Sobran razones para recurrir la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional

Desde que el Gobierno pusiera en marcha al inicio de la legislatura su anunciada reforma de la Ley de Costas de 1988 (las únicas promesas electorales que el PP ha cumplido son las de destrucción ambiental), el MAGRAMA se ha aplicado con fruición a ensalzar las bondades de una reforma cuyos benéficos fines parece que sólo les son revelados a los ojos de unos pocos elegidos. El común de los mortales únicamente alcanzamos a vislumbrar la capacidad destructiva de una norma que atenta frontalmente contra la letra y el espíritu de nuestra Constitución.

No estamos ante una decisión menor del Gobierno. Es ésta una Ley que deja traslucir una posición ideológica muy nítida, la que coloca los intereses privados por encima del interés general, aquella que predica que los bienes públicos carecen de valor fuera del mercado, y por eso lo de menos es que haya de privarse a las generaciones venideras de su derecho a un Planeta vivo si ello sirve hoy para el enriquecimiento de algunos privilegiados.

Merece la pena que cada ciudadano repare en el valor de lo que le están quitando a él, a sus hijos, a los hijos de sus hijos…, porque otros ya están pensando en el precio de lo que han conseguido para sí y los suyos:

Una tramitación opaca y vergonzante

Proclamaba ufano el Ministro Arias Cañete en la fecha en que culminaba la tramitación de ésta, que “él las leyes las debate en el Parlamento”, al opinar sobre la acción de los activistas ambientales que se habían encaramado al tejado del Congreso de los Diputados para manifestar su oposición a la reforma de la Ley.

Lo que se guardó muy mucho en ocultar a los medios de comunicación, es que tanto el Gobierno como el Grupo Parlamentario Popular hicieron todo lo posible y lo imposible durante meses para coartar en algún caso, e impedir sin ambages en otros, la participación ciudadana en el proceso de elaboración de la misma. Hasta tal punto que directamente vetaron las comparecencias de expertos y de organizaciones en el Parlamento, después de ni siquiera molestarse en recabar una opinión científica previa sobre la que cimentar el texto de la reforma, o al menos aportar alguna razón solvente que justificase lo que se ha revelado como un mero empeño tan ideológico como monetario (el orden de los factores no altera el producto final).

Una privatización simulada y en diferido

Ha llamado poderosamente la atención la lista de los doce agraciados que de forma totalmente arbitraria el Gobierno decide excluir del dominio público marítimo-terrestre, pero es que son legión las privatizaciones de facto que se producen como consecuencia de la ampliación concesional general de los 75 años, que se suman a los 30 que en su día les había reconocido transitoriamente la Ley del 88.

Ahora bien, el insondable alcance de la disposición normativa que habilita a los ayuntamientos a solicitar la exclusión de aquellos suelos en los que tengan interés urbanístico (3 meses a contar desde la fecha de publicación de la Ley), se convierte en una auténtica bomba de relojería con la fórmula de silencio administrativo positivo que casualmente culminará en el límite del fin de la legislatura (18 meses después de cerrado el plazo concedido a los ayuntamientos).

Un descomunal despropósito ambiental

De nada sirvió el concienzudo análisis elaborado por la AEVAL (Agencia hoy dependiente del Ministerio de Hacienda), que el propio Ministerio había presentado en el mes de marzo de 2012, aportando un certero diagnóstico sobre el estado del litoral español y un conjunto de recomendaciones que han sido olímpicamente ignoradas por el propio Gobierno.

Inútil se ha revelado la normativa europea traspuesta a la española, en relación con la elaboración de los mapas de riesgo que deben guiar la acción preventiva de las administraciones. Es más, el Gobierno es plenamente consciente de que está regalando plazos ilusorios, porque no son pocas las zonas teóricamente agraciadas que ya están técnicamente catalogadas como inundables; esto es, un engaño consciente y doloso de la Administración hacia los administrados.

Y respecto a las recomendaciones en materia de Cambio Climático, no hay más que remitirse a las palabras del portavoz del PP en el Congreso en el debate sobre la reforma, equiparando las conclusiones científicas del Panel Internacional de la ONU a la profecía maya del fin del mundo.

Un monumento a la inseguridad

Pregonan sin descanso los voceros del Gobierno que esta reforma viene a corregir la tremenda inseguridad jurídica que ha supuesto durante más de 20 años la Ley del 88 y que otros Gobiernos no quisieron resolver, (¿se olvida Arias Cañete de que el PP gobernó durante ocho de esos años?, ¿se olvida de que sobre más del 95% de los recursos que llegaron a los tribunales, se dictaron sentencias avalando la aplicación de la Ley?).

Incluso en el caso de que tal inseguridad jurídica hubiese existido más allá de las elucubraciones del Ministro, una lectura sosegada del texto de esta auténtica contrarreforma nos permite constatar que el mismo es un catálogo de inseguridades, hasta tal punto que ninguno de los concernidos puede ser capaz de adivinar si en unos años vivirá en una casa cimentada sobre tierra firme o en un palafito. Y ahí el Gobierno deja clarito que todo va a riesgo y ventura del ciudadano.

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Ni la Directiva Marco del Agua del año 2000, ni la Directiva Marco de Inundaciones del 2006, ni la Estrategia Europea de Cambio Climático… Nada del camino recorrido por Europa en los últimos 30 años en materia ambiental le ha servido a este Gobierno para transitar en esta reforma por la senda correcta. Tan es así que todo augura que el trámite de la Ley no ha concluido con su publicación en el BOE. Se avecina un enorme caudal de litigiosidad de inciertos resultados, respecto al cual lo único seguro hoy es que desembocará en un altísimo coste para la hacienda pública.

Ante la evidencia de un Gobierno que ha abdicado de su máxima responsabilidad de velar por el interés general, convirtiéndose en un mero instrumento al servicio de intereses particulares, el PSOE tiene la obligación de suplir un vacío que deja en total desamparo a la ciudadanía, y por ello ha decidido presentar recurso de inconstitucionalidad contra una Ley que vulnera de forma flagrante el mandato de la Carta Magna.

Hugo Morán Fernández es secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.