Renuncias y resistencias

Desde la pérdida del poder en 2011 hasta el momento de la moción de censura, el PSOE era un partido con un grado de credibilidad muy limitado. Sus propuestas e intervenciones no solían despertar mayor interés o reacción en la ciudadanía. El PSOE mantenía un “suelo” sólido, del 20 por ciento, muy alejado del 44 por ciento que obtuvo en 2008.

El déficit de credibilidad era fruto de sus renuncias: el PSOE decía una cosa una en la oposición o en campaña pero luego hacía otra desde el Gobierno. Prometía una salida social a la crisis pero tuvo que asumir las políticas de ajuste dictadas por los poderes europeos. Podemos lo vio con claridad y criticó con dureza a los socialistas por su incoherencia ideológica.

Los críticos por la izquierda siempre han defendido que las renuncias del PSOE eran mayores que los logros. Los socialdemócratas, sin embargo, consideran que, a pesar de las renuncias, el saldo es positivo. No voy a entrar en quién tiene razón. Tan sólo quiero recordar que las renuncias del anterior periodo de gobierno son responsables de que los apoyos electorales al PSOE se hayan visto muy reducidos en estos últimos años.

Para superar el problema de credibilidad, era necesario que el PSOE volviera a gobernar. Sólo desde el ejercicio del poder se podía superar la desconfianza hacia este partido que se había instalado entre amplias capas del electorado. Mantenerse en la oposición, celebrando “conferencias políticas”, presentando documentos de 400 páginas y anunciando planes de renovación, era condenarse a la irrelevancia. Por  eso mismo, tras las elecciones de diciembre de 2015, defendí (ver aquí) que el PSOE tenía que echar al Partido Popular del poder y formar gobierno con el  apoyo de Podemos y los nacionalistas (algo que, en aquel momento, producía gran escándalo entre los elementos más conservadores del PSOE). Al final, con casi tres años de retraso y tras muchas vicisitudes internas, el PSOE se ha animado a hacerlo y no le está yendo mal. En las encuestas ya figura como primer partido, ha recuperado influencia y domina la agenda política.

Si el PSOE quiere ganar las próximas elecciones, tiene que demostrar a través de su gestión que los problemas de credibilidad son cosa del pasado. Aunque sea una gestión condenada a la brevedad, Pedro Sánchez y los suyos han de transmitir a la ciudadanía que tienen un plan de reformas realista y que lo van a llevar a cabo. Por descontado, ningún partido es capaz de cumplir todo lo prometido en su programa, pues se enfrenta a restricciones y coyunturas imprevisibles, pero en el caso del PSOE parece imprescindible que los incumplimientos se reduzcan todo lo posible para que no resurjan los problemas de credibilidad que han causado sus anteriores crisis electorales.

En este sentido, hay algunos indicios preocupantes. El Gobierno se ha echado atrás en algunos ámbitos o ha realizado virajes bruscos y desconcertantes. Así, hemos pasado de la promesa de publicar la lista de beneficiados por la amnistía fiscal a declarar que es legalmente imposible hacerlo; de la acogida del Aquarius a la devolución exprés de inmigrantes; y de reducir al mínimo la defensa del juez Llarena en Bélgica a anunciar que se trata de una cuestión de Estado. Estas renuncias no vienen determinadas por la debilidad parlamentaria del Gobierno, sino por resistencias internas dentro del Estado. En el caso del cambio de criterio con respecto a los inmigrantes, han pesado mucho las presiones de los cuerpos de seguridad al ministro de Interior. Asimismo, la presión de fiscales y jueces ha obligado al Ministerio de Justicia a hacerse cargo de la defensa del juez Llarena a pesar de que la demanda se ha planteado a causa de la actividad privada, no jurisdiccional, del magistrado. En los tres casos se puede rastrear la presencia de policías, jueces, abogados del Estado, es decir, cuerpos profesionales del sector público que tienen poder suficiente para atemorizar al Gobierno. El Ejecutivo, sin embargo, tiene que superar las resistencias corporativas, pues se debe en mayor medida a la ciudadanía que a los funcionarios del Estado.

Los votantes podrían entender que el PSOE no consiga llevar a cabo sus planes si los socios minoritarios retiran su apoyo parlamentario. Si, digamos, el PDeCAT decide hacer fracasar la legislatura, no habrá más remedio que ir a elecciones anticipadas. Menos comprensivos serán los votantes, sobre todo los progresistas, si el Gobierno se malogra por la incapacidad del PSOE y Podemos para llegar a acuerdos. Ambos partidos perderán apoyos y es probable que, en ese caso, la suma de PP y Ciudadanos en unas futuras elecciones alcance la mayoría absoluta. Pero lo más dañino sería que el Gobierno haga renuncias para evitar enfrentamientos internos con los aparatos del Estado, pues eso dejará perplejos o irritados a muchos ciudadanos. Ahí el Ejecutivo tiene que mantenerse firme y resistir la presión, de lo contrario la erosión de su credibilidad podría ser de nuevo el talón de Aquiles de los socialistas.