Sánchez anuncia la inminente aprobación de dos decretos ley en materia de impuestos para reforzar la credibilidad de su plan presupuestario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió este jueves en Bruselas en asegurar que la respuesta que su Gobierno ha recibido de la Comisión Europea a su plan presupuestario es favorable.

Sánchez restó importancia a la carta de respuesta que el gobierno comunitario le ha entregado —en la que considera “muy difícil evaluar su impacto presupuestario y señala algunos riesgos de aplicación de los objetivos— e instó a los periodistas a compararla con las que la Comisión remitió al Gobierno de Mariano Rajoy en años precedentes, también en relación al proyecto presupuestario.

La carta pide aclaraciones al Gobierno sobre los detalles del borrador presupuestario para 2019 y su mera existencia, según normas europeas citadas por Europa Press, implica que los servicios del Ejecutivo comunitario han detectado un "riego particularmente grave de no cumplimiento".

Pero según fuentes de La Moncloa la carta —que no llegará hasta el viernes a mediodía— sólo pide "aclaraciones" y "detalles técnicos". No la consideran ni una "advertencia" ni una "llamada de atención". También han señalado que el Gobierno tiene "tranquilidad absoluta" por esta cuestión, especialmente después de que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, saliese con una impresión positiva del presupuesto español tras su reunió bilateral con Pedro Sánchez.

Para reforzar su compromiso con Bruselas, Sánchez anunció que este mismo viernes el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar dos decretos en materia fiscal. “Si queremos justicia social necesitamos justicia fiscal”. “Plantearemos sendos reales decretos ley” con “las iniciativa fiscales necesarias para lograr esos ingresos públicos que nos permitan lograr esa cohesión social y cumplir con nuestros objetivos de déficit público y de deuda pública. Este es el planteamiento, que nosotros vamos a cumplir con nuestros objetivos de déficit y de deuda pública, y vamos a cumplir también con nuestro compromiso de redistribuir el crecimiento económico”.

Fuentes de la Moncloa confirmaron posteriormente que los decretos ley que examinará este viernes el Consejo de Ministros, todavía en fase de anteproyecto, son los de creación del impuesto sobre los servicios digitales —popularmente conocido como tasa Google— y el de creación del impuesto sobre transacciones financieras —a su vez conocido como tasa Tobin—. El Gobierno también abordará un anteproyecto de ley de lucha contra fraude fiscal. Las tres iniciativas son esenciales para dar soporte a los ingresos presupuestarios con los que el Ejecutivo quiere construir sus políticas para el año próximo, tanto en materia de redistribución económica como en lo que se refiere al cumplimiento de los compromisos de déficit y deuda pactados con Bruselas. 

De acuerdo con el plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas, el nuevo impuesto a los servicios digitales gravará con un 5% la actividad de las multinacionales tecnológicas que facturen al menos tres millones de euros en España y 750 en el resto del mundo. Se liquidara trimestralmente y la base imponible serán los ingresos por publicidad online, los de intermediación online y los procedentes de la venta de datos generados a partir de la información proporcionada por los clientes.   

El de transacciones financieras tendrá un tipo del 0,2% y gravará las operaciones de compraventa de acciones españolas de empresas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones, lo que pone en el punto de mira a algo más de sesenta compañías.

Por su parte, la nueva norma contra el fraude incluirá, entre otras medidas, la limitación del uso de efectivo a 1.000 euros cuando una de las partes no sea un particular, reforzará la lista de morosos con Hacienda y prohibirá las amnistías fiscales.

Superávit primario

Aunque a los “ultraconservadores” españoles no les guste, señaló el presidente en su comparecencia desde Bruselas en referencia al PP y a Ciudadanos, “es una propuesta política y presupuestaria que por primera vez en doce años recogerá el superávit primario de la economía española” que rebaja“el déficit estructural y la deuda pública. Y que al mismo tiempo reconstruye parte del bienestar dañado por la política equivocada del Gobierno anterior”.

El análisis del Ejecutivo comunitario en el caso concreto del plan presupuestario español se centra en averiguar si cumple con el esfuerzo estructural que se exige a España para el próximo año. La senda de consolidación fiscal obliga a adoptar ajustes estructurales equivalentes al 0,65% del PIB, pero el borrador incluye un ajuste del 0,4%, utilizando la flexibilidad que permiten las reglas (dividir medio punto porcentual del esfuerzo en dos años).

Por tanto, el ajuste entraría dentro de lo aceptable según lo estipulado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero antes el Ejecutivo comunitario debe comprobar que efectivamente las medidas anunciadas por el Gobierno suponen efectivamente un esfuerzo compatible con las reglas.

El envío de la carta es el primer paso dentro del procedimiento después de que todos los gobiernos de la zona euro remitiesen el pasado lunes sus borradores presupuestarios para 2019. Bruselas dispone de un plazo de una semana (hasta el lunes) para pedir aclaraciones a aquellas capitales cuyos planes generan dudas, pero esto no significa que vaya a rechazar las cuentas.

Esto ocurriría únicamente si las aclaraciones que remita el Gobierno siguen sin convencer al comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici. En ese caso, se enviaría una segunda carta en la que Bruselas reclamaría un nuevo presupuesto en un plazo de tres semanas.