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Pérdida de confianza

Publicada el 08/04/2021 a las 06:00

En 1991, se producía la renovación del tercer gobierno socialista de Felipe González que inició su andadura tras las elecciones generales de 1989. El nuevo gabinete ministerial contaba con la presencia de Julián García Valverde, como Ministro de Sanidad y Consumo. Acudí a su presentación al ministerio en Madrid. Había mucha gente, especialmente funcionarios del ministerio, quienes al final, comentaban el discurso del nuevo ministro. Me quedé con un comentario, por lo jocoso, relevante, oportuno y veraz, hecho por un ujier del ministerio: “Otro interino”. No le faltaba razón ya que sólo él y el resto de compañeros funcionarios del ministerio eran fijos y más aún cuando, nueve meses después, el ministro fue cesado. Desde entonces, colgué en los tres despachos de las tres provincias en las que ejercí como director provincial, un pequeño cartelito que decía: “Estoy de paso, soy interino”. Consciente de que en cualquier momento puedo ser cesado, “agradeciéndome los servicios prestados”.
Resulta complicado, en tiempos de turbulencias y del ejercicio de la política bajo el signo del cinismo, la mentira y el insulto, explicar lo obvio o aclarar cuáles son las competencias del presidente de Gobierno y ministros en el nombramiento y cese de los altos cargos de los departamentos ministeriales.

Ni el presidente ni los ministros tienen que dar cuenta de las razones que les ha llevado al nombramiento o cese de tal o cual persona en los diferentes niveles de responsabilidad en la administración del Estado. Los nombramientos, por supuesto, se hacen bajo el prisma de la confianza, tanto personal como profesional para la puesta en marcha de un proyecto que previamente ha sido legitimado por las urnas. Tanto el presidente del Gobierno como sus ministros se la juegan en el acierto, o no, de sus nombramientos porque las consecuencias de los actos derivados de los altos cargos tienen que ser asumidos (para bien o para mal) políticamente por quien los nombró. No hace falta recordar episodios tristes vividos en este país, como lo fue, por ejemplo, el del corrupto y miserable Director de la Guardia Civil, Luis Roldán, que provocó la dimisión del ministro del interior, Antoni Asunción.

A lo largo de los 43 años de democracia, con gobiernos del PP, PSOE, en el ámbito estatal, y gobiernos de signo nacionalista en las comunidades autónomas, se han producido miles de nombramientos y ceses de altos cargos. No recuerdo una repercusión tan mediática, ni tanto ensañamiento político ni la judicialización (¡!) de un cese como está ocurriendo en estos días con el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por pérdida de confianza (conviene recordar que Pérez de los Cobos, ha sido uno de los pocos altos cargos que no fueron relevados, en su momento, por el nuevo ejecutivo del Gobierno de coalición). Es decir, por la misma razón que le llevó al gobierno de Rajoy a su nombramiento, la confianza. Ésta, había decaído, como habían decaído las de los miles de altos cargos que a lo largo de 43 años han ocurrido, sin ruido, sin estridencias, sin soflamas patrióticas.

El problema es que ahora tenemos a Vox, que entiende la política y los nombramientos como un estado militarizado, como en la época de Franco, y un PP, que fue gobierno (y como tal nombró y cesó cientos de altos cargos) y aspira a volver a dirigir el país, pero que esta vez va de la mano de Vox. El problema también es que una parte importante de los medios de comunicación ha convertido la “información” política en un circo, en un reality show, cuando no acuden directamente a la difusión de bulos o, a crearlos deliberadamente, como es el caso de OK Diario.

Si grave es la atmósfera política creada en torno a este cese, más grave e incomprensible, si cabe, es la judicialización de la política e incluso la ideologización de la misma. La jueza Carmen Rodríguez Medel, decidió investigar si el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos se ha producido por la elaboración de un informe sobre el 8/M (que para mayor esperpento, al parecer está plagado de inexactitudes, tergiversaciones, falsedades y “corta y pega” de la prensa amarilla como Ok Diario). La jueza siguió adelante, con lo que nos encontramos ante una clara injerencia del Poder Judicial en el Ejecutivo, en cuanto a una de sus competencias exclusivas, como lo es el de los nombramientos y ceses de cargos de confianza. Una vuelta de tuerca más en este lodazal que no respeta ni a las víctimas mortales de la pandemia ni a las consecuencias de la crisis económica que se nos viene encima.

Finalmente, el juez de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, Celestino Salgado, dictó la sentencia que anula la destitución del Coronel Diego Pérez de los Cobos, como jefe de la Guardia Civil en Madrid y ordena a Interior restituirlo en ese puesto. Alega en su motivación que tal destitución “fue ilegal”. Por su parte, Interior ha anunciado que recurrirá dicha sentencia.

Más vale que lo haga y se anule dicha esperpéntica sentencia porque de lo contrario, ni en este país, ni en las comunidades autónomas se podrá relevar a ningún alto cargo de dichas administraciones. Los actuales altos cargos del gobierno de coalición no podrán ser cesados en un hipotético futuro gobierno del PP, ni los actuales altos cargos de Andalucía, por ejemplo, podrán ser relevados por un hipotético gobierno progresista. Es más, la nueva vicepresidenta Yolanda Díez que está pensando en los nuevos nombramientos de sus altos cargos de confianza podrá enfrentarse a contenciosos-administrativos que pudieran presentarle los altos cargos que inevitablemente tendrá que proceder a cesarlos para ser sustituidos por otros de su confianza. Kafkiano, por no decir patético.

De esperpento en esperpento, Vox presentó una querella criminal contra Fernando Simón como responsable de las víctimas del covid-19 por haber autorizado la marcha del 8/M del 2020 (la ignorancia política de Vox no toma en cuenta que Simón no es quien autorizó marcha alguna, no es su competencia). En Francia, el presidente Emmanuel Macron, celebró la primera vuelta de las elecciones municipales en plena pandemia (un error del que lógicamente se ha arrepentido) pero a nadie se le ha ocurrido presentar una querella criminal contra él por los más de 28.000 muertos que sufrió Francia por aquellos días, ni siquiera el partido de extrema derecha, homólogo de vox, el Frente Nacional… pero esto es España.

El ministro Grande-Marlaska se equivocó al intentar dar cuenta a la prensa y al Parlamento sobre las razones del cese. Con ello, sólo alimentó la voracidad insaciable de los que practican el “cuanto peor, mejor”. Se puede pedir la dimisión de Marlasca por cualquier aspecto negativo derivado de su acción política, pero en ningún caso por su derecho a nombrar/cesar al personal de su confianza.

Mientras en el resto de Europa, gobiernos y oposiciones arriman el hombre para rescatar a sus respectivos países del desastre económico que va a dejar la pandemia, en el Congreso de los Diputados español, la representante de Vox brama: “Queremos ver a Grande-Marlasca, engrilletado por la Guardia Civil, váyase señor ministro y devuélvanos a nuestro coronel”. ¡¡Qué miedo!!

 

Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre

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