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Comunicación

Televisiones autonómicas: la interminable marcha hacia la independencia de la política

Trabajadores de la radio y la televisión de Galicia protestan vestidos de negro en la sede de la corporación.

Fernando Varela

Cuarenta años de democracia no han sido suficientes para liberar los medios de comunicación públicos del debate político. La tormentosa elección de los miembros del consejo de administración que rige los destinos de TVE y RNE, forzada por el Gobierno a través de un decreto ley para sortear el bloqueo que estaban impulsando PP y Ciudadanos en el Congreso, ha servido para visibilizar la importancia que los partidos siguen concediendo al control de la radio y la televisión pública.

El resultado ha sido una renovación de los responsables de RTVE que PP y Ciudadanos denuncian como un intento de poner los medios públicos al servicios del PSOE y sobre todo de Podemos, después de que trascendiera un acuerdo entre ambas formaciones para que fuese el partido de Pablo Iglesias quien tomase las decisiones clave. Al frente de la corporación estará Tomás Fernando Flores, un periodista de 57 años experto en música al que los gestores de RTVE del PP habían situado en 2012 como director de Radio 3.

Su gestión al frente de RTVE, con un consejo de administración en el que por primera vez no habrá ningún representante de la derecha, es un incógnita. Sobre todo porque su nombramiento es provisional: el mecanismo de elección previsto en la ley de 2017 pasa porque la decisión sobre la Presidencia descanse en un principio sobre un comité de expertos cuya composición se ha convertido en un nuevo campo de batalla entre partidos.

Mientras tanto, los trabajadores, que desde hace tiempo mantienen una dura y complicada batalla para reivindicar que los políticos les dejen hacer su trabajo sin dependencias de ningún tipo, mantienen su movilización y cada viernes —los viernes negros— se visten de luto para que los espectadores puedan visibilizar su protesta. Reivindican la independencia que disfrutaron durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, la primera y única vez que la Presidencia de RTVE fue el resultado de un pacto entre el Gobierno (el PSOE) y la oposición (el PP) y que ya se ha convertido en una referencia de calidad e independencia, especialmente en materia de informativos.

El cambio en RTVE y la actitud de sus periodistas ha convertido el debate sobre los medios públicos en uno de los ejes de la confrontación política entre la variopinta mayoría que apoyó la moción de censura de junio y los partidos de la derecha, PP y Ciudadanos, conscientes de que han perdido el control de un arma que los políticos siguen considerando crucial para ganar elecciones.

El debate sobre la radio y la televisión pública estatal contrasta, sin embargo, con el silencio que, por regla general, ampara el férreo control que la mayoría de los gobiernos autonómicos ejercen sobre sus propios medios. En España se financian con fondos públicos una docena empresas dedicadas a la emisión de canales de televisión y de radio de titularidad pública. Nacieron a imagen y semejanza de la RTVE gubernamentalizada anterior al Ejecutivo de Zapatero y eso se nota, porque todavía dominan los modelos de elección de sus máximos responsables basados en los vaivenes de la política.

Como ha señalado la profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha Ana María García Cepeda, RTVE nació como televisión de régimen “de la dictadura franquista y no del Estado, en ausencia de toda filosofía de servicio público”, y una vez aprobada la Constitución de 1978 se siguieron acumulando errores como “los nombramientos gubernamentales de los directores generales y las cuotas militantes de los partidos en los consejos de administración que determinaron una gestión clientelar respecto del poder ejecutivo marcada por la manipulación informativa y el descontrol gerencial”.

La ley 17/2006 sobre la Radio Televisión de Titularidad Estatal, la norma que demostró la viabilidad de contar con medios públicos de calidad, lo cambió todo. Hasta que la llegada al Gobierno de Mariano Rajoy, a finales de 2011, puso fin al modelo y sometió la Presidencia y los servicios informativos a su exclusiva mayoría absoluta.

La influencia de la ley Zapatero, sin embargo, se extendió a una parte de los medios públicos autonómicos. Esa el caso de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), de la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), del ente público Radio Televisión Madrid (RTVM) o de la Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), aunque los resultados prácticos de esa transformación no hayan podido ser más desiguales. Y más recientemente de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).

  El caso catalán

La CCMA catalana se rige a través de un Consejo de Gobierno de seis miembros elegidos en el Parlament por mayoría de dos tercios, aunque basta la mayoría absoluta en segunda votación. La elección se lleva a cabo a partir de una lista de candidatos cuya idoneidad debe ser establecida por el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), un regulador audiovisual independiente creado a imagen y semejanza de los que desde hace años funcionan en toda Europa. Su mandato es de seis años, para que no coincida con la legislatura parlamentaria. La Cámara catalana elige después al presidente del Consejo de entre sus seis miembros por el mismo procedimiento de mayorías.

En el caso de los medios públicos catalanes, el debate acerca de su independencia está condicionado por la tensión en torno al independentismo. PP y Ciudadanos les acusan de adoctrinar a los ciudadanos a favor del secesionismo y el resto de las formaciones respaldan el modelo vigente. En estos momentos está pendiente la renovación de su Consejo de Gobierno y, de acuerdo con la compasión actual del Parlament, es imprescindible un acuerdo de al menos tres grupos parlamentarios para hacerlo posible. Esta misma semana el comité de empresa de la radio y televisión públicas catalanas exigió en el Parlamento la renovación de los órganos de gobierno de la CCMA “con criterios de profesionalidad e independencia”. La reforma de 2012, promovida por CiU y el PP y rechazada por el resto de partidos, redujo a la mitad la composición del Consejo de Gobierno y esa decisión todavía escuece, porque sus detractores afirman que solo sirvió para reducir el pluralismo en nombre de la austeridad.

El de Cataluña fue durante mucho tiempo un caso singular en España, porque hasta la aprobación de la nueva ley valenciana era el único que marcaba la intervención de un órgano regulador, lo que añadía un elemento adicional de dificultad a los partidos para controlar la composición del Consejo de Gobierno. El CAC depende también del Parlament, pero para la elección de su propio consejo es necesario el acuerdo de al menos tres grupos parlamentarios y una mayoría reforzada de dos tercios.

La actual ley de la radio y televisión pública en Andalucía data de 2007 y no sigue este modelo, a pesar de que esta comunidad también cuenta con Consejo Audiovisual. En ese caso, el Consejo de Administración es mucho más numeroso (quince miembros) y ahora, después de la reforma, se elige por una mayoría del Parlamento andaluz de tres quintos —la Cámara también decide, por el mismo procedimiento, cuál de sus integrantes se convierte en presidente; antes era una decisión del Gobierno autonómico—. Nuevamente, el mandato es de seis años, para desvincularlo de las legislaturas políticas, que no pueden durar más de cuatro.

La ley que regula la televisión y la radio pública en Madrid es mucho más reciente. Se aprobó en 2015 y sólo fue posible después de que el PP perdiese su mayoría absoluta. De acuerdo con sus previsiones, el consejo de administración que la gobierna, de nueve miembros, es elegido a propuesta de los grupos políticos (cuatro nombres) y de las organizaciones sociales y profesionales “más representativas del sector de la comunicación” (los otros cinco). Todos deben someterse al examen de la Asamblea de Madrid y, para que sean elegidos, deben obtener una mayoría de al menos dos tercios de la Cámara, lo que garantiza que cuenten con el respaldo de varios grupos políticos. Su mandato es de seis años.

El director general de RTVM también es elegido por la Asamblea, por dos tercios y on un mandato de seis años, de nuevo para evitar que coincida con las legislaturas. En enero de 2017 fue elegido para este puesto José Pablo López Sánchez con el respaldo de PP, PSOE y Ciudadanos y la abstención de Podemos.

La cuarta modificación de la legislación reguladora de una radiotelevisión pública autonómica en España realizada al calor del modelo Zapatero es muy singular. El Parlamento de Galicia aprobó en 2011 una nueva ley que debería haber servido para garantizar la independencia de su radio y televisión públicas, desde su fundación sometidas al albur del gobierno de turno. La ley es modélica: un consejo de administración de siete miembros, uno de los cuales será director general, elegido por mayoría parlamentaria de dos tercios en primera vuelta o de tres quintos en segunda. Y un mandato de cinco años, para evitar, de nuevo la coincidencia con el mandato legislativo.

¿Cuál es el problema con esta ley? Sencillamente, que no se aplica. El PP, que controla simultáneamente el Parlamento de Galicia y la Xunta, lleva siete años sin desarrollarla, lo que durante este tiempo ha mantenido al frente de CRTVG a un equipo de personas afín al presidente Alberto Núñez Feijóo haciendo posible la pervivencia en el tiempo de uno de los modelos de control ideológico más férreos de una televisión pública en España. Tanto es así que la única comunidad en la que los trabajadores se han organizado para denunciar su situación siguiendo el modelo de los viernes negros popularizado por sus compañeros de RTVE es precisamente Galicia. Al frente de la corporación, desde que Feijóo ganó las elecciones de 2009, permanece Alfonso Sánchez Izquierdo.

Más anterior, y de menor alcance desde el punto de vista político, es la modificación de la ley reguladora de la radio televisión vasca. La Euskal Irrati Telebista (EITB) fue reformada en 1998 para aumentar en cuatro miembros la composición su consejo de administración con el fin de garantizar asientos destinados a entidades sociales y culturales —los otros quince siguen siendo elegidos a propuesta de los grupos políticos del Parlamento vasco—. Las entidades legalmente autorizadas a proponer consejeros son la Real Academia de la Lengua Vasca, la Sociedad de Estudios Vascos, la Real Sociedad de Amigos del País, la Universidad del País Vasco, los sindicatos más representativos y las federaciones de asociaciones de consumidores. Para ser elegidos necesitan dos tercios de los votos emitidos en el Parlamento vasco.

El director general , en cambio, lo propone el Gobierno y sólo necesita mayoría absoluta para ser elegido por la Camara.

  El experimento valenciano

Mucho más reciente es la normativa que regula la nueva Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVM) y que recupera los medios públicos liquidados durante la última etapa del PP al frente de la Generalitat.

La ley valenciana, aprobada en 2016, es, probablemente, la más avanzada en vigor en España. Para empezar, va un poco más allá que la ley catalana y deja la iniciativa de proponer a uno o varios candidatos a la Presidencia de la CVMA en manos del Consejo Audiovisual de la comunidad, un órgano regulador independiente. La decisión final, no obstante, depende de Les Corts, primero por mayoría de dos tercios, después de tres quintos y sólo en último lugar por mayoría absoluta, pero en este caso sólo de forma provisional —hasta un máximo se seis meses— mientras se elige un candidato que sí sea capaz de recibir la mayoría cualificada requerida. Su mandato es de seis años.

El organigrama se completa con un Consejo Rector de diez personas —incluido el presidente— elegidas por un mandato de seis años a propuesta de los grupos políticos (5), del Consejo Audiovisual (2), del Consejo de la Ciudadania (1) y de los trabajadores (1). Los que dependen de Les Corts deben obtener una mayoría de dos tercios —tres quintos en segunda votación—. Debe renovarse parcialmente cada tres años. El Consejo de la Ciudadanía es un organismo asesor elegido por un heterogéneo grupo de entidades, organizaciones y asociaciones vinculadas a la de tensa de los consumidores, la cultura, la universidad o la defensa de los derechos LGTB, entre otros.

Este modelo profundiza el ya iniciado por las leyes vasca y madrileña al abrir la puertas del consejo a personas que no dependen directamente de los partidos.

La actualización normativa también alcanzó en su día a Balears. Desde diciembre de 2010, los miembros de su Consejo de Dirección son elegidos por el Parlamento por mayoría de tres quintas partes, aunque en segunda votación basta con mayoría absoluta. El Parlamento también designa al director del ente que gobierna la radio y la televisión públicas del archipiélago, utilizando la misma regla de mayorías. En marzo de 2012 se eligió el primer consejo y acabó siendo designado por mayoría absoluta.

Modificaciones similares, en busca de mayorías reforzadas que obliguen a ampliar el apoyo político de los nombramientos, se han llevado a cabo en Extremadura (2008), Asturias (2014 o Canarias (2014), con resultados que en cualquier caso, siguen haciendo que los medios públicos y sus informativos dependan de decisiones políticas que no necesariamente conducen a una gestión profesional e independiente.

A estas alturas, y con la experiencia acumulada durante las últimas décadas, los expertos en la materia tiene claro cuáles son los elementos imprescindibles para diseñar un modelo independiente de gestión de los medios públicos. Lo ideal, en lo que afecta a la presidencia o la dirección general, aseguran, es una convocatoria pública que incluya la defensa de un programa de actuación y una elección parlamentaria por mayoría reforzada por un período más extenso que una legislatura, para evitar la coincidencia con los cambios en los gobiernos. En los órganos colegiados, los expertos apuestan por un incremento de las incompatibilidades, especialmente en lo que se refiere a la política activa. Y por la generalización de organismos reguladores independientes (consejos audiovisuales) y de participación ciudadana, así como por la implementación de consejos de informativos.

La experiencia del Consejo de Informativos de TVE en los últimos años ha venido a refrendar esta idea. Su tarea de surpervisión interna es la mejor herramienta para validar la profesionalidad de los servicios informativos, de ahí que los partidos políticos siempre hayan sido reacios a su puesta en marcha.

De hecho, estos órganos de representación de los periodistas, creados a imagen y semejanza de los que nacieron durante el siglo pasado en algunas cabeceras europeas emblemáticas de la prensa escrita, permanecen bloqueados en comunidades que los tienen previstos como Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha, Canarias o Extremadura —lo que dice mucho de las posiciones tanto del PSOE como del PP—.

En estos momentos sólo existen consejos de informativos en los medios públicos autonómicos de Cataluña, Andalucía y el País Vasco. Y está en trámite su constitución en la Comunitat Valenciana.

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