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Macron trata de comprar la paz social

Emmanuel Macron, en su discurso televisado del lunes.

Romaric Godin | Ellen Salvi (Mediapart)

Su alocución era esperada. Hace varias días que ya se venía diciendo que era la última carta que le quedaba por jugar ante la movilización de los chalecos amarillos, que se encuentra ya en su cuarta semana de vida. Este lunes, Emmanuel Macron se dirigió a la nación desde el Elíseo para intentar poner fin a la crisis política y social que amenaza su mandato. El presidente de la República francesa optó por comenzar hablando en un tono marcial desde el primer instante. “Los acontecimientos de las últimas semanas, tanto en Francia como en el extranjero, han afectado profundamente a la nación”, declaró. “Han mezclado reivindicaciones legítimas con el encadenamiento inaceptable de actos de violencia y quiero decirlo sin medias tintas: dicha violencia no gozará de indulgencia”.

Cerrado el capítulo relativo a la seguridad, el jefe de Estado explicó que no “echa en el olvido” el “enfado” y la “indignación” que actualmente se recoge en las calles y que “muchos franceses pueden compartir”, dijo. “Este enfado es más profundo, puede ser nuestra oportunidad”, añadió. Tras reconocer, como ya hizo en septiembre, que ha podido “herir” con sus palabras, quiso responder a todos los que piden su “dimisión” y denuncian su “arrogancia”: “Mi única preocupación son ustedes; mi única lucha es por ustedes”, apuntó, asegurando haber “luchado por cambiar el sistema político existente, las costumbres y la hipocresía” precisamente por ellos.

Acto seguido, Emmanuel Macron presentó su batería de medidas, destinada a responder a las demandas sociales de los franceses. En su intento por disipar el descontento, ha querido salvaguardar sus reformas a largo plazo. Esta era la idea que varios economistas de su entorno, como Philippe Aghion y Gilbert Cette, le habían propuesto en los últimos días. Porque, de hecho, el presidente de la República se ha mantenido firme a la hora de mantener las reformas estructurales del pasado, incluida la supresión del impuesto sobre el patrimonio, y en su intención de llevar a cabo otras, empezando por las destinadas a los seguros de enfermedad y las pensiones. En todas las medidas adoptadas, su objetivo ha sido evitar que las empresas paguen.

¿Cuáles son estas medidas? Fundamentalmente son cuatro. En primer lugar, el aumento del salario mínimo en 100 euros “sin coste adicional para los empleadores”. Olivier Dussopt, secretario de Estado de la Función Pública, confirmó que esto supondría la aceleración del aumento del llamado bono de actividad previsto para 2020 y 2021, que se sumaría al aumento legal previsto para el 1 de enero. Pero podría haber medidas adicionales, ya que el mecanismo del bono de actividad es complejo y no afecta a todos los que perciben el salario mínimo. Por lo tanto, principalmente consiste en adelantar un aumento ya anunciado.

Este incremento de 70 euros respecto a la subida legal no supondrá, por tanto, un aumento del SMI francés, que se revalorizará en un 1,8%. Contrariamente a lo que ha dicho la ministra de Trabajo Muriel Pénicaud en France 2, este aumento de 100 euros no tendrá ningún impacto en otros salarios. La medida es claramente una medida a medias, ya que el bono de actividad no es un salario, sino una prestación social que depende de la renta global del hogar fiscal y que financian los contribuyentes. Y que, además, sólo se incrementará en un 0,3% este año y en 2020, lo que reducirá su valor real. Por lo tanto, el montante será, en última instancia, inferior a lo anunciado.

Segundo anuncio: horas extras libres de impuestos. Lo que supone recuperar la medida de Sarkozy aplicada de 2007 a 2012. Hasta ahora, el Gobierno sólo preveía una exención de las cotizaciones a la seguridad social. De ahora en adelante, la exención fiscal será completa, incluido el impuesto sobre la renta. Sin embargo, la exención fiscal del impuesto sobre la renta beneficiará principalmente a los empleados mejor pagados que hacen horas extras.

Ciertamente, esta medida aumentará el poder adquisitivo de los que realicen horas extras. Pero si bien concierne principalmente a los empleados más modestos (los jefes en su mayoría tienen otro tipo de contratos), sólo afecta a los que trabajan horas extraordinarias, es decir, al 40,3% de los empleados del sector privado. Por lo tanto, el 60% de los empleados pagarán por esta minoría, sin ver cómo mejora su poder adquisitivo. Con una incertidumbre: la medida estaba prevista para septiembre de 2019, ¿se acelerará? Aún no lo sabemos.

Tercer punto: los empresarios podrán pagar una prima excepcional, también libre de impuestos. Esta bonificación exenta de impuestos es una idea de la asociación de empresarios Ethic, apoyada por Xavier Bertrand, presidente de la región de Hauts-de-France. En la lógica del Gobierno y de sus promotores, tiene la ventaja de ofrecer un poder adquisitivo adicional a coste reducido y, sobre todo, de no ser obligatorio y voluntario. Por lo tanto, se limitaría a las empresas que “puedan” o quieran hacerlo. Por lo tanto, no tendría ningún impacto negativo en la competitividad. Con la salvedad de que este límite corre el riesgo de hacer ineficaz la medida al concentrar las primas en los empleados de las empresas que van bien y que tienen tendencia a repartir beneficios.

Por lo tanto, esta bonificación puede llegar en primer lugar a los que menos lo necesitan y olvidar a los que están sometidos a la presión del sueldo. Por no hablar de que el próximo año puede integrarse en las futuras negociaciones salariales y, por lo tanto, sustituir a parte del aumento salarial de 2019. Por lo tanto, es probable que el impacto sobre el poder adquisitivo sea fantasmagórico.

Financiación de las medidas

Por último, y quizás la medida más simbólica, el final del incremento en 1,7 puntos sobre las contribuciones sociales de los pensionistas con rentas fiscales de entre 1.200 y 2.000 euros. Si bien este anuncio compensaría la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones registrada en 2018, el Gobierno no ha revertido el pequeño aumento de todas las pensiones previsto para 2019 (0,3%, mientras que la inflación prevista en el proyecto de ley de finanzas es del 1,3%): los jubilados con ingresos inferiores a 2.000 euros verán reducido su poder adquisitivo por esta desindexación para 2019 y 2020. El regalo, por lo tanto, no es, una vez más, tan maravilloso como parece.

También hay que tener en cuenta que se tomará en consideración la renta fiscal de referencia, no las pensiones. Por lo tanto, es posible que los pensionistas que perciben una pensión de 2.000 euros pero que dispongan de otros ingresos no puedan beneficiarse de la medida. Como resultado, pagarán tanto por el aumento de las contribuciones como por la desindexación. Estos pensionistas ricosricos pagarán con ello un alto precio. Esto mientras Emmanuel Macron sigue sin querer implicar a los “más ricos”, a los que simplemente invitará a “reunirse” para contar con su participación, sin duda voluntaria, ya que el presidente de la República ha sido muy impreciso en la cuestión.

Por lo tanto, estos anuncios tenían por objeto preservar la oferta y el capital. ¿Quién pagará entonces la compra de la paz social? Probablemente lo sabremos tan pronto como el primer ministro presente las medidas en el Parlamento. Sin embargo, no puede descartarse que se supere el déficit presupuestario del 3% del PIB. Ya, tras el anuncio de la supresión de los impuestos sobre los carburantes, el nivel se había alcanzado. Sin embargo, las medidas anunciadas son costosas: 1.700 millones de euros adicionales para las horas extras libres de impuestos; 2.000 millones de euros más para el bono de trabajo anticipado; una cantidad indeterminada aún para la exención del aumento de las contribuciones. ¿De dónde van a salir estos fondos?

¿Se reducirá el déficit, como sugirió Philippe Aghion? Ante la Comisión Europea, el jefe de Estado pudo aprovechar el “estado de emergencia económica y social” declarado el lunes. Una fórmula ya utilizada por su predecesor, François Hollande, en enero de 2016, cuando Emmanuel Macron era ministro de Economía.

¿Se reducirá el “doble año del CICE [crédito de impuesto sobre la competitividad y el empleo, por sus siglas en francés]”, donde las reducciones en las contribuciones y el último pago del CICE son acumulativos, como propuso Gilbert Cette? Esta medida cuesta 0,9 puntos porcentuales del PIB para lograr un efecto económico nulo. Aquí es donde reside el margen de maniobra fiscal, pero ¿se atreverá el Ejecutivo a tocar en sus anuncios a las empresas que trata de proteger por doquier? Emmanuel Macron sólo dio una pista: prometió “controlar el gasto social”. ¿Debería ser visto como un anuncio de un plan de ahorro para reducir la factura? En este momento, nada es seguro y nadie en el Ministerio parecía tener una idea clara. “Lo que se necesitaba era enviar primero un mensaje fuerte, luego tendremos que estudiar las consecuencias presupuestarias en las próximas horas”, dice una fuente ministerial. Una cosa es segura: la factura será alta, si no se pone en marcha el cuestionamiento del doble año del CICE.

Desde el punto de vista institucional, otro de los temas centrales de las reivindicaciones de los chalecos amarillos, el jefe de Estado no anunció nada concreto. Se limitó a reiterar que se celebraría un “debate sin precedentes”, que él mismo “coordinaría”. “Este debate debe tener lugar en todas partes sobre el terreno. Me reuniré con los alcaldes región por región para liderar el nuevo contrato para la nación”, dijo, retomando un error que ya le ha costado muy caro: tratar todos los asuntos hasta en los más mínimos detalles, dejando muy poco margen de maniobra a quienes le rodean.

Mientras asume su “parte de responsabilidad”, Emmanuel Macron sigue convencido de que el malestar que se está expresando actualmente es el resultado de los últimos 40 años. Según él, se trata del “malestar de los trabajadores que ya no encuentran su camino”, del malestar de los “territorios, pueblos y barrios donde se reducen los servicios públicos y desaparece el entorno vital”, del “malestar democrático donde se desarrolla el sentimiento de no ser escuchados”, pero también del “malestar frente a los cambios de nuestra sociedad, de un laicismo sacudido y de unos modos de vida que crean barreras, distancias”.

Sin pronunciar nunca la palabra “ecología”, el presidente de la República aprovechó también su discurso para abordar un tema sobre el que la derecha y la extrema derecha lo habían acusado hasta entonces de permanecer demasiado callado. “También quiero que pongamos de acuerdo a la nación sobre su identidad profunda, para abordar el tema de la inmigración. Debemos hacerle frente”, dijo, retomando un asunto planteado ya por su ministro de Acción y Cuentas Públicas, Gérald Darmanin, quien desde hace varios días intenta desviar las reivindicaciones sociales hacia la cuestión identitaria. _______________

Traducción: Mariola Moreno

Un centenar de detenidos en el quinto sábado de manifestaciones de los 'chalecos amarillos'

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