El fiscal de la Corte Penal Internacional tenía sociedades en paraísos fiscales

Mientras perseguía a los mayores criminales del planeta, el primer fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, contaba con sociedades offshore radicadas en Panamá y en las Islas Vírgenes británicas, dos de los paraísos fiscales más opacos del mundo, según los documentos obtenidos por Mediapart, socio editorial de infoLibre, y analizados por el consorcio European Investigative Collaborations (EIC).

Según los estatutos de la CPI, el fiscal jefe –cargo que Ocampo ocupó de 2003 a 2012– debe “gozar de una alta consideración moral”. Y lo que es más: “Ni el fiscal ni los fiscales adjuntos ejercen ninguna actividad que pueda resultar incompatible con sus funciones a la hora de abrir un proceso o que puedan poner en duda su independencia. No ejercen ninguna otra actividad de carácter profesional”. Una exigencia cuando menos incompatible con tener una sociedad offshore en el Trópico.

Y no es para menos: la CPI persigue a los peores asesinos en masa del planeta. Hombres y mujeres de alto rango, jefes de Estado, jefes militares, espías, todos ellos sospechosos de haber cometido atrocidades, ya sean crímenes contra la humanidad o genocidio. Para no verse en una situación de vulnerabilidad frente aquellos a los que acusan –y que a veces disponen de los medios de un Estado y de sus servicios de inteligencia para defenderse–, los investigadores deben estar por encima de cualquier sospecha. En la cúspide de esa pirámide se sitúa el fiscal.

 

Correo en el que Luis Moreno Ocampo y su mujer, Elvira Bulygin, se interesan por recuperar sus fondos.

El 15 de agosto de 2012, sólo hacía dos meses que Luis Moreno Ocampo había dejado su prestigioso cargo de primer fiscal de la CPI, en La Haya, cuando llegaron 50.000 dólares a su cuenta en el banco ABN Amro, en los Países Bajos. El dinero, que había pasado antes por una cuenta suiza, procede de una empresa denominada Tain Bay Corporation, domiciliada a miles de kilómetros de allí, en Panamá.

En los meses posteriores, el dinero continuó fluyendo. Al menos 120.000 dólares siguieron el mismo recorrido opaco: Panamá-Suiza-Países Bajos.

Según los documentos obtenidos por Mediapart en el marco de la investigacion Los secretos de la Corte, las dos personas que se ocultan detrás de la empresa Tain Bay son el propio fiscal Ocampo en persona y su mujer, Elvira Bulygin. Sin lugar a dudas, Ocampo, después de nueve años en la cima de la Justicia internacional, se dedica a recuperar parte de su fortuna puesta a buen recaudo.

Tain Bay no es la única sociedad pantalla del magistrado. Ocampo también estaba implicado en una empresa de las Islas Vírgenes británicas, en un negocio también secreto. Dicha empresa se denomina Yemana Trading y la gestiona, desde Panamá, el bufete Mossack & Fonseca, tristemente conocido por los llamados Papeles de Panamá.

La mujer de Ocampo era la beneficiaria económica de una tercera sociedad offshore, Lucia Entreprises Ltd., radicada en Belice, en América central, entre México y Guatemala y –sobre todo– otro temible paraíso fiscal, considerado en 2015 por la Unión Europea como uno de los peores del mundo. El exfiscal de la CPI no ignoraba nada de la empresa de su esposa: un documento bancario demuestra que ingresó en septiembre de 2012, desde su cuenta personal, la suma de 15.000 euros a Lucia Entreprises Ltd.

La pregunta que cabe hacerse sobre Ocampo, el rostro más conocido de la CPI, es: ¿por qué el fiscal ocultó sus empresas en paraísos fiscales del mundo y de dónde procedía el dinero?

Plazas financieras como Panamá y las Islas Vírgenes británicas figuran entre los lugares más seguros del planeta para ocultar dinero escondido o para evadir impuestos. Las autoridades de estos dos países son conocidos por guardar el secreto sobre la identidad real de los beneficiarios económicos de empresas domiciliados en ellos y por ser muy reticentes a compartir información (financiera o judicial) con otros Estados. Agujeros negros, en suma.

Lo peor es que, probablemente, Ocampo no puede ignorarlo para sí mismo. Antes de ser nombrado, en 2003, fiscal jefe de la CPI, se había construido una sólida reputación de militante anticorrupción, en primer lugar como magistrado en Argentina y después como presidente de la ONG Transparencia Internacional en América Latina.

Las dos sociedades offshore, Yemana Trading (Islas Vírgenes británicas) y Tain Bay (Panamá), contaban con una cuenta bancaria en Ginebra, en el seno de la filial suiza del Crédit Agricole, donde el exfiscal acudió personalmente en julio de 2013 para retirar 40.000 dólares en metálico. Hay que precisar que, cuatro años después de haber dejado la CPI, Ocampo contaba con un patrimonio oficial nada desdeñable: tenía una propiedad en La Haya valorada en 1,2 millones de euros, cinco viviendas en Argentina (donde nació) por importe de 2,2 millones de dólares y al menos un millón de dólares en el banco.

Varios correos cruzados entre Ocampo y el Crédit Agricole demuestran el cuidado que puso el fiscal, entonces en el cargo, para ocultar sus negocios, que imaginaba muy rentables, como se desprende de estos documentos.

Por ejemplo, el 21 de diciembre de 2009, días antes de Navidad, el fiscal jefe de la CPI escribe a su asesor en el Crédit Agricole: “Me gustaría encontrar un medio directo de comprar petróleo en enero”. Pero el banquero lo disuade. Para negociar petróleo bruto, Ocampo debe invertir al menos cinco millones de dólares, le responde. El banquero le recomienda apostar más bien por los fondos de inversión.

Ese día, los dos hombres hablaron de otro asunto, mucho más vergonzoso todavía. Por presión de la OCDE, las Islas Vírgenes han tenido que modificar su legislación para hacer más difícil, a partir del 31 de diciembre de 2009, el mantenimiento del anonimato de los beneficiarios económicos de las sociedades pantalla. El intercambio de correos entre Ocampo y su banquero revela que el fiscal, muy consciente de los riesgos de una legislación así, quiso desviar la atención de sus negocios. Y el tiempo apremiaba: las nuevas reglas entraban en vigor en sólo unos días.

“He contactado con el gerente de Yemana Trading en Mossack Fonseca”, le dice su banquero. Para disolver la compañía de las Islas Virgenes, Ocampo debe reenviar los “certificados originales” de propiedad a Mossack Fonseca, le explica. El fiscal le agradece la ayuda al asesor y se encarga de hacer todas las diligencias necesarias para alejar su empresa de las Islas Vírgenes y, con ello, alejar también el riesgo de exposición. “He hablado con la gente de Mossack Fonseca para abrir una sociedad en Panamá”, le dice Ocampo días después a su asesor del Crédit Agricole. “Me han dicho que podían hacerlo en 48 horas”, suspira, visiblemente aliviado.

 

Respuesta de Mossack Fonseca a Luis Moreno Ocampo.

El resultado es que la nueva normativa entró en vigor a principios de 2010 en las Islas Vírgenes y Yemana Trading quedaba desactivada.

Parece que Ocampo es un hombre que tiene muchas ambiciones… financieras. Cuando en junio de 2015 el exfiscal pone fin a las actividades de Tain Bay en Panamá, un empleado del Crédit Agricole le pregunta si quiere seguir utilizando los servicios del banco. Ocampo responde que primero desea “hacer unos millones adicionales”.

Preguntado el 25 de septiembre por el European Investigative Collaborations (EIC) sobre sus múltiples sociedades, durante un viaje a Londres, Luis Moreno Ocampo primero respondió: “No creo que sea asunto suyo […]. Son asuntos privados”. Antes de caer en explicaciones tan sorprendentes como confusas. “Durante mi mandato [en la CPI], el sueldo era insuficiente”, aseguró. Cabe precisar que el fiscal de la CPI percibía 150.000 euros netos al año, libres de impuestos.

“Las sociedades offshore no son ilegales […]. Pagué impuestos en Argentina hasta 2003. Cuando estaba en la CPI, pagué impuestos allí, pero podía tener dinero fuera. Tenía que protegerme en un país [Argentina] donde los bancos pueden decidir quedarse con tu dinero. Así que sí, tenía dinero fuera de Argentina. Pero comprueben mis cuentas, no ha habido ningún ingreso mientras estaba en la CPI. Ninguno”, dijo también el exresponsable de Transparencia Internacional.

El exfiscal intenta vincular sus actividades offshore exclusivamente con su pasado como próspero abogadooffshore: “Cómo gestioné mi dinero cuando era abogado en Argentina es algo que no les concierne”, replica. Los documentos obtenidos en el marco de esta investigación periodística muestran sin embargo que el fiscal de la CPI seguía ocupándose de sus negocios en los paraísos fiscales y que incluso se preocupó de que su nombre pudiese verse expuesto.

El exmagistrado jura no ser un evasor ni un defraudador fiscal, pero reconoce que no declaró nada de sus negocios offshore a la CPI. Su argumento es sorprendente: “No me preguntaron nada”.  

   

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Traducción: Mariola Moreno

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