Intolerable

Después de la ofensiva llevada a cabo por medio de la vía judicial y sobre todo por el envío de la Guardia Civil y Policía Nacional – con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos – para reprimir todo acto de protesta; después de la detención de los dirigentes de la ANC y Ómnium, el Gobierno central decide dar un paso más –con el constante apoyo del PSOE y Ciudadanos– pidiendo al Senado la autorización de aplicar la intervención completa de Cataluña, asumiendo su control, después de haber destituido a los actuales gobernantes de la Generalitat, el propio Mariano Rajoy. Con esto, el PP finalizará así su ofensiva golpista comenzada en vísperas del 1-O.

Con tal demostración de fuerza, el PP está haciendo la demostración, por si alguien tuviera dudas todavía, de que no tienen el mínimo reparo en utilizar el aparato de Estado para recortar libertades y reprimir toda veleidad de contestación dirigida en contra de su política. Demostración de fuerza que ya lleva utilizando, con igual o mayor violencia, desde hace una década en contra de la clase trabajadora en su conjunto.

Decenas de miles de trabajadoras y trabajadores han sido y son reprimidos por ejercer su derecho a la huelga, por movilizarse en contra de los recortes, de las privatizaciones en el sector público, de la precarización y del empobrecimiento que a medida que pasa el tiempo gana cada vez más terreno entre las clases populares.

Esta escalada que representa el famoso artículo 155 de la constitución, PP, PSOE y Ciudadanos la justifican presentándose como los garantes de la democracia, de la ley y de la igualdad. En lo que se trata de los dos primeros –el último aún no ha tenido la oportunidad de hacerlo– lo menos que se puede decir es que no se atragantan con su cinismo. Sin tan siquiera pensarlo, han estado utilizando, alternativamente, el aparato de Estado: Justicia, Parlamento, medios de comunicación, voceros y políticos a sueldo, para tapar sus vergüenzas.

Este conflicto catalán, que se hubiese resuelto simplemente acordando el derecho democrático de decidir mediante un referéndum, como lo deseaban millones de catalanes, se ha transformado en un pulso para humillar a esos millones de catalanes en nombre de la sacrosanta Constitución, Constitución que cambian a la torera sin despeinarse y sin consultarlo con nadie, cuando les conviene.

Si no cabe la menor duda de que es necesario rebelarse en contra de la acción golpista que implica la aplicación del artículo 155 en Cataluña y reclamar la libertad para los detenidos, creer que la hipotética República catalana propuesta por Puigdemont y Junqueras sería la panacea, es olvidar, que éstos, como lo han hecho en el pasado Pujol o Mas, no dudarán en aliarse con el Gobierno central de turno cuando lo necesiten, para imponer a la clase trabajadora su dictado, incluso empleando a los Mossos d’Esquadra como ya lo han hecho, por ejemplo, durante el 15-M.

Los dirigentes nacionalistas catalanes encabezando el Gobierno de la Generalitat no se diferencian de los demás dirigentes políticos al servicio exclusivamente de su principal empleador: la burguesía. Su papel principal consiste en salvaguardar prioritariamente el interés de su empleador y una vez cumplido con este objetivo, lo que pueda ocurrir a las clases populares les importa un pepino.

La clase trabajadora debe ser consciente que cualquiera que sea el régimen político bajo el que se encuentre y cualquiera sea su nacionalidad, mientras los medios de producción estén en las manos de la burguesía, no le quedará más remedio que anteponer su independencia de clase y sus propias reivindicaciones para oponerse a la apisonadora que es el capitalismo. _______________

Mario Diego es socio de infoLibre