorno.
La medida más contundente de todas las propuestas por el presidente es la reforma del Código Penal para establecer la responsabilidad penal directa de los ejecutivos de plataformas digitales. Hasta ahora, las sanciones recaían sobre las corporaciones, diluidas en multas que apenas arañaban sus astronómicas cuentas de resultados.
El Ejecutivo quiere cambiar las reglas: si un alto directivo ignora deliberadamente una orden judicial de retirada de contenidos ilícitos, podrá responder penalmente en persona. La norma, que se tramitará mediante un Proyecto de Ley Orgánica, pondrá fin —si llega a aprobarse en el Congreso— a la impunidad derivada de la opacidad corporativa. Ya no bastará con escudarse en la complejidad de los algoritmos o en la imposibilidad material de controlar millones de publicaciones.
Manipulación
Pero la iniciativa no se queda ahí. La segunda gran novedad es la tipificación penal de la manipulación algorítmica. Con su propuesta, Sánchez reconoce explícitamente lo que hasta ahora solo han establecido los académicos: los contenidos tóxicos no surgen de forma espontánea en Internet, sino que son creados, impulsados y amplificados por actores concretos y por algoritmos diseñados para maximizar el beneficio económico.
La reforma del Código Penal convertirá en delito la manipulación de algoritmos que facilite deliberadamente la amplificación de contenidos ilegales, así como la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos. Francia ya introdujo delitos similares en 2023, y España toma nota. La idea de que estas tecnologías son neutrales quedaría definitivamente sepultada.
La tercera medida es la más innovadora, aunque también la más difícil de implementar y, previsiblemente, la más polémica: la creación de la “huella de odio y polarización”. Se trataría de un sistema destinado a rastrear, medir y hacer visible cómo cada plataforma fomenta la polarización social y amplifica el odio.
El objetivo declarado es transformar un fenómeno opaco en algo cuantificable y evaluable, generando un ranking que señale públicamente a las peores plataformas. No es solo una herramienta técnica: es un mecanismo de presión social y reputacional. Si funciona, el Gobierno espera que obligue a las empresas a competir no solo por usuarios, sino por no aparecer en lo más alto de una lista que nadie querrá encabezar.
En el terreno de la protección de menores, el Gobierno da un paso que otros países europeos ya han comenzado a explorar: la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. La medida se incluirá en el Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad en Entornos Digitales que se tramita en el Congreso, y obligará a las plataformas a implantar sistemas de verificación de edad que vayan más allá de la simple casilla de “acepto que soy mayor de edad”. El Gobierno quiere controles reales y eficaces, amparado en el artículo 28 de la Ley de Servicios Digitales europea y en las directrices publicadas por la Comisión.
Advertencia a Grok y TikTok
La quinta medida adopta un tono de ultimátum: tolerancia cero frente a las infracciones vinculadas a contenido sexualizado de menores. El Gobierno apunta directamente a plataformas como Grok o TikTok, y anuncia que trabajará conjuntamente con el Ministerio Fiscal para prevenir, detectar, investigar y, en su caso, promover la acción de la justicia. No es una advertencia genérica: es un aviso con nombres propios. Las investigaciones ya están en marcha en Europa, y España se suma a la ofensiva.
El anuncio de Sánchez coloca a España en la vanguardia regulatoria europea, junto a Francia y Reino Unido. Pero la distancia entre el anuncio y la realidad legislativa puede ser larga. Los proyectos de ley deberán tramitarse en las Cortes, donde el Gobierno no tiene mayoría absoluta y donde los lobbies tecnológicos ejercerán toda la presión posible, como ya están haciendo con el Proyecto de Ley de Protección de Personas Menores de Edad.
La implementación técnica de algunas medidas, como la verificación de edad o la huella de odio, planteará desafíos considerables. Y nadie en el sector espera que las plataformas, acostumbradas a operar con impunidad, se queden quietas, especialmente cuando cuentan como aliado con el presidente de EEUU, Donald Trump, que ya en el pasado ha amenazado con aprobar aranceles contra cualquiera que legisle sobre las actividades de sus aliados tecnológicos.
En cualquier caso, el debate sobre la regulación de las plataformas digitales ha dejado de ser teórico. Y no solo en España. Varios países han comenzado ya a implementar medidas que, aunque parciales, marcan el camino de lo que podría convertirse en un nuevo paradigma de control sobre las grandes tecnológicas.
Reino Unido ya había dado el paso más audaz en materia de responsabilidad directiva. Su Online Safety Act, aprobada en 2023, contempla penas de cárcel para los ejecutivos de empresas tecnológicas que incumplan de forma reiterada las órdenes de protección de menores o destruyan pruebas. Es una legislación sin precedentes que traslada la responsabilidad de la corporación al individuo, señalando con nombre y apellidos a quienes toman las decisiones. Y que va más lejos de lo que ha implementado la Unión Europea, que ha optado por la vía de las sanciones económicas: la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) impone multas de hasta el 6% de la facturación global, aunque la responsabilidad penal individual solo se activa si se demuestra un delito ordinario.
En el terreno de la manipulación algorítmica, la DSA no tipifica como delito la programación de algoritmos manipulativos, pero obliga a las plataformas a auditar y mitigar los “riesgos sistémicos” —desinformación, polarización, manipulación del discurso público— bajo amenaza de sanciones millonarias. Brasil sí ha intentado ir más allá con su proyecto de ley contra las fake news, que busca criminalizar directamente la difusión masiva automatizada de desinformación, aunque el texto sigue atascado en un debate legislativo intenso.
Sin parangón
España se enreda en el acceso de menores a redes sociales mientras el mundo avanza para prohibirlo
La propuesta española de crear una “huella de odio y polarización” —un sistema de trazabilidad del impacto de cada plataforma en la degradación del debate público— no tiene parangón internacional. Es una terminología nacida del informe del Comité de Expertos presentado en 2024, y supone una novedad radical en el enfoque regulatorio. Lo más similar en Europa es el sistema de monitorización de la Comisión sobre desinformación, pero se trata de análisis estadístico agregado, no de un rastreo individualizado.
El Gobierno ha dejado claro que no está solo en esta ofensiva contra las grandes tecnológicas. Ha presentado sus propuestas en el marco de lo que ya se conoce como la Coalición de los Dispuestos Digitales: un bloque de seis países europeos que han decidido dejar de esperar al consenso lento de los 27 miembros de la Unión Europea para actuar de inmediato. Junto a España se sitúan Francia, Italia, Portugal, Bélgica y Alemania. Un Gobierno socialdemócrata y cinco de derechas. No es una alianza simbólica: representa a más de 170 millones de ciudadanos y a las economías más fuertes del continente. Y su objetivo es crear un estándar de oro regulatorio que las plataformas no puedan ignorar ni esquivar.
Es, en el fondo, un mensaje de soberanía dirigido directamente a Silicon Valley: si quieren operar en los mercados europeos, las reglas las ponen los Estados, no sus términos y condiciones. Al actuar de forma coordinada, la coalición minimiza la amenaza que algunas plataformas han utilizado en el pasado: la de abandonar un país si la regulación les resulta incómoda. X lo intentó en Australia y lo ha insinuado en otros territorios. Pero no pueden permitirse cerrar el grifo en los seis mercados más potentes de Europa a la vez.
Apenas unas horas después de replicar, en persona, al dueño de X, el oligarca tecnológico de extrema derecha Elon Musk, por el uso de su plataforma para difundir bulos sobre la regularización de inmigrantes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes un paquete de medidas sin precedentes para regular las plataformas digitales en España.