Conveniente, necesaria e imprescindible

"En cuanto se la despoja del poder de dar forma al futuro, la política tiende a transferirse al espacio de la memoria colectiva que es un espacio más susceptible de manipulación y gestión y, por este motivo, más prometedor para materializar en nuestro tiempo presente (y el que está por venir) aquella gozosa omnipotencia perdida (tal vez ya sin remedio) hace tiempo".

Retrotopía, Zygmunt Bauman

Revisando mi hemeroteca personal he vuelto a leer un artículo de opinión de Francesc de Carreras publicado en El País acerca de la oportunidad de la reforma constitucional que desde hace tiempo viene flotando en el ambiente político. 

Nadie pone en duda que, entre las virtudes de la Constitución, aparte de su condición jerárquica de norma jurídica máxima del Estado, figura la de la estabilidad. Un adjetivo que no la convierte sin embargo en intocable.

Untoqueteo constitucional que el señor Carreras consideraba justificado solo cuando fuese jurídicamente necesario y políticamente conveniente. Dos situaciones que, en mi opinión, se dan en la actualidad. El desencuentro entre el Govern catalán y el Gobierno español corre el riesgo de conducirnos a lo que, metafóricamente, se compara con un ¿inevitable? choque de trenes. Un accidente ferroviario (político en este caso) con consecuencias inquietantes para todos los implicados en el mismo.

Argumento este, el de la oportunidad, que el autor, en otro artículo de opinión publicado en el mismo diario hace tres años, defendía creyéndolo oportuno entonces. Entre los motivos que justificaban el retoque constitucional hizo referencia a “ciertos aspectos de las autonomías territoriales”.

Un ¿eufemismo? que debiera ser, si no lo fue, identificado y matizado para resultar clarificador. Aunque no es difícil deducir que él mismo se refería, con toda probabilidad, al asunto catalán en plena ebullición, y quizás también al vasco, por fortuna hoy –¡quién iba a imaginarlo hace años!– más atemperado.

Hago un inciso. Mi mundo profesional no es el jurídico, tampoco el político, aunque todo o casi todo en el fondo está tocado,nos guste o no, por la política. Soy médico, eso sí, con una curiosidad creciente tras 40 años de profesión por asuntos extramuros de mi actividad profesional.

Escribo esto para ser tratado con benevolencia jurídica por cualquier lector, incluyo por si acaso me lee el señor Carreras, cuyos conocimientos jurídicos como catedrático de Derecho Constitucional que fue, ni por asomo se me ocurre poner en duda, y al que respeto profundamente. Quizás algunos de mis comentarios no sean finos, ni rigurosos jurídicamente pero, imprecisiones aparte, son realizados con espíritu cívico, conciliador y constructivo. Siempre intento ejercitar en cualquier situación conflictiva mi “sentido común”. Un valor reivindicado por Mariano Rajoy para definir una característica de los sensatos españoles de bien, entre los que yo –no sé si el señor Rajoy estará de acuerdo– me autoincluyo.

El asunto catalán ha llegado demasiado lejos. Han fallado todos los mecanismos de seguridad (¡diálogo, diálogo y diálogo!) que debieran haber funcionado desde el inicio del viaje para evitar el choque de legitimidades nacionales que, de no remediarlo nadie, parece inminente.

En mi opinión, parte considerable de la responsabilidad la tiene el actual Gobierno como consecuencia de la actitud tancredianatancrediana de Mariano Rajoy en todo lo referente al tema. Una opinión que, en las encuestas –cuya validez siempre es interpretable según intereses–, en esta ocasión, comparten el 77% de los españoles, incluidos curiosamente votantes de su propio partido. 

Lo que no se puede es achacar en exclusiva –como argumentó el señor Carreras–  la responsabilidad del fracaso constitucional en el asunto catalán a la deslealtad de independentistas y populistas (Podemos). Deslealtad fruto, según el autor en el primer caso, de su actitud de desobediencia (no justificable quizás, pero ¿entendible?) y, en el segundo, por la demanda de una “reforma reconstituyente” que haga viable por vía legal –haciendo las modificaciones necesarias por consenso– el referéndum hoy ¿imposible? constitucionalmente.

Una demanda –la de un referéndum legal– solicitada por Pablo Iglesias, un amplio sector de la sociedad catalana y por muchos ciudadanos del Estado con el deseo subyacente de que Cataluña siga vinculada a España si así lo desean mayoritariamente los catalanes. Respetando, eso sí, los límites marcados por una "legalidad muy reconstituida y mucho constitucional" –una afirmación esta realizada en tono de humor, y de estilo inequívocamente “rajoyano”–.

Independentistas y populistas no son los únicos responsables de la falta de consenso en asuntos territoriales. También lo son los que, enrocados–o petrificados sería más exacto– en su inmovilismo, se empeñan en calificar cualquier intento de solución como anticonstitucional.

¿Hemos olvidado ya la recogida callejera de firmas patrocinada por el postulante constitucional Mariano Rajoy contra la reforma del Estatuto catalán? Un acto aquel de populismo barato fuera de todo control democrático y en el que la torticera interpretación de sus resultados comparados con los del 9N en Cataluña parece más propia de alguien que recurre “a la cuenta de la vieja” que las de un teórico estadista hoy presidente del Gobierno. 

Creo honestamente que Mariano Rajoy no está legitimado ni capacitado políticamente para gestionar una situación que desde hace 10 años –a pesar del intento frustrado de reconducirla por parte de Rodríguez Zapatero durante la legislatura de 2006– el PP y el Gobierno solo han contribuido a emponzoñar y degradar con su recurso ante el TC.

Una sentencia la del TC que solo tachó 14 de los 114 artículos recurridos por el PP y cuyo resultado final desencadenó el efecto contrario al buscado: el crecimiento del sentimiento independentista en Cataluña. Un fallo que, si algo dejó en evidencia –88% de rechazo del TC al articulado del Estatut sometido a su valoración por el PP–, fue la saña jurídicaanticonstitucional de este partido en todo lo relacionado con el asunto catalán, que sigue alimentando el desencuentro insalvable entre ambos.

Un resultado que se añade a lo que considero una falta de lealtad del PP, una actitud limítrofe con la paranoia anticonstitucional que lo inhabilita como actor en un proceso de negociación hoy inexistente, donde la cintura política, el diálogo y la empatía –que, al parecer, cínico donde los haya reivindica ahora–  son requisitos imprescindibles para llegar al consenso demandado por muchos ciudadanos en Cataluña y en el resto del Estado.

Una sentencia en la que el TC, “animaba” a ambas partes –entiendo yo–, con un guiño jurídico y entre líneas, a la búsqueda de soluciones que hagan políticamente viable la resolución del conflicto. El fallo dejó al margen quizás intencionadamente un dato no menor: la referencia explícita a la “indisoluble unidad de la Nación española del artículo 2 de la Constitución”.

Pretender convertir –como han intentado ¿deslealmente? el PP y el Gobierno– al  TC en una instancia que le resuelva jurídicamente sus carencias legislativas, es otra anomalía democrática más. Y... ¿van cuántas? Tan torpe y arriesgado es “saltarse” la Constitución obviando su carácter jurídico de suprema ley de leyes, el desafío planteado por el Govern, como encastillarse en el mutismo.

Una actitud  de escapismo autista que lo aleja de la realidad y que constituye desde siempre el arma preferida de Mariano Rajoy. Un fracaso estratégico, derivado de su pérdida de credibilidad y nula capacidad de diálogo que impide cualquier intento de acercamiento que rebaje el peligroso nivel de presión provocado por un desencuentro que degenera ya en enfrentamiento abierto.

Lo que me sorprendió entonces, y me vuelve a sorprender ahora, es la aquiescencia del señor Carreras con los límites impuestos a los depositarios del poder constituyente, el pueblo español, ante la necesidad de efectuar reformas contrarias a las normas europeas y que puedan vulnerar los derechos humanos, no sé si de los españoles o del resto de europeos. Una exigencia de reformas de la UE a España que ha amplificado las consecuencias brutales de la crisis y provocó la reforma constitucional pactada por PSOE y PP a espaldas del pueblo español, que blindó el techo de gasto consolidando una desigualdad vergonzante en Españadesigualdad. 

Un magreo constitucional ejecutado bajo la presión de poderes ¿legítimos? por el comando reformador que hizo volar por los aires los requisitos constitucionales ahora exigidos de forma exquisitamente rigurosa en el conflicto catalán.

La Constitución de 1978, consensuada con un arma apuntando a las sienes de la incipiente democracia, fue un éxito a pesar de sus lagunas, imperfecciones, deficiencias y concesiones al viejo sistema. Aquellos padres constitucionales fueron artífices del mejor consenso posible. Cualquier otra alternativa en aquellas circunstancias hubiera sido peor, como se demostró años más tarde con el intento de golpe de Estado.

Hoy, cuarenta años después, no creo que sea un anatema afirmar que la Constitución aprieta en algunos aspectos, con el riesgo de romper sus costuras en el tema territorial del conflicto catalán. No sé si será tarde, pero la reedición de un nuevo consenso solo puede hacerse con medidas legislativas valientes, honestas y contando con un requisito fundamental: el compromiso de lealtad recíproca de las partes, inexistente en estos momentos.

El actual bloqueo constitucional en el tema territorial de Cataluña, basado en la absoluta ausencia de diálogo entre las partes implicadas, lo que pone de manifiesto es la incapacidad de las mismas para llegar –en mejores circunstancias que hace 40 años– a un nuevo consenso que logre el reencaje constitucional y territorial definitivo de España. De fracasar en esta ocasión el acuerdo quedarían en evidencia las carencias básicas de nuestros representantes. Unos políticos que, incapaces de lograr un acuerdo demandado por muchos ciudadanos catalanes –independentistas o no– y no catalanes –entre los que me incluyo–, los haría acreedores del único calificativo, probablemente es lo que son... mediocres.

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Amador Ramos Martos es socio de infoLibre