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Amador Ramos Martos Publicada 06/08/2017 a las 06:00 Actualizada 05/08/2017 a las 16:21    
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"En cuanto se la despoja del poder de dar forma al futuro, la política tiende a transferirse al espacio de la memoria colectiva que es un espacio más susceptible de manipulación y gestión y, por este motivo, más prometedor para materializar en nuestro tiempo presente (y el que está por venir) aquella gozosa omnipotencia perdida (tal vez ya sin remedio) hace tiempo".
Retrotopía, Zygmunt Bauman


Revisando mi hemeroteca personal he vuelto a leer un artículo de opinión de Francesc de Carreras publicado en El País acerca de la oportunidad de la reforma constitucional que desde hace tiempo viene flotando en el ambiente político. 


Nadie pone en duda que, entre las virtudes de la Constitución, aparte de su condición jerárquica de norma jurídica máxima del Estado, figura la de la estabilidad. Un adjetivo que no la convierte sin embargo en intocable.


Un toqueteo constitucional que el señor Carreras consideraba justificado solo cuando fuese jurídicamente necesario y políticamente conveniente. Dos situaciones que, en mi opinión, se dan en la actualidad. El desencuentro entre el Govern catalán y el Gobierno español corre el riesgo de conducirnos a lo que, metafóricamente, se compara con un ¿inevitable? choque de trenes. Un accidente ferroviario (político en este caso) con consecuencias inquietantes para todos los implicados en el mismo.

Argumento este, el de la oportunidad, que el autor, en otro artículo de opinión publicado en el mismo diario hace tres años, defendía creyéndolo oportuno entonces. Entre los motivos que justificaban el retoque constitucional hizo referencia a “ciertos aspectos de las autonomías territoriales”.

Un ¿eufemismo? que debiera ser, si no lo fue, identificado y matizado para resultar clarificador. Aunque no es difícil deducir que él mismo se refería, con toda probabilidad, al asunto catalán en plena ebullición, y quizás también al vasco, por fortuna hoy –¡quién iba a imaginarlo hace años!– más atemperado.

Hago un inciso. Mi mundo profesional no es el jurídico, tampoco el político, aunque todo o casi todo en el fondo está tocado, nos guste o no, por la política. Soy médico, eso sí, con una curiosidad creciente tras 40 años de profesión por asuntos extramuros de mi actividad profesional.

Escribo esto para ser tratado con benevolencia jurídica por cualquier lector, incluyo por si acaso me lee el señor Carreras, cuyos conocimientos jurídicos como catedrático de Derecho Constitucional que fue, ni por asomo se me ocurre poner en duda, y al que respeto profundamente. Quizás algunos de mis comentarios no sean finos, ni rigurosos jurídicamente pero, imprecisiones aparte, son realizados con espíritu cívico, conciliador y constructivo. Siempre intento ejercitar en cualquier situación conflictiva mi “sentido común”. Un valor reivindicado por Mariano Rajoy para definir una característica de los sensatos españoles de bien, entre los que yo –no sé si el señor Rajoy estará de acuerdo– me autoincluyo.

El asunto catalán ha llegado demasiado lejos. Han fallado todos los mecanismos de seguridad (¡diálogo, diálogo y diálogo!) que debieran haber funcionado desde el inicio del viaje para evitar el choque de legitimidades nacionales que, de no remediarlo nadie, parece inminente.

En mi opinión, parte considerable de la responsabilidad la tiene el actual Gobierno como consecuencia de la actitud tancrediana de Mariano Rajoy en todo lo referente al tema. Una opinión que, en las encuestas –cuya validez siempre es interpretable según intereses–, en esta ocasión, comparten el 77% de los españoles, incluidos curiosamente votantes de su propio partido. 

Lo que no se puede es achacar en exclusiva –como argumentó el señor Carreras–  la responsabilidad del fracaso constitucional en el asunto catalán a la deslealtad de independentistas y populistas (Podemos). Deslealtad fruto, según el autor en el primer caso, de su actitud de desobediencia (no justificable quizás, pero ¿entendible?) y, en el segundo, por la demanda de una “reforma reconstituyente” que haga viable por vía legal –haciendo las modificaciones necesarias por consenso– el referéndum hoy ¿imposible? constitucionalmente.

Una demanda –la de un referéndum legal– solicitada por Pablo Iglesias, un amplio sector de la sociedad catalana y por muchos ciudadanos del Estado con el deseo subyacente de que Cataluña siga vinculada a España si así lo desean mayoritariamente los catalanes. Respetando, eso sí, los límites marcados por una "legalidad muy reconstituida y mucho constitucional" –una afirmación esta realizada en tono de humor, y de estilo inequívocamente “rajoyano”–.

Independentistas y populistas no son los únicos responsables de la falta de consenso en asuntos territoriales. También lo son los que, enrocados–o petrificados sería más exacto– en su inmovilismo, se empeñan en calificar cualquier intento de solución como anticonstitucional.

¿Hemos olvidado ya la recogida callejera de firmas patrocinada por el postulante constitucional Mariano Rajoy contra la reforma del Estatuto catalán? Un acto aquel de populismo barato fuera de todo control democrático y en el que la torticera interpretación de sus resultados comparados con los del 9N en Cataluña parece más propia de alguien que recurre “a la cuenta de la vieja” que las de un teórico estadista hoy presidente del Gobierno. 

Creo honestamente que Mariano Rajoy no está legitimado ni capacitado políticamente para gestionar una situación que desde hace 10 años –a pesar del intento frustrado de reconducirla por parte de Rodríguez Zapatero durante la legislatura de 2006– el PP y el Gobierno solo han contribuido a emponzoñar y degradar con su recurso ante el TC.

Una sentencia la del TC que solo tachó 14 de los 114 artículos recurridos por el PP y cuyo resultado final desencadenó el efecto contrario al buscado: el crecimiento del sentimiento independentista en Cataluña. Un fallo que, si algo dejó en evidencia –88% de rechazo del TC al articulado del Estatut sometido a su valoración por el PP–, fue la saña jurídica anticonstitucional de este partido en todo lo relacionado con el asunto catalán, que sigue alimentando el desencuentro insalvable entre ambos.

Un resultado que se añade a lo que considero una falta de lealtad del PP, una actitud limítrofe con la paranoia anticonstitucional que lo inhabilita como actor en un proceso de negociación hoy inexistente, donde la cintura política, el diálogo y la empatía –que, al parecer, cínico donde los haya reivindica ahora–  son requisitos imprescindibles para llegar al consenso demandado por muchos ciudadanos en Cataluña y en el resto del Estado.

Una sentencia en la que el TC, “animaba” a ambas partes –entiendo yo–, con un guiño jurídico y entre líneas, a la búsqueda de soluciones que hagan políticamente viable la resolución del conflicto. El fallo dejó al margen quizás intencionadamente un dato no menor: la referencia explícita a la “indisoluble unidad de la Nación española del artículo 2 de la Constitución”.

Pretender convertir –como han intentado ¿deslealmente? el PP y el Gobierno– al  TC en una instancia que le resuelva jurídicamente sus carencias legislativas, es otra anomalía democrática más. Y... ¿van cuántas? Tan torpe y arriesgado es “saltarse” la Constitución obviando su carácter jurídico de suprema ley de leyes, el desafío planteado por el Govern, como encastillarse en el mutismo.

Una actitud  de escapismo autista que lo aleja de la realidad y que constituye desde siempre el arma preferida de Mariano Rajoy. Un fracaso estratégico, derivado de su pérdida de credibilidad y nula capacidad de diálogo que impide cualquier intento de acercamiento que rebaje el peligroso nivel de presión provocado por un desencuentro que degenera ya en enfrentamiento abierto.

Lo que me sorprendió entonces, y me vuelve a sorprender ahora, es la aquiescencia del señor Carreras con los límites impuestos a los depositarios del poder constituyente, el pueblo español, ante la necesidad de efectuar reformas contrarias a las normas europeas y que puedan vulnerar los derechos humanos, no sé si de los españoles o del resto de europeos. Una exigencia de reformas de la UE a España que ha amplificado las consecuencias brutales de la crisis y provocó la reforma constitucional pactada por PSOE y PP a espaldas del pueblo español, que blindó el techo de gasto consolidando una desigualdad vergonzante en España

Un magreo constitucional ejecutado bajo la presión de poderes ¿legítimos? por el comando reformador que hizo volar por los aires los requisitos constitucionales ahora exigidos de forma exquisitamente rigurosa en el conflicto catalán.

La Constitución de 1978, consensuada con un arma apuntando a las sienes de la incipiente democracia, fue un éxito a pesar de sus lagunas, imperfecciones, deficiencias y concesiones al viejo sistema. Aquellos padres constitucionales fueron artífices del mejor consenso posible. Cualquier otra alternativa en aquellas circunstancias hubiera sido peor, como se demostró años más tarde con el intento de golpe de Estado.

Hoy, cuarenta años después, no creo que sea un anatema afirmar que la Constitución aprieta en algunos aspectos, con el riesgo de romper sus costuras en el tema territorial del conflicto catalán. No sé si será tarde, pero la reedición de un nuevo consenso solo puede hacerse con medidas legislativas valientes, honestas y contando con un requisito fundamental: el compromiso de lealtad recíproca de las partes, inexistente en estos momentos.

El actual bloqueo constitucional en el tema territorial de Cataluña, basado en la absoluta ausencia de diálogo entre las partes implicadas, lo que pone de manifiesto es la incapacidad de las mismas para llegar –en mejores circunstancias que hace 40 años– a un nuevo consenso que logre el reencaje constitucional y territorial definitivo de España. De fracasar en esta ocasión el acuerdo quedarían en evidencia las carencias básicas de nuestros representantes. Unos políticos que, incapaces de lograr un acuerdo demandado por muchos ciudadanos catalanes –independentistas o no– y no catalanes –entre los que me incluyo–, los haría acreedores del único calificativo, probablemente es lo que son... mediocres.
 
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6 Comentarios
  • Larry2 Larry2 12/08/17 10:25

    Buen artículo, y buen análisis.lo triste es que tenemos un presidente de gobierno, un equipo, que no tienen ni nivel, ni altura política para solucionar los asuntos importantes de este país.Se encogen de hombros, los españoles son españoles y mucho españoles, y quieren una España grande, libre, y unida. Se piensan que están en el siglo pasado, que los pueblos no evolucionan, y que la sociedad demanda cambios en todos los aspectos.ha sido un placer leer tu escrito

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  • individualiberal individualiberal 08/08/17 23:18

    Procuraré leer la columna entera ahora estoy un poco apretado de tiempo. Aun con lo poco leído me encantan el tono tolerante y el propósito a todas luces constructivo. Por un lado veo esta cosa del "proces" como endemoniadamente complicada sin tener idea por donde cogerla. Pero por otro lado a veces siento que hay no un tongo sino una multitud de tongos en el "proces", vamos que sin que nadie advirtiera como la cosa podría quedar difuminada en el momento menos pensado. Y recuerdo que en "El homenaje a Catalunya" Orwell describía como todos en Barcelona iban vestidos de obreros lanzando a cualquier que se les cruzaba un "¡compañero!" solidario en extremo. Tal vez siento la cosa así de teatral porque me conviene pero el problema es realmente mas serio con algo de quiste.

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  • AMP AMP 07/08/17 13:29

    No nos engañemos. A Rajoy simplemente le ha tocado lidiar este toro, aunque no digo que no sea de esa idea retrógada.
    Pero, Amador y demás opinantes, cuánto creéis que hubiera durado Rajoy como jefe del partido si remotamente se hubiera tornado dialogante hace tiempo. Es todo el partido y alguno más, además de una sociedad sociológicamente adoctrinada la que no quiere oír hablar de referendum.

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  • irreligionproletaria irreligionproletaria 06/08/17 21:47

    ../...  vigor de la Constitución.  El Estado español carece del componente territorial en su principio de legitimación democrática y, como el Estado unitario no puede ser la forma de Estado de la democracia española, necesita incorporar  ese componente territorial de la Constitución, si de verdad se quiere conseguir una estabilización del Estado Democrático.
    El princio de legitimidad democrática exige un pacto expreso de integración de las nacionalidades  y regiones en un Estado común. No nos encontramos, insisto, ante un problema de ingeniería constitucional,  sino ante un problema de legitimidad democrática. El Estado de las Autonomías  carece de la legitimidad de origen que tendría que tener para ser la fórmula estable de legitimación de la convivencia.  Es un problema de naturaleza materialmente constituyente, que solamente puede ser resuelto mediante una reforma de la Constitución, que en este caso sería una revisión de la Constitución,  que tendría que instrumentarse a través del procedimiento previsto en el arlo 168 de la CE"

    El texto referido, asi como el arlo de Pérez Royo, son imprescindibles.

    Gracias por su extraordinario 'Conveniente, necesaria e imprescindible' 

    Salu2 cordiales Dr. Ramos.

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  • irreligionproletaria irreligionproletaria 06/08/17 21:31

    Coincido con Cesar, en lo extraordinario de su arlo, que comparto absolutamente. 

    Los padres de la CE, tuvieron las mayores diferencias, respecto del concepto 'nacionalidades' [ver la sinopsis del  arlo 2, de Manuel Delgado-Iribarren García Campero, en la que se constatan 'algunos' desencuentros]

    Cortaron por el camino de enmedio, y dejaron sin cerrar el Titulo VIII De la Organización Territorial del Estado. 

    De ahi, el 'café para todos' del PSOE en sus gobiernos, creando autonomias donde la CE recoge 'provincias'  para no enmerdar/afrontar la situación. 

    Ninguna autonmia, aparte de las nacionalidades historicas, estan recogidas en la CE. Unos y otros han estado 'comprando gobiernos catalanes' ...admitiendo mordidas que han sustanciado el erario catalán, y 'gobernando a la limón'  detrayendo de lo público, unos y otros, para no mentar la bicha.

    Fue conformar el erario catalán con 'la herencia del abuelo' y el gobierno ppero de mayoría absoluta, quebró cualquier posibilidad porque eso es lo que se puede esperar de un tancredo -ideal para los objetivos del nacionalismo español- ahora, renovado con la versión 2.0 de las fets -C's- 
    Por consecuencia, lo que otrora eran nacionalistas españoles recalcitrantes (AP/PP donde se aunaron las flechas de mi haz) hoy, tenemos: PP+C's+PSOE Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla León, Extremadura, Murcia, Logroño, y Asturias, Ceuta y Melilla, CC y UPN...

    Dice Pérez Royo, en su arlo "Por qué en España no se reforma la Constitución " compendiado en el texto "Reforma constitucional y estabilidad presupuestaria" El arlo 135 de la CE 'Cuadernos y Debates'  num.227 ,del CEPC. dirigido por López Garrido y coordinado po Ma.Luz Martínez Alarcón : "El Estado de las Autonomías,  a diferencia del Estado Federal es un punto de llegada y no un punto de partida. Tiene legitimidad de ejercicio, en la medida en que ha sido una fórmula útil para la ordenación de la convivencia entre las distintas nacionalidades y regiones, pero carece de legitimidad de origen...La crisis del Estado Autonómico, no es una crisis de ingeniería constitucional sino de legitimidad; lo que no se hizo en 75-78, habría que hacerlo 40 años después de la entrada en

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  • Cesar MV Cesar MV 06/08/17 11:49

    Amigo Amador: Suscribiria cada parrafo. Muy bien explicado. Me temo que con Rajoy nada es posible pues su negacion al cambio minusculo es total. Lo vemos a diario y quedan años para que se vaya ....si es que se va que no lo tengo claro porque parece que en este pais tampoco se quiere cambiar nada.
    Un saludo afectuoso

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