Un margen de confianza

Sin cierto margen de confianza es imposible gobernar, gestionar una epidemia o mantener un matrimonio. Lo dice la teoría y lo sanciona la experiencia. Basta sugerir “no pienses en un elefante” para que de inmediato el paquidermo se nos venga a la cabeza (Lakoff). En tiempos de la UCD, aparecía un ministro en el telediario de las nueve asegurando “no va a subir el precio de la gasolina”, y de inmediato se armaban colas kilométricas en las gasolineras, “por si acaso”. Sale hace unas horas Donald Trump y proclama: “No hay razón para el pánico”, y uno imagina los temblores de millones de norteamericanos, sobre todo cuando minutos después se conoce el primer positivo por coronavirus en Estados Unidos de alguien que no viajó al extranjero. Ni siquiera Fernando Simón, que está haciendo una labor impagable como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias de Sanidad y portavoz autorizado para informar sobre la extensión del coronavirus, ha conseguido evitar que se agoten las mascarillas en las farmacias (ver aquí)(ver aquí), por más que ha insistido en explicar que no tiene ningún sentido andar por Madrid con la careta (salvo que lo que se tema es la boina de contaminación que respiramos).

Sin algún margen de confianza es imposible que una sociedad se organice y progrese. Esta obviedad es válida para la crisis del coronavirus, pero también para el “conflicto político” catalán (y español) y para la gobernabilidad de esta legislatura convulsa, pero sobre todo para abordar con realismo una nueva época caracterizada por el multipartidismo (ver aquí), la complejidad (ver aquí), la volatilidad (ver aquí) y la desinformación (ver aquí).

Durante casi tres horas se reunió en la tarde del miércoles en La Moncloa por primera vez la mesa bilateral de diálogo entre el Gobierno de España y el de la Generalitat de Cataluña. Lo que se acordó fundamentalmente es no romper la mesa antes de estrenarla. Delegaciones nombradas por ambos gobiernos se reunirán una vez al mes, alternativamente en Madrid y Barcelona, con el compromiso de que “cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica” (ver aquí). Este último detalle es una solemne obviedad, puesto que ningún acuerdo político que se salga de la legalidad vigente podría aplicarse sin superar los filtros de los Parlamentos estatal y catalán o el control de los tribunales, desde los juzgados de instrucción hasta el Tribunal Constitucional. Que se lo pregunten si no a Oriol Junqueras y al resto de dirigentes independentistas condenados y encarcelados (al margen de que consideremos justas o injustas las sentencias). Se llama democracia, y demuestran muy poca confianza en ella quienes dan por supuesto que en esa Mesa (o en cualquier otra) se puede romper España en dos patadas.

Este jueves, el líder de la principal fuerza de oposición, Pablo Casado, realizó una “declaración institucional” (ver aquí) en la que exige a Pedro Sánchez que “se levante de esa mesa de despiece de la soberanía nacional, la solidaridad interterritorial y la igualdad entre españoles” (ver aquí). Ya le gustaría a Torra (incluso a ERC) tener tan claro como Casado que la disposición de Sánchez, de Iglesias y del resto del Gobierno es exactamente esa, aunque –disculpen la insistencia– aun en tal hipótesis tendrían que sortear todos los filtros democráticos antes citados. Y si se pretendiera alterar la Constitución para satisfacer reivindicaciones independentistas, haría falta además el apoyo mayoritario de la ciudadanía en referéndum.

Casado hizo su declaración minutos después de que el Congreso (ver aquí) aprobase con la imprescindible abstención de ERC la senda de déficit, un primer paso para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2020, lo cual daría margen al Gobierno de coalición para mantenerse dos o tres años en el poder. Más tiempo aún si los conservadores mantienen su fraccionamiento y PP y Ciudadanos se empeñan en competir con Vox por el espacio nacionalpopulista. Es lícito, legítimo y respetable que las derechas y sus potentes terminales mediáticas, agobiadas con ese horizonte político que no imaginaban en sus peores sueños, denuncien que Sánchez ha cambiado sus promesas de campaña, cargadas de un anti-independentismo proporcional a su confianza en que podría formar gobierno con Ciudadanos tras el 10-N. Es comprensible que el líder del PP sostenga que lo que Sánchez pretende es “mantenerse en el poder aprobando unos presupuestos con los votos de los que quieren romper España…”, aunque resulte bastante contradictorio adjudicar a Sánchez por un lado una arquitectura ideológica de tan alto voltaje que tendría como objetivo trocear España, y por otro un perfil de trilero, solo interesado por cortoplacismo en arrancar a los independentistas su apoyo para las cuentas de 2020 sin ceder nada más allá de una escenografía, un lenguaje y una gesticulación empática.

Decir, como dicen con mucha solemnidad respetados e influyentes analistas, que todo lo referido a la Mesa de diálogo se debe a puro tacticismo de sus integrantes es –me disculpen de nuevo– otra enorme obviedad. Por supuesto que Sánchez e Iglesias acuerdan su coalición y ponen en marcha la hoja de ruta sobre Cataluña con el objetivo de poder gobernar el mayor tiempo posible. Por supuesto que Torra y Junqueras, JuntsxCat y ERC, utilizan la Mesa y la interpretación de cada detalle alrededor de ella como campo de batalla política en su disputa por la hegemonía del voto independentista. La política no es sólo tacticismo, pero es (también) tacticismo. La regla que mide la altura política de un líder (o de un equipo), la que le permite pasar a la historia o ser citado como mucho en alguna nota a pie de página, es precisamente la capacidad de combinar el tacticismo con un proyecto de país que deje huella positiva en la Historia, con mayúscula. Por eso es deseable que más pronto que tarde Pedro Sánchez explique cuál es el dibujo completo de su propuesta de futuro, para comprobar si los pasos que va dando tienen más de táctica o de estrategia, si apuntan a un Estado plurinacional tan sensible con el independentismo catalán como con el abandono de la España despoblada o señalan lo que Felipe González se empeña en definir como una performanceperformance (ver aquí) cuya fecha de caducidad sitúa en las elecciones catalanas.

Sin un margen de confianza mutua no vamos a ninguna parte. Sin amplias (y arriesgadas) dosis de confianza (lo hemos repetido más de una vez) España no habría superado la transición de la dictadura a la democracia, ni Suárez y Tarradellas ni Fraga y Carrillo habrían acordado nunca nada. Las encuestas más fiables, cuando preguntan abiertamente por el llamado “conflicto político catalán”, indican que una sólida mayoría, en Cataluña y en toda España, es partidaria del diálogo como vía para encontrar soluciones (ver aquí). Y del mismo modo que no debería despreciarse el papel clave que la ciudadanía, el movimiento obrero, las bases de la militancia antifranquista o los militares demócratas jugaron en la recuperación de las libertades, tampoco deberíamos ignorar la responsabilidad de cada uno de nosotros a la hora de impulsar, cada cual en su ámbito, –en los medios o en las calles– la exigencia de avanzar hacia una España del siglo XXI capaz de asumir su diversidad, su pluralidad, su complejidad… su riqueza y sus miserias.

Un margen de confianza: nada es irreversible salvo la muerte (por coronavirus o por envejecimiento natural).