El teletrabajo de los funcionarios no podrá ser del 100% de la jornada laboral y tendrá que negociarse con cada administración pública

La negociación entre el Gobierno y las centrales sindicales para llevar el teletrabajo al sector público, una urgencia marcada por la crisis sanitaria del covid-19, ha formalmente terminado, a falta de su ratificación a comienzos de la semana que viene en la Mesa General de las Administraciones Públicas, según ha podido saber infoLibre. Según fuentes gubernamentales, oficialmente "la negociación va muy bien y las discusiones continúan", pero otras partes afirman que el grueso de las conversaciones ya se ha cerrado. En este caso se trata del Ministerio de Políticas Territoriales y Función Pública, cuya ministra es la canaria Carolina Darias. 

El teletrabajo del personal funcionario, si nada cambia, será voluntario y revocable, y además no se considerará "ordinario", es decir, que la jornada de trabajo a distancia no podrá ser del 100%; el ratio de horas en remoto y de horas en la oficina tendrá que negociarse entre cada Administración Pública (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, ayuntamientos, diputaciones, universidades...) y las secciones sindicales. Afecta a todo el personal laboral, uno de los puntos que habían suscitado más polémica en las últimas semanas y que queda así resuelto. 

Cada administración competente interpretará qué tipo de trabajos pueden ejercerse a distancia y cuáles no, dentro de la negociación que tendrá lugar entre las partes ("no es lo mismo alguien que está en una oficina que un profesor, y dentro de la educación no es lo mismo la primaria que la universidad", recuerdan los consultados). Será revocable, esto es, que el beneficiario podrá decidir interrumpir el teletrabajo si así lo considera. 

El Gobierno pretende así garantizar la correcta prestación de los servicios públicos. El trabajo en remoto se combinará siempre la asistencialidad al puesto de trabajo al no ser considerado "ordinario". Y la administración correspondiente facilitará los medios tecnológicos necesarios a los empleados públicos para que puedan desempeñar su labor, como adelantó infoLibre el martes pasado.

No existe un baremo de horas

¿Cuántas horas se podrá ejercer a distancia y cuántas presencialmente? La reforma del Estatuto Básico del Empleado Público no contempla ningún baremo y deja la decisión al albur de la negociación entre el personal y cada administración. La jornada laboral podrá cuantificarse semanal o diariamente, en función de las necesidades de los empleados públicos. Lo único seguro es que quienes opten por esta vía no podrán teletrabajar totalmente, esto es, que tendrán que acudir a la oficina.

Para las partes en liza, no solo se trata de regular el teletrabajo en plena pandemia sino de ir más allá y consolidar una opción "estable" incluso cuando los contagios remitan, en fecha todavía desconocida. Y se introducen novedades relacionadas con la tecnología, como el derecho a la desconexión digital o el derecho a la intimidad, ambos supuestamente amenazados por la mala praxis del trabajo a distancia, aseguran varias personas.  

Según Míriam Pinillos, responsable de Políticas Públicas de CCOO, es necesario un refuerzo de la plantilla para garantizar el teletrabajo de la mejor manera posible. "Quedan aspectos que clarificar, como por ejemplo la regulación negociada de las circunstancias excepcionales", resalta Pinillos. "Necesitamos que se inicie inmediatamente la negociación de los Presupuestos Generales para 2021 y un acuerdo para la mejora del empleo". Para esta sindicalista se ha conseguido la garantía de que habrá una "prestación presencial de los servicios públicos a la ciudadanía" conservando "todos los derechos" del personal. 

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En paralelo tiene lugar otra negociación entre el Gobierno y los agentes sociales: la reforma del Estatuto de los Trabajadores para desarrollar una ley que abarque a todas las empresas privadas. Se desconoce de momento los detalles de estas últimas conversaciones en las que el Ministerio de Trabajo negocia en nombre del Ejecutivo Central.

La inclusión del personal laboral (muy potente en el ámbito universitario) dentro de la reforma del Estatuto Básico era otro de los puntos calientes, finalmente resuelto. Las conversaciones comenzaron durante el confinamiento y continuaron cuando se relajaron las medidas, una vez superado el estado de alarma que duró aproximadamente tres meses.