El giro de la política migratoria griega

Desde la llegada al poder en Grecia del partido de la izquierda radical Syriza, la nueva política migratoria y de integración puesta en marcha es única en Europa: se han cerrado los centros de detención, mejorado las condiciones de vida de los demandantes de asilo, concedido la nacionalidad de los nacidos en territorio griego. Mientras la mayor parte de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros ven a los extranjeros como una amenaza y aprueban legislaciones restrictivas para impedir su llegada, Syriza ha convertido en una prioridad mostrar hospitalidad a los inmigrantes.

Mas allá de las promesas, las políticas puestas en marcha por el partido de la izquierda radical suponen un giro de 180 grados si se comparan con las llevadas a cabo los últimos tres años por la derecha de Antonis Samarás, que erigió un muro a orillas del río Evros, en la frontera con Turquía.

A pesar de que todavía es demasiado pronto para medir su alcance, este viraje político –que aumenta las esperanzas de los inmigrantes y de las organizaciones que trabajan en su defensa– inquieta sin embargo a los jefes de Estado de los países vecinos por una razón principal: Grecia es una de las principales puertas de entrada a la UE. Según Frontex, la Agencia Europea de Vigilancia de Fronteras, 50.000 personas llegaron de forma irregular a través de esta ruta oriental en 2014, lo que representa casi un 20% de las “entradas ilegales”. Temen que la reforma tenga un “efecto llamada” y desestabilice el viejo continente.

La ambición del Gobierno de Tsipras es, por un lado, poner fin a los disparates, a las injusticias y a los abusos que han reinado hasta la fecha y que han derivado en múltiples condenas de la Tribunal Europeo de Derechos del Humanos y, por otro lado, mejorar la integración en la sociedad de la población inmigrante. Esta cuestión abarca varias realidades como la que ataque a las personas llegadas en los años 90, que hablan griego, tuvieron hijos en el país y no tienen intenciones de irse (entre ellos, albaneses, búlgaros, pero también afganos, pakistaníes y, a partir del año 2000, inmigrantes de origen africano) y, por otro lado, la realidad de los extranjeros llegados recientemente (especialmente sirios, somalíes y eritreos) que no hablan la lengua y, en su mayoría, tratan de llegar a otros países de la Unión Europea.

La nueva política se basa en el cierre de los centros de detención, donde permanecen retenidos varios miles de inmigrantes en situación irregular hasta un máximo de 18 meses. Alexis Tsipras hizo una promesa estrella durante su campaña electoral. Si bien las barreras no han desaparecido de manera inmediata, la puesta en marcha de esta medida, inédita en Europa, está siendo progresiva. En febrero de 2015, el Gobierno anunció la “liberación inmediata” de los demandantes de asilo (retenidos de manera ilegal en cumplimiento de la legislación europea) y de las personas “vulnerables” (familias, niños, menores no acompañados, mujeres embarazadas, víctimas de violencia, enfermos y ancianos). Se prevé trasladarles a “centros de acogida”. Las personas que lleven enfermas más de seis meses también tendrán prioridad. Los demás serán puestos en libertad a medida que las nuevas políticas se vayan aplicando. Además, se han establecido dispositivos alternativos a la retención.

El centro de Amygdaleza –en los suburbios, al norte de Atenas, formado por decenas de contenedores y convertido en un símbolo de las condiciones inhumanas de reclusión, sobre todo tras la muerte de los que allí detenidos– será clausurado definitivamente “por razones humanitarias, políticas y simbólicas”. Un millar de personas permanecían hasta la fecha hacinadas, maltratadas y desnutridas, según las ONG que trabajan en el lugar.

Para evitar que las personas que quedan en libertad terminen convirtiéndose en personas sin hogar, el Gobierno prepara “la transformación de los centros de detención restantes en centros de acogida abiertos”. En otras palabras, se habilitarán cientos de plazas de albergue. A día de hoy, existen cuatro grandes centros de retención en Corinthe, Amygdaleza, Xanthi y Drama, creados y ampliados bajo la presión de los socios europeos.

La oficina griega del Alto Comisariado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) ha celebrado la puesta en marcha de este tipo de medidas. “Cooperamos estrechamente con las autoridades competentes en la materia”, afirmó uno de sus responsables, Kitty Kehayioylou. El vicepresidente de la Liga Helénica para los Derechos Humanos (LDH), Dimitris Christopoulos, ahora colaborador del Ministerio del Interior y que también está presente en las discusiones sobre políticas migratorias que se mantienen con las instituciones europeas, manifiesta a Mediapart su satisfacción: “Las propuestas por las que hace años que luchamos han sido completamente asumidas por el nuevo Gobierno”. Según Christopoulos, la acogida de los inmigrantes y el trato que se les dispensa no van a cambiar. “El objetivo es acabar con los centros de retención, que son inhumanos”, explica. "El centro de Amygdaleza cerrará a cal y canto, ya que pertenece a la Policía y no se puede modificar su estatus. Pero no se trata de abandonar a estas personas a su suerte, porque podría contribuir a empeorar el clima de tensión y fomentar el racismo. Debemos encontrar los medios para alojar a esta parte de la población. Los demás centros serán transformados en centros de acogida abiertos. Pero no hay que limitarse a esto, ¡solo afecta a 3.450 personas! Lo principal es proporcionar a los inmigrantes de Grecia la posibilidad de integrarse. Hasta la fecha, no se ha hecho nada por los inmigrantes sin papeles”.

¿Qué estatus se reservará a los inmigrantes antaño confinados? ¿Van a ser regularizados? ¿Qué pasará con los extranjeros irregulares que viven en el país? La cifra –entre 250.000 y 300.000 según estimaciones oficiales– se ha disparado con la crisis. La obtención del permiso de residencia (de una duración de dos o tres años en la mayoría de los casos) está condicionada al pago de los seguros sociales; aquellas personas que se quedaron sin empleo o que trabajaron en negro no pudieron renovar sus papeles. En los últimos años, algunos de los extranjeros con papeles terminaron por caer en la ilegalidad. “Lo que hicieron los gobiernos anteriores no es solo un política inhumana, se trata de una política contraproducente”, insiste Dimitris Christopoulos, profesor de Derecho en la Universidad Panteion de Atenas. El objetivo del Gobierno, que aún no se ha expresado de manera clara sobre el asunto, debe ser, “normalizar la situación de las personas que llevan años viviendo en Grecia. Y de quienes, por falta de autorización, no pueden viajar en el espacio Schengen.

El aspecto de la reforma referido a la integración, relativo al acceso a la ciudadanía de los hijos de inmigrantes, es el que se encuentra más avanzado. La viceministra de Políticas Migratorias (adscrito al Ministerio de Interior), Anastasia Christodoulopoulou, es una abogada, activista de largo recorrido en defensa de los inmigrantes. Asegura a Mediapart: “Mi país se encuentra actualmente en una situación económica que todo el mundo conoce. Sin embargo, con ayuda de los Fondos de Integración, haremos lo que esté en nuestra mano para fortalecer estas políticas. Además, nuestra prioridad es mejorar la gestión de esos fondos. [...] Por lo tanto, el primer proyecto de ley que el Ministerio va a presentar inmediatamente en el Parlamento griego –y cuando digo de inmediato, me refiero a las dos próximas semanas– conlleva el cambio del Código de Nacionalidad que permitirá la concesión de la nacionalidad a los hijos de inmigrantes que han nacido y crecido en nuestro país”.

La reforma del Código de Nacionalidad supone una pequeña revolución. Hasta ahora, el código griego se regía por la ley de sangre. La ley Ragoussi, llamada así por el ministro socialista que decidió someterla a votación en 2010, introdujo algunas modificaciones importantes. Permitía a los hijos de inmigrantes nacidos en territorio griego obtener, en su mayoría, la ciudadanía griega. Pero esta ley dejó de aplicarse con la llegada de la derecha al poder, en 2012, y fue derogada por el Consejo de Estado, en 2013. El Gobierno de Tsipras prevé someter a votación una nueva ley, que comparte el mismo espíritu, para que los hijos de los inmigrantes nacidos en suelo griego, que han ido al colegio en Grecia y que apenas tienen vínculos con sus respectivos países de origen de sus padres, obtengan la nacionalidad.

“Necesitamos que esta ley perdure, que no se trate una norma cambiante por capricho de una mayoría y que sea, realmente, aplicable”, advierte Nikos Odupitan, presidente de la asociación Generación 2.0, que lucha en Grecia por los derechos de los extranjeros de segunda generación. “Esto afecta por lo menos a 200.000-250.000 personas, si tenemos en cuenta las cifras dadas por Ministerio griego del Interior en 2008. Se trata de niños extranjeros nacidos en Grecia o de inmigrantes llegados durante su juventud y que han hecho su vida en el país”, defiende. El mismo Nikos Odupitan es un vivo ejemplo. Sus padres llegaron de Nigeria a finales de 1970, explica a Mediapart en un griego perfecto. “¡Hasta al año 2008, yo no tenía ni siquiera mis papeles! Ahora cuento con permiso de residencia valido durante 5 años, lo que supone que debo repetir cada cierto tiempo los mismos trámites para vivir legalmente en el país”, subraya.

¿Vamos a convertir el país en un campo de concentración para que la UE duerma tranquila?

Para hacer frente a la falta de recursos financieros y no permanecer aislados, los ideólogos de esta nueva política migratoria y de integración buscan la manera de implicar a la Unión Europea. El ministro de Defensa, Panos Kamménos, líder del partido soberanista y antiausteridad Griegos Independientes, siguió la estela del exlíder libio Gadafi y, sin ambages, en vísperas de una reunión del Eurogrupo amenazó con “inundar Europa de inmigrantes” si los dirigentes europeos no encontraban una solución rápida a la crisis de la deuda. “Se les otorgarán papeles válidos que les permitan circular en el espacio Schengen. De este modo, la marea humana podrá llegar sin dificultades a Berlín y si, entre estos inmigrantes hay yihadistas del Estado Islámico, tanto mejor”, espetó, con unas declaraciones que solo incitan al racismo.

La ministra de Inmigración, negándose al chantaje, hizo un llamamiento a los Estados miembros a asumir responsabilidades: “Alrededor de 70.000 personas, la mitad de ellas sirias, llegaron el año pasado a Grecia. Por tanto, son refugiados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a convertir el país en un campo de concentración para que la UE duerma tranquila? No, de ningún modo...”, zanja.

En lo que respecta a la gestión de las fronteras exteriores, un asunto que preocupa notablemente en Bruselas, la ministra echa balones fuera. “La vigilancia de las fronteras es competencia de la Policía griega, no mía”, recuerda. “Por otro lado, haremos lo conveniente para garantizar que el control de nuestras fronteras y las fronteras exteriores de la UE se lleva a cabo respetando la vida y la dignidad de los que tratan de cruzar sin papeles mediante el refuerzo de los centros de asilo y de los centros de primera acogida”.

En las fronteras con Turquía de momento nada ha cambiado. No se ha dado vía libre a los inmigrantes, al contrario de lo que señalan algunos responsables europeos para asustar a la opinión pública. Un portavoz de Frontex, Izabella Cooper, asegura que el dispositivo desplegado es idéntico. “Nuestro apoyo técnico es el mismo al inicialmente previsto [antes de la llegada de Syriza al poder] y precisa que hay un equipo formado por 10-15 personas que patrulla la frontera terrestre, “como refuerzo” de los policías nacionales y un “barco pesquero” y un avión de vigilancia, en el mar. Se perciben algunos signos de mejora. A orillas del río Evros, el muro de hormigón y de alambres de espino, dañados por las inclemencias meteorológicas, no se han reparado. El Gobierno de Tsipras se ha comprometido también a acabar con las prácticas ilegales de devolución de inmigrantes por parte de las fuerzas del orden, denunciadas por varias ONG.

La cuestión fronteriza tiene obcecada a Bruselas porque Grecia es un país de paso. Dimitris Christopoulos estima que entre 40.000 y 80.000 migrantes esperan alcanzar otros países europeos. La urgencia, en su opinión, es poner en marcha un mecanismo de registro: “No se puede enviar a estar personas a sus países de origen porque vienen de países en guerra y porque primero hay que identificarlos. Así que, en primer lugar, vamos a empezar por aplicar una ley de 2011 que permite posponer seis meses cualquier decisión administrativa que les concierna. Cualquier amenaza de expulsión queda suspendida y vamos a estudiar con las instituciones europeas cómo gestionar este asunto que es un problema europeo. Para estos inmigrantes, Grecia solo es un país de tránsito. ¿Podrán instalarse en Europa? Hasta la fecha, no tenían papeles y gozaban de cierta tolerancia por parte de las autoridades griegas. Ahora hay que compartir este fardo con los otros países europeos”.

Último aspecto de la reforma: el asilo. Muchos exiliados dudaban hasta ahora si solicitarlo en Grecia porque las posibilidades de conseguir el estatus de refugiado eran escasas y las condiciones de acogida, malas. Es verdad que debido a la presión continua ejercida por las ONG y las instituciones europeas se han logrado progresos pero el recorrido que tiene por delante el país es largo. Se acaba de crear un servicio especial para el tratamiento de las demandas de asilo. Dispone de intérpretes y ya no depende de los servicios de Policía, a los que se inscribía inicialmente. “Hay que consolidar esta reforma y sacar el máximo partido a los Fondos Estructurales de la Unión Europea”, afirma el vicepresidente de la LDH griega. Es optimista, pero avisa: “Todo depende de un todo que es frágil. Estamos colgados de un contexto general, a la vez económico, político y europeo”.

Después de años en los que la tónica general ha sido la ausencia de gestión, este conjunto de medidas supone un avance para los inmigrantes, que tienen muchas esperanzas puestas en el Gobierno. Los primeros resultados ya son visibles, en un país marcado por numerosos actos racistas violentos. Aunque continúan siendo víctimas de actos xenófobos violentos, los extranjeros se estigmatizan menos en los discursos públicos. Que se materialicen o no estos cambios va a depender del pulso que mantengan, en el seno del Gobierno, el Ministerio de Inmigración y de Defensa, así como de la voluntad de Bruselas, importante fuente de financiación. Eso sí, no está claro que la Comisión Europea se vaya a lanzar a abordar la cuestión, habida cuenta de los temores expresados al más alto nivel. Tampoco es seguro que Dimítris Avramópoulos, el nuevo comisario responsable de Inmigración y Asuntos Interiores, miembro del partido de Nueva Democracia, trate de facilitar la labor de Alexis Tsipras.

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Traducción: Mariola Moreno

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