La Administración del presidente estadounidense,
Donald Trump, aumentará las
medidas contra los padres que lleguen de forma ilegal a la
frontera con Estados Unidos y dejan a sus hijos bajo custodia, intensificando los esfuerzos para reforzar la
aplicación de la ley de inmigración, según han informado este lunes funcionarios estadounidenses.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, y Thomas Homan, director en funciones de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos,
han asegurado que
la política no era nueva y que el Gobierno estaba ampliando los procedimientos que ya estaban en marcha.
"Siempre hemos separado familias en dos situaciones, una cuando no podemos establecerlos como padres y ese niño está siendo víctima de trata", ha señalado Homan, añadiendo que los traficantes de inmigrantes en ocasiones
se hacen pasar por padres de niños que no son suyos. "La segunda situación se da cuando enjuiciamos", ha aseverado.
"La gente está muriendo tratando de
entrar a este país. Hay una forma correcta de hacerlo y una incorrecta", ha afirmado Homan, que ha anunciado que se retirará este año.
Sessions anunció en abril una política de "tolerancia cero" en la que aquellas
personas que entran a Estados Unidos de forma ilegal serían juzgados por un tribunal federal. Anteriormente, las personas detenidas que cruzaban la frontera ilegalmente a menudo eran expulsadas sin cargos criminales.
Una
persona detenida por la patrulla fronteriza y remitida a un tribunal federal para enfrentarse a cargos, es trasladada a la cárcel por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y cualquiera de sus hijos que viajan con ellos
quedan bajo custodia del Gobierno, según la Oficina de Reubicación de Refugiados.
"Si cumplimos con nuestro deber de enjuiciar a la mayoría de los casos, entonces
los niños inevitablemente se retendrán", ha afirmado Sessions.
Los defensores de la inmigración han asegurado que la separación de menores de sus padres han sucedido
durante meses. La Unión Americana de Libertades Civiles presentó una demanda en febrero para
impugnar la práctica.
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que habló bajo condición de anonimato, aseguró este lunes que la agencia había
firmado la política el viernes.
Las familias que buscan asilo deben convertirse en autoridades para
que su petición pueda ser procesada en lugar de intentar cruzar de forma ilegal, según el funcionario.
El DHS informó este lunes de que había habido alrededor de
30.000 derivaciones de enjuiciamiento desde el inicio del año fiscal de 2018 en octubre, en comparación con los 18.642 procesamientos de todo el año fiscal 2017.
