Que cada palo aguante su vela

Salvo Vox y el PP, cuando no saben qué hacer, y Ciudadanos, unas veces sí y otras no, todo el mundo tiene claro que España es un Estado formado por distintas comunidades autónomas, a las que la Constitución otorga una serie de competencias que conducen a la gobernanza del país. Hay que decir también que algunos, aunque lo tengan claro, no lo admiten.

Cuando en febrero de este año nos vimos atacados por este maldito virus, todos esos defensores del Estado de las autonomías se volvieron hacia el Gobierno central para decir: “¿qué hacemos?” .

Digo bien, los defensores del Estado de las autonomías, ya que Urkullu y Torra lo que pedían es libertad de acción, no querían que el Gobierno central se inmiscuyera en sus decisiones; eso sí, recibiendo todo el apoyo económico que fuera necesario.

Inicialmente, antes de tener tasado lo que el virus iba a significar, desde el punto de vista sanitario, pero sobre todo desde el punto de vista económico, todos se pusieron al lado del Gobierno, argumentando que, en estas circunstancias, había que apoyarlo sin reservas y que había que mantener la unidad ante la pandemia.

El virus fue avanzando y la crisis económica fue enseñando sus voraces fauces; las tesis neoliberales se fueron diluyendo y aquellos que en época de bonanza reclaman la nula o mínima intervención estatal en la economía, ahora reclamaban incesantemente ayudas para mantener los puestos de trabajo y las empresas abiertas; eso sí, sin que sus impuestos se vieran penalizados, es decir, sin que sus beneficios se vieran mermados. En definitiva, lo que siempre piden los neoliberales, hay que nacionalizar las pérdidas y privatizar las ganancias. Pues bien, teniendo en cuenta que lo que pedían era absolutamente imposible de conceder en su totalidad, la derecha española se repiensa muy bien eso del apoyo incondicional, ya que si lo hace no podrá reprochar más tarde la deuda que, sin duda, se va a producir, y se empieza a poner de perfil. Cuestiona el Estado de Alarma, que en un principio había considerado indispensable, empieza a sugerir que existen leyes que permiten el control de la pandemia sin necesidad de prorrogar esta situación extraordinaria –más tarde los jueces se están encargando de demostrar lo contrario– y arremete, una y otra vez, contra todo el Gobierno, en un ejemplo de deslealtad que pasará a la historia; acusando desde incompetentes –discutible– hasta asesinos –miserable– incitando, en algunos casos, incluso a la desobediencia civil (recordemos las caceroladas y manifestaciones en los barrios más privilegiados de Madrid).

Cuando el estado de alarma llega a su fin, después de haber sobrevivido gracias, sobre todo, a los votos de Ciudadanos que, en un alarde, no sé muy bien si de responsabilidad o de conveniencia, apoyan al gobierno sin exigir demasiadas contraprestaciones. Cosa, esta de las contraprestaciones, como pedían algunos partidos para apoyar las sucesivas prórrogas del estado de alarma, que me parece absolutamente vergonzosa, te apoyo a cambio de, y si no me lo das no te apoyo aunque esto sea un perjuicio serio para España. Y las desescalada se inicia, la presión hacia el gobierno central disminuye y son, ahora, los gobiernos autonómicos los que ya, sin ninguna duda, se responsabilizan del control.

De pronto, antes de lo previsto, nos empezamos a encontrar con, lo que parece, una segunda oleada del virus; en general, hemos bajado la guardia y el virus sigue ahí. Ahora, de nuevo todos se vuelven hacia el Gobierno central y reclaman liderazgo; algo así como, yo hago lo que quiero, pero si me equivoco tú tendrás la culpa. Y el Gobierno central, en mi opinión, muy acertadamente, convoca una reunión de todos los responsables de la sanidad de las distintas administraciones autonómicas y se llega a una serie de acuerdos generales para aplicar en todas las autonomías, pero queda en el aire todo aquello que, de alguna manera, implica a la libertad en algunos aspectos, sobre todo a la libertad de movimiento.

Así que el Gobierno central, por boca de su presidente, viene a decir que cada palo aguante su vela, que si, en su momento, alguien se ha quejado de la aplicación del estado de alarma, que no se preocupe que no se volverá a producir si ese alguien no lo pide. En resumen, ahora las comunidades atónomas se van a tener que mojar y asumir su responsabilidad si, en algún momento, tienen que confinar a toda o a parte de su población. Si se quiere Estado de las autonomías, se ha de querer con todas las consecuencias. Apoyo del Gobierno central, sí; que el Gobierno central se convierta, como se dice en mi pueblo, en el “capacico de las hostias”, no. Lo dicho, que cada palo aguante su vela.

José Ramón Berné Marín es socio de infoLibre